Los datos de la Intervención General del Estado (IGAE) reflejan que el nuevo récord de ingresos de la Administración no ha servido reducir el déficit público, que sin incluir la Administración Local cerró en el mes de agosto con un importe de 31.183 millones, un 7% por encima del mismo periodo de 2025, con un peso relativo sobre el Producto Interior Bruto (PIB) del 1,75%, superior al 1,72% del año pasado. El déficit primario -la diferencia entre los ingresos los gastos, sin incluir el pago de los intereses de la deuda- fue de 2.095 millones, equivalente al 0,12% del PIB, e inferior en un 21,4% al déficit primario de 2025.

Una situación de las cuentas públicas que no han podido sacar provecho del nuevo récord de ingresos del Estado, que aumentaron un 9,3%, hasta alcanzar los 247.062 millones, impulsados por un aumento de la recaudación de impuestos del 8,4%, hasta 201.754 millones, lo que representa el 81,7% de los recursos y equivalente a 15.587 millones más que un año antes.

En concreto, el aumento de los ingresos por IVA fue del 6,9%, hasta los 86.209 millones, recogiendo el efecto de las medidas temporales de reducción de la tributación energética vigentes. Los ingresos por IRPF crecieron un 18,1%, hasta los 58.223 millones, por el incremento de las retenciones del trabajo y al ingreso, mayoritariamente en el mes de julio, del primer plazo de la declaración de 2025, con un crecimiento del 18,8% respecto al efectuado en el mismo periodo de 2025, correspondiente a la declaración de 2024.

En cuanto a los ingresos del Impuesto sobre Sociedades, estos se han incrementado un 7%, hasta los 26.979 millones; y los del Impuesto sobre la Renta de No Residentes un 17,5%, hasta los 4.456 millones. Entre el resto de los impuestos, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos con un descenso del 11,2%, hasta los 8.345 millones, debido en parte a las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio. Los ingresos por cotizaciones sociales se sitúan en 4.753 millones, con un descenso del 2%, y el resto de los ingresos en 40.555 millones, con un aumento del 15,7%.

Por contra, el gasto se ha situado en 286.096 millones, con un aumento del 11,3% respecto a 2025, con 257.092 millones. Entre las operaciones de gasto de mayor peso están las transferencias entre administraciones públicas, que representan el 61,6% del gasto total, con 176.267 millones y un aumento del 8,9%.

La Administración Central volvió a acumular el déficit más elevado, de 42.075 millones, superior en un 18% al del mismo periodo de 2025. En términos del PIB, el resultado negativo de 2026 equivale al 2,36% de dicha magnitud, ratio superior en 0,25 puntos porcentuales a la de 2025, del 2,11% del PIB. La Administración regional ha obtenido un déficit de 23 millones, inferior en un 97,6% al del mismo periodo de 2025, con 970 millones. En términos del PIB, el déficit se ha reducido en 0,06 puntos. Por último, la Seguridad Social presentó un superávit de 10.915 millones, superior en un 46,3% al del mismo periodo de 2025, con 7.462 millones. En términos del PIB, la ratio de 2026 es del 0,61%, superior en 0,17 puntos a la de 2025, del 0,44%.

La IGAE también ha publicado este viernes los datos de déficit del Estado, en este caso con cifras hasta finales de septiembre de 2026. En términos de Contabilidad Nacional, el déficit del Estado ha sido de 39.034 millones, superior en un 25,8% al obtenido en el mismo periodo de 2025 y un 2,19 % del PIB -superior en 0,35 puntos porcentuales a la ratio de 2025, del 1,84%-, por el aumento del gasto que superó al de los ingresos.

Este saldo sigue incorporando el efecto de la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, contabilizada en julio, con un resultado neto a favor de las administraciones territoriales de 14.335 millones, frente a 13.627 millones correspondientes a la liquidación de 2023. Asimismo, en septiembre se ha completado la actualización de las entregas a cuenta autonómicas correspondientes a 2026 con la regularización de los meses de julio y agosto.

"Tenemos que garantizar que la administración sea neutral con independencia de quien la dirija y plantarnos cuando hay una decisión política que va a ir en contra de los procedimientos legales o de los criterios técnicos". Alto y claro, los altos funcionarios han dicho basta y han decidido plantarse ante los continuos atropellos con los funcionarios públicos por parte del Gobierno, personificado los últimos días en el ministro de Transportes Óscar Puente, tras el accidente de Urda.

El vicepresidente de la federación que agrupa a los altos funcionarios (Fedeca), Víctor Rodríguez, ha pedido a los funcionarios que se planten cuando una decisión política vaya contra la legalidad o los criterios técnicos. "Los políticos están de paso, pero la administración permanece", ha señalado en el XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, en el que ha reiterado que los empleados públicos respetan "el cumplimiento de los procedimientos legales como de los criterios técnicos".

Estas declaraciones llegaron poco antes de un comunicado oficial de Fedeca, que ha ido más lejos y han denunciado que está en juego el buen funcionamiento de nuestras instituciones, por lo que es necesario "garantizar la independencia de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus responsabilidades técnicas. Las labores de investigación, inspección, supervisión y control deben desarrollarse con absoluta autonomía, sin injerencias políticas ni presiones de ningún tipo. La independencia de criterio de los funcionarios no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía esencial para los ciudadanos, la defensa del interés general y el correcto funcionamiento del Estado de derecho".

Los altos funcionarios del Estado reiteran que "es imprescindible esclarecer con el máximo rigor, transparencia e independencia las causas del trágico accidente ferroviario de Urda pero también del de Adamuz, para ofrecer a la ciudadanía las respuestas que legítimamente reclama y merece, como condición indispensable para preservar la confianza en nuestras instituciones y evitar que una tragedia semejante vuelva a repetirse".

Fedeca lleva años advirtiendo de los riesgos que entraña la creciente politización de puestos de responsabilidad que requieren conocimientos técnicos, experiencia y capacidad de gestión acreditada. "El acceso a estas responsabilidades no puede responder a criterios de afinidad partidista ni convertirse en una puerta giratoria para el acomodo de cargos políticos, al margen de los principios de mérito y capacidad". Por ello, exigen "la urgente necesidad de profesionalizar la dirección de las administraciones y organismos públicos".

Recuerdan que la "legítima dirección política de la Administración debe ser plenamente compatible con una gestión pública profesional, independiente y sometida a criterios objetivos. Confundir ambas esferas, desplazando el conocimiento y la experiencia profesional en favor de la confianza política, contribuye al deterioro de las instituciones, a la pérdida de eficacia de los servicios públicos y a la erosión de la confianza de los ciudadanos. Por eso, han vuelto a denunciar "la politización de la Administración y el debilitamiento de los criterios de mérito y capacidad no son cuestiones meramente organizativas: tienen consecuencias reales sobre la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Los graves acontecimientos que estamos viviendo deben servir para reflexionar sobre la necesidad de reforzar nuestras instituciones, sin anticipar responsabilidades ni conclusiones que corresponden a las investigaciones pertinentes", concluyen.

El frenazo de la economía de la eurozona es ya evidente, tras registrar un crecimiento del 0,4% en el tercer trimestre del año, lo que suponen dos décimas menos que en los tres meses anteriores, según la estimación preliminar publicada por Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento del PIB entre julio y septiembre fue de 0,5%, también dos décimas inferior a la tasa observada en el segundo trimestre del año.

A diferencia de lo que defiende y presume el Gobierno, España no es la economía que más crece en la zona euro. Irlanda fue el país con un mayor crecimiento de su economía de los quince sobre los que se aportan datos (5,5%), seguido por España, Países Bajos y Estonia (0,6%), mientras que Lituania (-1%) y Francia (-0,1%) vieron como sus economías se contrajeron en el tercer trimestre del ejercicio. Tras ellos se sitúan Chequia y Finlandia (0,5%), Suecia (0,4%), Bélgica (0,3%), Alemania, Austria y Portugal (0,2%) y Hungría (0,1%) e Italia (0%).

El crecimiento de España fue una décima inferior al del segundo trimestre, mientras que en media en la zona euro y en la UE se produjo una caída de dos décimas respectivamente. En términos interanuales, el crecimiento español se situó en el 2,7%, más del doble que la zona euro (1,2%) y la UE (1,5%), aunque le sobrepasaron varios países, pero no los grandes. Tanto en la zona euro como en el conjunto de la UE, el PIB se elevó una décima.

La Comisión Europea prevé presentar a mediados del mismo mes sus nuevas previsiones económicas, en las que pronosticará el crecimiento económico de la UE y sus Estados miembros a cierre de este año y también proyectará el crecimiento esperado en los siguientes ejercicios. Así, Eurostat ha advertido que su estimación preliminar está sujeta a futuras revisiones y su previsión es publicar una actualización de los datos el próximo 13 de noviembre.