La auditoría de la red ferroviaria andaluza que el Gobierno nunca llegó a abordar
El trágico accidente de tren ocurrido en Urda (Toledo) ha vuelto a poner el foco en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, la segunda más utilizada de la red española. Pero los problemas vinculados al transporte ferroviario en Andalucía no solo se circunscriben al AVE, sino que otros servicios también presentan déficits de inversión y mantenimiento comprometiendo la seguridad de los viajeros. Los continuos retrasos de los Cercanías de Málaga y Sevilla, el olvido del Tren Litoral –una infraestructura muy demandada por numerosos sectores políticos, económicos y sociales de Málaga– o la pérdida de conexiones convencionales en Jaén y Almería han sumido al ferrocarril de la región en una profunda crisis.
En este sentido, el PP-A ha reclamado en varias ocasiones en el Parlamento andaluz un mayor compromiso financiero por parte del Gobierno central con las infraestructuras ferroviarias de la comunidad. Precisamente, en marzo de este año PP-A y Vox respaldaron una Proposición No de Ley (PNL) en la que se exigía una «auditoría completa» de la red autonómica en la que se detallaran «los puntos donde existan limitaciones de velocidad derivadas del deterioro o mal estado de la infraestructura y la fecha prevista para eliminar dichas limitaciones, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y una adecuada planificación de mantenimiento». Como otras muchas cuestiones, esta petición cayó en saco roto. La PNL señala que el trágico accidente de Adamuz, las limitaciones de velocidad subsiguientes, los cortes de las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga y los efectos de los temporales –en marzo la comunidad intentaba recuperarse de las graves inundaciones– «han agravado una situación que ya era de dejadez, si no abandono, de las infraestructuras en Andalucía por parte del Gobierno central». La gestión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha llevado al transporte ferroviario en España en general, y en Andalucía en particular, «a una situación grave e inédita». «Las infraestructuras necesarias desde hace años en nuestra comunidad se eternizan o ni siquiera salen del cajón, mientras que en otras comunidades se aceleran por conveniencia partidista. Las que ya existían antes de su mandato llevan, desde entonces, sometidas a años de abandono, deterioro y falta de mantenimiento, que han provocado innumerables y lamentables episodios de incidencias, retrasos y cancelaciones nunca vistas en Andalucía», señala el documento.
La iniciativa parlamentaria se centra en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde ya se han producido dos trágicos accidentes con consecuencias letales. Recuerda el texto que comenzó a funcionar hace 34 años y que se incluye en la primera fase de liberalización del transporte ferroviario, «que aumentaría notablemente su ocupación». Sin embargo, el Gobierno central «no terminó las obras de renovación de la línea a tiempo para la llegada de nuevos operadores (2023), a pesar de que hubieran comenzado en 2019». De hecho, la renovación no ha terminado a día de hoy, casi tres años después de la entrada de nuevos operadores en la línea y siete años después de su inicio. «Las trágicas consecuencias de este abandono son de sobra conocidas y el Gobierno de la nación deberá asumir la responsabilidad por ello. Es por ello que la infraestructura y su renovación deben ser ahora minuciosamente analizadas. Sí sabemos que las cifras de los presupuestos destinados a mantenimiento de la infraestructura ferroviaria no han hecho más que disminuir bajo este Gobierno», apunta.
A esta falta de inversión en infraestructuras «se suman los ya habituales retrasos en la red de alta velocidad en Andalucía, que se añaden a los que ya provocaba la renovación de la línea Madrid-Sevilla, acometida tarde y mal». Ante esta falta de gestión, la única respuesta por parte del Ministerio «fue la destitución del presidente de Adif a los nueve meses de asumir el cargo (llevamos cuatro presidentes de Adif distintos desde 2018)».
El documento va más allá y detalla otras infraestructuras vitales para la región que continúan sin iniciarse o, en el mejor de los casos, permanecen empantanadas. Es el caso de las obras de ampliación del puente del Centenario en Sevilla, donde «hemos pasado de una fecha de inauguración a finales de 2023 a directamente no tener fecha prevista, con unas obras que se eternizan». La sustitución de los tirantes y la ampliación de los carriles «va a tener un coste, como mínimo, de 136 millones de euros, pues actualmente se negocia una nueva modificación del contrato entre Acciona y el Ministerio, lo que tiene paralizados los trabajos en esta infraestructura».
Almería, por su parte, «sigue sin conexiones directas con Sevilla y su conexión con Granada es más que mejorable». En cuanto a movilidad aérea, y al igual que se hizo con la conexión con Sevilla, los vuelos a Madrid y Barcelona «deben ser declarados obligaciones de servicio público (OSP)». Esta necesidad ha sido especialmente patente cuando los almerienses «han tenido que asumir viajes de hasta nueve horas en tren para llegar a Madrid». Igualmente, la conexión entre Almería y Sevilla está actualmente cubierta por un vuelo que la Junta de Andalucía viene manteniendo mediante una OSP por unos 4 millones de euros al año. «Ello es así porque se trata de la única alternativa al coche, ya que no existe conexión directa por tren. Tan solo abriendo al tráfico el baipás de Almodóvar del Río y ofreciendo un servicio con cambio de ancho en Granada, ese trayecto podría bajar de las 4 horas, igual o menos que en coche».
Junto a ello, la redacción del proyecto de tercer carril de la AP-4 «ha dejado fuera a la provincia de Cádiz, lo que agravará la situación de congestión en el resto del viario anexo». La PNL señala que sigue siendo necesario que se afronte la duplicación de la antigua N-IV hasta Jerez de la Frontera. «A día de hoy, el tramo entre Jerez y Los Palacios es el único de esta carretera nacional que no está desdoblado y que sigue manteniendo una travesía, la de El Cuervo». Granada, Córdoba y Jaén «necesitan también la conversión en autovía de la carretera N-432, que une Badajoz con Granada (la futura A-81)». En Huelva, hay una «apatía clara» en el desarrollo del tramo Huelva-Faro de la línea de alta velocidad y se necesitan también el tercer carril de la A-49 y la mejora de su firme, «ante el gran deterioro de la misma y la importancia estratégica para la provincia». Jaén, por su parte, «sufre un aislamiento interprovincial por falta de conexiones ferroviarias». Por último, el aeropuerto de Málaga se verá golpeado por la nueva subida de las tasas que el Gobierno ha propuesto en el Documento de Regulación Aeroportuaria.


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