❌

Normal view

'Corea', el barrio olvidado en el paraíso de la riqueza turística: "En 50 años, nadie ha invertido un solo céntimo"

29 October 2026 at 21:30

'Corea', el barrio olvidado en el paraíso de la riqueza turística: "En 50 años, nadie ha invertido un solo céntimo"

Este enclave de la periferia de Palma es el único sector censal de Balears situado entre el 3% de menor renta de España, como refleja el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE. Mientras el archipiélago bate récords turísticos, Camp Redó arrastra deterioro, abandono y estigma

El Monopoly del arte amenaza al barrio más humilde de Palma: “Los precios son tentadores para vender”

El nombre de Corea –Camp Redó, siguiendo el topónimo original– lleva años asociado en Palma (Mallorca) a la droga y la degradación. Detrás del estigma hay una realidad socioeconómica complicada y décadas de deterioro urbanístico, como refleja el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2024. En el corazón de Corea, entre las calles de l'Infant Pagà y Joan d'Àustria, se encuentra el único sector censal de Balears situado entre el 3% de los de menor renta de toda España. La precariedad y la marginación son dos caras de una realidad compleja marcada por una inacción institucional que no ha logrado impulsar la regeneración de esta zona de la periferia palmesana.

El barrio, al oeste periférico de la capital balear, constituye un desierto económico dentro de todo el archipiélago: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal, de acuerdo al Atlas de Renta de 2024. Balears contiene sectores entre el 5% de los más enriquecidos de España. Por ejemplo, el que incluye la urbanización de lujo de Roca Llisa, en Santa Eulària (Eivissa), con una renta media anual bruta de más de 90.000 euros al año; algunas zonas de Sant Lluís, en Menorca, cerca de los 100.000, y el barrio de Cas Català, en Calvià (Mallorca), cuya renta media bruta al año supera esta cifra y se encuentra entre el 3% más rico del país y entre el 1% de las islas.

El barrio, al oeste periférico de Palma, constituye un desierto económico dentro de todo Balears: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal

Palma cuenta con sectores censales entre los de mayor poder adquisitivo del país. De hecho, la mayor parte del área metropolitana está teñida de azul –color que representa las regiones territoriales con mayor riqueza–, exceptuando barrios periféricos afectados por una gran desigualdad y donde se acentúa la marginación económica y social. Como el barrio de La Soledat, Son Gotleu y esta cuadra de Corea, una isla de renta formada por varios bloques de Viviendas de Protección Oficial (VPO) construidas durante el franquismo. 

Cada una de los inmuebles tiene apenas 26 metros cuadrados y no se han rehabilitado a lo largo de los años
Cada una de los inmuebles tiene apenas 26 metros cuadrados y no se han rehabilitado a lo largo de los años

mapa calle a calle TRACKER ATLAS RENTA

Construidas por Obra Social del Hogar

El conjunto de VPO se levantó en la década de los cincuenta como parte de un plan de vivienda (1954–1955) de la Obra Sindical del Hogar (OSH) –el organismo franquista para facilitar la vivienda a familias trabajadoras con dificultades–. El arquitecto Antoni Roca Cabanellas fue el encargado de erigir las de Corea en unos terrenos a las afueras de una Palma aún por imaginar. El sector ahora cercano a Vía de Cintura –principal autovía de la ciudad–, los cines Ocimax y la segunda comisaría de Policía, la de l’Oest, en aquella época estaba rodeado de campo, en el extrarradio de una metrópoli que como proyecto urbanístico aún estaba por despegar. 

Se construyeron, en total, 568 viviendas, repartidas en 26 bloques de pisos de dos y tres dormitorios repartidos en una angosta superficie de 26 metros cuadrados, bautizadas como ‘Generalísimo Franco’. No fue la única zona que creció durante la dictadura. El anillo periférico de la capital balear creció en general con promociones de viviendas protegidas para responder al déficit habitacional que creó la llegada de familias que migraron para trabajar en el sector turístico desde la Península. 

En total, se construyeron 568 viviendas repartidas en 26 bloques homogéneos en Camp Redó
En total, se construyeron 568 viviendas repartidas en 26 bloques homogéneos en Camp Redó

Además de Camp Redó, en los años cincuenta se construyeron viviendas impulsadas por la Obra Sindical del Hogar cerca del límite con Marratxí, mientras que en las décadas siguientes surgieron nuevas promociones en barrios como Son Gotleu –los conocidos como edificios blancos–, Son Roca y Son Ximelis. A finales de los sesenta y durante los setenta, Sa Indioteria recibió también promociones: 629 viviendas a finales de esa primera década y 320 a mitades de la segunda. 

A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad. Lo señala Eduard Vila, exdirector de Arquitectura y Vivienda del Govern balear, quien durante su cargo en el puesto (2017–2019) en el primer mandato de Francina Armengol (PSIB–Unides Podem–Més) intentó impulsar varias medidas para rehabilitar Corea. Esta nueva nomenclatura del barrio se fue fraguando paulatinamente, con el estigma de los ‘guetos’ y de la venta de droga de mano de clanes que se han ido apoderando de la zona. 

A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad

Entre el 3% de familias más pobre de España

Es uno de los motivos de que algunos vecinos se empecinen en reivindicar su auténtico topónimo: Camp Redó (Campo Redondo, en castellano), que se propuso en honor a una antigua posesión agrícola emplazada allí en el siglo XVII y no a la guerra de Corea, por los bandos enfrentados en el interior. De momento, este ha sido el resultado: 1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de todo el archipiélago. A pesar de ello, muchas no quieren marchar porque vinculan al barrio su hogar y “estilo de vida”.

1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de la ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de Balears

El paso de los años ha hecho que los bloques –ahora repartidos entre manos privadas, el Ayuntamiento de Palma y el Institut Balear de Vivenda (Ibavi)– hayan corrido distinta suerte. A pesar de que se han realizado saneamiento de fachadas y se han vallado los jardines, los intentos institucionales no han conseguido mantener el vandalismo alejado: en las calles de Corea es fácil ver coches totalmente desguazados y venta al menudeo de todo tipo de sustancias y no es seguro para todo el mundo pasear por allí de noche.

El escenario, lejos de mejorar, ha ido en declive desde que se han asentado allí antiguos moradores de Son Banya, el poblado chabolista de la matriarca Francisca Cortés, alias ‘La Paca’. Residentes del barrio han asegurado a los medios locales que han recibido propuestas de parte de los clanes para vender droga “por cincuenta euros al día”, según testimonios recogidos y publicados por Última Hora. 

Esto ha provocado que los habitantes de Camp Redó se vean aún más en una antigua encrucijada: marchar para seguir viviendo tranquilos o luchar contra las fiestas, el tráfico de drogas y la okupación –de las VPO– para derribar lo que no funciona y que haya un proceso real de rehabilitación. 

Iniciativas municipales sin éxito

En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó. Pero hoy, este ramillete de bloques de Protección Oficial a 75 años se sigue caracterizando por la vulnerabilidad, la suciedad y un futuro poco prometedor por la falta de inversión y de medidas institucionales que han conseguido reducir el barrio, que por otro lado no termina de desaparecer.

En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó

Algunos de los habitantes de Corea consideran que al barrio va vinculado su estilo de vida y no quieren abandonarlo
Algunos de los habitantes de Corea consideran que al barrio va vinculado su estilo de vida y no quieren abandonarlo

Los intentos de regenerar Corea han pasado por distintas propuestas, entre ellas, convertir la cercana vía principal en zona verde. “En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos”, afirma Vila. Una parte de los bloques hace unos años ayuda al Ayuntamiento para retirar los vehículos abandonados y otros residuos acumulados en un descampado para contribuir a su transformación. El consistorio, por otra parte, valló el recinto para delimitar perimetralmente la zona por “insalubridad”. 

En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos

Eduard Vila — Exdirector general de Vivienda

La valoración técnica de los edificios había sido negativa y, tras vallarlos, se tapiaron también algunos accesos. Sin embargo, los trabajadores sociales comunicaban periódicamente que se seguían okupando los inmuebles. A pesar de los informes que se remitían a la Policía, no llegaban a solucionarse los problemas en el vecindario.

Durante la alcaldía de Aina Calvo (2007–2011), uno de los bloques se llegó a derribar para facilitar su reacondicionamiento, con los residentes en contra: parte de ellos recurrieron entonces a la plataforma Stop Desahucios, que defendió que no se debía echar abajo ninguna otra vivienda protegida en Palma. Desde entonces, los vecinos de Corea han defendido su derecho a permanecer en el barrio, frente a un posible “esponjamiento” urbanístico, pese al deterioro de los inmuebles.

En contra de un “interés político”

“La vigilancia policial [que es frecuente] no ha ido acompañada de una iniciativa política suficiente para abordar la situación”, subraya el ex director de Vivienda del Govern. En el transcurso de los años, la degradación inminente del barrio, no ha sido un impedimento, eso sí, para que el alquiler continúe aumentando en el mismo. De hecho, se ha duplicado hasta rondar los 700 euros mensuales.

La periferia palmesana creció entre los años 50 y 70 para albergar a los trabajadores que migraban desde la Península
La periferia palmesana creció entre los años 50 y 70 para albergar a los trabajadores que migraban desde la Península

Vila apunta, por otro lado, a los problemas relacionados con Son Banya, donde, según afirma, la reducción de viviendas protegidas ha generado también conflictos. “Hay un supermercado [de droga]”, sostiene. Quienes se oponen a los desalojos y derribos recurren a plataformas contra los desahucios y a otros mecanismos para tratar de frenarlos a toda costa

Lo que funcionaría, en opinión de Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento –reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad– y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea: “Eso implicaría que en unos años el actual problema del barrio quedaría más o menos solventado. Pero no se hace porque se pagaría un precio a nivel político”.

Lo que funcionaría, en opinión de Eduard Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento -reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad- y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea

En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Palma, quien en el momento de publicarse esta información no ha respondido a las preguntas de elDiario.es, y del Govern, se ha puesto últimamente el foco en el nuevo proyecto residencial –de 800 viviendas– de la sociedad estatal CASA47 en Son Busquets. Donde algunos residentes de Corea han manifestado la voluntad de trasladarse. 

En la entrecruzada con el Gobierno central, con las competencias del proyecto, el Consistorio y el vecindario defienden que en el antiguo cuartel militar se planean demasiadas Viviendas de Protección Oficial, lo que amenaza, según ellos, con que Son Busquets se convierta en un “gueto”, en sus propias palabras. Mientras tanto, la problemática situación en Corea persiste sin que haya ninguna voluntad sobre la mesa de cambiar su dirección.

El exdirector de la Guardia Civil ordenó a la UCO anular la causa contra el "hermanísimo": "Decir que no hay nada"

30 October 2026 at 02:00

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone contra las cuerdas al exdirector general Leonardo Marcos y al Director Adjunto Operativo (DAO) Manuel Llamas. La unidad que investiga las principales causas de corrupción que afectan al Gobierno ha informado al magistrado Santiago Pedraz que recibieron órdenes expresas para que se negara cualquier irregularidad en los correos incautados en la causa contra David Sánchez. En concreto dijo que había que concluir que "no había nada".

La UCO así lo explica en respuesta al requerimiento del magistrado de las cloacas del PSOE que trata de esclarecer si las investigaciones internas abiertas a la Policía Judicial por filtraciones escondían, en realidad, presiones para neutralizar los procedimientos que acechan a Pedro Sánchez y a su partido. En concreto, el juez solicitó a la UCO que se pronunciara sobre las informaciones reservadas abiertas a la Policía Judicial.

Una de ellas se impulsó para investigar la filtración en prensa de "datos personales" de terceros ajenos a la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. En concreto, para esclarecer la publicación del correo de Begoña Gómez en dos medios de comunicación en octubre de 2020. En su respuesta, la UCO se retrotrae a meses antes del episodio investigado, "para una mejor comprensión de la información requerida".

Los correos, la prueba estrella del caso

Según explica, el 12 de julio de ese año (dos meses después de que la juez Beatriz Biedma abriera causa contra David Sánchez) el entonces director general de la Guardia Civil reunió en la sede del Instituto Armado al DAO Manuel Llamas, al entonces jefe de la UCO Rafael Yuste y al general jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo. En el encuentro les enseñó una información publicada el 12 de julio en ABC relativa a la incautación de correos en la Diputación de Badajoz para investigar el enchufe del músico en el ente pacense.

Marcos apuntó entonces a una filtración de los agentes, a pesar de que ya existía un auto de la juez notificado días antes a las partes encargando dicha diligencia. Además, "de manera vehemente", manifestó que el oficio policial que pedía incautar los correos de la Diputación era "malintencionado y prospectivo". Igualmente, reza la respuesta de la UCO, "ordenó que el informe debería estar finalizado el siguiente viernes y que, además, tenía que concluir 'que no había nada'". Se trata de unas órdenes que Antonio Balas, el coronel jefe que dirige dichas pesquisas, trasladó "con preocupación" a sus jefes de grupo.

Cabe recordar que el análisis de todos los correos incautados a los empleados de la Diputación que participaron en el enchufe, incluidos los de su entonces presidente Miguel Ángel Gallardo, se consolidaron como una prueba determinante para llevar a los imputados al banquillo de los acusados. Muchas de estas comunicaciones pusieron de manifiesto las directrices para agilizar con la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios pacenses en 2016. Además, consta una comunicación intercambiada entre los directores de conservatorios que reconocieron que la plaza iba a ser para el "hermanísimo". El mensaje se envió el 19 de mayo de 2017; mismo día que se publicaron las bases de la plaza pública.

"Las causas de componente político"

Sin embargo, el entonces director general de la Guardia Civil quiso sentenciar este asunto y que la UCO concluyera que no había ningún indicio de delito en estas comunicaciones, tal y como ahora se recoge en el oficio al que ha tenido acceso LA RAZÓN. De hecho, añaden que se produjo una segunda reunión el 16 de julio en la que el DAO, "por orden" de Leonardo Marcos, mandó "acelerar la investigación penal y poder finalizarla lo antes posible". Nadie les explicó la urgencia de la medida.

En dicha cita, Llamas les pidió que no lideraran la investigación en los procedimientos "de componente político"; esto es, en la causa contra Begoña Gómez, contra el entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, o en el "caso Koldo". De hecho, incluso les trasladó que se estaba utilizando a la Guardia Civil como "ariete contra el Gobierno". Pero el coronel Rafael Yuste declaró en junio que se les dio la orden de ponerse de perfil en todas las causas que afectan de lleno al partido socialista.

El DAO, sin embargo, negó la mayor en su declaración como investigado y dijo que las tres informaciones reservadas se abrieron por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Además, negó que se impulsara una cacería contra la Policía Judicial que dirige estas causas de corrupción y dijo que cree que le acusan por su mala relación con los jefes de la unidad.

Sin embargo, Anticorrupción investiga si todo esto tiene algo que ver con la presunta organización criminal que se impulsó en el seno del PSOE para boicotear estas causas judiciales.

Consta acreditado que la actual directora general (también imputada en el procedimiento) se reunió en varias ocasiones con Leire Díez. Del mismo modo, también ha trascendido que la juez que investigó al "hermanísimo" fue víctima de acosos y seguimientos por parte de la cloaca en los meses clave de la instrucción.

© EP

El exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
❌