La Asociación de Entidades Representativas de la Economía Social de Castilla y León (ASECYL) ha celebrado el cuarto encuentro de su ciclo de jornadas sobre el futuro del sector, dedicado a los retos y oportunidades de financiación. El Centro de Soluciones Empresariales del ICE, en Arroyo de la Encomienda, ha acogido una sesión centrada en cómo facilitar el acceso a recursos, fortalecer las organizaciones y acompañar proyectos que generan empleo e impacto social en el territorio.

Estos encuentros, organizados por ASECYL, están financiados por la Junta de Castilla y León y ofrecen un espacio de reflexión e intercambio para fortalecer el sector y su contribución al desarrollo de la Comunidad.

La jornada ha sido inaugurada por Pablo Sánchez Pérez, presidente de ASECYL, quien destacó que el contexto geopolítico internacional y la negociación de los próximos presupuestos europeos plantean importantes retos de adaptación para las empresas y entidades de economía social. Al mismo tiempo, se ha destacado su capacidad para aportar respuestas a las necesidades sociales y económicas de la región.

Fondos europeos para innovar y mejorar la vida de las personas

El programa ha incluido una ponencia marco de Sara Marcos, coordinadora de la Red ISEM, sobre las oportunidades que ofrecen los fondos europeos para la economía social, a partir de la experiencia del ámbito de la discapacidad. Durante su intervención, ha destacado que las empresas y entidades del sector pueden acceder a financiación europea para desarrollar proyectos de innovación que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

Marcos ha subrayado la importancia de crear redes y construir alianzas sólidas para abordar estos proyectos, compartir conocimientos y reunir capacidades complementarias.

Financiación, impacto y relaciones de confianza

La primera mesa reunió a Ignacio Aguado, director de Fiare Banca Ética, y Alberto Navarro, director de Instituciones de CaixaBank, para analizar la relación entre las entidades bancarias y las empresas y organizaciones de economía social. Ambas entidades cuentan con convenios de colaboración con ASECYL para apoyar a los centros especiales de empleo.

El diálogo puso en valor la importancia de considerar el impacto que estos proyectos generan sobre el territorio junto con su viabilidad económica. La sostenibilidad requiere combinar ambas dimensiones y construir relaciones de confianza a largo plazo, con un acompañamiento que vaya más allá de la respuesta estrictamente financiera.

También se ha subrayado la capacidad de la economía social para ofrecer soluciones adaptadas a una comunidad con una amplia realidad rural como Castilla y León. Su arraigo territorial permite generar empleo, sostener servicios y atender necesidades que, en ocasiones, encuentran una respuesta insuficiente en el mercado.

Instrumentos complementarios para impulsar proyectos

La segunda mesa, con Saúl Álvarez, responsable del área de ayudas a la inversión del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), y Miguel Cano Pazos, director de zona de Valladolid de Iberaval SGR, ha abordado la complementariedad entre los instrumentos públicos de apoyo y las garantías para facilitar el acceso a financiación.

Las intervenciones han destacado las posibilidades de combinar ayudas e instrumentos públicos destinados a inversiones e innovación con el respaldo de una sociedad de garantía recíproca como Iberaval, que facilita operaciones financieras mediante la concesión de avales. Asimismo, se ha señalado la necesidad de adaptar las soluciones a las distintas formas jurídicas, mercantiles y no mercantiles, presentes en la economía social.

Próximas citas en Palencia y Zamora

El encuentro ha reafirmado el valor de la economía social para generar oportunidades, empleo y cohesión territorial en Castilla y León. El ciclo continuará el 5 de noviembre en Palencia, con una jornada dedicada a la creación de empleo y la inclusión, y culminará los días 9 y 10 de noviembre en Zamora, con el Foro de la Economía Social de Castilla y León, donde se compartirán las conclusiones de los encuentros y se debatirán los retos y oportunidades del sector.

Iberdrola ha celebrado la fase autonómica de Castilla y León de la primera edición de los ‘Premios Iberdrola FP: apuesta por el futuro eléctrico’, un programa anual destinado a descubrir, reconocer y atraer a los mejores estudiantes de Formación Profesional de Grado Superior especializados en electricidad y redes eléctricas.

La cita ha tenido lugar en las oficinas de la compañía en Valladolid y ha contado con la participación de alumnos del CIFP Simón de Colonia de Burgos, el CIFP Río Tormes de Salamanca, el IES Julián Marías y el Instituto Politécnico Cristo Rey de Valladolid, y el CIFP Tecnológico de León.

La iniciativa está dirigida a alumnos de segundo curso del Grado Superior oficial “Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (SEAS)” y nace con el objetivo de acercar la compañía a los centros de Formación Profesional, impulsar las vocaciones técnicas y facilitar la incorporación de jóvenes cualificados a un sector estratégico y en plena transformación, además de poner en valor la gran labor de los centros formativos y sus docentes.

Con este programa, Iberdrola pretende contribuir al relevo generacional y captar talento técnico especializado, al tiempo que refuerza valores esenciales para la compañía como la seguridad, la excelencia profesional, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

Los Premios Iberdrola FP sitúan a la compañía como una de las primeras grandes empresas del sector eléctrico en España que impulsa un programa nacional de estas características, combinando reconocimiento al mérito, premios económicos y acceso preferente a oportunidades profesionales. Una apuesta sin precedentes para atraer y desarrollar el mejor talento de Formación Profesional del país.

Para ello, Iberdrola ha invitado a participar a más de 50 centros formativos seleccionados que imparten en España el Grado Superior oficial en SEAS. Cerca de 200 jóvenes han sido evaluados inicialmente mediante diferentes pruebas de selección.

Tras una primera fase celebrada en junio, se seleccionó a entre 10 y 15 estudiantes por comunidad autónoma para participar en las pruebas presenciales territoriales, que se están desarrollando durante el mes de octubre en seis regiones incluidas en el mapa de cobertura de

talento de la compañía: Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura, además de Castilla y León.

En estas jornadas presenciales, entre 60 y 70 estudiantes participan en dinámicas de trabajo diseñadas para valorar sus conocimientos, habilidades y capacidad para desenvolverse en situaciones profesionales.

Final en el Campus Iberdrola

La fase nacional se celebrará del 11 al 17 de noviembre en el Campus Iberdrola de San Agustín de Guadalix, donde 20 finalistas afrontarán pruebas técnicas, talleres y dinámicas orientadas a evaluar sus competencias y habilidades profesionales.

Durante la jornada, el jurado, compuesto por referentes del sector analizará capacidades especialmente relevantes para el trabajo en el sector eléctrico, como el trabajo en equipo, el compromiso, la motivación, la responsabilidad y el cumplimiento de los estándares de seguridad. Los ganadores de esta fase final recibirán importantes premios económicos y acceso prioritario para realizar prácticas y para la bolsa de talento de Iberdrola.

Jerry Zelenka lleva más de tres décadas viviendo en una finca de Fredonia, en el estado estadounidense de Wisconsin, donde construyó su casa y levantó varios edificios auxiliares junto a su esposa. Ahora teme que una línea eléctrica proyectada para atender, entre otras necesidades, la demanda de un futuro centro de datos en Port Washington atraviese el terreno y obligue a retirar construcciones y árboles.

El recorrido todavía no está aprobado: la compañía American Transmission Company (ATC) ha presentado una ruta preferente y otra alternativa para esta parte de la infraestructura, y la Comisión de Servicios Públicos de Wisconsin deberá decidir si autoriza el proyecto y por dónde pasará.

La oferta y los daños que denuncia

Tal y como informa el Washington County Insider, Zelenka asegura que la propuesta recibida afectaría a un cobertizo, un gallinero, dos graneros, un garaje y otras instalaciones de la propiedad, además de exigir la tala de árboles y situar una torre de unos 40 metros cerca de la entrada, según declaró al medio local Washington County Insider.

«Solo quedaría la casa en pie», resumió el propietario, que sostiene que la pérdida de los edificios y la presencia de los cables reducirían el valor de una finca que, según su estimación, está tasada en unos 650.000 dólares.

De acuerdo con su relato, ATC le ofreció 81.000 dólares por las afecciones previstas y otros 50.000 (unos 117.000 euros en total) si firmaba de inmediato; Zelenka rechaza que esa cantidad permita reponer las construcciones y ha anunciado que no aceptará voluntariamente la cesión del terreno. En una carta remitida al mismo periódico, fechada el 1 de octubre, describió una franja de aproximadamente 305 metros de largo por 23 de ancho que, según dice, sería despejada para la línea, y cerró su escrito con una advertencia dirigida a la empresa: «Nos vemos en los tribunales».

El vecino, de 75 años, explica que mudarse o rehacer la propiedad no es una solución realista para él y su esposa, de 73 años y con párkinson avanzado; también teme que la empresa recurra a la expropiación si los propietarios afectados no llegan a un acuerdo.

Una ruta alternativa pendiente de resolución

ATC presentó en septiembre una solicitud revisada para el proyecto Ozaukee County Distribution Interconnection, después de que la comisión estatal revocara la declaración de que la primera solicitud estaba completa, y señala que los cambios responden a nueva información, observaciones recibidas y análisis medioambientales.

La compañía sitúa el corredor suroeste que pasa por Fredonia como ruta alternativa en el tramo meridional, mientras que su opción preferida discurre por el sureste; por tanto, la ubicación de la vivienda de Zelenka en una propuesta no equivale a una decisión definitiva sobre su finca.

El plan incluye líneas nuevas o renovadas de 345 kilovoltios y hasta cinco subestaciones en seis condados de Wisconsin, según ATC, que vincula la obra tanto al aumento del consumo eléctrico en la zona de Port Washington, incluido el centro de datos, como a la fiabilidad de la red regional.

La empresa sostiene que el usuario del futuro complejo asumirá a través de sus tarifas el coste de la infraestructura necesaria para abastecerlo, mientras que la comisión reguladora conserva la facultad de aprobar, modificar o rechazar el proyecto tras examinar las rutas y las alegaciones.

Un empleo de verano puede ayudar a un hijo mayor de edad a costear parte de sus gastos sin proporcionarle recursos bastantes para sostenerse por sí mismo, una diferencia determinante en un conflicto familiar sobre la pensión de alimentos de un joven que cursaba Formación Profesional y trabajaba algunos meses como socorrista.

El padre solicitó que se extinguiera la obligación de contribuir a sus gastos o, de forma subsidiaria, que la cuantía se redujera a 120 euros mensuales, aduciendo que el hijo ya era mayor de edad, obtenía ingresos propios y que él percibía una pensión de 893,21 euros al mes sometida a un embargo.

Un juzgado de Fuengirola había rechazado extinguir los alimentos, aunque disminuyó la pensión a 250 euros mensuales, y el padre recurrió para lograr su supresión o una rebaja mayor, pero la Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado íntegramente aquella decisión y le ha impuesto las costas de la apelación.

Ingresos de temporada y formación

La Sentencia número 358/2026, dictada el 15 de abril por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, parte de que el hijo residía con su madre y cursaba un grado medio de comercio y marketing cuando se resolvió el litigio en primera instancia, mientras que su intención de continuar con estudios superiores también constaba en el procedimiento, sin que la resolución dé por concluida esa formación ni aprecie independencia económica.

El joven había trabajado como socorrista durante unos dos meses y medio al año, con ingresos que la Audiencia cifra en aproximadamente 3.600 euros anuales, y también había realizado prácticas vinculadas a sus estudios, una actividad que el tribunal distingue del empleo estival al valorar si podía sostenerse sin ayuda de sus progenitores.

Para la Sala, el dinero obtenido durante el verano podía servirle para afrontar una parte de sus necesidades, pero «en ningún caso» le procuraba independencia económica, mientras que la mayoría de edad tampoco bastaba por sí sola para retirar los alimentos si el hijo continuaba formándose, convivía en el domicilio familiar y necesitaba esa contribución.

La situación económica del progenitor

El padre sostuvo que sus recursos habían disminuido y que el embargo del 60% de su pensión le impedía afrontar el pago, pero la Audiencia señala que la prestación que percibía por incapacidad ya existía desde hacía muchos años y que no acreditó un empeoramiento de sus ingresos respecto de la situación tomada en cuenta al fijar los alimentos.

El tribunal atribuye el embargo a los impagos de la propia pensión de alimentos y considera que esa circunstancia no justifica extinguirla, además de señalar que el padre seguía residiendo en una vivienda de grandes dimensiones y apreciar indicios de otros ingresos, aunque la sentencia los presenta como una presunción y no cuantifica ninguna renta adicional acreditada.

Sí admite la Audiencia que los ingresos estivales del hijo constituyen un cambio frente a 2009, cuando se fijó una pensión inicial de 300 euros al mes y el menor no obtenía dinero propio, y, dado que la cantidad se había actualizado hasta 348,27 euros en 2020, confirma la reducción a 250 euros decidida por el juzgado, que la madre no recurrió.

La rebaja a 120 euros solicitada por el padre habría dejado el sostenimiento del joven prácticamente a cargo de la madre, según razona la Sala al recordar que ambos progenitores deben contribuir, por lo que desestima la apelación y confirma la cuantía de 250 euros mensuales.

La plantilla municipal de Santa Isabel, en la provincia argentina de La Pampa, no percibirá este viernes 30 de octubre como estaba previsto, después de que el ayuntamiento denunciara la salida de dinero de la cuenta reservada para los salarios mediante dos transferencias que asegura no haber autorizado.

Sin que se haya informado de la recuperación del dinero ni se haya hecho público el importe exacto de las operaciones, el Gobierno provincial se ha comprometido a aportar recursos para que los trabajadores reciban sus nóminas la próxima semana, aunque tampoco se ha comunicado una fecha concreta de ingreso. El caso se conoció después de que la tesorera municipal detectara un faltante al acceder a la banca electrónica, y la investigación deberá aclarar cómo se ordenaron los pagos, quién recibió el dinero y si es posible recuperarlo.

Un aviso en la banca electrónica

La incidencia ocurrió el lunes 26 de octubre, en torno a las once de la mañana, cuando la responsable de Tesorería entró en Pampa Digital, el servicio del Banco de La Pampa, y vio un aviso de actualización del sistema, seguido de una petición de un código de seguridad temporal y del cierre de la sesión tras introducirlo, según el relato recogido en la denuncia policial.

Al intentar acceder de nuevo, la empleada observó que faltaba dinero en la cuenta, por lo que la alcaldesa, María Elisabet Cabral, y la tesorera fueron a la sucursal bancaria de Santa Isabel, donde constataron que se habían efectuado dos transferencias a cuentas de terceros, tras lo cual se bloquearon las cuentas afectadas.

Tras la presentación de la denuncia ese mismo lunes a las 12.55 en la comisaría local, adscrita a la Unidad Regional IV de la Policía de La Pampa, Infobae informó de la secuencia de acceso a la plataforma y de las operaciones denunciadas, si bien el relato del aviso y la petición del código procede de esa denuncia y no permite por sí solo establecer si hubo una suplantación de la web bancaria o qué falló en la autorización de las transferencias.

El banco señala la falta de una segunda firma

La alcaldesa comunicó a los empleados que no podrían cobrar en la fecha prevista y agradeció la asistencia anunciada por el Ejecutivo provincial, además de pedir al Banco de La Pampa información sobre las operaciones y sobre las circunstancias en que se produjeron, mientras se espera la intervención de especialistas policiales en ciberdelincuencia.

Fuentes vinculadas a la entidad bancaria consultadas por el periódico local La Arena sostienen que el municipio "no tiene doble firma" para autorizar transferencias y que la entidad ya le había pedido aplicar ese mecanismo, en el que una persona inicia cada operación y otra la confirma, aunque esta versión no es una conclusión de la investigación policial.

Las mismas fuentes aseguran que sería la tercera incidencia de este tipo en cuentas municipales de Santa Isabel, aunque ni el banco ni el ayuntamiento han publicado hasta ahora una relación de esos supuestos episodios anteriores y la información disponible tampoco precisa el importe sustraído en esta ocasión ni confirma si el dinero podrá ser devuelto.

La investigación tiene que reconstruir tanto el acceso a la plataforma como la aprobación de los movimientos y el recorrido de los fondos, mientras que el pago de las nóminas depende ahora de la aportación provincial anunciada para la semana siguiente.

Una mujer donó junto a su marido una vivienda a su hijo en julio de 2021 y, dos años después, recibió una reclamación de la Seguridad Social por el complemento a mínimos de su pensión que había cobrado durante aquel ejercicio.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le exigió 3.728,48 euros correspondientes a todo 2021 al considerar que sus ingresos superaban el límite aplicable, una decisión que la pensionista llevó a los tribunales tras ver desestimada su reclamación administrativa. El litigio se centró en una pregunta concreta: si la ganancia patrimonial declarada en el IRPF de 2021 por donar un inmueble debe contarse como renta aunque la propietaria no reciba un pago por la transmisión de su vivienda a un familiar.

Una ganancia declarada en la renta

La Sentencia número 1853/2026, dictada el 16 de junio por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, confirma la resolución del Juzgado de lo Social número 2 de Alicante que había rechazado la demanda de la pensionista.

Según los hechos probados, la mujer tenía reconocida desde noviembre de 2019 una pensión de jubilación del régimen de autónomos con una base reguladora de 588,59 euros y un porcentaje aplicable del 61,77 %, sin que aquella cifra sea la cuantía del complemento.

La donación se formalizó en escritura pública el 26 de julio de 2021 y, en su declaración del IRPF de ese año, la mujer consignó un saldo positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales de 4.654,01 euros, la misma cifra que declaró su esposo. El INSS inició el procedimiento de revisión el 18 de mayo de 2023 y acordó el 4 de julio siguiente reclamar el reintegro de los 3.728,48 euros que consideraba indebidamente percibidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

La declaración de la mujer también recogía 9.164,40 euros de rendimientos del trabajo y un neto de 7.164 euros, según los hechos probados. Esta sentencia, ya recogida por medios como elEconomista, aborda el efecto de la donación sobre un complemento sujeto a límites de renta y no la pérdida de la pensión contributiva de jubilación.

El criterio aplicado por el tribunal

La pensionista defendió en su recurso que una donación sin contraprestación no supone un ingreso real y disponible, por lo que, a su juicio, no podía equipararse automáticamente la ganancia fiscal a las rentas que permiten mantener el complemento. La sala rechaza ese argumento al aplicar el artículo 59 de la Ley General de la Seguridad Social, que incluye las ganancias patrimoniales entre los conceptos que se computan para conceder los complementos por mínimos y remite para definirlas a la normativa del IRPF.

Los magistrados citan además jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre rentas atribuidas a inmuebles que no generan un cobro efectivo y recuerdan que los requisitos económicos de este complemento deben comprobarse año tras año, con independencia de que la pensión contributiva siga reconocida.

La resolución distingue el precedente invocado por la recurrente, relativo al cálculo de rentas para un subsidio por desempleo, del problema planteado aquí: la norma del complemento ordena acudir al concepto de ganancia patrimonial establecido para el IRPF. En este caso, el tribunal considera que la ganancia de la donación declarada fiscalmente debía incluirse en el cálculo de las rentas de 2021 y, por ello, desestima el recurso de la mujer y confirma el fallo que avaló la reclamación del INSS.

La sentencia no impone costas a la recurrente porque tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita e indica que contra la resolución cabe preparar un recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de diez días hábiles desde su notificación.

La Vicepresidencia Segunda de la Junta, que dirige Isabel Blanco, ha convocado la concertación para la prestación del servicio de los nueve centros de crisis, uno por provincia, de atención a las víctimas de violencias sexuales, para lo que destina un total de 1,63 millones de euros, con un importe de 15.091 euros al mes por centro.

Este precio, según figura en la resolución publicada este viernes 30 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), corresponde al importe que se abonará, durante la vigencia del concierto, por los gastos de personal y gestión para el correcto funcionamiento de cada centro de crisis, con independencia del número de personas usuarias atendidas.

El servicio de concertación comprenderá la atención a mujeres víctimas de violencias sexuales, con un servicio de atención en los centros de crisis que comprenderá información, atención psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento social y también atenció npresencial, telefónica y telemática. Los centros desarrollarán, además, iniciativas de prevención y sensibilización de la violencia sexual dirigidas a grupos de población específicos de ámbitos como el educativo, servicios sociales o el sanitario, así como a la población general.

Serán destinatarias de la actuación concertada las mujeres, mayores de 16 años, que vivan, residan o trabajen en Castilla y León, víctimas de violencia de género que requieran de una intervención especializada por ser víctima de algún tipo de violencia sexual, presente o pasada, así como sus familiares y personas de su entorno.

También serán destinatarias del servicio las mujeres que, sin vivir, residir o trabajar en Castilla y León, hayan sido objeto de violencia sexual en el territorio de la Comunidad, así como las víctimas procedentes de otras comunidades en los términos que dispongan los protocolos suscritos al efecto. El acceso al servicio por parte de las personas destinatarias será siempre gratuito y voluntario y puede realizarse por vía telefónica, a través de un número de teléfono establecido específicamente para esta atención, o telemática, a través de una página web y presencial.

El acceso será confidencial y las personas usuarias no estarán obligadas a facilitar sus datos. Sólo cuando la víctima vaya a recibir una prestación especializada se requerirá para que facilite los datos personales que resulten necesarios, al objeto de lograr una atención coordinada, integral y continuada de las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. El tratamiento de estos datos se realizará observando lo dispuesto por la normativa vigente sobre protección de datos personales.

Las solicitudes se presentarán utilizando el formulario ‘Solicitud de concertación para la prestación del servicio centro de crisis de atención a víctimas de violencias sexuales en Castilla y León’, accesible desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad. En el precitado formulario se deberá indicar, de forma expresa, la provincia del centro para el cual se realiza la solicitud. Las entidades presentarán una solicitud por provincia.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Tudela de Duero, que fue 16 años alcalde del municipio, Óscar Soto Palencia, falleció en las últimas horas, tal y como confirmó el Consistorio de la localidad vallisoletana, que se encuentra de luto y pide respeto para el “momento de duelo y recogimiento” que vive el municipio.

Un comunicado oficial del Ayuntamiento, recogido por Ical, incide en que toda la corporación municipal y sus trabajadores lamentan “profundamente” el fallecimiento de una persona que “dedicó una parte muy importante de su vida a nuestro pueblo, trabajando por sus vecinos y por el futuro de nuestro municipio”.

“Fueron muchos años de entrega, compromiso y dedicación”, continúa el comunicado, en el que se destaca la “huella imborrable” dejada por Soto “en la historia de la localidad”. Por ello, y “más allá de los cargos que desempeñó”, desde el Ayuntamiento de Tudela de Duero quieren recordar a “la persona, el compañero y el vecino que formó parte de la vida del pueblo y de tantas personas que hoy sienten su pérdida”.

Finalmente, el Ayuntamiento traslada su “más sentido pésame”, así como todo su cariño, a la familia, amigos y seres queridos de Óscar Soto “en estos momentos de profundo dolor”, y agradecen al exalcalde sus “tantos años dedicados” a Laguna de Duero. “Te recordaremos siempre con cariño, respeto y gratitud”, concluye el comunicado.

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León convocó ayudas al estudio por un importe global máximo de 170.000 euros para los alumnos que cursen enseñanzas artísticas superiores en centros públicos o privados de la Comunidad durante el curso académico 2026-2027. La convocatoria, publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), contempla dos modalidades: una vinculada al aprovechamiento académico y otra destinada a estudiantes en función de su renta.

Del presupuesto total, 93.854 euros se reservarán para las ayudas por aprovechamiento académico, mientras que los 76.146 euros restantes se destinarán a la modalidad de renta. En el primer caso, la cuantía individual oscilará entre uno y diez euros por cada crédito superado. Para las ayudas por renta, los beneficiarios podrán recibir entre 100 y 350 euros.

Podrán optar a estas subvenciones los estudiantes matriculados durante el curso 2026-2027 en centros que impartan oficialmente enseñanzas artísticas superiores en Castilla y León y que cursen estudios conducentes a títulos oficiales de grado o máster. Además, no podrán estar en posesión de un título del mismo o superior nivel al de los estudios para los que soliciten la ayuda ni reunir los requisitos legales para obtenerlo.

La convocatoria establece también como condición haber sido beneficiario de la beca de matrícula para el curso 2026-2027 destinada a estudiantes de enseñanzas postobligatorias, convocada por la Secretaría de Estado de Educación.

Otro de los requisitos es estar empadronado en un municipio de Castilla y León en el momento de presentar la solicitud y mantener ese empadronamiento durante el periodo correspondiente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la ayuda.

El plazo de presentación será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Bocyl.

La casa de Odelia y Rosalino está en Nueva Italia, un pequeño núcleo de la selva central peruana donde la vegetación oculta las viviendas unas de otras. Cuando fueron entrevistados, ambos tenían 72 años y llevaban, según contó ella, 52 viviendo allí.

Sus hijos crecieron en aquel lugar y después se marcharon para trabajar: "Ya se han ido ya a trabajar", cuenta Odelia. Desde entonces, los dos comparten la casa y las tareas de la finca, aunque reciben visitas y conocen a otros vecinos dispersos por la zona. El día comienza con el desayuno que prepara Odelia antes de que Rosalino salga a trabajar la tierra. Ella cuida de la casa y de los animales; él recorre los cultivos, en una rutina que han mantenido durante décadas.

La casa y la chacra

En la entrevista grabada por el canal Max CQ, Odelia enseña el fogón de leña en el que cocina y explica que guarda gas para una emergencia. A su alrededor hay gallinas y cuyes, mientras que la finca produce maíz, plátanos, aguacates y otros alimentos que consumen o utilizan para alimentar a los animales.

La pareja obtiene agua de una quebrada mediante una manguera. Para conseguir aquello que no cultivan, Odelia baja a San Ramón en transporte colectivo y vuelve con provisiones que, según explica, pueden durarles uno o dos meses. El aislamiento también condiciona la comunicación. El autor del vídeo señala que allí no hay señal de móvil y que, para hablar con sus hijos, la familia tiene que desplazarse a un lugar con cobertura; una radio les permite seguir las noticias.

La electricidad tampoco está garantizada. Odelia muestra un panel solar y cuenta que cuando disponen de luz pueden encender el televisor, pero aclara que la mayor parte del tiempo carecen de ella.

La tranquilidad del lugar

Odelia dice que no le atrae vivir en el pueblo por el tráfico y el ruido: "No se puede ni dormir", afirma en la grabación. Prefiere la casa entre árboles, aunque sus hijos les han propuesto trasladarse y ella misma tiene otra vivienda en San Ramón.

Su intención, explica, es seguir allí mientras pueda caminar y ocuparse de sus tareas: "Mientras que esté bien, mientras que camino", dice Odelia. Además de las compras y las visitas familiares, cuenta que a veces llegan viajeros a los que ofrece comida y alojamiento; al despedirse del visitante, se describe así: "Yo así soy alegre bromista".

Rosalino muestra al visitante la chacra y un pequeño cementerio familiar junto a los cultivos. Durante el recorrido habla de las plantas, del maíz y de los caminos por los que antes se desplazaban los habitantes de la zona. Nueva Italia se encuentra junto al santuario nacional de Pampa Hermosa, en la región de Junín. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú sitúa allí el acceso al área protegida, conocida por sus bosques montanos y sus cedros de altura.

El último viernes de octubre llegará con tiempo estable en la mayor parte de la Península, aunque el Mediterráneo concentrará las excepciones: en Baleares se esperan chubascos durante las horas centrales del día y en las costas del este peninsular podrían caer precipitaciones dispersas.

La posibilidad de lluvia convivirá con cielos poco nubosos o cubiertos únicamente por nubes altas en amplias zonas del país, donde las altas presiones seguirán marcando la jornada y las temperaturas diurnas presentarán diferencias apreciables entre unas capitales y otras. En el sur, Sevilla podría llegar a los 29 grados y Badajoz a los 28, mientras que Santander se quedaría en 17 y San Sebastián en 18; durante la madrugada, el viento será otro factor a tener en cuenta en el Estrecho.

Lluvias y nubosidad en el Mediterráneo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa en Baleares los chubascos más destacados del viernes 30 de octubre: se producirán en las horas centrales, podrían ser puntualmente fuertes y venir acompañados de alguna tormenta, dentro de una jornada de cielos nubosos en el archipiélago.

En la vertiente mediterránea y el interior oriental de la Península habrá intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles o algún chubasco disperso en los litorales de Cataluña y de la Comunidad Valenciana; en el resto predominarán los cielos poco nubosos o las nubes altas.

La previsión contempla asimismo brumas o bancos de niebla a primera hora en Galicia, el Cantábrico, Melilla, el este de Albacete y el bajo Ebro, por lo que la presencia de sol en gran parte del país no será uniforme desde el comienzo del día. En Canarias aún quedarán restos de calima en la mitad oriental del archipiélago, aunque el pronóstico no extiende a las islas los chubascos previstos en Baleares y señala allí un ligero descenso de las temperaturas.

Temperaturas, nieblas y viento

Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico, el oeste de las mesetas y el cuadrante nordeste, mientras subirán en el oeste de Galicia y apenas variarán en las demás zonas; las mínimas, en cambio, aumentarán en casi toda la Península y Baleares, según la predicción de la AEMET.

Entre las capitales, la máxima prevista es de 29 grados en Sevilla, 28 en Badajoz y 27 en Granada y Huelva, frente a los 17 de Santander y Lugo y los 19 de Oviedo y Huesca; Madrid alcanzará 22 grados y Barcelona, 21. Las mínimas previstas muestran otro reparto: Soria bajará hasta los 5 grados y Burgos, Salamanca, Pamplona y Teruel hasta los 6, mientras Madrid tendrá 13 y Palma, 11; en las cumbres del Pirineo se esperan heladas débiles.

El levante soplará moderado en Alborán y el Estrecho, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes de madrugada en esta última zona; en el resto de la Península el viento será flojo, variable en el interior y con tendencia a ganar intensidad de componente este en el Mediterráneo y el Cantábrico.

En las islas Baleares más orientales se espera que el viento tienda a arreciar del norte, mientras que en Canarias será flojo y variable, conforme a la misma predicción para el viernes.