El Gobierno intenta frenar en seco las expectativas de una salida inmediata de Óscar Puente tras el accidente de tren de Urda, el segundo en menos de un año en la misma línea de alta velocidad, la de Andalucía, en la que ya se contabilizan al menos 115 muertos en los últimos diez meses. Pese a la presión de la mayoría de sus socios, de la oposición y de buena parte de la opinión pública, el mensaje que trasladan al unísono desde Moncloa y desde el propio entorno del ministro es que no dimitirá y que se dispone los próximos días a defender su gestión públicamente a capa y espada.

Para este viernes, de hecho, hay anunciada una rueda de prensa en la que el equipo de Puente asegura que ofrecerá más detalles de la investigación. Y el próximo martes comparecerá en el Congreso de los Diputados en mitad de las críticas generalizadas de varios grupos de izquierda y toda la derecha en bloque, que ya apuntan directamente a la necesidad de depurar responsabilidades políticas por la tragedia. Una agenda confirmada oficialmente por el Ministerio y que despeja los próximos días de cualquier especulación sobre su futuro.

La tesis a la que parece aferrarse Pedro Sánchez es la misma que puso sobre la mesa el ministro de Transportes desde el primer minuto. Esto es, que el choque por alcance de un AVE de Renfe y de un tren Iryo este miércoles por la mañana en el que perdieron la vida al menos 69 personas se debió, fundamentalmente, a un error humano del operario del centro de control. Y no a ningún motivo relacionado con la gestión política del ministro, sobre la que el Ejecutivo cierra filas.

Esa decisión, la de proteger a Puente y no dejarlo caer, llega después de afrontar las primeras 24 horas críticas tras el accidente, cuando el presidente calificó de “inasumible para un país como España” que ocurran dos catástrofes ferroviarias en menos de un año y cuando mucha gente en el entorno del propio ministro llegó a pensar que no aguantaría emocional ni políticamente. De hecho, ni siquiera él fue capaz de desterrar por completo la hipótesis de su dimisión durante la comparecencia ante la prensa de la mañana del miércoles. “Se pueden imaginar que hoy en lo último que pienso es en mí y lo que quiero es esclarecer esto y resolver la situación”, respondió. Y a eso, según su equipo, se piensa dedicar de ahora en adelante sin atender el clamor político y social que lo señala y exige su dimisión.

No obstante, si Puente quiere continuar al frente de Transportes, tendrá que afrontar una presión creciente de sus socios de la izquierda. El miércoles, tan solo fue el Frente Amplio el que pidió que se asumieran “responsabilidades” dentro del Gobierno por el accidente, y ni la alianza liderada por Ada Colau ni ningún otro socio del Ejecutivo ha dado el paso de pedir abiertamente la dimisión de Puente. Pero este jueves se unieron al Frente Amplio tanto ERC como el PNV, que utilizaron esa misma formulación, la de exigir “responsabilidades” políticas, para señalar indirectamente al ministro.

“Una 'situación inasumible' requiere de asunción de responsabilidades, no de filtraciones para trasladarlas”, espetó el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, en un mensaje en su cuenta de X, en el que también denunció que “un fallo humano es el reflejo de un sistema de seguridad fallido” y criticó que se ponga el foco sobre ese supuesto error y no sobre un sistema que permite que “una sola persona” acabe siendo “responsable de la vida de centenares en cuanto al transporte ferroviario se refiere”. En la misma línea se expresó su homóloga del PNV, Maribel Vaquero, que sostuvo que “se tendrán que asumir responsabilidades técnicas y políticas al máximo nivel”.

Podemos, por su parte, evitó acudir a la fórmula de las “responsabilidades” para insinuar que Puente debería dimitir, pero sí que se mostró muy crítico con el hecho de que el ministro haya puesto el foco sobre el error humano que, supuestamente, cometió un operario del centro de control de la red ferroviaria. Su candidata, Irene Montero, denunció que se esté planteando que “el problema es un trabajador y no un sistema ferroviario sobrecargado, donde ahora circulan muchos más trenes que antes, con un mantenimiento insuficiente y externalizado y con unos sistemas de seguridad que necesitan ser actualizados”.

En la misma línea, Ada Colau calificó de “absolutamente inaceptable que se echara a los trabajadores a los pies de los caballos” e insistió en que sería “injusto” atribuir “a una sola persona este fallo tan terrible”. Y tanto ella como ERC y Podemos señalaron, igualmente, a la liberalización del mercado de transporte ferroviario de pasajeros y la entrada de operadores privados como el origen de los problemas. Una liberalización que se puso en marcha, no obstante, durante el mandato de los predecesores de Puente, José Luis Ábalos y Raquel Sánchez.

El PP apunta a Sánchez

El PP mantuvo este jueves la línea de contención que impuso Alberto Núñez Feijóo en las horas posteriores al accidente, aunque elevó la presión y reclamó la dimisión inmediata de Óscar Puente. El jefe de la oposición visitó el lugar del siniestro y atendió brevemente a los medios. Tras insistir en la necesidad de dos investigaciones paralelas, judicial y gubernamental, aseguró que la continuidad del ministro de Transporte es independiente de las pesquisas y de sus futuras conclusiones.

“Las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada una investigación” dijo, después de departir sobre las labores de rescate con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Las responsabilidades políticas no son opcionales, son imprescindibles”, añadió.

Feijóo criticó que el Gobierno “eche la culpa a un operador de Atocha”, en referencia al trabajador que ordenó reanudar la marcha al tren AVE que, unos kilómetros más adelante, se estrelló contra un Iryo que se mantenía detenido tras desactivarse los sistemas de seguridad LZB de la línea que une Madrid y Andalucía.

“Yo sé lo que haría si fuese presidente de Gobierno”, zanjó. La referencia a Pedro Sánchez fue muy indirecta. Mucho más claro fue, unas horas antes, el portavoz nacional, Borja Sémper, quien en una entrevista aseguró que la culpabilidad “trasciende” del ministro. “Hay una responsabilidad superior”, concluyó.

Horas más tarde, el PP reclamó la comparecencia de Pedro Sánchez ante la Diputación Permanente del Congreso después de que Puente anunciara la suya propia, que los de Feijóo consideran “insuficiente”. “Sánchez fue quien le nombró, quien le sostiene y quien ha liderado a través de varios ministros (entre ellos Ábalos y Puente) una deficiente gestión del sistema ferroviario”, aseguró en un comunicado.

Pero la posición del PP palidece al lado de la de Vox. Más allá de no suspender la campaña, los ultras han registrado una querella contra Puente, y no dudan en usar la tragedia como reclamo electoral sin ningún reparo. “Han convertido España en Burkina Faso”, aseguró el partido en su cuenta oficial de Twitter. “Hay que echarles. Hay que reconstruir todo lo que han destruido”, añadió.

La tragedia de Urda arrasó este miércoles con todo. Con la vida, al menos, de 69 personas, con el estado de ánimo de un país y con el discurrir de una política nacional marcada, hasta ahora, por la cuenta atrás para las elecciones generales. Todo eso saltó por los aires. El accidente entre dos trenes de alta velocidad llevó a la mayoría de grandes partidos políticos a suspender sus agendas de precampaña. Todos, a excepción de Vox. Desde el Gobierno y el PSOE se volcaron en la gestión de la emergencia y la coordinación con otras administraciones, con Pedro Sánchez sobre el terreno en el lugar del accidente. En el PP, Feijóo ordenó contención y no reclamó, por el momento, unas responsabilidades políticas que sí planteó el Frente Amplio, en una alusión implícita a Óscar Puente.

Preguntado expresamente por su dimisión, el ministro de Transportes respondió a la prensa durante una comparecencia que no era el día para planteárselo, aunque no quiso cerrar esa puerta. “Se pueden imaginar que hoy en lo último que pienso es en mí y lo que quiero es esclarecer esto y resolver la situación”. En Moncloa, por ahora, rechazan de plano que la salida de Puente del Ejecutivo sea una opción sobre la mesa para las próximas horas, en las que aseguran que el desarrollo de la investigación avalará la gestión de su ministro, al que todavía respaldan. Aunque las declaraciones de Pedro Sánchez desde el lugar del accidente sonaron a una contundencia poco habitual sobre la asunción de responsabilidades.

“No es asumible para un país como España que en menos de un año haya dos accidentes en la alta velocidad de esta magnitud. Si hubo negligencias, se sabrá. Y si falló el sistema, se responderá con contundencia”, dijo. El presidente del Gobierno tiene previsto volver este jueves al lugar del accidente para participar en la reunión de coordinación del mando operativo.

Nadie en el Gobierno ni en el PSOE acierta ahora a salir de la conmoción de otra crisis que vuelve a poner al Ejecutivo contra las cuerdas en plena cuenta para atrás para las elecciones generales. Y mucho menos saben atisbar ni quieren plantearse cuándo se podrá recuperar algo parecido a la normalidad de una campaña electoral que todos dan por “absolutamente rota”.

La tesis que mantienen desde las filas socialistas es que la responsabilidad absoluta del choque de trenes en Urda es del operario de ADIF que “decidió saltarse toda la normativa” y que dio instrucciones al AVE de Renfe de continuar su marcha aunque hubiera un tren Iryo parado en la vía unos kilómetros más adelante. Y, aun así, todas las fuentes consultadas admiten que la situación del ministro, personal y política, es crítica con más de un centenar de muertos en las vías del tren en apenas nueve meses.

Feijóo mira a Vox de reojo

El PP suspendió sus actos de precampaña en un día en el que Alberto Núñez Feijóo tenía previsto recorrer las zonas de Barcelona afectadas por los disturbios del pasado fin de semana acompañado del candidato en esa provincia, Xavier García Albiol. El accidente cogió al líder del PP en una entrevista con La Vanguardia en la capital catalana que suspendió sobre la marcha para regresar a Madrid, donde llegó al filo de las dos de la tarde.

Durante unas horas, el primer partido de la oposición guardó silencio o se limitó a mostrar sus condolencias y a difundir mensajes con información de servicio. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió a los ciudadanos acudir a los centros de donación de sangre, mientras seguía la evolución del accidente desde la sede de Emergencias. Pero a las tres y media de la tarde en punto, la cuenta de Twitter del PP difundió un mensaje en forma de frase única: “Ya está bien”.

Para entonces, Vox ya había anunciado que no tenía intención de suspender sus actos de precampaña, y Santiago Abascal se lanzó contra el Gobierno aun sin saber las causas del accidente. “No vamos a permitir que utilicen el luto que compartimos, los sentimientos de rabia, de dolor y de indignación, para callar ni por un segundo las denuncias de lo que está pasando en España”, dijo el líder ultra. “La campaña del amor del PSOE causa muertos”, declaró.

Como ya ocurriera con la reacción a los actos vandálicos de las últimas semanas, el PP mira de reojo a Vox y contempla cómo los de Abascal suben en las encuestas, mientras Feijóo a duras penas aguanta, cuando no pierde estimación de voto. Poco antes de las cuatro de la tarde, el PP convocó una “declaración institucional” de Feijóo en la que su jefe de filas reclamó una “revisión completa independiente de toda la red ferroviaria”. Y se comprometió sin mencionar las elecciones que, si gobierna tras el 29N, ordenará realizar dicha auditoría: “Garantizo que todo esto lo tendrán”.

Pero Feijóo también lanzó mensajes a sus futuros socios de gobierno de Vox, también sin citarlos. “El dolor que están sufriendo demasiadas familias de los fallecidos y heridos exige, en primer lugar, insisto, respeto”, afirmó. El líder del PP renunció expresamente a reclamar “responsabilidades políticas”. “No es el día”, dijo.

Feijóo secundará el minuto de silencio convocado por la FEMP frente a los ayuntamientos. Un acto institucional que Vox quiso convertir en una manifestación política contra el Ejecutivo: “Hay que denunciar a este Gobierno criminal todos los días a todas horas”. Poco antes, Abascal había asegurado: “No vamos a permitir que utilicen el luto que compartimos (…) para callar ni por un segundo las denuncias de lo que está pasando en España”.

Entre los socios del PSOE la sensación también es de conmoción. Al igual que el PP, pocos minutos después de conocerse las primeras informaciones sobre el accidente tanto el Frente Amplio como Podemos anunciaron la suspensión de sus actos de campaña y sus intervenciones en medios de comunicación durante el día. Fuentes de ambas formaciones confirman, igualmente, que quedan aplazadas sine die sus convocatorias para el próximo sábado: por parte del Frente Amplio, un mitin que tenía pensado celebrar Ada Colau con Emilio Delgado en Barcelona, y por la de Podemos, un evento con Irene Montero y Gabriel Rufián en Madrid.

Por ahora, Podemos no se ha pronunciado sobre cuál considera que debe ser la reacción del Gobierno a este accidente. Por el contrario, el Frente Amplio sí lo ha hecho, y en términos inusualmente duros con su socio en el Ejecutivo. A través de un comunicado, la coalición liderada por Ada Colau ha exigido que se asuman “responsabilidades políticas” en el Consejo de Ministros, una apelación que mira directamente a Puente.

“La gravedad de este terrible suceso obliga a la mayor claridad y transparencia sobre lo sucedido: es inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año”, planteó asimismo la alianza liderada por Ada Colau, que pidió poner en marcha “una auditoría independiente sobre el estado de la red” ferroviaria “y los servicios relacionados”. En ningún momento el Frente Amplio señaló expresamente a Puente, pero el mensaje era muy claro, puesto que la alianza considera que no basta con depurar “responsabilidades técnicas” aunque se confirme que ha existido un fallo humano o tecnológico.

Casi ningún otro de los socios del PSOE en la última legislatura ha querido llegar tan lejos. No solo Podemos decidió no pronunciarse sobre las causas del accidente o el papel de Puente: tampoco lo hicieron ERC, EH Bildu, el PNV o el BNG, que se limitaron a expresar sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos en el accidente ferroviario, además de suspender sus actos de precampaña. La excepción fue Junts, cuya portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, sostuvo que “no se pueden seguir ignorando los graves problemas que sufren las infraestructuras” y pidió “asumir responsabilidades y trabajar para estar a la altura de una vez por todas”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, promete llegar hasta el final en la investigación y en la depuración de responsabilidades del accidente de tren de este miércoles que, por ahora, ha costado la vida de 68 personas. “Vamos a esclarecer qué ha sucedido. Por qué ha sucedido esta tragedia. El ministerio está tratando de conocer las causas y el origen. Vamos a llegar hasta el final, si ha habido negligencias se sabrá, y si ha habido fallos del sistema, se responderá con contundencia”.

Durante su visita al mando operativo en el lugar del accidente Sánchez ha admitido que los accidentes de Adamuz el pasado enero y del este miércoles son impropios de un país como España. “No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año. Se tomarán todas las medidas, con contundencia, para reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario”, ha prometido.

El presidente ha puntualizado, eso sí, que según la información que manejan las causas de ambos accidentes no tendrían ninguna relación. Además, ha anunciado tres días de luto oficial en España y ha agradecido el trabajo de los profesionales públicos y la colaboración y coordinación de todas las administraciones.

“España está de luto. Expresamos toda nuestra solidaridad y nuestra empatia con la víctimas y los heridos. Hay vidas rotas y familias quebradas. Y por eso la prioridad son las víctimas, sus familiares, y encontrar al mayor número de personas vivas y atender a los heridos y a los familiares de las víctimas. Agradezco la extraordinaria profesionalidad de todo el servicio de emergencias y la coordinación entre todas las administraciones”, ha remarcado.

Begoña Gómez denuncia al PP por difundir un vídeo en el que utiliza su imagen y recrea su voz con Inteligencia Artificial para trasladar falsamente que asume los cargos que le imputa el juez Peinado. “Si tener una cátedra gracias a que mi marido es presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda”, se oye en ese vídeo, en el que también aparecen Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Leire Díez o José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha anunciado la decisión de su pareja este miércoles durante una entrevista en el podcast 'Keep It Cutre'. “Ha presentado una denuncia por suplantación de imagen. Nosotros no estamos utilizando la IA en campaña”, ha dicho.

Sánchez ha relacionado el uso de las redes sociales a los actos de violencia callejera ocurridos en los últimos días en grandes ciudades como Bilbao o Barcelona. “Son cuentas creadas hace semanas que empezaron hablando de conciertos y súbitamente se cambian para organizar concentraciones que se convierten en delincuencia. Y acaban engañando y atrapando a chavales. Las redes sociales son un estado fallido. El desorden interesa a alguien, y ese alguien es un tío que se está lucrando. Musk, el de Meta...Hemos sido muy ingenuos. La tecnología es poder y la están utilizando para mensajes de odio”.

El presidente ha explicado que la decisión de adelantar las elecciones la tomó el domingo posterior a que decayeran los decretos de vivienda en el Congreso y tras consultarlo con su pareja y sus padres.

El día después de la huelga general y el día antes de que arranque oficialmente la campaña electoral. Esa fecha, la del 12 de noviembre, es en la que el Gobierno contempla llevar al Congreso los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros. El Ejecutivo rescató esos decretos el pasado 6 de octubre después de que el grueso de esas medidas decayera en otros dos textos tumbados unos días antes por el Pleno de la Cámara. Una derrota parlamentaria a manos de PP, Vox y Junts que empujó a Pedro Sánchez a anunciar el adelanto electoral en mitad de las protestas por todo el país tras el desahucio de Maricarmen. Se da la circunstancia, además, de que en la medianoche del 12 al 13 de noviembre arrancará oficialmente la campaña electoral del 29N con la tradicional noche de pegada de carteles.

El Gobierno ya anunció en su día que la intención esta vez era apurar el límite de los plazos legales para estirar el tiempo en que las medidas estaban en vigor antes de ser sometidas a su convalidación en el Congreso. Ese plazo, de 30 días hábiles según el reglamento de la Cámara Baja, expiraría el sábado 14 de noviembre, ya en pleno primer fin de semana de campaña. La preferencia del Ejecutivo, según ha podido contrastar elDiario.es con distintas fuentes gubernamentales, es que ese debate parlamentario se produzca en todo caso después de la huelga general del 11-N y no antes. Así que las opciones para convalidar los decretos fuera de los quince días oficiales que fija la ley de campaña electoral se reducen únicamente al 12 de noviembre. De cara a la cita con las urnas, el PSOE espera que tanto la huelga general como el debate parlamentario del día siguiente, en el que PP y Vox se opondrán a las medidas, supongan una activación del electorado progresista en plena crisis de la vivienda con movilizaciones por todo el país.

El Gobierno cuenta esta vez, además, con garantías de éxito para que sea convalidado el decreto que contiene la mayoría de medidas. Porque en la Diputación Permanente, el órgano que garantiza la continuidad de los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida (en este caso, por estar disuelta), se produce una leve alteración de las mayorías parlamentarias del Pleno que resulta clave: el voto de Junts, que sumó su fuerza a la del PP y Vox para derogarlo a principios de octubre, no es imprescindible. Basta con el apoyo del PNV, que ya ha anunciado su 'sí' al texto.

Ese decreto que contiene el grueso de medidas y que sí cuenta con apoyos suficientes contempla en su primer artículo la limitación de la compra de vivienda a los fondos buitre hasta el último día de 2028, a los que endurece las condiciones para su compra. La norma se centra más en la intención de la adquisición que en la naturaleza de la empresa o entidad y se refiere a la “protección de la función social de la vivienda y frente a la especulación”.

Para limitar estas transacciones se fija en entidades que tengan como objeto social comprar casas “por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado”, entendiendo que el principal objetivo de ello es maximizar el lucro inmediatamente después. Este veto podría cerrar las puertas a los fondos a comprar pisos en nuda propiedad o con inquilinos, que suelen ser los que tienen un precio más bajo.

Además, los desahucios quedarán suspendidos para “personas vulnerables sin alternativa habitacional” hasta el 31 de diciembre de 2030. Pero existe una protección que se extiende más allá. Si quien desahucia es un fondo o empresa, el tribunal estará obligado a suspender el proceso aunque exista sentencia. Pero si no lo es, se prevén compensaciones a los propietarios por los impagos.

En el artículo 5 se modifica la Ley de Enjuiciamento Civil e incluye la “enervación extraordinaria”. Esto significa que las comunidades, cuando no se ofrezca alternativa habitacional, están obligadas a cubrir los impagos del inquilino en las viviendas que no sean de grandes tenedores, es decir, con más de 10 viviendas. El Estado, a su vez, compensará a las comunidades por este gasto. Sin embargo, los propietarios vulnerables o con menos de dos viviendas sí que podrán desahuciar por impago, aunque no se les ofrezca alternativa residencial.

El decreto rescata también la prórroga extraordinaria que estuvo un mes en vigor al estallar la guerra de Irán. De esta forma, se prorrogarán por dos años todos los alquileres vigentes que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 en los mismos términos que el contrato en vigor. Ahora bien, para acogerse a ella habrá que estar al corriente de los últimos ocho pagos. Solo si se pactan otras condiciones o si el propietario necesita el piso para él o para familiares no tendrá efecto la prórroga.

El decreto recoge en una disposición final una congelación de alquileres en las renovaciones anuales. Solo podrán subir un 2% en caso de que el precio del alquiler sea inferior a la media, delimitada por el Índice de Referencia. Si el alquiler es superior a los precios de referencia, el propietario no podrá subir de ninguna manera el precio en la renovación año a año.

Por otra parte, el Gobierno financiará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) línea a particulares para la compra de la primera vivienda, financiada a cargo del Ministerio de Vivienda. El mecanismo “Tu Casa” permitirá financiar la entrada de una hipoteca, por hasta un total de 50.000 euros o el 20% del precio si es inferior, y tendrá un periodo de carencia (es decir, que no será necesario devolverlo) igual al plazo de la hipoteca o por un máximo de treinta años. El préstamo no tendrá intereses. Las ayudas ascenderán a 10.000 millones de euros, lo que podría servir para 200.000 viviendas teniendo en cuenta que el máximo es de 50.000.