La Cancillería de Honduras activó protocolos de búsqueda y localización para encontrar a 13 hondureños que permanecen desaparecidos luego de viajar a Rusia, presuntamente atraídos por ofertas laborales engañosas que circulan en redes sociales.

Entre los casos bajo investigación, las autoridades manejan la posibilidad de que cinco compatriotas hayan fallecido, aunque todavía no existe una identificación legal que confirme sus identidades ni sus nacionalidades.

La información fue brindada por Nancy Lopez, directora de de protección al hondureño migrante, quien explicó que las autoridades mantienen comunicación con los familiares de las personas desaparecidas para recopilar datos que permitan establecer su paradero.

El proceso incluye la toma de muestras de ADN a sus parientes en Honduras, con el propósito de compararlas con posibles registros que permitan confirmar si alguno de los hondureños se encuentra entre las personas fallecidas.

De acuerdo con el funcionario, los 13 compatriotas reportados como desaparecidos podrían encontrarse en distintas circunstancias.

Entre las posibilidades que contempla Cancillería está que hayan quedado extraviados en zonas de combate, que estén heridos y permanezcan en hospitales o refugios, que hayan sido capturados como prisioneros de guerra o que hayan muerto.

Trece hondureños permanecen desaparecidos

El registro oficial de Cancillería contabiliza hasta el momento 33 hondureños que viajaron a Rusia bajo engaños relacionados con supuestas oportunidades laborales.

De ese total, 12 lograron regresar a Honduras y actualmente se encuentran con sus familias, mientras que otros 13 continúan sin ser localizados.

La diferencia entre las personas que retornaron y las que permanecen desaparecidas forma parte de las gestiones que desarrolla la institución para establecer la situación de todos los compatriotas incluidos en sus registros.

Entre las personas que posiblemente se encuentren en esos países habría adultos mayores y jóvenes de entre 18 y 20 años. Por esa razón, Cancillería pidió a los familiares que tengan conocimiento de alguien que salió de Honduras después de aceptar una oferta laboral en Rusia que se acerquen a la institución para reportar el caso.

Ofertas laborales circulan en redes sociales

Sobre la forma en que los hondureños son captados, el representante de Cancillería indicó que las autoridades identifican un patrón relacionado con anuncios publicados en redes sociales, en los que se ofrecen supuestos empleos con salarios elevados y beneficios económicos que resultan atractivos para quienes buscan una oportunidad fuera del país.

Según el relato proporcionado por la directora, el proceso puede desarrollarse con rapidez. Después de que una persona responde a una publicación o muestra interés en la oferta, los responsables comienzan a gestionar los documentos necesarios para el viaje.

En algunos casos, la tramitación del pasaporte se inicia en menos de 24 horas y, en menos de una semana, el hondureño ya estaría emprendiendo el desplazamiento hacia el extranjero.

Cancillería señaló que esta modalidad no afecta únicamente a Honduras, sino que se trata de una situación que alcanza a otros países de la región.

Manifestó que, desde la institución, todavía no han identificado directamente a las personas o estructuras que estarían detrás de las ofertas, por lo que no atribuyó la captación a un responsable específico.

Pruebas de ADN para confirmar posibles fallecimientos

Uno de los principales procedimientos que debe completar Cancillería es la identificación de los cinco hondureños que posiblemente murieron. Para ello, la institución está convocando a sus familiares en territorio nacional, a quienes solicita colaborar con la información y las muestras biológicas necesarias para los análisis de comparación.

La funcionaria explicó que las pruebas de ADN permitirán cotejar los perfiles genéticos de los familiares con los registros disponibles y contribuirán a validar si las personas reportadas como fallecidas corresponden efectivamente a los hondureños buscados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores insistió en que no puede confirmar los fallecimientos únicamente con la información preliminar recibida.

Primero debe completar los procedimientos legales y técnicos que permitan verificar la identidad de cada persona y establecer que se trata de los compatriotas incluidos en los reportes.

La institución ya ha sostenido reuniones con familiares de algunas de las personas desaparecidas, pero todavía espera que otros parientes respondan a las convocatorias realizadas para aportar información y participar en el proceso.

Cancillería pide verificar las ofertas antes de viajar

La institución pidió a la población desconfiar de las propuestas que prometen salarios elevados, bonos extraordinarios o condiciones laborales que no cuentan con respaldo oficial.

El representante mencionó como ejemplo anuncios que ofrecen bonos de hasta 30.000 dólares o salarios de 4.000 lempiras, y advirtió que las personas deben comprobar la legitimidad de cualquier oportunidad antes de entregar información personal o iniciar trámites migratorios.

Para verificar estas ofertas, recomendó acudir a la Secretaría de Trabajo, institución que, según explicó, es la encargada de validar la legalidad de las propuestas laborales.

La población debe buscar información por canales oficiales y evitar tomar decisiones basadas únicamente en publicaciones de redes sociales o mensajes de desconocidos.

También dirigió una advertencia a los hondureños que ya aceptaron una de estas propuestas y que se encuentran en proceso de viajar o están en el extranjero.

Les pidió no entregar sus documentos de viaje a terceros, debido a que se trata de documentos personales que deben permanecer bajo su control.

El expolicía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento fue declarado culpable del delito de homicidio por la muerte de Keyla Patricia Martínez, la estudiante de enfermería que falleció en febrero de 2021 dentro de una celda policial en La Esperanza, departamento de Intibucá.

La resolución fue emitida este viernes por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, durante la lectura del fallo del nuevo juicio oral y público.

Además de declarar la responsabilidad penal del exagente por el homicidio, el tribunal ordenó al Ministerio Público investigar a los integrantes de la cadena de mando de la Unidad Departamental de Policía N.º 10 (UDEP-10) que se encontraban en funciones cuando ocurrió la muerte de la joven, quien permanecía bajo custodia del Estado.

El fallo representa una nueva resolución judicial en uno de los casos que más indignación provocaron en Honduras por la muerte de una mujer dentro de instalaciones policiales.

Keyla Patricia Martínez era una estudiante de enfermería cuya muerte ocurrió el 6 de febrero de 2021, después de que fuera detenida por una supuesta infracción relacionada con las restricciones de circulación que estaban vigentes durante la pandemia de COVID-19.

La joven fue ingresada en una celda de la Unidad Departamental de Policía N.º 10, ubicada en La Esperanza, Intibucá, donde posteriormente se reportó su fallecimiento.

La muerte de Martínez bajo custodia estatal también generó cuestionamientos sobre los procedimientos de detención, la vigilancia de las personas privadas de libertad y las obligaciones de las autoridades encargadas de garantizar su integridad física.

El 14 de septiembre de 2023, el expolicía había sido condenado a cinco años de prisión por el delito de homicidio imprudente, bajo la modalidad de comisión por omisión.

Sin embargo, la revisión judicial dio lugar a un nuevo proceso, en el que el tribunal debía examinar nuevamente los hechos y determinar la responsabilidad penal del acusado conforme a los elementos presentados por las partes.

La repetición del juicio permitió que el caso volviera a una etapa de valoración judicial, con la participación de las partes acusadoras y de la defensa técnica del exagente.

Ministerio Público y acusación privada solicitaron condena por femicidio

Durante el segundo juicio oral y público, el Ministerio Público y la acusación privada solicitaron que Perdomo Sarmiento fuera condenado por femicidio agravado.

Ambas partes sostuvieron su acusación contra el expolicía y lo señalaron como responsable directo de la muerte de Keyla Martínez. Sus conclusiones estuvieron orientadas a que el tribunal adoptara una resolución condenatoria por ese delito.

Por su parte, la defensa técnica del acusado solicitó su absolución durante la etapa de conclusiones, con el propósito de que no se le atribuyera responsabilidad penal por los hechos investigados.

Finalmente, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable al exagente por homicidio, una calificación que debe distinguirse del delito de femicidio agravado solicitado por las partes acusadoras.

La resolución representa un nuevo avance en el proceso judicial, aunque la determinación de la pena y las actuaciones posteriores serán relevantes para establecer las consecuencias penales definitivas de la condena.

Ordenan investigar a la cadena de mando policial

Uno de los puntos relevantes del fallo es la instrucción dirigida al Ministerio Público para que investigue a la cadena de mando de la UDEP-10 que estaba en funciones cuando murió la estudiante.

La orden busca que se examinen las posibles responsabilidades de quienes tenían funciones de dirección, supervisión o control en la dependencia policial donde Martínez permanecía detenida.

El hecho de que la joven muriera bajo custodia del Estado coloca en el centro de la investigación las obligaciones de los funcionarios encargados de garantizar la seguridad y la integridad de las personas detenidas.

La muerte de Keyla Martínez continúa siendo un caso emblemático en Honduras por las exigencias de justicia que generó desde 2021.

Dos taxistas fueron asesinados en ataques armados registrados en hechos diferentes en Honduras, uno en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro, y otro en el barrio Arriba de Comayagua, en el departamento homónimo. En este último caso, una mujer que acompañaba al conductor resultó herida de bala y fue trasladada a un hospital.

Los crímenes movilizaron a agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron las escenas para iniciar las investigaciones y recopilar indicios que permitan identificar a los responsables.

El primero de los hechos ocurrió en un sector de la colonia Universitaria número 2, en la ciudad de Olanchito, Yoro, donde un conductor de taxi fue atacado a disparos mientras se encontraba al volante de su vehículo de trabajo.

La víctima fue identificada preliminarmente como Ronny Cerrano, quien conducía la unidad de transporte público con registro número 0094. Según los informes iniciales, individuos desconocidos interceptaron el automotor y dispararon en repetidas ocasiones contra el trabajador del volante.

Los impactos de bala le provocaron la muerte en el lugar. Su cuerpo quedó en el asiento del conductor, dentro del vehículo comercial que utilizaba para prestar el servicio de transporte.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades después de escuchar las detonaciones. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena, donde establecieron un perímetro de seguridad para preservar los indicios balísticos y facilitar las diligencias correspondientes.

Horas después, personal de Medicina Forense llegó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico y trasladar el cuerpo a la morgue, donde se practicarían los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles amenazas previas contra el conductor ni han establecido si el crimen estaría relacionado con su actividad laboral.

Segundo taxista asesinado en menos de 24 horas

En un hecho distinto, un segundo conductor de taxi perdió la vida de forma violenta la noche del jueves en el barrio Arriba de Comayagua, donde desconocidos lo atacaron con armas de fuego y posteriormente huyeron del lugar.

La víctima fue identificada como Elvis Barahona, quien conducía la unidad de taxi número 069 y residía en la colonia Primero de Mayo.

El ataque se registró en las inmediaciones de donde anteriormente funcionaba la panadería Bambi, cerca de la Escuela Andará, un sector al que se desplazaron los equipos de emergencia y las autoridades policiales tras conocerse el tiroteo.

Durante el atentado, una mujer que acompañaba al conductor también resultó herida por impactos de arma de fuego. La lesionada fue identificada como Alexa García.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para brindarle asistencia y posteriormente la trasladaron a la sala de emergencias del Hospital Santa Teresa de Comayagua.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para comenzar las investigaciones y recopilar evidencias que permitan reconstruir la secuencia del ataque.

Los investigadores deberán establecer el móvil del asesinato, identificar a los responsables y determinar si existen testigos o registros que contribuyan a esclarecer el caso.

Al igual que en Olanchito, las autoridades no han comunicado capturas relacionadas con este hecho ni han confirmado una hipótesis sobre las razones detrás de la agresión armada.

Los asesinatos de ambos taxistas se registraron en escenarios diferentes y, hasta ahora, no existe información oficial que permita establecer una relación entre los dos casos.

En Olanchito, el conductor murió dentro de su unidad después de ser interceptado por desconocidos, mientras que en Comayagua el ataque dejó como saldo la muerte de Elvis Barahona y una mujer herida.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante su oficina de Interpol y en coordinación con el Ministerio Público (MP), requirió a un ciudadano en la zona norte de Honduras, señalado por presuntamente difundir amenazas de atentados con artefactos explosivos contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés.

La intervención se produjo después de que las autoridades hondureñas recibieran información del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, relacionada con posibles planes de ataques contra puntos considerados estratégicos para la seguridad nacional, de acuerdo con los datos preliminares divulgados por las instituciones.

Las alertas internacionales indicaban que el sospechoso habría difundido mensajes en los que expresaba su intención de utilizar explosivos.

Entre los posibles objetivos mencionados figuraban puentes e instalaciones portuarias ubicadas en la zona norte del territorio hondureño.

Ante la naturaleza de las amenazas, los equipos especializados iniciaron diligencias para identificar al ciudadano y establecer su ubicación. Una vez localizado, fue requerido y trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes dentro del proceso investigativo.

Las autoridades buscan determinar el alcance de los mensajes, establecer si existía una planificación concreta para ejecutar los supuestos atentados y esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido las amenazas.

De acuerdo con la información preliminar, las investigaciones también vinculan al ciudadano requerido con una presunta estructura criminal de alcance transnacional.

Las autoridades no proporcionaron detalles sobre el nombre de la organización, el papel que supuestamente desempeñaría el individuo ni los posibles vínculos identificados hasta el momento.

La información disponible tampoco establece si durante las diligencias se localizaron explosivos, materiales para fabricar artefactos o algún otro elemento que confirme la existencia de un plan operativo para atacar la infraestructura señalada.

Estos aspectos deberán ser esclarecidos mediante las investigaciones correspondientes, que permitirán determinar si las amenazas representaban un riesgo concreto y si existen otros involucrados en los hechos.

El Ministerio Público tendrá a su cargo la evaluación de los elementos recabados para establecer las posibles responsabilidades penales y definir las acciones legales que procedan conforme a la legislación hondureña.

La Secretaría de Seguridad destacó la importancia de la cooperación internacional con las agencias estadounidenses y la coordinación operativa con el Ministerio Público para responder a amenazas que puedan comprometer la seguridad de la población y el funcionamiento de instalaciones esenciales.

Según la institución, la intervención permitió avanzar en la ubicación del ciudadano señalado a partir de la información recibida y activar los procedimientos de investigación correspondientes.

La participación de Interpol en las diligencias también refleja la dimensión internacional que pueden adquirir las investigaciones cuando existen alertas que involucran posibles estructuras criminales con operaciones en distintos países.

Las autoridades hondureñas consideran que el intercambio de información entre organismos de seguridad permite identificar amenazas con mayor rapidez, orientar las investigaciones y facilitar la adopción de medidas preventivas.

La Secretaría de Seguridad señaló que la respuesta oportuna busca prevenir riesgos relacionados con posibles actos de terrorismo y proteger instalaciones esenciales para el país. Sin embargo, no se detallaron medidas específicas adicionales de seguridad implementadas en los puentes o las instalaciones portuarias mencionadas en las alertas.

¿Qué es el Buró Federal de Investigaciones?

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) es una agencia federal de Estados Unidos que forma parte del Departamento de Justicia y tiene entre sus principales responsabilidades investigar delitos federales, combatir el terrorismo y contrarrestar amenazas relacionadas con la inteligencia extranjera.

La institución también brinda apoyo y servicios de investigación a organismos federales, estatales y locales, además de colaborar con agencias internacionales en casos que requieren cooperación entre países.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) localizaron y aseguraron una plantación con aproximadamente 16,000 arbustos de supuesta hoja de coca en el sector montañoso de Ojo de Agua, en la aldea El Carbón, departamento de Colón, durante un operativo desarrollado este viernes como parte de las acciones contra las actividades vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con la información divulgada por la institución castrense, el cultivo se encontraba distribuido en un terreno de unas tres manzanas de extensión, en una zona montañosa donde se ejecutaron labores de vigilancia y reconocimiento para identificar posibles actividades ilícitas.

El hallazgo se produjo en el marco de las operaciones de apoyo a la Agencia Nacional contra el Crimen, con la participación de equipos tácticos del Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, que se desplazaron hasta el sector de Ojo de Agua para desarrollar las acciones operativas.

Durante la intervención, los efectivos militares ubicaron los arbustos que, según la información preliminar, corresponderían a una plantación de coca. Posteriormente, procedieron a asegurar el área donde se encontraba el cultivo.

Las autoridades no detallaron en la información divulgada si durante el operativo se registraron capturas, si se identificó a los responsables de la plantación o si se encontraron otros elementos que permitan establecer quiénes estarían detrás de la actividad.

Además de la plantación, los militares encontraron una infraestructura artesanal presuntamente destinada al manejo de insumos relacionados con actividades de narcotráfico, según informó la institución a través de sus redes sociales.

El hallazgo de esta estructura constituye otro de los elementos relevantes de la intervención, debido a que podría estar relacionado con las actividades desarrolladas en el terreno.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas no ofrecieron detalles adicionales sobre las características de la instalación, los materiales que se encontraban en su interior ni el posible uso específico que se le daba.

La información oficial se limita a confirmar la localización y el aseguramiento de los aproximadamente 16,000 arbustos, así como de la estructura artesanal encontrada durante las operaciones en el departamento de Colón.

Este tipo de intervenciones forma parte de los esfuerzos de las autoridades hondureñas para identificar terrenos utilizados presuntamente para el cultivo de plantas relacionadas con la producción de drogas y detectar posibles instalaciones asociadas con estas actividades ilícitas.

Las Fuerzas Armadas señalaron que mantienen el desarrollo de operaciones estratégicas en diferentes sectores del territorio nacional, con el objetivo de prevenir y combatir actividades ilícitas, desarticular posibles estructuras vinculadas al narcotráfico y fortalecer las condiciones de seguridad para la población hondureña.

La institución militar indicó que continuará ejecutando acciones de vigilancia y control en zonas identificadas como puntos de interés para las autoridades, con la finalidad de localizar cultivos ilícitos y contribuir a su erradicación.

En el caso de la aldea El Carbón, la operación se concentró en un sector montañoso de Ojo de Agua, donde los equipos tácticos encontraron la plantación que abarcaba aproximadamente tres manzanas de terreno.

La extensión del cultivo y la cantidad de arbustos reportados convierten el hallazgo en una intervención relevante dentro de las acciones anunciadas por la institución.

Las autoridades no informaron cuánto tiempo llevaba establecida la plantación, el terreno no había sido identificado previamente como un posible punto de cultivo de coca. Tampoco se proporcionaron estimaciones sobre la cantidad de producto que podría obtenerse de los arbustos localizados.

Estos datos serán importantes para establecer la dimensión de la actividad detectada y determinar si el lugar estaba vinculado con una estructura de mayor alcance dedicada al narcotráfico.

El Gobierno de Honduras investiga posibles aumentos especulativos en el precio del cartón de huevos y advierte que impondrá sanciones a los responsables si comprueba que los incrementos superan los valores acordados con los productores.

El ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, informó este jueves que las autoridades realizan inspecciones y solicitan documentación para determinar si las variaciones en los precios responden a los costos de producción o a prácticas que afectan a los consumidores.

Ordóñez explicó que la Dirección de Protección al Consumidor solicitó formalmente a los productores de huevos del país sus tablas de costos, con el propósito de comparar los gastos de producción con los precios de comercialización y comprobar si los aumentos tienen una justificación económica.

“Nosotros a todos los productores de huevo del país les solicitamos de manera formal, oficial, a través de la Dirección de Protección al Consumidor, que nos facilitaran toda la información de su tabla de costos”, manifestó el funcionario.

Según el ministro, esta información es fundamental para establecer si los productores están respetando los acuerdos alcanzados con el Gobierno. Las autoridades buscan identificar posibles incrementos injustificados sin generalizar los señalamientos a todo el sector.

El funcionario indicó que, aunque se han registrado incrementos progresivos en distintos productos, algunos productores de huevos estarían aplicando aumentos que duplican o triplican los valores acordados con el Gobierno.

Ante esta situación, la Secretaría de Desarrollo Económico envió una solicitud oficial para que los proveedores entregaran sus tablas de costos en un plazo de dos días hábiles. Sin embargo, Ordóñez aseguró que algunos productores no presentaron los documentos requeridos dentro del tiempo establecido.

“O sea, no están respetando los acuerdos con el Gobierno, algunos productores, no todos. Entonces, nosotros enviamos una solicitud formal donde le damos dos días hábiles para que nos facilitaran la información y no nos enviaron la información”, declaró.

La falta de documentación es uno de los aspectos que las autoridades buscan esclarecer durante las investigaciones. Las tablas de costos y las facturas permitirán determinar si los precios actuales corresponden a los gastos reportados o si existen incrementos por encima de los parámetros acordados.

El ministro aclaró que los señalamientos no involucran a todos los productores, sino a aquellos sobre los que existen indicios de posibles incumplimientos. Por ello, las autoridades deberán verificar cada caso antes de establecer responsabilidades.

Como parte de las acciones, el Gobierno desarrolla operativos de inspección en coordinación con el Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección de Protección al Consumidor y la Policía Militar.

Las intervenciones tienen como objetivo revisar inventarios, verificar facturas relacionadas con los costos y prevenir posibles prácticas de acaparamiento.

Con estas medidas, las instituciones buscan recopilar información que permita comprobar las denuncias y determinar si existen irregularidades en la comercialización de los huevos.

La revisión de inventarios permitirá conocer las existencias disponibles en los establecimientos inspeccionados, mientras que el análisis de las facturas ayudará a contrastar los gastos documentados con los precios cobrados a los consumidores.

La participación de varias instituciones busca reforzar la supervisión y facilitar la identificación de posibles incumplimientos. Los resultados de estas actuaciones serán relevantes para determinar si corresponde iniciar procedimientos sancionatorios contra los responsables.

Ordóñez advirtió que los negocios en los que se compruebe especulación podrían enfrentar multas de hasta 10 mil salarios mínimos. El funcionario sostuvo que las autoridades aplicarán las sanciones correspondientes cuando las investigaciones permitan establecer que los incrementos superan los parámetros acordados.

Por ahora, el ministro no detalló cuántos establecimientos han sido inspeccionados, cuántos productores omitieron entregar la documentación ni si ya se han impuesto sanciones relacionadas con estas denuncias.

La audiencia de declaración de imputado contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional fue suspendida este jueves luego de que la defensa presentara cuatro recursos de recusación contra la magistrada Anny Ochoa, designada como jueza natural para conocer el caso.

Los abogados cuestionaron la imparcialidad de la funcionaria judicial y alegaron posibles conflictos de interés relacionados con su supuesta afiliación política y declaraciones públicas sobre el expediente. Las recusaciones deberán ser analizadas por una Corte de Apelaciones, que determinará si Ochoa continúa al frente del proceso.

El relacionador público de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Josué Salinas, explicó que la jueza natural deberá presentar un informe ante el órgano judicial correspondiente para que se resuelvan los recursos planteados por la defensa.

La suspensión impide, por ahora, que se desarrolle la audiencia en la que los imputados debían comparecer ante la justicia para conocer formalmente los señalamientos en su contra.

Defensa cuestiona imparcialidad de la jueza

El abogado Omar Menjívar expresó su inconformidad con la designación de Ochoa y cuestionó que una jueza a la que atribuye vínculos con el Partido Nacional conozca un expediente relacionado con exintegrantes de la Comisión Permanente, en su mayoría vinculados al partido Libertad y Refundación (Libre).

La defensa presentó cuatro recursos de recusación antes del inicio de la audiencia. Entre los argumentos expuestos figura un supuesto conflicto de interés por la presunta militancia política de la magistrada, además de señalamientos sobre opiniones extrajudiciales y declaraciones públicas que, según los abogados, evidenciarían parcialidad.

El diputado de Libre Fabricio Sandoval sostuvo que la afiliación política de Ochoa es de conocimiento público y cuestionó las condiciones en las que se desarrolla el proceso judicial.

Por su parte, el congresista Edgardo Casaña manifestó que el expediente pasará a un Tribunal de Alzada, instancia que deberá examinar los planteamientos y resolver conforme a la legislación hondureña.

La exdiputada Silvia Bessy Ayala también expresó que, a su criterio, la imparcialidad de la jueza está comprometida para conocer el caso.

Los señalamientos forman parte de los argumentos presentados por los recurrentes y deberán ser examinados por las autoridades judiciales competentes antes de adoptar una decisión sobre la continuidad de Ochoa en el expediente.

Doce imputados comparecieron ante la CSJ

Durante la jornada de este jueves, 12 de los 14 imputados se presentaron en la Corte Suprema de Justicia para someterse a la audiencia de declaración de imputado. Algunos acudieron acompañados de militantes del partido Libre.

Entre quienes no comparecieron figura el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien permanece prófugo de la justicia hondureña, según la información proporcionada sobre el caso.

Tampoco se presentó Edis Antonio Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), contra quien existe una orden de captura.

La audiencia tenía como objetivo avanzar en el procedimiento judicial contra los señalados por presuntas irregularidades relacionadas con las actuaciones de la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

Sin embargo, la presentación de las recusaciones obligó a detener el proceso hasta que se resuelva si la magistrada puede continuar conociendo la causa.

La resolución de la Corte de Apelaciones será determinante para establecer los siguientes pasos procesales, aunque todavía no se informó una nueva fecha para la audiencia suspendida.

Luis Redondo enfrenta acusaciones por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

La diputada Luz Angélica Smith es imputada por falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.

En el caso de Edis Antonio Moncada, exgerente de la ENAG, la acusación comprende tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

Los otros señalados son Hugo Noé Pino, Carlos Raudales, Juan Barahona, Fabricio Carbajal, Karen Martínez, Silvia Bessy Ayala, Linda Donaire, Edgardo Casaña, Osmán Chávez, Kritza Pérez y Scherly Arriaga. Todos enfrentan acusaciones por el presunto delito de usurpación de funciones.

La Ley de Justicia Energética comienza a mostrar sus primeros resultados en Honduras. A 30 días de su entrada en vigencia, más de 1,800 abonados reciben el beneficio de condonación de deudas residenciales y otros 200 clientes se han acercado voluntariamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para regularizar sus servicios sin multas ni sanciones.

Los avances fueron presentados por el gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, desde Casa Presidencial, donde explicó que la normativa busca ordenar las obligaciones pendientes de los usuarios residenciales, comerciales y municipales, además de impulsar cambios estructurales en el funcionamiento del sector eléctrico.

El funcionario detalló que la regularización voluntaria está disponible para clientes con servicios en viviendas y negocios que deseen ponerse al día con sus cuentas.

Para facilitar el procedimiento, la institución habilitó sus oficinas a nivel nacional y canales de atención mediante redes sociales y WhatsApp.

“Ya tenemos más de 200 clientes que se han acercado a la empresa voluntariamente a regularizarse sin multa y sin ningún castigo”, manifestó Peña Panting.

Uno de los principales beneficios de la normativa está dirigido a los usuarios residenciales que mantienen obligaciones pendientes con la ENEE.

Según explicó el gerente de la institución, más de 1,800 abonados ya reciben la condonación de sus deudas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la ley.

El beneficio contempla a los clientes residenciales que mantienen obligaciones pendientes por más de 120 días y cuyo consumo mensual de energía eléctrica es inferior a 250 kilovatios hora.

Los usuarios que cumplen estos requisitos pueden realizar sus gestiones en más de 30 oficinas de atención de la ENEE distribuidas en el territorio nacional, así como mediante los canales digitales habilitados por la institución.

La medida busca ofrecer una alternativa a los hogares que acumularon compromisos económicos por el servicio eléctrico y facilitar que puedan regularizar su situación.

Además de los abonados residenciales, el proceso contempla a empresas grandes y medianas, así como pequeños comercios. Peña Panting explicó que la intención es ordenar las cuentas pendientes de los distintos sectores y facilitar que los usuarios puedan ponerse al día con sus obligaciones.

Otro de los componentes de la Ley de Justicia Energética está relacionado con las deudas y obligaciones de las municipalidades con la empresa estatal.

El gerente de la ENEE anunció avances en la coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) para intervenir inicialmente las cuentas de 215 alcaldías clasificadas en las categorías C y D.

El proceso contempla la instalación y actualización de medidores, como parte de las acciones para mejorar el control del consumo y ordenar los registros de facturación de las municipalidades.

Una vez completada esta etapa, las autoridades prevén continuar con las alcaldías clasificadas en las categorías A y B.

La iniciativa pretende mejorar la administración de los servicios eléctricos municipales y establecer mecanismos que permitan conocer con mayor precisión el consumo de energía y las obligaciones económicas de cada gobierno local.

Peña Panting también destacó el plan de contingencia contemplado en la Ley de Justicia Energética, cuyo objetivo es reducir el impacto de las presiones inflacionarias provenientes de los mercados internacionales de energía y combustibles.

El funcionario explicó que estas medidas buscan evitar que los incrementos de los costos internacionales se trasladen directamente a las tarifas que pagan los usuarios hondureños.

La normativa contempla un período de seis meses durante el cual se pretende preservar la estabilidad tarifaria y financiera, mientras se desarrollan las acciones de reorganización del sector eléctrico.

Este componente adquiere relevancia debido a la exposición de Honduras a las variaciones de los precios internacionales de los combustibles, que pueden repercutir en los costos de generación eléctrica y, posteriormente, en las facturas de los consumidores.

Por su parte, el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, calificó la normativa como una transformación de gran alcance para el sector eléctrico hondureño, debido a la dimensión de la infraestructura que administra la ENEE.

El funcionario recordó que la empresa estatal tiene bajo su responsabilidad plantas generadoras distribuidas en diferentes regiones del país, más de 3,000 kilómetros de líneas de transmisión y aproximadamente 11,000 kilómetros de redes de distribución.

“Significa la transformación más importante en cualquier empresa de Honduras en toda su historia”, declaró Oviedo al referirse al alcance de la reforma.

Como parte de su implementación, informó que ya fue instalado el Comité de Conducción de la Reforma del Subsector Eléctrico y conformada la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento de la Ley.

Esta última instancia tendrá la responsabilidad de coordinar la hoja de ruta integral, dar seguimiento a las disposiciones establecidas y acompañar el desarrollo de las diferentes medidas contempladas en la normativa.

El proceso contará con el acompañamiento de expertos internacionales y organismos multilaterales de crédito, con el propósito de fortalecer la implementación de los cambios en el sector energético.