Login
España dispara sus accidentes ferroviarios un 142% durante la era Sánchez mientras la inversión en mantenimiento se desploma un 22%
La inversión ferroviaria en España se ha quedado atrás. Prueba de ello podrían ser los dos fatídicos accidentes que han tenido lugar este último año, pero los datos también lo avalan. Según datos generales recogidos por el Instituto Juan de Mariana, el actual Gobierno dedica a mantenimiento únicamente el 15,8% de su gasto ferroviario y gasta 45,5 millones por cada mil kilómetros de vía frente a los 80,6 en la UE-14, su capital ferroviario sigue por debajo del de 2015 y el gasto de conservación por viajero de la alta velocidad ha caído un 22% desde 2018.
Según investigaciones de Fundación BBVA y el Ivie, recogidas en este informe. la inversión bruta en infraestructuras públicas alcanzó en 2009 los 752 euros por habitante, mientras que en 2025 se situó en 265 euros, un 65%. Las infraestructuras ferroviarias fueron la principal partida entre 2008 y 2011 y la que más se redujo en el ajuste posterior: su inversión por habitante pasó de 240 a 75 euros entre 2009 y 2025, un descenso del 69%
En términos absolutos, la inversión ferroviaria de 2025, de 4.589 millones de euros, fue un 66,7% inferior a la de 2009 en términos reales. Por otra parte, la inversión de los gestores también se desplomó. Según las cuentas de Adif, pasó de 6.316 millones en 2011 a 1.749 millones en 2016, un 72 por ciento menos, y se re
cuperó hasta 4.696 millones en 2025, todavía un 26 por ciento por debajo del nivel de 2011.
El mantenimiento realizado por parte de la compañía se movió en ese periodo entre 891 y 1.120 millones anuales y en 2025 era apenas un 12,8 por ciento superior en términos reales al de 2011. Según la CNMC, los gestores ejecutaron en 2025 inversiones por 5.230 millones de euros corrientes, un 16,1 por ciento más que en 2024, pero entre 2021 y 2024 Adif sólo ejecutó el 66,3 por ciento de las inversiones previstas en su programa.
Teniendo en cuenta la evolución histórica, el dinero depositado en infraestructuras pasó de 40.056 millones de euros en 1995 a un máximo de 110.817 millones en 2015, pasó de 40.056 millones de euros en 1995 a un máximo de 110.817 millones en 2015. El IJM asegura que entre 2016 y 2022, la inversión no cubrió siquiera la depreciación y el stock retrocedió hasta unos 107.500 millones. De
hecho, en 2025, el stock de capital ferroviario, de 109.561 millones, seguía por debajo del nivel alcanzado hace una década.
El número de accidentes se dispara un 142%
Además, el número de accidentes ferroviarios registrados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se disparó un 142% desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. En concreto, en seis años de registros pasaron de 40 a 97, mientras que los descarrilamientos se triplicaron, de 7 a 22.
Las incidencias son el día a día de los españoles que utilizan el transporte público. La puntualidad en el sistema ferroviario se ha desplomado y, según el mismo informe, en marzo de 2026 sólo el 48,6% de los AVE llegaron a su hora y en Rodalies apenas el 49,2%. En 2018, sólo el 1,1% de los trenes de larga distancia de Renfe llegaba a destino con una hora o más de retraso; en enero de 2026, tras Adamuz, lo hizo el 8,1%, siete veces más.
Mientras los pasajeros sufren estas negligencias, el Gobierno se lava las manos. Renfe recortó sus compromisos con los viajeros ante las incidencias en sus servicios. Hasta 2024, se devolvía el 50% del billete por retrasos de más de 15 minutos y el 100% por retrasos de más de 30. Desde el 1 de julio de 2024, sólo compensa a partir de los 60 minutos, y únicamente se devuelve el billete íntegro si el retraso supera los 90.
El ministro Puente justificó el cambio porque las compensaciones, que habían costado 42 millones de euros en 2023, "suponían mermas muy importantes de ingresos". En octubre de 2024, el Congreso aprobó una proposición no de ley que exigía recuperar las compensaciones de 15 y 30 minutos, pero el Ministerio no la ha aplicado. Esto ha hecho que el 97,2% de los trenes AVE y de larga distancia con incidencias durante junio de 2026 no generase derecho a compensación alguna.
La mala gestión de los servicios ha hecho que los ciudadanos no confíen más en Renfe y se haya iniciado una estampida a cuentagotas. Desde Adamuz, se impusieron una serie de restricciones de velocidad en varias líneas. entre enero y agosto de 2026 viajaron en alta velocidad 25,9 millones de personas, un 12,3% menos que en el mismo periodo de 2025, con una caída del 32,1% en febrero. Ahora, la vuelta a la suspensión de la línea Madrid-Andalucía tras el accidente de Urda volverá a castigar la serie en los próximos meses.
Esta pérdida de clientela coincide con la época de mayor expansión del sector. La liberalización de los espacios de alta velocidad españoles abarató los billetes hasta un 50% en el corredor Madrid-Valencia, un 40% en Madrid-Málaga y un 25% en Madrid-Barcelona.
Mientras los clientes huyen y no reciben sus indemnizaciones, el Gobierno prefiere subvencionar billetes y gastar más en ello que en los procesos de restauración y conservación. En 2025, destinó unos 1.371 millones de euros a abonos y billetes, frente a los 1.100 millones que Adif y Adif AV destinaron a mantener la infraestructura.
La inversión en carreteras tampoco es suficiente
La principal alternativa al transporte ferroviario es el traslado por carretera, pero la situación de esas infraestructuras tampoco es mucho mejor. Según la auditoría de la Asociación Española de
la Carretera, y en datos recogidos por el IJM, el déficit acumulado de inversión en conservación en estas vías rozó en 2025 los 15.000 millones de euros, casi un 50% más que cuatro años antes.
Además, más de la mitad de las carreteras del país presentan deterioros importantes y cerca de 34.000 kilómetros deberían ser reconstruidos de urgencia, tres veces más de lo que se estimaba hace un par de ejercicios. El estudio alega que esta es "la peor situación desde finales de la década de 1980".
Este abandono contrasta de forma "escandalosa" con lo que el Estado recauda de los conductores. Según ANFAC, la fiscalidad asociada al automóvil alcanzó en 2025 los 41.995 millones de euros, de los cuales más de 23.000 millones procedieron de los impuestos sobre los carburantes. Pese a esta gran cantidad embolsada a costa de los contribuyentes, el Estado dedica menos de 3.000 millones a conservar las carreteras, es decir, por cada euro que se invierte en mantener la red viaria, el automovilista aporta unos 15 euros en impuestos.
© EUROPAPRESS
