La economía española mantiene el ritmo a pesar de la incertidumbre internacional provocada por la guerra en Irán y la subida de los costes de la energía. El producto interior bruto (PIB) creció un 0,6% en el tercer trimestre, apenas una décima menos que entre abril y junio, pero se aceleró ligeramente hasta el 2,7% en términos interanuales.

El INE ha publicado este viernes los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral correspondientes al periodo entre julio y septiembre y confirman que la inflación no está ahogando el consumo de las familias, principal motor del crecimiento junto con la inversión, especialmente en vivienda y en contrucción.

Según explica Estadística, de ese crecimiento del 0,6% en el tercer trimestre, 0,5 puntos se explicaron por la demanda interna de la economía española, mientras que el sector exterior solo aportó una décima, gracias a una ligera mejora de las exportaciones y una notable caída de las importaciones (que, a la hora de calcular, 'restan' crecimiento).

En términos intertrimestrales, el consumo de las familias avanzó un 0,6% y el de las Administraciones Públicas un 0,9% en relación con el registrado en el segundo trimestre. La formación bruta de capital fijo, que es la rúbrica donde el INE registra la inversión, avanzó un 0,7%, espoleada por el buen ritmo de la construcción de vivienda (1%).

Desde la óptica de la oferta, por sectores, todas las ramas de actividad salvo la Construcción, que se mantuvo plana (0,0%) tuvieron aportaciones positivas al crecimiento. La industria y los servicios avanzaron un 0,7% ambas, mientras que el campo registró un incremento del 1,5%.

El crecimiento del PIB en términos interanuales (esto es, el tercer trimestre de 2026 sobre el mismo periodo de 2025) se aceleró al 2,7%, gracias a la pujanza, también, de la pata interna de la economía. El consumo de los hogares avanza a un ritmo del 3,1% y el de las Administraciones Públicas, al 2,5%; en ambos casos una tasa ligeramente inferior a la del segundo trimestre. La inversión sigue creciendo por encima del PIB, a un ritmo del 3,9%.

Por ramas de actividad, crecen todas: las primarias (7,1%), la industria (2,1%), la construcción (2%) y los servicios (2,9%).

Sobre las rentas, Estadística registró que la remuneración de los asalariados avanzó un 6,3% en términos interanuales. Esto se debe a un crecimiento del 2,3% de los puestos equivalentes a tiempo completo de asalariados y del 3,9% en la remuneración media. Los beneficios empresariales, medidos a través del excedente de explotación bruto y la renta mixta bruta, avanzaron un 5,6%.

La productividad por hora crece un 0,4% en términos interanuales y, por puesto de trabajo equivalente, un 1,1%.

El Ministerio de Consumo está trabajando para recuperar el real decreto-ley que establezca topes de precios a, entre otros, los precios de los billetes de transporte tras una catástrofe, al detectar subidas generalizadas en las alternativas al tren tras el accidente de Urda (Toledo). El Gobierno ya aprobó una norma similar en febrero, pero fue derogada con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Fuentes del Ejecutivo confirman a elDiario.es que está encima de la mesa recuperar esa norma y aprobar, de nuevo, un real decreto-ley que modifique la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que permita al Gobierno topar los precios en situaciones de emergencia con carácter extraordinario que “alteren de forma excepcional la oferta y la demanda, y que no se corresponderían con un aumento de costes para las empresas”.

El momento es clave, no solo por el accidente de Urda, que ha dejado 69 fallecidos, ya que el primer decreto se aprobó tras la catástrofe de Adamuz, con 46 víctimas. Ahora mismo la Diputación Permanente sería la encargada de convalidarlo y ahí el voto de Junts ya no suma una mayoría de bloqueo junto al PP y Vox, por lo que la norma tendría más posibilidades de salir adelante.

Según el departamento que lidera Pablo Bustinduy, el Ejecutivo ya ha detectado “un aumento generalizado” de precios de transportes de alternativos, como el avión, y está monitorizando desde ese día los de otros modos de transporte.

La norma que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero facultaba al Gobierno a fijar que el precio de un servicio o de un producto no podría ser superior al máximo registrado en los 30 días naturales anteriores al comienzo de la emergencia. Además, se fijaba un tope adicional, por el que si el precio máximo era más de un 50% superior al precio promedio registrado en ese mes, la referencia pasaría a ser ese precio medio más un 50%.