El Ejecutivo plantea recuperar la norma, que ya fue aprobada en febrero y derogada por el Congreso, tras detectar un aumento generalizado de precios en los transportes alternativos al tren
El rechazo en febrero de Junts, PP y Vox impide topar precios para evitar subidas excesivas por el accidente
El Ministerio de Consumo está trabajando para recuperar el real decreto-ley que establezca topes de precios a, entre otros, los precios de los billetes de transporte tras una catástrofe, al detectar subidas generalizadas en las alternativas al tren tras el accidente de Urda (Toledo). El Gobierno ya aprobó una norma similar en febrero, pero fue derogada con los votos en contra de PP, Vox y Junts.
Fuentes del Ejecutivo confirman a elDiario.es que está encima de la mesa recuperar esa norma y aprobar, de nuevo, un real decreto-ley que modifique la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que permita al Gobierno topar los precios en situaciones de emergencia con carácter extraordinario que “alteren de forma excepcional la oferta y la demanda, y que no se corresponderían con un aumento de costes para las empresas”.
El momento es clave, no solo por el accidente de Urda, que ha dejado 69 fallecidos, ya que el primer decreto se aprobó tras la catástrofe de Adamuz, con 46 víctimas. Ahora mismo la Diputación Permanente sería la encargada de convalidarlo y ahí el voto de Junts ya no suma una mayoría de bloqueo junto al PP y Vox, por lo que la norma tendría más posibilidades de salir adelante.
El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el juez retirado Manuel García-Castellón contra el dirigente de Podemos Pablo Fernández.
El que fuera magistrado de la Audiencia Nacional (AN) acusa al político morado de haber lesionado su derecho a honor, a la intimidad y a la propia imagen con las numerosas manifestaciones públicas en el que le ha atribuido ser un «mentiroso, mafioso, corrupto y prevaricador, entre otros comentarios negativos».
Por ellos, García-Castellón solicita la Justicia que se condene al ahora candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid al pago de una indemnización de 100.000 euros por el «daño moral generado», «dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma» en programas de televisión y a través de redes sociales.
El juzgado que titula Fátima María Durán Hinchado aceptó tramitar esta demanda tras apreciar que «reúne los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales necesarios para comparecer en juicio» y teniendo en cuenta, «a la vista de las pretensiones formuladas» por el jubilado García-Castellón que su tribunal madrileño posee «jurisdicción y competencia objetiva para conocer las mismas».
Ahora, en el decreto firmado por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) conocido en primicia por LA RAZÓN, da traslado de la demanda y la documentación que la acompaña a Fernández, «emplazándole, con apercibimientos advertencias legales, para que la conteste en el plazo de 20 días hábiles». De este procedimiento civil será parte también el Ministerio Fiscal y se le da una «tramitación preferente».
El juzgado ya le adelanta «que si no comparece dentro del plazo indicado se le declarará en situación de rebeldía procesal».
En la demanda, a la que tuvo acceso este diario, se sitúa, tras la jubilación forzosa de García-Castellón de la Carrera judicial al cumplir los 72 años (septiembre de 2024), el inicio de una «campaña de odio y desprestigio» hacia su persona y trayectoria profesional.
En un primer momento, la iniciativa la tomó la secretaria general del partido, Ione Belarra, que –hay que recordar–, el pasado junio, fue condenada a pagar 9.000 euros de reparación económica a este antiguo miembro de la judicatura, por una serie de manifestaciones públicas en que aseguraba que él y «otros jueces corruptos», se irían «de rositas», pese a haber «prevaricado».
La diputada y exministra le imputó, en este sentido, el haber protegido al PP durante instrucciones que dirigió como las del «caso Villarejo» o el «caso Púnica» y de, por otro lado, haber llevado a cabo una «guerra sucia judicial» contra los de Pablo Iglesias.
Según se explica en la acción civil emprendida por sus abogados, Fernández «pretendió continuar con las acusaciones iniciadas por su compañera de partido».
Concretamente, señala a este político «por asumir un papel activo en la difusión de manifestaciones dirigidas de forma directa a García-Castellón, presentándole ante la opinión pública como un juez que ha dedicado su carrera a la comisión de actos tales como corrupción, prevaricación y politización de la función judicial».
La parte demandante subraya que estas aseveraciones de Fernández «no se producen en ámbitos privados o de circulación restringida, sino que son estratégicamente publicados y realizados en medios de comunicación y redes sociales (principalmente, «X»), difundidos a una gran audiencia y con enorme capacidad de impacto».
Es, precisamente, –se señala en la demanda– «el alcance de los comentarios realizados, así como las numerosas entrevistas en diversos programas, lo que han provocado un alcance desproporcionado, no solo por ser medios accesibles, sino por aprovecharse (Fernández) de su condición de portavoz y figura pública como miembro de un partido político».
Y ofrece datos de su impacto público: el dirigente morado tiene casi 150.000 seguidores y sus publicaciones generan miles de comentarios de usuarios y de «me gusta».
En definitiva, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN acude a los tribunales al considerar que los «incesantes comentarios han supuesto que una infinidad de personas lleguen a creer –sin fundamentación alguna y por mero rechazo a su figura de nuestro mandante– que ha sido un juez corrupto y prevaricador, involucrado en diversas tramas políticas, valiéndose del derecho a la libertad de expresión para realizar comentarios vejatorios y absolutamente falsos sobre su figura».
Su representación letrada aprovecha para recordar que «no existe ni una sola sentencia judicial o procedimiento abierto (tampoco en el seno del Poder Judicial), en el cual se haya condenado o imputado a García-Castellón por delito alguno relacionado con su cargo público, es decir, prevaricación o corrupción».
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