La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmontado parte del relato de la defensa del Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la unidad investigadora del Instituto Armado asegura que nunca "desmintieron" las informaciones que salían en prensa sobre las presuntas filtraciones y que "no existe" comunicación alguna entre el DAO y el General de Policía Judicial, Alfonso López Malo, relacionada con este asunto.

El DAO de la Guardia Civil detalló en un escrito a Pedraz que la UCO había desmentido de "forma autónoma" una de las filtraciones relacionadas con las causas que afectaban al Gobierno, al PSOE o a familiares del presidente y aportó conversaciones al respecto. Pero la UCO detalla ahora que fue el DAO y no López Malo quien se dirigió a este y que los mensajes a los que se refiere Llamas "nunca" llegaron a producirse.

En el informe, en el que responden a un requerimiento del instructor de las "cloacas del PSOE", la UCO insiste en que su unidad no estuvo detrás de las filtraciones a la prensa. Estos hechos provocaron que desde la cúpula de la Guardia Civil se abrieran tres informaciones reservadas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 contra miembros de la unidad por orden, según explicó Llamas en sede judicial, del ministro Fernando Grande-Marlaska y de Mercedes González.

La primera información reservada se abrió tras la publicación de datos relativos al correo institucional de Begoña Gómez, incluida su dirección de correo electrónico, que figuraban en las pesquisas del "caso David Sánchez".

En este informe, el coronel López Malo asegura que, cuando se filtraron los mensajes, se puso en contacto con el DAO para remitirle una nota de despacho en la que se detallaba con bastante profundidad que la unidad nada tuvo que ver con la filtración.

En esa nota, dice, que esos mensajes se incluyeron en un documento remitido a la magistrada del "caso David Sánchez" en el que se explicaba cómo se debían visualizar los anexos de las comunicaciones intervenidas, poniendo de ejemplo a imagen ilustrativo el intercambio de correos que, finalmente, acabaron en prensa. Aun así, Llamas le envió un wasap indicándole que, al día siguiente, se ordenaría incoar una información reservada.

La segunda información reservada se abrió en mayo de 2025, después de que El Mundo publicara chats entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos, que supuestamente estaban incluidas en dispositivos de Koldo García intervenidos por la UCO. El DAO dijo que López Malo se contradijo porque no le informó de que el disco duro se devolviese, pero este ultimo asegura que para aquel entonces ni se devolvió ni la unidad tenia los mensajes en su poder.

El informe detalla, además, que la información se abrió el día 12 cuando dos días antes el DAO ya había confirmado que la filtración no provenía de la unidad investigadora.

La tesis de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Santiago Pedraz es que la apertura de informaciones reservadas se activó de manera coordinada y en momentos coincidentes con el avance de causas judiciales especialmente sensibles, con el posible propósito de presionar a los agentes de la UCO, a quienes se les ordenó, supuestamente, "que se pusieran de perfil".

Los agentes detallan ahora que hicieron constar al DIECAN que el DAO les ordenó que concluyeran en algunas investigaciones que "no había nada" y que les trasmitió la necesidad de mantener un "perfil bajo" en los casos que cercaban al Gobierno.

Vox ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que se ha saldado con el fallecimiento de 69 personas.

En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la formación de Santiago Abascal sostiene que el ministro habría tenido una conducta "omisiva" vinculada al ejercicio de sus competencias, y habría incumplido así sus propios "deberes" de dirección y control en relación con la seguridad ferroviaria después de meses de advertencias sobre deficiencias en la red y con el precedente del accidente ferroviario de Adamuz.

Según explican, Puente dirige y "controla" el sistema de seguridad que permitió que un "fallo de protección, de naturaleza previsible y ay conocida en su tipología, derivara en una circulación incompatible con la presencia de un tren detenido en la vía".

De acuerdo con las primeras hipótesis, un fallo en el sistema de seguridad LZB obligó a detener seis trenes y, ocho minutos después, el centro de control de ADIF en Atocha habría autorizado la reanudación de la circulación. Vox sostiene que, tras una incidencia de estas características, los trenes deberían haber circulado bajo condiciones restrictivas de velocidad y seguridad.

La formación recuerda el accidente de Adamuz, que dejó hasta 46 fallecidos, y el posterior descarrilamiento mortal de Gelida, así como las denuncias y movilizaciones de organizaciones sindicales que reclamaban mayores inversiones en mantenimiento y seguridad. También hace referencia al acuerdo alcanzado el 9 de febrero entre el Ministerio y los sindicatos, que contemplaba un incremento de 1.800 millones de euros para mantenimiento, nuevas contrataciones y medidas destinadas a reforzar la seguridad de la red.

Para la formación, este acuerdo es "relevante" por dos razones. "De un lado, supone el reconocimiento por el propio departamento de la necesidad de reforzar el mantenimiento, el personal y la supervisión de la seguridad ferroviaria. De otro, atribuye al Ministerio la asunción de compromisos concretos, de modo que la comprobación de su ejecución dejaba de ser una opción de gestión para convertirse en un deber de seguimiento específico del titular del departamento", expone.

En el escrito, Vox destaca, además, que entre marzo y octubre de este año, ADIF comunicó al menos una veintena de incidencias en el entorno de Toledo y el sur de Madrid y que, incluso, se acudió a Bruselas pedir a la Comisión Europea que verificara la aplicación en España de la normativa europea de seguridad ferroviaria.

También hace referencia a que el sindicato SEMAF convocó el 16 de octubre una nueva jornada de huelga para denunciar supuestos incumplimientos de los compromisos adquiridos. Renfe aseguró entonces que había ejecutado las medidas de su competencia, aunque reconoció que otras siete, dependientes de distintos organismos, continuaban en tramitación.

Para Vox, esta sucesión de acontecimientos, junto con muchos otros, demuestra que el Ministerio conocía las advertencias sobre posibles riesgos y debía haber reforzado los mecanismos de supervisión y prevención.

La formación, que pide al Supremo que tome declaración en calidad de investigado al ministro, atribuye a Puente una presunta falta de actuación previa para garantizar que los sistemas de seguridad y los protocolos ferroviarios funcionaran adecuadamente.

"La actuación exigida al Ministro consistía en activar, a través de los órganos competentes, la obtención de información técnica suficiente; exigir una evaluación documentada de las deficiencias relevantes para la seguridad; impulsar los controles, inspecciones o auditorías procedentes; requerir planes correctores con responsables y plazos; y verificar que las medidas acordadas se ejecutaban efectivamente", dice,

No obstante, asegura, que Puente no ha "promovido y comprobado las medidas de evaluación, control y corrección necesarias para evitar que las deficiencias de seguridad advertidas se trasladaran a la explotación del servicio".

A su juicio, la "deficiente supervisión de la suficiencia y efectividad de las barreras de seguridad habría permitido que el fallo del sistema de protección se tradujera en una reanudación de la circulación sin las garantías necesarias para impedir el alcance de un tren detenido".

El partido formuló este miércoles otra querella contra los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la que también se solicitaban medidas "urgentes" de conservación y aseguramiento de las fuentes de prueba del siniestro.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha detectado la presencia de migrantes ya «asentados» en España o en «suelo europeo» en los grupos de WhatsApp desde los que se orquestó la entrada masiva e irregular de personas procedentes de Marruecos a Ceuta del pasado mes de julio.

En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN y en el que los agentes reconstruyen la organización digital que precedió a la invasión de la ciudad autónoma, aseguran que algunos de estos perfiles habrían facilitado «apoyo logístico» e «información» a familiares o conocidos, que pretendían acceder de forma irregular a Ceuta. También añade que, una vez producida la entrada masiva, muchos de ellos proporcionaron alojamiento a los inmigrantes ilegales, que evitaban ser «detectados por las autoridades».

En el documento de 61 páginas, que ya ha sido remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, los agentes exponen que habían detectado el incremento de la actividad digital antes de los hechos. El 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, el CENIF emitió una alerta a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla por un «riesgo extremo de colapso a causa de las entradas irregulares de migrantes» en las ciudades autónomas.

La información que obtuvieron del fenómeno «haraga» (concepto magrebí que alude al cruce fronterizo irregular) les permitió conocer con antelación que se estaba llevando a cabo «un llamamiento masivo a la movilización de estos migrantes con el objetivo de llevar a cabo una entrada irregular en territorio nacional».

El CENIF explica que el proceso comenzó con la captación masiva en redes públicas –como Facebok o TikTok– hasta llegar a la potenciación «psicológica» previa y «orientada a normalizar el cruce e incentivar la adhesión» para, finalmente, acceder al paso fronterizo entre Marruecos y España y «colapsar» la capacidad de respuesta de las autoridades nacionales. Según explican, las redes públicas funcionaron como el «escaparate de funcionamiento» y el «filtro inicial» que nutrió a la masa crítica de miembros que, posteriormente, fue gestionada en hasta 19 grupos de WhatsApp.

Tras analizar más de 39.263 mensajes, datados entre el 24 de julio (días antes de la entrada masiva) hasta el 14 de agosto, los mandos exponen que se propagaron rumores sobre supuestas «aperturas de frontera, indicaciones en tiempo real sobre la debilidad en los dispositivos policiales o una aparente permisividad absoluta en los controles para forzar desplazamientos masivos hacia el perímetro fronterizo». Así, explican, se amplificó el «efecto llamada» y se produjo una de las mayores crisis migratorias que han sumido la ciudad de Ceuta en el «caos».

No obstante, el CENIF asegura que con la información de la que disponían se dibujó «una previsión de escenarios» en el que calificaba de «extremo» el riesgo de que se produjeran «entradas a nado» junto a un «salto a la valla de forma coordinada» –como, finalmente, ocurrió–.

En otros documentos remitidos a la juez e incorporados ya al sumario del «caso Ceuta», el CENIF corrobora que, efectivamente, la entrada masiva a la ciudad autónoma contó con agentes policiales marroquíes, que se encargaron en algunos casos de impartir «instrucciones» a los inmigrantes.

En otro informe, la Policía detalla con fotografías hasta 24 agentes marroquíes sin uniforme, que actuaron como «dinamizadores sobre el terreno». «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están montando un control policial para evitar la llegada al espigón, se observa la pasividad de las mismas, puesto que la gente lo está atravesando sin problema», expone en una de las descripciones.

Las pesquisas apuntan a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos como responsables de la autoría «intelectual» de la entrada masiva e irregular de inmigrantes a Ceuta. La juez Tardón exigió esta misma semana al Gobierno que en un plazo de 15 días desclasifique todas las comunicaciones que hubo entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios secretos de Marruecos.

Es decir, quiere determinar qué autoridades españolas conocían los movimientos migratorios que se estaban preparando, con cuánta antelación fueron advertidas, qué decisiones adoptaron ante las alertas recibidas y qué papel jugó Marruecos en toda la crisis migratoria a fin de identificar la autoría «material» de la invasión que sufrió la ciudad autónoma.

Por otro lado, en otro documento, la Policía cifra en 204 los inmigrantes que consiguieron alcanzar la Península tras la entrada masiva e irregular. Los agentes detallan que, desde el 31 de julio hasta el 16 de agosto de este año, las llegadas se multiplicaron por doce respecto a las cifras del año anterior, que apenas superaron la veintena. Fuentes consultadas por este periódico, detallan también que la totalidad de ellos fueron detenidos.

En este sentido, y en otro informe remitido a la juez Tardón, el CENIF identifica hasta cinco organizaciones dedicadas al tráfico de personas a través de diferentes rutas entre Marruecos y España, con al menos 54 integrantes y una capacidad operativa conjunta estimada de 177 inmigrantes. No obstante, especifican que ninguna de estas cinco redes estuvo detrás de la entrada masiva a la ciudad autónoma.