La exministra de Trabajo Fátima Báñez ha fallecido este miércoles en el accidente ferroviario de dos trenes de alta velocidad en Toledo, en el que han muerto al menos 69 personas. Báñez era natural de San Juan del Puerto (Huelva) y tenía 59 años. Fue ministra de Trabajo con el Partido Popular desde 2011 a 2018, todo el mandato del presidente Mariano Rajoy, con el que firmó la reforma laboral de 2012, motivo de una de las últimas grandes huelgas generales en el país, muy criticada por los sindicatos y la izquierda y a la que quedó ligada como la medida más destacada de su carrera política. 

Casada y con dos hijos, siempre embajadora de su tierra de origen, tanto Huelva como Andalucía, Báñez ha fallecido este miércoles mientras viajaba a Sevilla para participar en un acto de la patronal por el Día de la Empresa de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). La CEOE la fichó en 2020 en plena pandemia para el proyecto ‘Empresas que ayudan’ durante la crisis de la COVID de la Fundación CEOE, que unos meses más tarde pasó a presidir. 

Aunque se apartó de la política más activa en 2019 seguía participando en actos del PP y formaba parte de la Fundación Reformismo 21, creada por el actual presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles le dedicaba unas palabras de afecto mientras aún estaba desaparecida. También Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, con el que iba a verse en Sevilla tras el viaje, que desgraciadamente acabó en tragedia.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE en 1992, Fátima Báñez desarrolló la mayor parte de su carrera profesional como política, en distintos cargos como representante del Partido Popular. 

De 1997 a 2000 fue miembro del Consejo de Administración de RTVA (la televisión pública andaluza), ocupó distintos cargos en el PP andaluz y en el año 2000 dio el salto al Congreso de los Diputados, donde fue parlamentaria hasta 2019. 

En 2011, ocuparía el cargo más relevante de su carrera, cuando fue elegida por el recién nombrado presidente Mariano Rajoy como ministra de Trabajo (en realidad, de “Empleo y Seguridad Social”), sucediendo en el cargo al socialista Valeriano Gómez.

Báñez, de trato amable, educado y cercano, también con sus rivales políticos y con personas alejadas de su ideología, se mantuvo en el puesto durante todo el mandato de Rajoy, pese a las movilizaciones sociales vinculadas a sus políticas y a las constantes críticas de oposición y sindicatos. 

Ministra de importantes recortes en la Gran Recesión

En plena crisis económica, con la tasa de paro disparada al 20% en ese momento (y llegaría al 27%), Báñez fue responsable de la reforma laboral de marzo de 2012 del PP. En un marco de recortes y políticas de austeridad generalizados, la regulación facilitó y abarató el despido, devaluó el papel de los sindicatos en la negociación colectiva, permitió firmar convenios a la baja en las empresas respecto al sector, así como allanó el camino para los descuelgues de condiciones laborales. 

La reforma laboral de 2012 supuso la primera gran huelga general de ese año, en marzo, y se convirtió durante años en el ‘enemigo número 1’ de sindicatos y la izquierda en la oposición, como bandera de una de las políticas del PP menos populares entre la población trabajadora. 

Cuando en 2013 miles de jóvenes españoles salían fuera de España por la falta de oportunidades en la crisis financiera, que disparó el desempleo juvenil por encima del 55%, Báñez tuvo una de sus intervenciones políticas más recordadas y criticadas. “Eso se llama movilidad exterior”, respondió la entonces ministra de Empleo en el Parlamento a una pregunta de la diputada socialista María González.

Además, entre las políticas del mandato de Báñez también destacaron otros importantes recortes sociales. Por un lado, en la protección por desempleo, tanto en la prestación como en el subsidio para mayores de 52 años, que elevó a 55 y que tumbó el Constitucional en su criterio para tener en cuenta toda la renta del hogar. 

Por otro, fue también la artífice de la reforma de las pensiones unilateral de 2013 del PP, con recortes tanto en la subida anual de las pensiones –que quedaban semicongeladas con alzas del 0,25%– como en las futuras pensiones ligadas a la esperanza de vida (el llamado “factor de sostenibilidad”). El propio PP de Mariano Rajoy dejó de aplicarla al final de su mandato por la enorme contestación social de los movimientos pensionistas en la calle. 

En el lado contrario, en su mandato se inició la ampliación de los permisos de paternidad desde las dos semanas a las cinco. La extensión a cuatro semanas estaba prevista por ley en 2007, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el PP la retrasó durante la crisis financiera. En 2017, finalmente se aprobaron estas cuatro semanas y, en 2018, las cinco semanas, fruto de un pacto con Ciudadanos para los Presupuestos Generales del Estado.

Fichada por la patronal para su Fundación

Con el fin del Gobierno de Mariano Rajoy, fruto de la moción de censura de la izquierda en la oposición ante los casos de corrupción del PP, Fátima Báñez permaneció como diputada de la derecha en la oposición hasta 2019. 

En marzo de ese año, la exministra anunció que dejaba la política para “iniciar una nueva etapa en el ámbito privado”. Fátima Báñez, muy próxima a Soraya Sáenz de Santamaría, había formado parte de su equipo en el intento de la 'número 2' de Rajoy de hacerse con la presidencia del PP, que finalmente ganó Pablo Casado. Aunque sin cargos, Báñez siguió participando en actos del PP. 

Un año más tarde, en plena pandemia de COVID, se confirmó el fichaje de la gran patronal CEOE, liderada por Antonio Garamendi, que sonaba desde el año anterior y que se había retrasado ante las críticas de parte del empresariado a un fichaje que consideraban poco estético y que podía ligar demasiado a la CEOE con el PP. 

Desde ese año, Báñez se convirtió en la presidenta de la Fundación CEOE, encargada de proyectos sociales de la patronal, con sueldo de directiva, que ha ocupado hasta este miércoles. 

Fátima Báñez ha ocupado otros cargos en la empresa privada en estos últimos años. Se convirtió también en consejera de la farmacéutica cotizada Rovi, formaba parte del consejo de administración de Iberdrola Energía Internacional y ha sido consejera de las filiales de la eléctrica en Estados Unidos (Avangrid) y México. 

Mucho enfado y malestar entre los trabajadores y los sindicatos del sector ferroviario ante el señalamiento de este miércoles del ministro de Transportes, Óscar Puente, del “error inexplicable” de un solo operario del centro de control de Atocha en sus explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que ha dejado ya 69 personas fallecidas. “Todos podemos cometer errores, pero hay fallos estructurales que el señor ministro nunca señala, ni mete mano en ellos”, denuncia un maquinista.

Desde varios sindicatos, denuncian la falta de prudencia al señalar de forma tan expresa a una sola persona trabajadora en las primeras horas de un accidente, sin esperar a la investigación de todas las causas que pudieron motivar el siniestro.

“Precisamente por la gravedad de lo sucedido, consideramos inadmisible que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ponga el foco sobre la actuación de las personas trabajadoras antes de que se hayan esclarecido todas las circunstancias. Ministro, señalar a los compañeros no es asumir responsabilidades. Las deficiencias de ADIF no pueden pagarlas quienes sostienen el ferrocarril con su trabajo diario”, denuncia UGT.

“Después de lo ocurrido en Adamuz, ya deberíamos haber aprendido que no caben juicios anticipados ni explicaciones precipitadas. Hay que investigar hasta el final, sin excluir ninguna hipótesis. ¿Y todas las externalizaciones? ¿Y la falta de plantillas? ¿Y las excesivas cargas de trabajo en los CRC? ¿Y las decisiones de su gestión, los recursos disponibles y las condiciones en las que trabajan los profesionales de ADIF? ¿Todo eso tampoco es responsabilidad de su Ministerio?”, denuncia el sindicato.

El secretario general del Semaf, Sindicato Español de Maquinistas, Diego Martín, ha calificado como “irresponsabilidad poner la culpa sobre un trabajador”. Y ha recordado, en declaraciones en Atocha tras los cinco minutos de silencio, que “la huelga estaba convocada justamente porque no se han implantado las medidas de seguridad. ”Ha habido un aumento de circulación tremenda en un sistema degradado“, ha señalado sobre la entrada de los operadores privados en la red ferroviaria. ”El sistema de seguridad no estaba funcionando“, ha asegurado sobre el fallo.

La secretaria general del Sector Ferroviario en Comisiones Obreras, Pepa Páez, ha calificado de “irresponsabilidad” que Óscar Puente “haya apuntado con el dedo acusador a un trabajador”. “Nos pareció deplorable. El ministro tendría que salir a disculparse porque ha hecho mucho daño al colectivo y ha puesto el foco en el eslabón más débil”, ha añadido. Páez ha apuntado a que hay “una mayor carga de trabajo” y un personal “con menos experiencia” en el sistema ferroviario. “Hay que plantearse si la formación es la adecuada, si el estrés es el adecuado, si falta personal, poner el foco en ayudar al sistema ferroviario a hacer su trabajo en condiciones humanas y óptimas”, ha completado.

Noelia Martín, secretaria general del Sindicato del Sector Federal Ferroviario de CGT, sostiene que los sindicatos fueron “prudentes” este miércoles, sin entrar en acusaciones sobre las posibles causas del accidente hasta que se investigaran sus motivos, por lo que lamenta especialmente el señalamiento del ministro.

Error previo del sistema y condiciones laborales del control

Martín sigue manteniendo la prudencia y no quiere ahondar en las causas de este siniestro, pero destaca que en cualquier caso, antes que los “errores humanos” que se están investigando, “hubo un error del sistema”.

Además, advierte de que los errores humanos –más allá de que no serían de una sola persona– pueden estar motivados por muchas razones sobre cómo se trabaja en estas instalaciones.

“Hay un alto grado de estrés, bajas prolongadas, mucha ansiedad, una gran carga de trabajo. Llevamos mucho tiempo denunciando falta de personal en el control y otros puestos”, destaca la responsable de CGT. “La carga de trabajo es muy elevada”, insiste.

La falta de personal procede en gran parte de muchos años de austeridad con el anterior gobierno, en los que no había ofertas públicas de empleo, lo que ha ocasionado precisamente que “no haya habido un relevo generacional” ordenado durante años, con muchas jubilaciones.

“La plantilla de Adif, de mantenimiento y de contratas está trabajando al límite, llevamos años así”, denuncia por su parte Luis, un trabajador de esta área del sector ferroviario, que denuncia que los trabajadores se sienten “el chivo expiatorio” ante este nuevo accidente.

España batió un nuevo máximo histórico de empleo este verano, de más de 22,8 millones de trabajadores, en un tercer trimestre más flojo de lo habitual en creación de puestos de trabajo, con 73.600 personas ocupadas más, y con un alza del paro más elevada de lo que suele registrarse en verano, que alcanzó las 95.900 personas. En paralelo, hay un fuerte incremento de la población dispuesta a trabajar, la población activa, de casi 170.000 personas respecto al trimestre anterior, según los resultados del tercer trimestre de la Encuesta de Población activa (EPA) que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Hay que recordar que este verano se está viviendo un proceso extraordinario de regularización de migrantes, por el que miles de trabajadores ahora en la economía sumergida –y que figuraban ya como trabajadores en la EPA– están siendo dados de alta a la Seguridad Social, como están recogiendo las estadísticas de este organismo público en los últimos meses, con más de 400.000 afiliados más por este proceso.

El balance de este tercer trimestre recoge así 73.600 personas ocupadas más respecto al trimestre anterior, lo que se situó el total de personas con empleo en 22.852.600 ocupados, un nuevo techo del mercado laboral en España.

El avance del empleo se debe a la incorporación de trabajadores extranjeros, en 75.400 personas, mientras que los ocupados españoles (incluida la doble nacionalidad) se redujeron en 1.800 personas. España en estos momentos está iniciando la retirada de miles de trabajadores de la generación del baby boom, ante la que cobra especial importancia el empleo extranjero a futuro, señalan los organismos económicos.

Como se puede apreciar en el anterior gráfico, el incremento del empleo es inferior al registrado en los últimos años, el menor desde 2019. Esta desaceleración se produce en un contexto de máximos de empleo –en el que en parte es normal que se aminore la creación de puestos de trabajo– y mientras muchas empresas dan de alta por primera vez a miles de trabajadores migrantes.

En el último año, el empleo creció en 465.500 personas, lo que deja un ritmo de creación de empleo del 2,1%, dos décimas menos que en el trimestre anterior.

Por provincias, destaca en términos relativos la creación de empleo de Guadalajara (+10%), Albacete (+9) y Murcia (+7), muy por encima de la media nacional.

El paro vuelve a superar el 10%

Por otro lado, el auge del paro en 95.900 personas, más elevado de lo habitual en esta época, llevó la cifra total de personas desempleadas a 2.591.200.

Como consecuencia, la tasa de paro se incrementó tres décimas y volvió a subir por encima del 10% (10,2%), tras el descenso de esta simbólica barrera el pasado trimestre.

Por sexo, el número de hombres en paro aumentó en 55.700 este trimestre y el de mujeres en 40.300. La tasa de paro femenina subió 26 centésimas –hasta el 11,3%– y la masculina 36 centésimas –hasta el 9,2%–.

Por nacionalidad, el paro se incrementó entre los españoles –incluida la doble nacionalidad– en 71.400, y entre los extranjeros en 24.500 personas.

Cabe destacar que el paro de larga duración, el que supera el año de búsqueda de empleo, se redujo en 12.400 personas en el tercer trimestre y en 24.400 en el último año, hasta las 758.400 personas. “Los que llevan dos años o más disminuyen en 63.000 (-11,07%)”, destaca el Ministerio de Economía.

El balance en el último año es de reducción del desempleo, en 21.900 personas (55.200 hombres más y 77.100 mujeres menos), aunque muy inferior al registrado el trimestre anterior, con una merma de 57.800 personas en los últimos doce meses.

Los hogares con todos sus miembros activos en paro, un indicador especialmente importantente por su elevada vulnerabilidad, crecieron en 21.800 este trimestre, hasta 786.100. En el último año se han reducido en 4.800 hogares.

Máximos de 25,4 millones de personas activas para trabajar

Por otro lado, destaca como buena noticia que se mantiene una gran incorporación de personas dispuestas a trabajar a la población activa, que se explica en gran parte por la población migrante. Este trimestre se situó en casi 170.000 personas más que el pasado trimestre, un dato en línea con los registrados los últimos verano.

El balance supone alcanzar un nuevo máximo de población activa, de más de 25,4 millones de personas. En los últimos doce meses, esta sumó 443.500 personas.

El número de mujeres activas se incrementó en 87.000 y el de hombres en 82.500. Por nacionalidad, el número de activos aumentó en el último trimestre en 69.600 entre los españoles y en 99.900 entre los extranjeros.

Sigue descendiendo el trabajo temporal

Respecto al tipo de contrato de los trabajadores, el empleo a tiempo completo creció en 244.400 personas en el tercer trimestre del año, mientras que el de tiempo parcial bajó en 170.800.

Por su parte, el número de asalariados subió en 90.000 –los que tenían contrato indefinido aumentaron en 22.100 y los de contrato temporal en 68.000–. El número de autónomos disminuyó en 15.500 personas, hasta un total de 3,17 millones de trabajadores por cuenta propia.

Más allá del aumento de contratos temporales en verano debido a la estacionalidad de las actividades estivales, el balance del último año sigue siendo el del descenso del peso del trabajo temporal en el mercado laboral, algo que España consiguió tras la reforma laboral de 2021.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado este martes que “la tasa de temporalidad privada se sitúa en el 12,57%, dentro de la media europea y más de 12 puntos por debajo de su valor antes de la reforma laboral”.

Por tipo de empleador, el empleo privado se redujo este trimestre en 16.300 personas, hasta 19,1 millones de trabajadores, mientras que el empleo público creció en 89.900, hasta superar los 3,7 millones de personas ocupadas.

No obstante, en el último año la mayor parte del empleo se creó en el sector privado (261.400 personas) mientras que el sector público sumó unos 204.000 trabajadores.