Baleària y MSC han sellado un acuerdo definitivo que permite desbloquear el proyecto de la terminal de cruceros que inicialmente se adjudicó la naviera valenciana y por el que finalmente cada una de las compañías podrá disponer de su propia estación para tráfico de pasajeros en el Puerto de Valencia. El principal escollo relativo a la ubicación de la instalación de la multinacional suiza se ha solucionado de forma que su actividad no entorpezca el tráfico de los buques de Baleària.

Así, una vez solventado este conflicto, ambas empresas han seguido con los trámites administrativos para poner en marcha sus respectivas terminales. En este sentido, la de Baleària es la más avanzada, puesto que muchos de los pasos ya los tenía superados tras el proyecto inicial aprobado por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que finalmente quedó paralizado cuando entró en escena MSC.

De esta forma, la naviera valenciana que ha solicitado a la APV una concesión de 80.704 metros cuadrados en la dársena Turia para construir y explotar una terminal de pasajeros y mercancías de uso particular, ha presentado un nuevo proyecto que ya está en fase de exposición pública en la web de la APV.

La actuación cuenta con dos fases, tal y como avanzó Valencia Plaza: la primera y principal está valorada en 43,7 millones de euros, de los que 14,5 millones de euros se destinarán a la urbanización del ámbito de la concesión, mientras que otros 10,8 millones se emplearán en levantar el edificio de pasajeros. A ello se suman 4,95 millones para las pasarelas y fingers de embarque, 950.000 euros para el paso fronterizo y otras partidas destinadas a marquesinas e instalaciones fotovoltaicas.

La segunda fase prevé un importe de 34 millones que se destinarán principalmente a ampliar las instalaciones energéticas y operativas, con nuevas marquesinas, sistemas de acumulación de energía, una planta de suministro de gas natural licuado (GNL) y una infraestructura para facilitar el embarque de mercancías.

El espacio contará con tres atraques simultáneos con aforo máximo de 5.160 pasajeros (tres buques a la vez: Rosalind Franklin, Rusadir y Nápoles). En cuanto al edificio principal de la terminal, tendrá una capacidad de 2.000 pasajeros en operación simultánea y un aparcamiento de 300 plazas, además de una explanada de preembarque para 400 vehículos

MSC pide la concesión

Por su parte, tal y como publicó este jueves 29 de octubre el Boletín Oficial del Estado, la naviera MSC, que se adjudicó la gestión y explotación de la futura terminal norte de contendores, ha solicitado a la APV a través de la sociedad Valencia Terminal Pasajeros, S.L., “el otorgamiento de concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario para la construcción y explotación de una terminal portuaria de uso particular destinada al embarque y desembarque de pasajeros y a la carga y descarga de vehículos y carga rodada en el puerto de Valencia, por un plazo inicial de 35 años”.

Según el plano técnico publicado por la APV, la terminal que pretende construir la compañía ocuparía una superficie de 89.064,13 m² y su ubicación abarca el Espigón del Turia (Muelle Perfecto Palacio) y el espacio que hay entre este y el muelle de Poniente, donde se albergaron históricamente los antiguos astilleros de la Unión Naval de Levante.

Tal y como refleja el BOE, con la petición de concesión de MSC, la APV inicia el trámite de competencia de proyectos. Por tanto, en el periodo de un mes, otras empresas o entidades interesadas pueden presentar solicitudes con el mismo objeto de desarrollar un proyecto de las mismas características.

Funcionarios de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) se presentaron este miércoles 28 de octubre en la sede central del PP de la Comunitat Valenciana ubicada en la calle del Embajador Vich de València para requerir documentación relativa a la campaña de vallas publicitarias que de forma prácticamente simultánea lanzaron el partido y el Gobierno valenciano en la que se promocionaba una bajada de impuestos aprobada por el Consell.

En concreto, en las vallas con el logo de la Generalitat se informaba de las nuevas deducciones aprobadas y en algunos casos, en una valla contigua con el logo del PP, aparecía la imagen del presidente del Consell con el lema “cumplimos”. La campaña suscitó polémica y críticas por parte de la oposición al considerar que se estaban usando recursos públicos para promocionar a Pérez Llorca y al PP.

Tanto es así, que el pasado mes de mayo la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, puso una denuncia ante la AVA en la que ponía de relieve esta connivencia entre ambas campañas y en consecuencia la posible detracción de recursos públicos para intereses particulares.

En su escrito, Navarro considera que se podría haber vulnerado la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de publicidad institucional que establece que “toda la publicidad institucional estará libre de identificación partidista alguna, quedando prohibidos los puntos de similitud con la publicidad que lleve a cabo cualquier partido político para la propia imagen o la captación de afiliación”.

Como consecuencia de la denuncia, la AVA abrió un expediente de investigación y empezó requiriendo documentación el pasado mes de agosto sobre la mencionada campaña a la vicepresidencia segunda y conselleria de Presidencia que dirige José Luis Díez. Aunque la agencia emitió un primer informe provisional el pasado mes de septiembre en el que a la vista de los informes aportados por la administración autonómica el contrato publicitario sería válido, el expediente se mantuvo abierto y por lo tanto la investigación no se dio por cerrada.

Tanto es así, que al menos un miembro de la Agencia se personó este miércoles en la sede del PPCV para requerir información sobre la misma campaña, de lo que se desprende que se van a cruzar los datos de ambas acciones publicitarias (la de la Generalitat y la del partido) para comprobar si hubo algún tipo de connivencia con el objetivo de beneficiar la imagen de Pérez Llorca y del PP con recursos públicos.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es, fuentes del PP han confirmado la visita de personal de la AVA para requerir información sobre el asunto de las vallas publicitarias, aunque al mismo tiempo insistieron en que el caso quedó archivado en septiembre, al menos por lo que respecta a la Generalitat. Cuestionados sobre el motivo de la visita de la Agencia y del requerimiento de información han considerado que alguien habrá vuelto a denunciar “para seguir estirando el asunto”.

Sin embargo, desde Compromís, autores de la denuncia que inició la investigación, aseguraron que no les consta ningún archivo y que de hecho por la información que tienen el expediente de investigación sigue abierto. Así, insisten en que de estar archivado les habría llegado el correspondiente informe final de la AVA.

En la misma línea, la diputada socialista, Mercedes Caballero, que solicitó acceso a todo el expediente de investigación de la Agencia ha asegurado que sin ir más lejos los pasados 16 y 19 de octubre acudió a revisar toda la documentación y certificó que existe un primer informe provisional que especifica que a la vista de la información aportada por la Generalitat el contrato sería válido, pero que la investigación sigue abierta y pendiente de documentación.

Esta explicación cuadra con la visita de la Agencia de este miércoles a la sede del PP para recabar toda la información y clarificar así si hubo algún tipo de connivencia y de infracción.

Vallas retiradas por las elecciones

Independientemente de la investigación de la Agencia Antifraude, el PSPV de la provincia de Valencia presentó una queja ante la Junta Electoral Provincial para que requiera al Partido Popular (PP) la retirada inmediata de todas las vallas publicitarias de contenido electoralista que mantiene instaladas en el territorio autonómico ante la convocatoria anticipada de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Sin embargo, la Junta Electoral Provincial de Valencia archivó la queja puesto que los carteles denunciados fueron instalados con anterioridad a la convocatoria electoral y, además, se acreditó, mediante aportación de comunicaciones a la empresa responsable, haber instado su retirada y, posteriormente, mediante certificación, que han sido retirados dentro de un plazo razonable desde la convocatoria.

Por tanto, “no se aprecia voluntad de mantener actividad propagandística contraria al artículo 53 de la LOREG, por lo que procede el archivo de las actuaciones”, explica la resolución.