Los Mossos d'Esquadra han detenido en la tarde de este jueves en Bellmunt d'Urgell (Lleida) a un menor de 16 años por presuntamente haber creado y promovido el canal de Blocus en distintas redes sociales para provocar disturbios en la ciudad este sábado.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, el menor “incitaba, dirigía y daba indicaciones al resto de integrantes del grupo” para realizar actos vandálicos, saqueos a comercios y ataques a la policía en la concentración convocada en Lleida, al igual que otras ciudades catalanas, este sábado.

La policía catalana atribuye al menor los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos e incitación a cometer daños y saqueos.

La investigación de la comisaría de información de los Mossos sobre los canales de comunicación en aplicaciones de mensajería instantánea centra los esfuerzos de los agentes. A principios de semana, se recabó la ayuda del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Ministerio del Interior para cerrar los canales de Telegram que incitaban a nuevos disturbios en Barcelona.

Las autoridades han constatado que las llamadas de Blocus están vacías de contenido político, y que pese al lema inspirado en las protestas estudiantiles en Francia en realidad se llama únicamente a saquear tiendas y vandalizar el centro de las ciudades.

El objetivo principal del Govern y los Mossos es evitar que este sábado se repita una jornada de caos como la de hace una semana en el centro de Barcelona, donde se detuvieron a 130 personas, más de la mitad menores, por los altercados.

Tras rastrear los grupos que animaban a las protestas del sábado en varias ciudades catalanas, los Mossos han identificado y detenido al menor que gestionaría el grupo de “Blocus Lleida”. La Policía ha detenido este mismo jueves a otro menor al que atribuyen la llamada digital a los saqueos en València.

El detenido en Lleida había creado grupos en diferentes redes sociales y mensajería, por los que difundía contenido que, según la policía, “incitaba a cometer actos vandálicos, saqueos a comercios y ataques a las fuerzas de orden público”.

En estos grupos, agregan los Mossos, se planeaba emplear violencia y artefactos lesivos contra la policía; qué tiendas destrozar; y se proponía a los otros integrantes del grupo cómo ir vestido para evitar ser identificados. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

“Maricón, además de árabe, lo tienes todo”, “repite, maricón de mierda, di que eres una mierda, di que eres una mierda seca, di que eres una diarrea con moscas”.

Son las palabras que, según la Fiscalía, dos agentes de los Mossos d'Esquadra, dijeron a un joven mientras lo torturaban tras detenerle ilegalmente en Barcelona en 2021. El Ministerio Público pide para los agentes siete años y once meses de cárcel, además de una indemnización de 20.000 euros para la víctima. 

El escrito de acusación de la fiscal delegada contra los delitos de odio de Barcelona, Marta Gloria López, relata un ataque furibundo de dos agentes contra la víctima debido a su rechazo a su orientación sexual.

Los hechos se remontan a noviembre de 2021. La patrulla de agentes acudió de madrugada a un bar del Eixample donde el denunciante había discutido con una cliente. Pese a que la detención “no tenía amparo legal”, destaca la fiscal, los agentes pusieron los grilletes al joven.

Empezó entonces el segundo capítulo de las torturas denunciadas. En vez de trasladar a comisaría (aunque no había cometido delito alguno) al detenido, los agentes decidieron llevarle “a Mordor”, una referencia al Señor de los Anillos pero que en el argot de la patrulla significaba la Rambla del Raval.

Durante el trayecto en el coche, ahonda la fiscal, uno de los agentes acusados “ ”humilló“ al joven por su orientación sexual y ”menoscabó“ su integridad psicológica, física y moral.

El otro acusado “mantuvo una actitud pasiva y con risas” a los insultos y vejaciones de su compañero uniformado, agrega la fiscal, que le reprocha “haber faltado a los deberes inherentes a su cargo” por no haber parado a su colega.

Además de llamarle “maricón”, “árabe”, “mierda seca”, y obligarle a repetirlo, la fiscal destaca que el agente cogió la cabeza al joven, que vomitó, “y se la presionó contra lo que acababa de arrojar”.

En el coche también viajaba una agente en prácticas, que fue quien, nueve meses después, denunció los hechos ante la División de Asuntos Internos.

Una vez en la Rambla del Raval, los agentes quitaron los grilletes al joven y le bajaron del coche. El denunciante abandonó la zona a pie, sin que la patrulla que iba en otro coche detrás del de los acusados bajara a preguntar qué había suciedido al joven.

Los casos de torturas en los Mossos d'Esquadra son excepcionales, aunque existen precedentes: en 2012 tres agentes fueron condenados por este delito en la detención ilegal de un ciudadano rumano, mientras que hace tres años otros seis agentes fueron condenanos por torturas a dos jóvenes en un control de alcoholemia, un caso pendiente de resolución definitiva en el Supremo.

Además, los Mossos d'Esquadra expulsaron en 2023 a los seis agentes condenados por agredir a un joven al grito de “negro de mierda”.

El exprofesor de karate de Barcelona que este martes aceptó 26 años y medio de cárcel por abusar y agredir sexualmente a cinco alumnos menores se ha suicidado este jueves por la mañana en la cárcel Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde estaba interno.

Según han informado fuentes cercanas al caso, el recluso, que fue condenado por la Audiencia de Barcelona por tres delitos de abuso y dos de agresión sexual continuada a menores de 16 años, no estaba siendo objeto de seguimiento en el programa de prevención de suicidios en prisión.

En la mañana de este jueves, cuando se hace el recuento de presos en la cárcel, los funcionarios han encontrado al interno en su celda sin signos de vida. Los servicios de emergencias solo han podido confirmar el fallecimiento.

El exprofesor de karate, que ejercía en el Centro Deportivo Claret de Barcelona, es el noveno preso que se quita la vida en lo que va de año en Catalunya. El octavo interno que se suicidó lo hizo este mismo sábado, y tampoco tenía activado ningún protocolo.

El exprofesor de karate, de 67 años, aceptó este miércoles, tras llegar a un pacto con la Fiscalía, una condena de 26 años y medio de prisión y 140.000 euros de indemnización por abusar y agredir sexualmente a cinco alumnos menores de edad aprovechando su ascendencia sobre ellos. Las agresiones, que también grabó en vídeo, ocurrieron entre 2015 y 2023.

El hombre resultó condenado por tres delitos de abuso y dos de agresión sexual continuada a menores de 16 años, un delito de elaboración y otro de tenencia de pornografía infantil. Tenía que cumplir casi 18 de los 26 años y medio de cárcel, a los que había que restar los tres y medio que llevaba en prisión preventiva.

También aceptó nueve años de libertad vigilada tras su salida de la cárcel y las inhabilitaciones especiales para ejercer oficios o actividades que comporten contacto regular con menores durante 36 años y para el ejercicio de tutela durante 5 años. La sentencia estableció indemnizaciones de 48.800 euros para una de las víctimas y de 22.800 para las cuatro restantes.

La comisaria jefa de los Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha admitido la “preocupación” del cuerpo ante la convocatoria de Blocus este sábado en Barcelona tras los altercados y saqueos inéditos de hace una semana, por lo que el cuerpo ha anunciado que intensificará la presencia policial en el espacio público.

Catà ha comparecido este miércoles ante la comisión de Interior en el Parlament, acompañada del director general de los Mossos d'Esquadra, Ferran López y la consellera de Interior, Núria Parlon. Los tres han tenido que escuchar las vinculaciones xenófobas con los disturbios que han hecho Vox y Aliança Catalana, ante lo que Parlon ha sido contundente: “No hay que sentar a nadie en el banquillo por su color de piel”.

Parlon ha recordado que “los hijos de cualquiera, sean pobres o ricos”, pueden llegar a cometer algún delito, por lo que ha redoblado su petición a las familias para que controlen los contenidos que sus hijos reciben en las redes, como por ejemplo las llamadas de Blocus a los saqueos. “La respuesta es más social que policial”, ha ahondado López.

Los responsables policiales catalanes, de forma inédita, han dado datos sobre la nacionalidad de los 130 detenidos, más de la mitad de ellos menores, para desmentir el relato de la extrema derecha: la mayoría de los arrestados, el 65%, son de nacionalidad española. Los jueces, que solo han internado a seis menores, ya han constatado el arraigo social de los arrestados.

Parlon ha asegurado que el episodio del sábado se debe a un “fenómeno nuevo” de violencia juvenil, que bajo el falso pretexto de unas supuestas movilizaciones estudiantiles y sociales para reivindicar mejoras en la educación, salieron a la calle para delinquir y robar en diversos comercios.

Catà ha recordado que la investigación policial está en curso y todavía se está trabajando para averiguar quién o qué está detrás de estas movilizaciones de jóvenes que se realizan principalmente por plataformas de mensajería masiva, sobre las que la comisaria jefa ha apuntado que ya se han cerrado dos canales de Telegram que alentaban a nuevos altercados el día 31.

Este martes los Mossos d'Esquadra recurrieron al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que depende del Ministerio del Interior, para bloquear posibles nuevos grupos en plataformas de mensajería que inciten a más convocatorias de jóvenes para generar altercados y disturbios.

La comisaria jefa ha explicado que esta es una de las tres líneas de trabajo, que se suman a la investigación penal en curso y al análisis de las 300 identificaciones que se llevaron a cabo el sábado, “información clave”, según Parlon, que ayudarán a arrojar nuevos datos sobre los participantes en los disturbios y así poder esclarecer la investigación.

Por otro lado, Catà ha querido trasladar un mensaje de confianza a la ciudadanía ante posibles nuevas convocatorias: “No nos encontramos frente a una amenaza generalizada para la seguridad pública ni un fenómeno extenso en la juventud”, ha zanjado.

Una de las juezas de guardia de Barcelona ante las que comparecieron los mayores de edad detenidos por los altercados y saqueos del sábado constató el “arraigo social y familiar” de dos de los arrestados, lo que diluye su riesgo de fuga, y tan solo les prohibió acudir a nuevas protestas. Así lo expuso este lunes la magistrada este lunes en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La jornada de disturbios se saldó con 130 detenidos, 54 mayores y 76 menores de edad. La medida cautelar más dura, para seis de los menores, ha sido el internamiento provisional en un centro de justicia juvenil. Lo más habitual, sin embargo, ha sido que los jueces dejen en libertad a los arrestados. Eso sí, con la prohibición de asistir a más concentraciones.

La libertad provisional por el arraigo en Catalunya constatado por los jueces desmiente el relato que el PP, Vox y Aliança Catalana han lanzado sobre los disturbios, al vincular sin pruebas los participantes en los saqueos con las políticas de inmigración.

En el caso de los dos jóvenes de mayores de edad que ha conocido este diario, los Mossos les arrestaron en La Rambla. Vestían prendas de ropa deportiva que presuntamente habían saqueado antes durante los disturbios, y además, según el atestado del caso, lanzaron piedras y adoquines a los agentes.

Ambos detenidos se enfrentan a los delitos de robos con fuerza y desórdenes públicos. Otros arrestados suman además el delito de atentado contra agentes de la autoridad por haber atacado a agentes de los Mossos d'Esquadra.

La Fiscalía pidió para ambos jóvenes dos medidas cautelares: la prohibición de acudir a protestas en Barcelona mientras se instruye el caso para evitar el riesgo de reiteración delictiva y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado para diluir su posible riesgo de fuga. La magistrada acordó la primera, pero no la segunda. Así ocurrió también en otros tres detenidos.

Según la argumentación de la jueza, obligar a los jóvenes a ir a firmar al juzgado resultaba innecesario, ya que el riesgo de fuga resultaba inexistente al tener los dos jóvenes un domicilio donde poder entregar las notificaciones. “Disponer de domicilio estable, conocido y localizado acredita el arraigo familiar y social”, concluyó la magistrada.

Como la inmensa mayoría de arrestados (solo dos los tenían), estos jóvenes carecen de antecedentes penales, lo que “disminuye potencialmente la probabilidad de eludir el proceso judicial”, agregó la jueza.

Lo que sí acordó la jueza es prohibir a los dos arrestados asistir a protestas en Barcelona. La medida argumentó la magistrada, resulta “necesaria” para “evitar el evidente y manifiesto riesgo de reiteración delictiva” de que los investigados vuelvan a participar en saqueos y disturbios.

Según la jueza, la medida está justificada por la violencia ejercida el sábado con la “excusa” de una protesta que “en realidad estaba vacía de contenido con el único fin de saquear los establecimientos de la zona de conflicto”.

“El sacrificio que sufren a su derecho de manifestación es inferior al beneficio que obtiene la seguridad ciudadana y la paz pública”, agregó la jueza, que remarcó que el veto a acudir a manifestaciones no afecta al “normal desarrollo” de la vida cotidiana de los jóvenes.

Además, la jueza advirtió a los dos jóvenes que saltarse la prohibición y acudir a nuevas protestas (hay otra convocatoria para este sábado) implicará que se revisen las medidas adoptadas, y podría acordar otras “que impliquen mayor limitación de su libertad personal”. En otras palabras, que aumentará el riesgo de prisión provisional.

Al margen de los atestados que individualicen las conductas de los 130 arrestados, los Mossos d'Esquadra han anunciado que pedirán autorización judicial para rastrear la red a fin de identificar a los autores de la convocatoria de la protesta en Barcelona. Una solicitud que, según fuentes jurídicas, todavía no se había formalizado este martes.