La Policía Nacional ha procedido a la detención en Bilbao de un joven de 20 años acusado de administrar los canales oficiales de comunicación del movimiento 'Blocus Bilbao', desde los que se instaba a causar disturbios y saquear comercios. La operación policial se ha saldado hasta el momento con el arresto de siete personas en distintas provincias, en su mayoría menores de edad, vinculadas a la gestión de estas plataformas en redes sociales. Al detenido se le imputan presuntos delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos, delitos contra la propiedad y pertenencia a grupo organizado.

Las investigaciones lideradas por la Brigada Provincial de Información determinaron que el arrestado gestionaba perfiles en Instagram y Telegram desde los que se difundían convocatorias para el centro de la capital vizcaína coincidiendo con la festividad de Halloween y la 'Gau beltza'. En dichos espacios virtuales se realizaban llamamientos explícitos para atacar establecimientos de productos de alta gama con consignas claras como "ir a por tiendas caras, solo tiendas de lujo", además de exigir a los asistentes el uso de máscaras y guantes para evitar su identificación por parte de las fuerzas de seguridad.

Difusión de manuales de fabricación de artefactos explosivos

La gravedad de las actuaciones detectadas en el canal de Telegram no se limitaba a la planificación de los saqueos comerciales. Los agentes de la Policía Nacional constataron que en el grupo se compartían manuales detallados para la confección de artefactos explosivos e instrucciones precisas para la elaboración de cócteles molotov. Entre el material intervenido figuraban contenidos procedentes de páginas vinculadas a organizaciones terroristas árabes, los cuales se instaba a propagar masivamente para reclutar a más participantes.

Al sospechoso también se le atribuye la colaboración directa en los altercados acaecidos el pasado lunes en Bilbao. La neutralización del administrador se considera un paso clave para desactivar el núcleo organizativo de las protestas violentas programadas para el fin de semana.

Refuerzo de la Ertzaintza y blindaje preventivo en el comercio

Ante el riesgo manifiesto de altercados, el Gobierno Vasco ha tomado la determinación de activar la alerta en todas las comisarías de la Ertzaintza, otorgando capacidad a cada centro operativo para convocar los refuerzos de personal que estimen oportunos. Esta medida preventiva busca garantizar la seguridad ciudadana en un fin de semana que acumula hasta 25 manifestaciones y concentraciones de diversa índole autorizadas en la comunidad autónoma.

La alarma generada por la propagación de estos mensajes ha llevado al sector comercial de Guipúzcoa a tomar medidas extremas. En el centro de Donostia, numerosos establecimientos dedicados a la venta de productos de gama alta han comenzado a tapiar sus escaparates con madera y reforzar los accesos principales para prevenir posibles actos vandálicos y saqueos durante las movilizaciones.

Un insólito suceso que parece sacado de un guion cinematográfico ha puesto en jaque a las autoridades rumanas. Según informa el medio rumano Digi24, los investigadores intentan reconstruir cómo han desaparecido casi 700.000 euros en metálico que permanecían bajo custodia oficial en la oficina de aduanas del aeropuerto de Otopeni, en Bucarest. La elevada suma pertenecía a una mujer que había llegado al país a principios de año a bordo de un vuelo privado procedente de Dubái.

El origen del caso se remonta al pasado 9 de enero, cuando la pasajera y su hija declararon no llevar equipaje ni bienes que registrar tras aterrizar en el aeródromo. Sin embargo, los agentes fronterizos inspeccionaron sus pertenencias e interceptaron la abultada suma de dinero no declarada. Cumpliendo con el protocolo, un inspector de aduanas colocó los fajos de billetes en una bolsa de seguridad, la selló con el precinto oficial y la depositó dentro de la caja de seguridad de la dependencia aduanera.

Un corte en la base y el cambiazo por hojas de papel

La trama dio un giro inesperado durante una revisión rutinaria llevada a cabo el 23 de octubre, cuando otro inspector observó que el paquete depositado carecía del peso y el volumen originales. Pese a que el sello de seguridad oficial permanecía aparentemente intacto, un examen minucioso reveló una costura inusual en la parte inferior de la bolsa de plástico.

Los investigadores descubrieron que el autor o autores del robo cortaron la base de la bolsa, extrajeron la práctica totalidad del dinero y la volvieron a coser para evitar levantar sospechas. Al abrir finalmente el recipiente, los agentes comprobaron que los fajos de euros habían sido sustituidos por hojas de papel en blanco y un único billete testimonial.

Fallos en la custodia y ausencia de videovigilancia

El hallazgo ha destapado severas deficiencias en los protocolos de custodia del aeropuerto. Según la información proporcionada por Digi24, la autoridad aduanera ya había sido notificada en el mes de abril de que el dinero no se estaba almacenando en las condiciones de seguridad adecuadas, sin que se tomaran medidas correctivas.

Para complicar aún más las pesquisas, la estancia donde se custodiaba la caja fuerte carecía de cámaras de videovigilancia, aunque los agentes confían en revisar las imágenes del pasillo de acceso. Tras notificar formalmente el caso a la policía, se ha puesto en marcha un control interno para verificar el cumplimiento de los procedimientos y determinar qué funcionarios tuvieron acceso a dicho espacio.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la nulidad del despido de una camarera de un establecimiento de hostelería de Bilbao que fue despedida pocos días después de reclamar a la empresa, a través del grupo de WhatsApp del negocio, la entrega de su hoja de salario correspondiente al mes de agosto. La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, confirma la readmisión obligatoria de la trabajadora, el abono de los salarios dejados de recibir y una indemnización de 7.500 euros por daños morales, según recoge Deia.

La trabajadora, contratada de forma indefinida a tiempo parcial desde abril de 2025, solicitó el 29 de agosto su hoja salarial mediante mensajes dirigidos a la empresa. Unos días después recibió una carta de despido disciplinario en la que se le comunicaba una "pérdida de confianza" relacionada con la atención prestada a la clientela. Según recoge la sentencia, el juzgado consideró acreditado que la empresaria llegó a "invitar a la trabajadora a abandonar el empleo y al parecer la insulta y amenaza", aunque algunos de esos mensajes "fueron posteriormente eliminados" de la conversación.

La cercanía temporal, clave para el tribunal

Los jueces consideran especialmente relevante la "cercanía temporal" entre la reclamación salarial y el despido, producido apenas unos días después, así como la ausencia de una explicación convincente que "permitiera desvincular ambas circunstancias". Esa coincidencia en el tiempo, unida a la falta de argumentos sólidos por parte de la empresa, lleva al tribunal a concluir que el despido vulneró la garantía de indemnidad de la trabajadora, es decir, su derecho a reclamar sin represalias.

La versión del dueño: "Es una maniobra orquestada"

El dueño del negocio, en declaraciones recogidas por Deia, sostiene que "es una maniobra orquestada contra la empresa". En sus palabras, el escrito "no refleja" realmente lo ocurrido. "No tiene ningún sentido que la despida por pedir la nómina", explica. En esta línea, señala que todo reside en "el mal trato" dado a los clientes, que muchos de ellos habían dejado de ir al local. Su versión, sin embargo, no ha convencido a los tribunales, que han primado la proximidad entre la reclamación y el despido.

La sentencia confirma la readmisión obligatoria de la trabajadora en las mismas condiciones que tenía antes del despido, el abono de todos los salarios dejados de recibir durante el tiempo que permaneció fuera de la empresa y una indemnización de 7.500 euros por los daños morales derivados de la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la garantía de indemnidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón a la Seguridad Social y ha confirmado la obligación de una mujer de devolver 18.123,24 euros que cobró de forma indebida durante más de cuatro años. La beneficiaria percibía al mismo tiempo una pensión de viudedad y otra de jubilación no contributiva, dos prestaciones que, según la resolución, eran incompatibles.

La mujer comenzó a cobrar la pensión de viudedad en abril de 2017. Antes de esa fecha ya tenía reconocida una prestación de jubilación no contributiva, que abonaba el Gobierno de Canarias. Tras cruzar los datos, la Administración autorizó el pago de la pensión de viudedad.

De hecho, en un correo electrónico recogido en la sentencia, un responsable del Instituto Social de la Marina (ISM) comunicó que la prestación se pusiera al cobro porque la beneficiaria "tiene derecho a la pensión no contributiva". Así, la mujer estuvo recibiendo ambas pensiones durante más de cuatro años.

Sin embargo, posteriormente la Seguridad Social reclamó la devolución de 18.123,24 euros en concepto de prestaciones indebidamente percibidas, al considerar que las dos ayudas no podían cobrarse simultáneamente. El caso terminó en los tribunales.

La mujer no acudió al juicio inicial

El Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria dio la razón a la Seguridad Social. La sentencia señaló que la incomparecencia de la demandada no eximía a la parte demandante de aportar pruebas, pero consideró acreditado el cobro simultáneo de las dos prestaciones y su incompatibilidad.

La beneficiaria recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En esta ocasión alegó que los errores administrativos no podían perjudicar a una ciudadana que había actuado de buena fe, y trató de apoyarse en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos conocida como Cakarevic.

La Sala rechazó esos argumentos al considerarlos una "cuestión nueva". La mujer no había planteado esa defensa durante el procedimiento en primera instancia, por lo que el tribunal no podía examinarla en el recurso.

La resolución recuerda que "no pueden ser examinadas en suplicación todas aquellas cuestiones que, en el poder de disposición de las partes, no fueron propuestas por estas en la instancia". Es decir, los argumentos que no se presentan en el juicio inicial no pueden incorporarse después como una nueva línea de defensa ante el tribunal superior.

La devolución de los 18.123 euros queda confirmada

El TSJ de Canarias mantiene así la obligación de reintegrar los 18.123,24 euros. Aunque la Administración conocía que la mujer cobraba ambas prestaciones y había autorizado inicialmente los pagos, la Sala considera que la defensa basada en los errores administrativos no podía analizarse en esa fase del procedimiento.

La sentencia subraya que el recurso de suplicación no permite introducir cuestiones que no se discutieron ante el juzgado de origen. Por ello, la resolución confirma el fallo que obliga a la beneficiaria a devolver las cantidades percibidas de forma indebida.

La inflación de septiembre aumentó un 4,9% respecto al mismo mes de 2025, según el dato adelantado este viernes por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Se trata del tercer dato más elevado para un mes de octubre desde que existe registro, es decir, desde 2002. Tan solo por detrás del 5,4% de 2021 y del 7,3% de 2022, dos ejercicios marcados por la parálisis económica tras la pandemia y, posteriormente, por la invasión rusa de Ucrania.

Y es que cuatro años después, la prolongación de la guerra en Irán vuelve a situar a los mercados energéticos en el centro de las presiones inflacionistas, tal y como sucedió en 2022. Así, los precios de los carburantes actúan como el motor principal del alza inflacionista ya que, en septiembre, los productos energéticos (electricidad, gas y otros combustibles) registraron un incremento interanual del 13,6%.

Pese a ello, el dato supone una estabilización respecto a septiembre, ya que entonces la inflación también se situó en el 4,9% interanual. Además, ha roto la tendencia de ocho meses consecutivos de subidas, en los que la tasa de inflación había aumentado progresivamente respecto al mes anterior.

Vigilar la inflación subyacente

La cuestión ahora es si este encarecimiento queda concentrado en estos componentes más volátiles o termina trasladándose al conjunto de la cesta de consumo. Aquí es donde entra en juego la inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados para evitar el efecto de sus mayores oscilaciones. Así, su evolución permite comprobar si el encarecimiento de la energía comienza a trasladarse a los precios del resto de bienes y servicios.

En este sentido, en octubre, la tasa se ha situado en el 3,1%, la misma cifra que en septiembre aunque todavía entre el intervalo del 2,8%-3% en el que se mueve desde febrero. Y, aunque continúa por debajo de la inflación general, su evolución será determinante en los próximos meses: cuanto mayor sea la transmisión del encarecimiento energético al resto de componentes, más difícil será que la inflación general vuelva a moderarse.

El PIB se reduce una décima

En paralelo, el INE también ha publicado el avance del crecimiento de la economía española durante el tercer trimestre. Entre julio y septiembre, el PIB aumentó un 0,6% respecto al trimestre anterior, aunque representa una décima menos que en el segundo trimestre.

Por componentes, la demanda nacional aportó cinco décimas al crecimiento intertrimestral. Dentro de ella, el consumo de los hogares aumentó un 0,6%, mientras que el gasto de las administraciones públicas avanzó un 0,9%. La inversión, por su parte, registró un crecimiento más moderado, del 0,1%. Po otro lado, la demanda externa contribuyó con la décima restante, en un trimestre en el que las exportaciones crecieron un 1,3% y las importaciones un 1,1%.

Así, en términos interanuales, el PIB creció un 2,7%, una décima más que en el segundo trimestre, cuando la tasa se situó en el 2,6%.

El Banco de España eleva al 3,9% su previsión para 2026

Este telón de fondo explica los vaivenes de las previsiones de los principales organismos. El Banco de España elevó a principios de octubre su estimación de crecimiento del PIB hasta el 2,6% para 2026, tres décimas más que en sus cálculos de junio, y hasta el 2,2% para 2027, cinco décimas por encima de su previsión anterior.

En la misma línea, la OCDE revisó al alza sus perspectivas de crecimiento para la economía española en septiembre. El organismo prevé que el PIB avance también un 2,6% en 2026 y un 1,8% en 2027, cuatro décimas y una décima más, respectivamente, que en sus anteriores estimaciones.

Sin embargo, el encarecimiento de la energía ha obligado a ambos organismos a elevar sus previsiones de inflación. El Banco de España sitúa ahora la tasa media en el 3,9% para 2026 y en el 3,7% para 2027, lo que supone un incremento de tres décimas y de 1,1 puntos porcentuales respecto a sus cálculos de junio. Además, el organismo que preside José Luis Escrivá anticipa que los precios podrían situarse en torno al 5% a finales de año, incluso teniendo en cuenta las medidas fiscales aprobadas para mitigar el impacto de la guerra en Irán.

Por su parte, la OCDE elevó hasta el 3,7% su estimación de inflación media para España en 2026, cuatro décimas más que en junio, y hasta el 3,4% la de 2027, cinco décimas por encima de su cálculo anterior. El organismo internacional también advirtió del riesgo de que el encarecimiento de la energía termine trasladándose al resto de componentes de la cesta de consumo si las tensiones se mantienen durante más tiempo. De ahí que la evolución de los precios en los próximos meses esté condicionada por la intensidad y la duración del conflicto en Oriente Medio.

El Gobierno de Pedro Sánchez encara la recta final de esta legislatura tal y como la empezó: sin sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado. Las últimas cuentas aprobadas por el Ejecutivo corresponden a 2023, durante la anterior legislatura, por lo que el Gobierno ha tenido que prorrogar este presupuesto desde 2024 y adaptarlo a las necesidades de gasto de los ejercicios posteriores mediante sucesivas modificaciones de créditos.

Aunque desde el Ejecutivo han defendido la validez de las cuentas prorrogadas, la evolución y la dimensión de los ajustes presupuestarios reflejan lo contrario. Según revelan los últimos datos disponibles de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), entre enero y agosto de 2026, las modificaciones de crédito ascendieron hasta los 81.300 millones de euros. Un volumen que equivale al 22% de los 368.500 millones de euros de gasto total comprometido hasta agosto. Es decir, el Gobierno ha modificado uno de cada cinco euros del presupuesto prorrogado de 2023, lo que da una idea de la dimensión que han adquirido estas operaciones.

Además, la cifra también supone un salto respecto a los ejercicios anteriores. Entre enero y agosto de 2025, Hacienda alteró créditos por valor de 33.300 millones de euros, por lo que el importe de este año es un 144% superior. Y la diferencia es aún mayor si se compara con 2024, cuando los cambios rondaron los 25.800 millones hasta agosto, lo que representa un incremento de los cambios presupuestarios del 215% en 2026 si se compara con el primer año de prórroga.

De la deuda pública a la Defensa: las partidas con más modificaciones

El 99% de las modificaciones de crédito se concentran en seis partidas presupuestarias. La mayor parte de los ajustes se corresponde con la deuda pública, con 30.200 millones de euros en modificaciones hasta agosto. El importe responde, en buena medida, a las necesidades de financiación para atender los vencimientos de deuda. Con los Presupuestos de 2023 prorrogados, el crédito inicialmente previsto para amortizar los préstamos resulta insuficiente ante las obligaciones de pago de 2026, lo que obliga al Ejecutivo a ampliar las dotaciones presupuestarias.

A continuación se sitúa el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con unos 15.100 millones, un incremento presupuestario vinculado, principalmente, a las necesidades financieras y al impacto de las ayudas del paquete anticrisis impulsado por el Gobierno tras el estallido de la guerra en Irán.

Le siguen los sistemas de financiación de entes territoriales (12.800 millones) y el refuerzo del presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (10.400 millones). En este último caso, el gasto está condicionado fundamentalmente por las necesidades de financiación de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital y el gasto asociado a las prestaciones por incapacidad temporal, vinculadas a las bajas laborales, cuyo gasto se ha disparado en los últimos años.

Por su parte, el Ministerio de Defensa acumula otros 10.000 millones de euros en modificaciones, en un contexto marcado por el compromiso adquirido por el Gobierno en 2025 de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB.

Y la sexta partida con mayor volumen de recursos movilizados es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (4.200 millones). Esta última ampliación de crédito vinculada nuevamente a las ayudas extraordinarias focalizadas al sector agrario por el conflicto en Oriente Medio y al plan de ayudas para agricultores y ganaderos de Andalucía y Extremadura afectados por las borrascas de principios de año, dotado con casi 2.900 millones de euros.

Sin control del Congreso sobre la hoja de ruta del Gobierno

Así, los datos de la IGAE reflejan que los cambios no se limitan exclusivamente a partidas estructurales, sino que afectan también a nuevas prioridades políticas. Y, aunque algunas decisiones, como la revalorización de las pensiones, sí han pasado por el Parlamento, otras se han articulado mediante modificaciones de crédito autorizadas tan solo por el propio Ejecutivo.

Es decir, se han desplazado parte de estas decisiones desde la Cámara Baja hacia el Consejo de Ministros. Y, precisamente este era uno de los reproches que formuló el consejero del Tribunal de Cuentas, Javier Morillas Gómez, en su voto particular en la Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024, publicada el pasado mayo.

A su juicio, el problema no era solo la propia constitucionalidad de la prórroga presupuestaria en sí, sino que durante toda la XV legislatura el Gobierno no había presentado en el Congreso ningún proyecto de Ley de Presupuestos: ni para 2024, ni para 2025, ni para 2026. Para el consejero, esta situación vaciaba de contenido el control parlamentario previsto en la Constitución, ya que los presupuestos no son solo una herramienta contable, sino el instrumento con el que el Ejecutivo traduce en cifras sus prioridades políticas.

Al no presentar este proyecto ante las Cortes, el consejero concluyó que "se había hurtado a la representación de la soberanía popular y a la propia nación española durante toda la XV legislatura" de conocer la hoja de ruta económica del Ejecutivo y de debatirse en el Parlamento.