“Esta mañana cuando me he levantado he dicho, ‘mira, hasta el tiempo llora’. Cuando he salido de casa solo había silencio, silencio, silencio”. Ana, una de las panaderas de Urda, la localidad más cercana al lugar donde se produjo el choque entre dos trenes que ha dejado por el momento 69 fallecidos, empezó a repartir este jueves el pan a sus vecinos bajo una espesa niebla. El miércoles no hubo reparto. En cuanto se enteró del accidente, cargó en su furgoneta las cinco cestas de pan que distribuye diariamente y las entregó en los bares del pueblo y en los dos pabellones dispuestos para recibir a heridos y familiares de las víctimas. 

Un día después, esta localidad de 2.500 habitantes ubicada a 70 kilómetros de Toledo trata de volver a la normalidad. Donde ayer todo era un ir y venir de ambulancias y vehículos de los equipos de emergencia hoy solo hay un “silencio tremendo”, dice Magdalena, que pasó todo el miércoles echando una mano donde se necesitaba. El pabellón del colegio donde se trasladó a los allegados de los pasajeros está cerrado a cal y canto. En una de las puertas todavía está pegado un cartel en el que puede leerse, en mayúsculas, la palabra ‘familias’. 

“Hay mucha tristeza en el pueblo, pienso mucho en la gente que estaba en los trenes y sus familiares. Eso es ya para toda la vida”, dice Ana antes de subirse a su furgoneta para seguir con el reparto de pan. Las calles de Urda están desiertas. Pasaría por un jueves normal si no fuera porque un centenar de periodistas esperan en la plaza donde está en Ayuntamiento la llegada del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aprovechó la ocasión para cargar contra el Gobierno por “echar la culpa” del accidente a un operador del centro de control de Atocha. Más allá de la nube de periodistas, la visita del líder de la oposición apenas despierta la curiosidad de algunos vecinos. 

Mientras Feijóo atiende a los medios, una camioneta de la ONG World Central Kitchen (WCK), fundada por el chef José Andrés, carga víveres en uno de los supermercados del pueblo. Bricks de caldo de pollo, leche, bocadillos… Se dirige al Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado a apenas ocho kilómetros, en el lugar del accidente. Allí un operativo de casi un millar de personas trabaja para retirar el amasijo de hierro en el que se han convertido los trenes, buscar restos biológicos de posibles víctimas y recabar las pruebas que nutrirán la investigación judicial que ya ha abierto un juzgado de Orgaz. 

En una llanura situada al borde de la carretera, la Guardia Civil y Protección Civil han instalado dos enormes carpas. También hay un vehículo del 112 de la Junta de Castilla-La Mancha. En la mañana de este jueves, el operativo de emergencia continúa plenamente desplegado en el punto del accidente ferroviario y las localidades colindantes, con más de 900 efectivos sobre el terreno.

El dispositivo cuenta con 422 agentes y 123 medios de la Guardia Civil —que incluye tres helicópteros, drones del Servicio Aéreo, Puesto de Mando Avanzado, Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, patrullas de caballería y guías caninos del Servicio Cinológico—, respaldados por 250 militares y 85 medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Completan la intervención 143 agentes y 26 vehículos de la Policía Nacional procedentes de las comisarías provinciales de Toledo y Ciudad Real, así como 102 miembros de Protección Civil dedicados a labores de apoyo y asistencia logística.

La agente Llanos Olivares, que ejerce tareas de portavocía, explica que parte del trabajo de la Guardia Civil está centrado en localizar restos biológicos en los trenes para tratar de localizar a las personas que aún continúan desaparecidas. Durante la mañana, el instituto armado despliega también un dispositivo aéreo contra drones intrusos al detectar “drones intrusos” sobrevolando los restos de los trenes sobre los que se está trabajando tanto en la búsqueda de pasajeros como en la investigación del siniestro.

En la zona, el ritmo es frenético. Agentes de la Guardia Civil, miembros de la UME y operarios de Renfe y Adif se acercan a la carpa instalada por WCK para coger algo de comer. Hay café, chocolate, bocadillos. Javier Sánchez, cocinero de la ONG, explica que están preparando comida para entre 700 y un millar de personas. “Nos iremos los últimos, cuando aquí no quede nadie. Nos reconforta poder ayudar dentro de nuestras posibilidades”, sostiene. 

En la zona también presta su ayuda la psicóloga Teresa Martín, especializada en la atención a los intervinientes en operativos de emergencias. Su labor es prestar asistencia psicológica a los agentes y técnicos que están participando en la búsqueda de desaparecidos. “El peso del uniforme no permite expresar emociones”, dice esta experta. Explica que, en estos momentos, su labor consiste en ayudarles con “pequeñas ventilaciones” para tratar de reducir el impacto del estrés acumulado y en darles pautas para cuando se retiren de la zona cero y sean conscientes de la “impactante” realidad vivida.

Los ministerios de Exteriores y Presidencia han entregado en plazo al Tribunal Supremo la relación agregada de los más de 160.000 españoles que se acogieron a la ley de nietos y a los que el Alto Tribunal pide sacar del censo de las próximas elecciones. Tal y como había adelantado elDiario.es, ambos departamentos trasladado esa documentación este miércoles, cuando se cumple la fecha límite fijada por los jueces. El pasado viernes, el Supremo amenazó con multas e incluso responsabilidad penal a los titulares de Justicia, Félix Bolaños, y Exteriores, José Manuel Albares, si no entregaban esa información en cinco días. 

La decisión del Supremo ha obligado a revisar los expedientes de más de 163.020 descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma. De ellos, solo podrán votar quienes logren conseguir un certificado del consulado que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. Esa criba corresponde hacerla a los consulados, que han tenido que trabajar contra reloj para localizar los expedientes y agilizar las comprobaciones necesarias. 

Durante semanas, el Ejecutivo ha señalado las “dificultades” existentes e incluso ha hablado de la “imposibilidad material” de ejecutar esa orden. Las fuentes consultadas explican que, en un primer momento, en Exteriores se barajó la idea de hacer una aplicación informática que permitiera hacer ese trabajo. Sin embargo, el adelanto electoral frustró esta posibilidad. 

Los listados que aportan ambos departamentos detallan únicamente la relación de personas que accedieron a la nacionalidad española a través de la ley que abrió la puerta a un mayor número de descendientes de quienes huyeron de la Guerra Civil o se exiliaron durante la dictadura franquista. En total, se ha facilitado la relación nominal de 163.355 españoles y españolas, según explican fuentes gubernamentales, que añaden que “buena parte de ellos, previsiblemente, verán suspendido su derecho al voto tal y como han solicitado el partido político Vox y otras asociaciones de extrema derecha”. La Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo que, al incluir datos de carácter personal, declare el listado como reservado.

La tarea de determinar cuántos de ellos figuran en el CERA, el censo de los españoles en el exterior, vigente para estas elecciones le corresponderá hacerla después a la Oficina del Censo Electoral (OCE), que depende del INE. Este organismo será el que les envíe la documentación electoral con la “advertencia expresa” de que sólo podrán votar si cuentan con el citado certificado emitido por los consulados. 

Las fuentes consultadas afirman que el número de inscritos en el CERA será más bajo que el de total de nacionalizados. Así lo evidencian las cifras analizadas por el Ministerio de Justicia, que localizó 76.600 expedientes de nacionalizados por este supuesto que tienen formato electrónico y que figuran en el registro civil informatizado porque realizaron el trámite a partir de mediados de 2024. De ellos, solo la mitad —38.188— figuran en el CERA. Fuentes de Justicia señalan que, el resto, pueden ser menores de edad, fallecidos o personas que se han trasladado a vivir a España que deberían aparecer en el censo interior. 

Además, la concesión de la nacionalidad no supone un volcado automático ni directo al censo. Obtenida esa condición, los interesados deben realizar un trámite adicional: inscribirse como residente en el Registro de Matrícula Consular. De esa inscripción es de la que deriva la incorporación al censo electoral, que solo se realiza en el caso de los mayores de edad. 

En otro informe enviado al Supremo, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano representativo adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explicó que “una parte muy considerable de quienes acceden a la nacionalidad española por esta vía lo hace por motivos vinculados a la reparación histórica, la identidad familiar o el vínculo afectivo con España, sin llegar a formalizar dicha inscripción consular”. Las fuentes consultadas sostienen que esta circunstancia puede explicar también la diferencia entre el número de nacionalizados y el de inscritos en el CERA. 

Un millar que podrán votar

Todavía será más baja la cifra de nacionalizados por la ley de nietos que podrán votar en estos comicios, dado que solo podrán hacerlo quienes cuenten con el citado certificado del consulado que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. 

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular. De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar cada expediente.

Las fuentes consultadas explican que, por el momento, Exteriores apenas ha localizado alrededor de un millar de nacionalizados que sí aportaron documentos del exilio. Y que, por tanto, sí tienen garantizado su derecho al voto el 29N. Se trata de un número muy bajo respecto a la cifra global de nacionalizados debido a la existencia de la citada instrucción. De hecho, en algunos casos, esos documentos ni siquiera se aportaban al expediente dado que se optaba por la vía más ágil, coinciden fuentes diplomáticas.