El Canal de Panamá anunció modificaciones en su sistema de reservas de tránsito y nuevos requisitos para que los buques que utilicen por primera vez la vía interoceánica participen en el programa NetZero.

Los cambios, comunicados el 30 de octubre, buscan mejorar la asignación de espacios disponibles y facilitar la incorporación de embarcaciones con mayor eficiencia energética.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estableció que los cupos cancelados o disponibles durante los períodos de reserva 1A y 2 de las esclusas neopanamax serán adjudicados mediante una competencia especial. El nuevo procedimiento entró en vigor inmediatamente y recupera los criterios utilizados antes de julio de 2026, cuando se introdujeron ajustes temporales.

El orden de prioridad favorecerá primero a los buques portacontenedores, seguidos por los que transportan gas natural licuado (LNG), gas licuado de petróleo (LPG) y vehículos. Cuando coincidan solicitudes de una misma categoría, se aplicará el criterio Transit TEU Allowance (TTA), cuando corresponda, y posteriormente la clasificación del cliente.

La decisión responde a la normalización del tráfico marítimo después de los cambios registrados en julio, cuando las variaciones en los patrones del comercio internacional aumentaron la presión sobre las reservas. Para las navieras, contar con reglas previsibles permite organizar itinerarios, coordinar operaciones portuarias y reducir la incertidumbre sobre las fechas de tránsito.

Sin embargo, la ACP advirtió que el déficit de agua en la cuenca hidrográfica todavía persiste, por lo que disponer de una reserva continúa siendo el único mecanismo para garantizar una fecha de paso.

Los buques sin cupo confirmado podrían enfrentar demoras considerablemente prolongadas, dependiendo de la demanda y las condiciones operativas.

La segunda modificación corresponde al programa NetZero, diseñado para incentivar inversiones en embarcaciones de bajas emisiones y mayor eficiencia energética.

Desde el 1 de noviembre de 2026, los buques que pretendan realizar su primer tránsito podrán solicitar una evaluación preliminar de arqueo antes de llegar a Panamá.

Este procedimiento permitirá a la ACP determinar anticipadamente el tonelaje, la base de cálculo de los peajes y las características del motor. También facilitará la revisión de los requisitos técnicos necesarios para participar en la competencia por cupos NetZero, sin esperar a que la embarcación llegue a aguas panameñas.

Una de las novedades es que las inspecciones podrán efectuarse en puertos fuera de Panamá, mediante un servicio solicitado por el interesado. Las tarifas serán de USD 14.000 en América, USD 21.000 en Europa y USD 28.000 en Asia, África y Oceanía, sin incluir determinados gastos adicionales.

Los propietarios, operadores o agentes deberán presentar la documentación técnica, asumir los costos y coordinar el acceso al buque. La ACP aclaró que la evaluación preliminar no garantiza automáticamente la participación ni sustituye las verificaciones finales que puedan exigirse antes del tránsito.

Los cambios anunciados se producen mientras el Canal de Panamá enfrenta un nuevo episodio del fenómeno de El Niño en 2026, caracterizado por una reducción de las precipitaciones. Entre mayo y septiembre, las lluvias acumuladas en su cuenca estuvieron un 30% por debajo de lo esperado, una situación que ha obligado a reforzar las medidas de ahorro de agua.

Ante este escenario, la administración canalera ha realizado ajustes en el calado y en la cantidad de tránsitos diarios, además de mantener una vigilancia permanente sobre los niveles de los embalses. El objetivo es preservar suficiente agua para las operaciones marítimas y el abastecimiento de la población, especialmente ante las previsiones de una temporada seca más exigente.

La preocupación se extiende a los próximos meses, debido a que los pronósticos oficiales anticipan un déficit de lluvias entre finales de 2026 y los primeros meses de 2027. Esta situación representa un desafío para el Canal, que deberá equilibrar la demanda del comercio internacional con la disponibilidad de recursos hídricos necesarios para mantener sus operaciones.

En el año fiscal 2026, finalizado en septiembre, el Canal reportó ingresos preliminares por USD 6.600 millones, un aumento del 16,6% frente al período anterior. La actividad alcanzó 13.951 tránsitos y 521 millones de toneladas CP/SUAB, resultados que reflejan la recuperación del movimiento comercial por la ruta panameña.

Las esclusas neopanamax representaron el 52,2% del tonelaje registrado durante el ejercicio fiscal, lo que evidencia su importancia para los grandes buques del comercio internacional. En ese contexto, la disponibilidad de reservas y la eficiencia de las operaciones adquieren especial relevancia para mantener la competitividad de la vía.

Con las nuevas disposiciones, el Canal pretende combinar una asignación más previsible de su capacidad con incentivos a la descarbonización marítima. El desafío será mantener esa eficiencia mientras persisten las presiones sobre los recursos hídricos y las exigencias de un sector naviero que busca reducir costos y emisiones.

La mina Cobre Panamá produjo 16.445 toneladas de cobre, 7.160 onzas de oro y 160.974 onzas de plata entre mayo y septiembre de 2026, tras reanudar el procesamiento de mineral almacenado antes de la paralización de sus operaciones.

Las cifras forman parte del informe financiero del tercer trimestre de First Quantum Minerals, que también recoge el balance acumulado de los primeros nueve meses del año.

El Gobierno panameño autorizó formalmente el 7 de abril de 2026 el retiro, procesamiento y exportación del mineral acumulado, mediante una resolución del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). La compañía comenzó estas actividades en mayo, sin autorización para realizar nuevas excavaciones, perforaciones o voladuras dentro del yacimiento.

La medida fue presentada por las autoridades como una intervención destinada a reducir riesgos ambientales asociados al almacenamiento prolongado de material, incluyendo la posible generación de drenaje ácido. El programa quedó sujeto a supervisión estatal y al cumplimiento del plan de preservación y gestión segura, sin constituir una reapertura de la explotación minera.

Durante mayo y junio, la empresa procesó aproximadamente 2,1 millones de toneladas de mineral, con una producción de 3.216 toneladas de cobre, 805 onzas de oro y 17.770 onzas de plata. Posteriormente, entre julio y septiembre procesó otros 6,6 millones de toneladas, elevando considerablemente el volumen de metales recuperados.

Solo durante el tercer trimestre, Cobre Panamá produjo 13.229 toneladas de cobre, 6.355 onzas de oro y 143.204 onzas de plata. Estas cantidades representan la mayor parte de la producción obtenida desde mayo, cuando comenzó el aprovechamiento del material que había quedado sin procesar tras el cierre de noviembre de 2023.

El informe, publicado el 28 de octubre, detalla que las ventas de Cobre Panamá generaron 203 millones de dólares durante el tercer trimestre, de los cuales 191 millones correspondieron al cobre concentrado. Los ingresos restantes provinieron de operaciones relacionadas con el oro y la plata, incluyendo pagos en efectivo y amortizaciones contables.

La empresa registró una ganancia bruta de 13 millones de dólares y un EBITDA de 67 millones durante ese período. Sin embargo, el beneficio bruto resultó 115 millones inferior al registrado entre julio y septiembre de 2025, cuando las exportaciones de concentrado previamente almacenado generaron ingresos por 245 millones de dólares.

Durante 2025, First Quantum había completado la exportación del concentrado de cobre que permanecía almacenado en la mina desde antes de su paralización. Los embarques se realizaron después de recibir autorización gubernamental y permitieron comercializar material que ya había sido procesado, sin necesidad de reactivar las plantas.

Las ventas relacionadas con ese concentrado generaron 334 millones de dólares en ingresos durante los primeros nueve meses de 2025, según los registros financieros de Cobre Panamá. Aquella operación fue distinta del programa actual, que consiste en procesar roca previamente extraída para obtener nuevos concentrados comercializables.

First Quantum explicó que el incremento de los costos de funcionamiento redujo la rentabilidad de 2026, a diferencia del año anterior, cuando las instalaciones permanecían bajo conservación. El costo operativo directo del cobre alcanzó 4,08 dólares por libra, mientras que el costo total de sostenimiento se situó en 5,10 dólares.

En cuanto a las ventas físicas, Cobre Panamá comercializó 13.463 toneladas de cobre, 5.818 onzas de oro y 121.712 onzas de plata entre julio y septiembre. En el acumulado de nueve meses, las ventas alcanzaron 13.477 toneladas de cobre, 5.986 onzas de oro y 160.974 onzas de plata.

El programa también permitió reanudar los embarques de concentrado de cobre desde las instalaciones portuarias. En agosto se despacharon 33.000 toneladas métricas húmedas y, posteriormente, en septiembre, un segundo buque transportó otras 38.611 toneladas, para un total de 71.611 toneladas métricas húmedas exportadas.

Estos cargamentos corresponden a concentrado mineral y no a toneladas de cobre metálico puro, por lo que sus volúmenes no deben confundirse con las cifras de producción. First Quantum destacó que los despachos restablecieron la cadena de procesamiento, almacenamiento y exportación después de la prolongada paralización.

La compañía estima que todavía existen aproximadamente 38 millones de toneladas de mineral almacenado, con diferentes concentraciones de metales. Ese material contiene unas 70.000 toneladas de cobre recuperable, cantidad que permitiría mantener el programa autorizado de procesamiento hasta mediados de 2027.

Para el cierre de 2026, First Quantum mantiene una previsión de producción de entre 30.000 y 40.000 toneladas de cobre, además de 10.000 a 15.000 onzas de oro. Estas proyecciones dependen de la continuidad del procesamiento del material acumulado, bajo las condiciones establecidas por las autoridades panameñas.

La mina permanece paralizada desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá. El fallo se produjo en medio de protestas nacionales contra el acuerdo minero, que derivaron en la suspensión de la explotación.

Durante el tercer trimestre de 2026, la empresa avanzó en la rehabilitación de sus líneas de procesamiento y aumentó la plantilla de aproximadamente 3.000 trabajadores en junio a 3.200 en septiembre. También fueron puestos nuevamente en servicio 18 de los 36 camiones de gran capacidad, mientras continuaron las labores de mantenimiento.

First Quantum calcula que el programa de procesamiento requerirá inversiones cercanas a 200 millones de dólares, incluyendo entre 90 y 100 millones para rehabilitación y puesta en marcha. Hasta septiembre, los desembolsos relacionados con estas actividades alcanzaban aproximadamente 80 millones, según los resultados trimestrales.

En paralelo, la Comisión Interministerial encargada de evaluar Cobre Panamá entregó el 30 de septiembre un informe con 17 recomendaciones y seis criterios rectores. Entre sus planteamientos figura examinar la viabilidad de un nuevo acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y establecer condiciones para un cierre ordenado y autofinanciado.

La propuesta contempla evaluar una posible reanudación de actividades para generar recursos destinados al cierre, considerando que la rehabilitación ambiental podría prolongarse durante décadas. La comisión sostiene que los costos no deben trasladarse al Presupuesto General del Estado y que cualquier solución debe respetar el fallo de inconstitucionalidad.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas han cuestionado la posibilidad de reactivar la explotación bajo el argumento de financiar su clausura. Los sectores contrarios a la minería sostienen que una reapertura, aunque se presente como parte de un cierre ordenado, podría contradecir el sentido del fallo de la Corte Suprema.

Para estos grupos, la recomendación abre la puerta a una reanudación encubierta de las operaciones, al contemplar nuevamente actividades productivas en una mina cuyo contrato fue declarado inconstitucional. Su posición es que el cierre debe concentrarse en la restauración ambiental y el cumplimiento de las obligaciones existentes, sin establecer una nueva concesión.

El presidente José Raúl Mulino continúa evaluando las recomendaciones junto con sus asesores y el Consejo de Ministros, mientras First Quantum mantiene su disposición a negociar una solución con el Gobierno. La decisión sobre el futuro de la mina permanece pendiente, aunque el procesamiento del mineral previamente extraído continúa bajo la autorización vigente.

Quedará por determinar cuánto recibirá el Estado panameño en concepto de regalías por comercialización del concentrado de cobre obtenido mediante el procesamiento del mineral almacenado, así como el mecanismo que se utilizará para calcular esos pagos, considerando que actualmente no existe un contrato de concesión minera vigente, tras el fallo unánime de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió hasta el 3 de noviembre el aviso de prevención por lluvias y tormentas en gran parte de Panamá, una advertencia que coincide con las zonas más afectadas por el terremoto del 9 de octubre, donde miles de familias todavía enfrentan daños en sus viviendas y dificultades para recuperar la normalidad.

La nueva medida se suma a las advertencias por oleaje elevado y vientos fuertes que habían sido extendidas hasta el 31 de octubre, aumentando la preocupación por las condiciones meteorológicas en las comunidades costeras.

Las autoridades mantienen especial vigilancia sobre las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, afectadas por el movimiento sísmico de magnitud 7.5.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) explicó que un sistema de baja presión sobre el mar Caribe, reforzado por corrientes de viento en los niveles altos de la atmósfera, favorecerá un incremento significativo de la inestabilidad climática y la formación de lluvias durante los primeros días de noviembre.

El pronóstico señala que entre el 1 y el 3 de noviembre se esperan precipitaciones numerosas en el centro y sur de Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y las regiones central y oriental de Panamá. También podrían registrarse episodios importantes de lluvia en otros sectores, especialmente a lo largo de la vertiente del Pacífico.

El aviso meteorológico, vigente desde las 5:30 de la mañana del 30 de octubre hasta las 11:59 de la noche del 3 de noviembre, contempla acumulados de lluvia que podrían alcanzar entre 120 y 200 milímetros en algunos sectores durante tres días. El Imhpa advierte sobre posibles inundaciones, crecidas repentinas de ríos, deslizamientos y ráfagas de viento.

La coincidencia con las zonas afectadas por el terremoto resulta especialmente preocupante porque numerosas viviendas, carreteras y otras estructuras permanecen dañadas, mientras continúan las evaluaciones de seguridad.

Las precipitaciones podrían dificultar el acceso a comunidades y complicar las labores de asistencia, especialmente donde existen derrumbes o terrenos inestables.

Según el balance oficial de Sinaproc, 17,048 viviendas habían sido evaluadas hasta el 28 de octubre, mientras que el número de personas registradas como afectadas alcanzó 55,212 habitantes.

Las autoridades también reportaron 27 lesionados y dos fallecidos, cifras que forman parte de las evaluaciones posteriores al terremoto.

Los daños alcanzan además 619 centros educativos, 120 instalaciones de salud y 127 edificios gubernamentales, junto con 44 iglesias, 22 puentes y 66 reportes de afectaciones viales. Estas cifras reflejan la magnitud de los problemas de infraestructura que enfrentan las provincias centrales cuando se aproxima otro período de lluvias intensas.

El aviso marítimo, por su parte, contempla mareas de hasta 17.4 pies, equivalentes a 5.3 metros, así como vientos sostenidos de entre 15 y 35 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Las condiciones más adversas se concentran en la península de Azuero y el sur de Veraguas, donde persisten comunidades afectadas por el sismo.

La asistencia humanitaria continúa mediante la movilización de más de 208,317 libras de suministros por vía aérea y 365 toneladas por tierra, con atención registrada en 175 comunidades. Sinaproc también contabiliza 38 evacuaciones aéreas y 166 mujeres embarazadas, además de 2,242 personas con discapacidad que requieren seguimiento y apoyo específico.

El balance registra igualmente 135 albergues y 4,428 personas alojadas temporalmente, mientras las instituciones continúan identificando necesidades prioritarias. Las operaciones de respuesta han acumulado 13,630 asistencias diarias y más de 163,660 horas de trabajo, entre personal operativo y equipos desplegados en las zonas afectadas.

Ante este escenario, Sinaproc recomienda evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, mantenerse alejado de áreas propensas a deslizamientos y asegurar techos u objetos expuestos al viento. También pide preparar suministros de emergencia y seguir los avisos oficiales, especialmente en comunidades que todavía se recuperan del terremoto.

Un hombre fue condenado a 16 años de prisión por el delito de hurto pecuario en Panamá, tras aceptar su responsabilidad en tres investigaciones relacionadas con la sustracción de animales en fincas del distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí, una de las regiones donde este delito registra mayor incidencia y genera preocupación entre los productores ganaderos.

La sentencia fue conseguida por la Fiscalía Regional de Chiriquí el 29 de octubre de 2026, luego de que el acusado reconociera su participación en los hechos.

Las investigaciones establecieron que ingresó a dos propiedades de la comunidad de Baitún, donde se apoderó de tres animales durante enero y febrero de este año.

El Ministerio Público informó que la aprehensión del responsable ocurrió el 10 de febrero, mediante diligencias desarrolladas junto con los estamentos de seguridad. Posteriormente, un juez ordenó su detención provisional por su vinculación con tres procesos penales distintos, que finalmente fueron acumulados durante la audiencia de acusación en la que aceptó los cargos.

La condena ocurre mientras el hurto pecuario continúa afectando a las principales zonas ganaderas del país, donde la sustracción de reses representa pérdidas económicas para los propietarios.

Los registros oficiales contabilizaron 680 denuncias entre enero y septiembre de 2026, una cifra que representa una disminución del 9% frente a los 750 casos reportados durante el mismo período de 2025.

Según las estadísticas del Ministerio Público, Chiriquí encabezó las denuncias con 146 casos entre enero y septiembre, seguida de Los Santos, con 115, y Veraguas, con 101. También se registraron 82 investigaciones en Coclé y 63 en Herrera, provincias donde la actividad ganadera constituye una fuente importante de ingresos para numerosas familias.

Estas cinco provincias concentraron 507 denuncias, equivalentes a aproximadamente el 75% del total nacional durante ese período. La distribución confirma que las zonas dedicadas a la producción bovina figuran entre las más afectadas, aunque el delito también se investiga en otras regiones del territorio panameño.

La Asociación Nacional de Ganaderos ha advertido que más de mil reses son hurtadas anualmente en Panamá, una situación que ocasiona pérdidas a los productores y obliga a reforzar la vigilancia. El gremio considera necesario mejorar los controles sobre el traslado y comercialización de animales, para dificultar su ingreso a los circuitos de venta.

En la provincia de Herrera, dos hombres, un propietario de finca y su trabajador, permanecen bajo detención provisional por una investigación de hurto pecuario. El 20 de octubre, un tribunal confirmó la medida cautelar tras rechazar la apelación presentada por la defensa, relacionada con hechos ocurridos entre el 14 y 15 de septiembre en una propiedad cercana al río La Villa.

Durante otra intervención policial en Herrera, las autoridades recuperaron dos animales con denuncia de hurto, cuyo valor superaba los 2,000 dólares. La recuperación se produjo durante la operación Álamo, desarrollada para localizar personas requeridas y recopilar indicios vinculados con diferentes investigaciones penales.

Otro caso concluyó en septiembre con una sentencia de diez años de prisión contra un trabajador de una finca ganadera en Chilibre, provincia de Panamá.

La Fiscalía Metropolitana acreditó que el condenado aprovechó sus funciones de manejo y traslado de reses para comercializar animales sin autorización de su propietario.

Las pruebas presentadas durante el juicio incluyeron documentación de subastas, registros de traslado de ganado, cheques y movimientos bancarios, que permitieron demostrar las operaciones realizadas entre julio de 2020 y febrero de 2021.

Además, el condenado recibió una inhabilitación de diez años para actividades relacionadas con la administración y comercialización ganadera, que comenzará después de cumplir su prisión.

La legislación panameña establece penas de seis a ocho años de cárcel por hurto pecuario, conforme al artículo 217 del Código Penal, modificado mediante la Ley 532 de junio de 2026. La sanción puede aumentar de un tercio a la mitad cuando concurren circunstancias agravantes, dependiendo de los hechos acreditados judicialmente.

Entre esas circunstancias figuran el uso de fuerza para ingresar a las fincas, la alteración de marcas del ganado y la participación de trabajadores encargados de su custodia. También se consideran agravantes la sustracción de más de cinco animales, el traslado irregular y la comercialización mediante subastas, entre otras conductas.

La reforma también contempla sanciones para quienes financien, faciliten o comercialicen ganado hurtado, incluso cuando no participen directamente en su sustracción.

Además, el Código Penal castiga la asociación de tres o más personas para cometer delitos, con penas agravadas cuando la organización tiene como finalidad el hurto pecuario.

Las autoridades han intensificado las operaciones en las regiones ganaderas. En marzo, la operación Vaquero permitió detener a 19 personas mediante 20 allanamientos en Herrera y Los Santos, mientras que la Policía Nacional informó que más de 300 animales habían sido recuperados en Los Santos durante 2026, hasta comienzos de septiembre.

Las autoridades de Panamá decomisaron 1,208 paquetes de presuntas sustancias ilícitas durante dos operaciones desarrolladas en las últimas 24 horas, una en la provincia de Colón y otra en un puerto del Pacífico.

Los procedimientos permitieron interceptar cargamentos transportados en una embarcación y un contenedor comercial, este último con destino final España.

Uno de los hallazgos se produjo mediante la Operación Dynamo, desarrollada por la Policía Nacional a través de labores de inteligencia, en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio Público. Durante la intervención, las autoridades localizaron 510 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor inspeccionado en un puerto del Pacífico.

La carga había salido de Chile, realizaba tránsito por Panamá y tenía como destino final España. Según el informe policial, el contenedor declaraba transportar extractos vegetales, pero durante la verificación de la mercancía fueron descubiertos los paquetes con sustancias presuntamente ilícitas, que quedaron bajo investigación de las autoridades competentes.

Este hallazgo constituye el segundo decomiso de droga en contenedores durante la semana, después de una operación que permitió descubrir otro cargamento procedente de Perú y con destino a Bélgica. Ambos casos evidencian el uso de las rutas comerciales internacionales para intentar trasladar sustancias ilícitas hacia mercados europeos.

La otra intervención se desarrolló en Isla Grande, Costa Arriba de la provincia de Colón, donde unidades policiales decomisaron 698 paquetes rectangulares con presuntas sustancias ilícitas. La mercancía estaba distribuida en 28 sacos dentro de una embarcación, cuya ubicación permitió retirar de circulación otro importante cargamento de droga.

El hallazgo en Colón representa la mayor cantidad de paquetes incautados entre las dos operaciones recientes, con 188 unidades más que las encontradas en el contenedor procedente de Chile. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la procedencia de las sustancias y establecer posibles responsabilidades relacionadas con su transporte.

Colón figura entre los territorios con mayor incidencia de incautaciones de drogas en Panamá, debido a su actividad marítima y portuaria. Los informes oficiales del primer semestre de 2026 situaron a esta provincia en el primer lugar nacional, seguida de Panamá y Panamá Oeste, dentro de las estadísticas de decomisos.

La dimensión del problema también se refleja en las cifras nacionales. Hasta el 11 de agosto de 2026, Panamá acumulaba 62 toneladas de drogas incautadas, según información del Ministerio de Seguridad Pública. Este balance no incluye necesariamente todas las operaciones posteriores y no constituye una cifra definitiva de octubre.

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval había contabilizado 60,935 paquetes de sustancias ilícitas incautados durante 2026, mediante 96 operaciones, de acuerdo con su balance del 27 de octubre. La estadística corresponde exclusivamente a esa institución y no debe confundirse con el total nacional registrado por los organismos de seguridad.

En otro caso relacionado con el narcotráfico, la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala obtuvo condenas de 84 meses de prisión para tres ciudadanos panameños por posesión agravada de drogas. Los sentenciados aceptaron su responsabilidad penal y el Tribunal de Garantías también ordenó el comiso de una embarcación y multas de 100 balboas.

El expediente corresponde a hechos registrados el 16 de noviembre de 2025 en Caledonia, comarca Guna Yala, cuando unidades del Servicio Nacional de Fronteras detectaron una lancha sospechosa. Sus tripulantes arrojaron bultos al mar al advertir la presencia policial y, tras una persecución, fueron aprehendidos y se recuperaron 144 paquetes de marihuana.

Mientras tanto, el reporte de la Policía Nacional correspondiente a las últimas 24 horas registró 151 personas aprehendidas y 104 diligencias de allanamiento. Entre los resultados también figuran cuatro armas de fuego, 94 municiones, 14,454.60 dólares en efectivo y tres vehículos recuperados, además de los 1,208 paquetes de droga.

De las personas aprehendidas, 111 mantenían órdenes de captura, 27 fueron detenidas por faltas administrativas, diez en flagrancia y tres por microtráfico. Las acciones forman parte del Plan Firmeza, mediante el cual las autoridades desarrollan operativos contra distintas modalidades delictivas en el territorio nacional.

Los decomisos recientes ponen nuevamente de manifiesto la utilización de contenedores comerciales y embarcaciones para transportar drogas por las rutas marítimas de Panamá. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y establecer las conexiones de los cargamentos con posibles redes de narcotráfico internacional.

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el 9 de octubre liberó una cantidad de energía equivalente a la explosión simultánea de aproximadamente 367 bombas atómicas como la lanzada sobre Hiroshima, según estimaciones del doctor y geofísico panameño Isaac Guerra Araúz, quien investiga los cambios geológicos provocados por el movimiento.

El científico explicó que la magnitud del evento permitió liberar suficiente energía para desplazar millones de toneladas de terreno, ocasionando deformaciones permanentes en sectores de la península de Azuero y la costa de Veraguas, donde continúa recopilando información para sus investigaciones.

La comparación con las bombas atómicas permite dimensionar la enorme cantidad de energía liberada por el terremoto. En un sismo, la energía acumulada en las rocas se libera durante la ruptura de una falla y se propaga mediante ondas que producen el movimiento del terreno.

Guerra Araúz explicó que actualmente se utiliza la magnitud de momento para medir el tamaño de los terremotos, en lugar de recurrir a la antigua escala de Richter. La diferencia es importante porque cada incremento de una unidad de magnitud representa aproximadamente 32 veces más energía liberada, lo que permite comprender la fuerza de los grandes movimientos sísmicos.

Los primeros resultados revelan que el terremoto modificó la elevación de diferentes sectores costeros, con desplazamientos verticales que alcanzaron aproximadamente tres metros en determinadas localidades.

Guerra Araúz señaló que algunas áreas se levantaron mientras otras descendieron, un fenómeno relacionado con el movimiento de los bloques de la falla que produjo el sismo.

En Búcaro, distrito de Tonosí, los investigadores identificaron desplazamientos verticales de aproximadamente tres metros, superiores a los dos metros estimados inicialmente mediante modelos matemáticos.

Esta diferencia permite calibrar las simulaciones científicas con las mediciones realizadas directamente sobre el terreno, para comprender con mayor precisión el comportamiento de la ruptura.

En otros sectores de Tonosí y Mariato también se registraron alteraciones importantes en la superficie terrestre, incluyendo elevaciones cercanas a dos metros y hundimientos que, en puntos extremos, alcanzaron aproximadamente tres metros.

El especialista explicó que estos desplazamientos son permanentes y forman parte de los procesos geológicos que transforman gradualmente el territorio.

Uno de los hallazgos más preocupantes corresponde a Isla Cañas, donde los modelos preliminares indican un hundimiento de entre 15 y 30 centímetros. Aunque la variación parece pequeña, resulta significativa para una comunidad costera, porque facilita que el agua del mar penetre durante las mareas altas y alcance terrenos anteriormente menos expuestos.

A esta situación se suma la apertura de un canal que dividió Isla Cañas en dos sectores separados por el agua, una transformación que ha incrementado la preocupación de sus habitantes. La abertura alcanza aproximadamente 37 metros de ancho y más de cuatro metros de profundidad, según los reportes conocidos después del terremoto.

Los análisis preliminares apuntan a que el fuerte oleaje y la erosión marina removieron grandes cantidades de arena, especialmente en una de las partes más estrechas de la isla. Sin embargo, todavía se requieren estudios para establecer con precisión cómo ocurrió la separación y determinar su relación con los cambios geológicos provocados por el sismo.

Guerra Araúz aclaró que todavía no ha realizado mediciones presenciales en Isla Cañas, debido a las dificultades de acceso posteriores al terremoto. La estimación del hundimiento procede de modelos científicos que continúan en calibración, por lo que los resultados deberán contrastarse con nuevas observaciones antes de establecer conclusiones definitivas sobre la deformación de la isla.

Las investigaciones también identificaron elevaciones del fondo marino de entre 30 y 40 centímetros en determinados sectores próximos a Mariato y el sur de Tonosí.

Según el científico, estos desplazamientos pudieron generar un tsunami local de alcance limitado, aunque el mecanismo y sus efectos todavía requieren análisis adicionales.

El hundimiento representa además un desafío para las familias que dependen de la agricultura y habitan cerca del litoral. La entrada de agua salada afectó terrenos de cultivo, mientras que la mayor exposición a inundaciones obliga a considerar nuevas condiciones para reconstruir viviendas y recuperar actividades productivas.

Entre las alternativas planteadas por el investigador figura la construcción de viviendas elevadas sobre pilotes, acompañada de estudios de ingeniería que determinen su seguridad frente al oleaje. Advirtió que reconstruir sin considerar los cambios permanentes del terreno podría mantener a las familias expuestas a futuras inundaciones y otros riesgos costeros.

El trabajo de campo también ha documentado derrumbes, daños estructurales y desplazamientos de la superficie en diferentes comunidades de Azuero y Veraguas. Guerra Araúz señaló que las observaciones permiten comparar los efectos reales del terremoto con las simulaciones científicas, una información fundamental para mejorar las estimaciones de amenaza sísmica.

Durante sus recorridos, el investigador encontró edificaciones completamente destruidas junto a otras que resistieron el movimiento, diferencias que relacionó con las características de construcción y el refuerzo estructural.

Considera necesario evaluar las viviendas afectadas y fortalecer las normas de seguridad, especialmente en comunidades donde predominan construcciones realizadas con recursos limitados.

El científico es oriundo de Boquete, provincia de Chiriquí, y becario doctoral de la Senacyt. Estudió Física en la Universidad Autónoma de Chiriquí y cursó una maestría en Ingeniería Matemática en la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente culmina su doctorado en Geofísica en Western University, Canadá, con investigaciones enfocadas en el riesgo sísmico.

Su supervisor doctoral es Katsuichiro Goda, especialista japonés en sismología y modelación de tsunamis, con quien desarrolla investigaciones sobre las amenazas geológicas de Panamá. Ambos científicos han trabajado en modelos para comprender la interacción de las placas tectónicas y estimar los movimientos del terreno, con el propósito de mejorar la evaluación del riesgo sísmico.

Ambos investigadores desarrollaron uno de los primeros modelos tridimensionales del subsuelo panameño, mediante el análisis de 2,741 terremotos registrados entre 2013 y 2023. Para elaborar el estudio utilizaron información de 148 estaciones sísmicas de Panamá, Costa Rica y Colombia, que permitió examinar estructuras geológicas hasta unos 80 kilómetros de profundidad.

Los resultados, publicados en la revista científica Tectonophysics, aportaron nuevas evidencias sobre la interacción de las placas tectónicas bajo Panamá. La investigación identificó procesos de subducción desde el Pacífico y el Caribe, además de estructuras geológicas que podrían generar terremotos importantes en diferentes regiones del territorio nacional.

Guerra Araúz considera que Panamá necesita ampliar y modernizar su red de vigilancia sísmica, especialmente mediante sensores próximos a las fallas y equipos instalados bajo el mar.

Como referencia, mencionó que Costa Rica dispone de más de 300 sensores sísmicos, incluidos equipos de monitoreo submarino. A su juicio, Panamá requiere combinar sismómetros, acelerómetros y dispositivos GPS de alta precisión para registrar movimientos fuertes y detectar deformaciones del terreno antes y después de grandes terremotos.

El especialista también advirtió que las réplicas pueden continuar durante semanas o meses, aunque su frecuencia tienda a disminuir progresivamente. Insistió en que la preparación de las comunidades, el fortalecimiento de las edificaciones y la inversión sostenida en investigación científica son indispensables para reducir las consecuencias de futuros eventos sísmicos.

La confianza de los consumidores panameños volvió a deteriorarse en septiembre de 2026, al situarse en 73 puntos, dos menos que en junio. El resultado mantiene al país en una zona de desconfianza económica, impulsada principalmente por el pesimismo sobre el desempleo, según la medición presentada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y The Marketing Group.

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) pasó de 75 a 73 puntos entre junio y septiembre, alejándose del nivel de 100 que representa el equilibrio entre opiniones positivas y negativas.

La medición muestra que las familias mantienen reservas sobre sus ingresos, el ahorro y las oportunidades laborales, pese a pequeñas mejoras en algunos indicadores.

El deterioro más pronunciado se registró en las expectativas sobre el desempleo durante los próximos 12 meses, cuyo indicador cayó de 87 a 72 puntos, una disminución de 15. Este resultado refleja una percepción menos favorable sobre la evolución del mercado laboral, que terminó arrastrando hacia abajo el índice general.

La preocupación también aparece en las posibilidades individuales de conseguir trabajo. El 41% de los encuestados considera poco probable obtener empleo durante los próximos seis meses: un 19% lo estima poco probable y un 22% cree que no tendrá trabajo. En contraste, el 52% expresa expectativas favorables, mientras el 7% restante no tiene una opinión definida.

María Alejandra Cuéllar, gerente general de The Marketing Group, señaló que el empleo se ha convertido en la principal preocupación de los panameños. Según explicó, la caída de las expectativas laborales mantiene a los consumidores cautelosos, especialmente cuando deben decidir cuánto dinero destinar a sus gastos cotidianos.

En materia de ahorro, el indicador aumentó cuatro puntos, de 70 a 74, aunque permanece por debajo del umbral de confianza. Esto significa que, pese a una ligera recuperación frente a junio, persisten las dudas sobre la capacidad de reservar dinero durante los próximos doce meses.

La percepción sobre las finanzas familiares también registró una mejora moderada. El indicador de situación económica del hogar subió de 79 a 81 puntos, convirtiéndose en el componente mejor evaluado. Sin embargo, todavía predomina una visión cautelosa sobre el bienestar económico familiar, sin alcanzar el nivel considerado neutral.

Respecto al futuro de la economía nacional, el índice avanzó apenas un punto, de 63 a 64, manteniéndose como el componente más débil de la medición. El resultado evidencia que las expectativas sobre el desempeño general del país continúan siendo desfavorables, incluso frente a la ligera recuperación trimestral.

Pero ¿cómo se obtiene esta medición? The Marketing Group realizó 700 entrevistas telefónicas a escala nacional, entre el 14 y el 24 de septiembre, mediante un cuestionario de aproximadamente diez minutos. Participaron adultos mayores de 18 años con ingresos familiares mensuales superiores a 400 dólares, seleccionados según la distribución poblacional.

El estudio tiene un margen de error muestral de 3.7 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Su metodología considera cuatro aspectos: perspectivas económicas del hogar, situación del país, posibilidades de ahorro y evolución del desempleo, todos evaluados con un horizonte de doce meses.

Para calcular cada indicador, se resta el porcentaje de respuestas negativas al de respuestas positivas y se suman 100 puntos. Así, los resultados superiores a 100 reflejan confianza, mientras los inferiores indican desconfianza. Los 73 puntos actuales representan un predominio de percepciones negativas, no un porcentaje de ciudadanos descontentos.

La importancia del índice radica en que permite anticipar posibles cambios en las decisiones de consumo de los hogares. Cuando las personas temen perder ingresos o no conseguir empleo, pueden reducir gastos y posponer compras, lo que influye en la actividad de comercios y empresas.

La CCIAP presenta este indicador desde marzo de 2001, inicialmente en el área metropolitana, mientras la medición nacional comenzó en marzo de 2020. Su metodología está adaptada de la Universidad de Michigan y permite comparar la evolución de las expectativas económicas, aunque no sustituye las estadísticas oficiales de empleo o crecimiento.

Los resultados del Índice de Confianza del Consumidor contrastan con el crecimiento de 5.5% que registró la economía panameña durante el primer semestre de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

También difieren de la evolución del desempleo, cuya tasa disminuyó de 10.4% en septiembre de 2025 a 8.5% en agosto de 2026, de acuerdo con la Encuesta de Mercado Laboral de la Contraloría General de la República. Esta diferencia evidencia que la recuperación de los indicadores económicos todavía no se refleja plenamente en las expectativas de los consumidores, especialmente en lo relacionado con la estabilidad laboral y las finanzas familiares.