La Policía Nacional ha procedido a la detención en Bilbao de un joven de 20 años acusado de administrar los canales oficiales de comunicación del movimiento 'Blocus Bilbao', desde los que se instaba a causar disturbios y saquear comercios. La operación policial se ha saldado hasta el momento con el arresto de siete personas en distintas provincias, en su mayoría menores de edad, vinculadas a la gestión de estas plataformas en redes sociales. Al detenido se le imputan presuntos delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos, delitos contra la propiedad y pertenencia a grupo organizado.

Las investigaciones lideradas por la Brigada Provincial de Información determinaron que el arrestado gestionaba perfiles en Instagram y Telegram desde los que se difundían convocatorias para el centro de la capital vizcaína coincidiendo con la festividad de Halloween y la 'Gau beltza'. En dichos espacios virtuales se realizaban llamamientos explícitos para atacar establecimientos de productos de alta gama con consignas claras como "ir a por tiendas caras, solo tiendas de lujo", además de exigir a los asistentes el uso de máscaras y guantes para evitar su identificación por parte de las fuerzas de seguridad.

Difusión de manuales de fabricación de artefactos explosivos

La gravedad de las actuaciones detectadas en el canal de Telegram no se limitaba a la planificación de los saqueos comerciales. Los agentes de la Policía Nacional constataron que en el grupo se compartían manuales detallados para la confección de artefactos explosivos e instrucciones precisas para la elaboración de cócteles molotov. Entre el material intervenido figuraban contenidos procedentes de páginas vinculadas a organizaciones terroristas árabes, los cuales se instaba a propagar masivamente para reclutar a más participantes.

Al sospechoso también se le atribuye la colaboración directa en los altercados acaecidos el pasado lunes en Bilbao. La neutralización del administrador se considera un paso clave para desactivar el núcleo organizativo de las protestas violentas programadas para el fin de semana.

Refuerzo de la Ertzaintza y blindaje preventivo en el comercio

Ante el riesgo manifiesto de altercados, el Gobierno Vasco ha tomado la determinación de activar la alerta en todas las comisarías de la Ertzaintza, otorgando capacidad a cada centro operativo para convocar los refuerzos de personal que estimen oportunos. Esta medida preventiva busca garantizar la seguridad ciudadana en un fin de semana que acumula hasta 25 manifestaciones y concentraciones de diversa índole autorizadas en la comunidad autónoma.

La alarma generada por la propagación de estos mensajes ha llevado al sector comercial de Guipúzcoa a tomar medidas extremas. En el centro de Donostia, numerosos establecimientos dedicados a la venta de productos de gama alta han comenzado a tapiar sus escaparates con madera y reforzar los accesos principales para prevenir posibles actos vandálicos y saqueos durante las movilizaciones.

El uso de exoesqueletos para levantar cargas, trabajar con los brazos elevados o realizar movimientos repetitivos centrará una jornada organizada por la Oficina Acelera pyme de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) el próximo 4 de noviembre. El encuentro permitirá conocer y probar dispositivos destinados a mejorar la ergonomía y prevenir riesgos laborales, además de abordar la experiencia de Embutidos La Hoguera con su implantación.

La sesión, titulada ‘Exoesqueletos e IA en el entorno laboral’, comenzará a las 10 horas en el Aula de Caja Rural de Soria, situada en la planta baja del número 1 de la calle Diputación. La inscripción será gratuita y podrá formalizarse a través de la Oficina Acelera pyme de FOES.

El programa combinará demostraciones, una ponencia especializada y un caso empresarial para mostrar qué asistencia ofrece cada equipo y valorar sus posibles aplicaciones en función de las características de los puestos de trabajo.

La empresa Healthy Suits abrirá la jornada con tres dispositivos orientados a tareas que requieren esfuerzo lumbar, como la manipulación de cargas o el trabajo con el tronco inclinado. El modelo Muscle Suit Every utiliza un sistema neumático sin alimentación eléctrica, mientras que Muscle Suit Soft Power y Muscle Suit Soft Light son soluciones textiles que combinan el soporte con la movilidad. Sus aplicaciones abarcan actividades de producción, almacén, logística, agricultura y cuidados.

A continuación, el presidente de la Asociación Española de Ergonomía y consultor de Factor Humano en Prevecontrol, Gustavo Rosal, impartirá la ponencia ‘Humano 2.0 en la Industria 4.0: ergonomía y exoesqueletos’, en la que abordará estas tecnologías y su incorporación a los entornos industriales.

El proyecto Polea Lab, dedicado a impulsar la innovación en robótica y conectividad privada, presentará equipos de apoyo para hombros y brazos en trabajos con las extremidades elevadas o extendidas, así como dispositivos que permiten adoptar una postura semisentada en tareas estáticas o facilitan el trabajo de rodillas.

También mostrará soluciones para estabilizar la muñeca, sostener el cuello durante tareas por encima de la cabeza y asistir al pulgar y los dedos en operaciones repetitivas de presión, pulsación o inserción de piezas.

La experiencia empresarial soriana llegará de la mano de Embutidos La Hoguera, que explicará la incorporación de exoesqueletos a su actividad productiva. Su intervención permitirá acercar a los asistentes un caso práctico de aplicación de estos equipos en el trabajo.

El encuentro finalizará con un espacio de exposición y prueba en el que los participantes podrán utilizar los dispositivos y consultar con especialistas qué soluciones se ajustan a las necesidades de su actividad.

Un insólito suceso que parece sacado de un guion cinematográfico ha puesto en jaque a las autoridades rumanas. Según informa el medio rumano Digi24, los investigadores intentan reconstruir cómo han desaparecido casi 700.000 euros en metálico que permanecían bajo custodia oficial en la oficina de aduanas del aeropuerto de Otopeni, en Bucarest. La elevada suma pertenecía a una mujer que había llegado al país a principios de año a bordo de un vuelo privado procedente de Dubái.

El origen del caso se remonta al pasado 9 de enero, cuando la pasajera y su hija declararon no llevar equipaje ni bienes que registrar tras aterrizar en el aeródromo. Sin embargo, los agentes fronterizos inspeccionaron sus pertenencias e interceptaron la abultada suma de dinero no declarada. Cumpliendo con el protocolo, un inspector de aduanas colocó los fajos de billetes en una bolsa de seguridad, la selló con el precinto oficial y la depositó dentro de la caja de seguridad de la dependencia aduanera.

Un corte en la base y el cambiazo por hojas de papel

La trama dio un giro inesperado durante una revisión rutinaria llevada a cabo el 23 de octubre, cuando otro inspector observó que el paquete depositado carecía del peso y el volumen originales. Pese a que el sello de seguridad oficial permanecía aparentemente intacto, un examen minucioso reveló una costura inusual en la parte inferior de la bolsa de plástico.

Los investigadores descubrieron que el autor o autores del robo cortaron la base de la bolsa, extrajeron la práctica totalidad del dinero y la volvieron a coser para evitar levantar sospechas. Al abrir finalmente el recipiente, los agentes comprobaron que los fajos de euros habían sido sustituidos por hojas de papel en blanco y un único billete testimonial.

Fallos en la custodia y ausencia de videovigilancia

El hallazgo ha destapado severas deficiencias en los protocolos de custodia del aeropuerto. Según la información proporcionada por Digi24, la autoridad aduanera ya había sido notificada en el mes de abril de que el dinero no se estaba almacenando en las condiciones de seguridad adecuadas, sin que se tomaran medidas correctivas.

Para complicar aún más las pesquisas, la estancia donde se custodiaba la caja fuerte carecía de cámaras de videovigilancia, aunque los agentes confían en revisar las imágenes del pasillo de acceso. Tras notificar formalmente el caso a la policía, se ha puesto en marcha un control interno para verificar el cumplimiento de los procedimientos y determinar qué funcionarios tuvieron acceso a dicho espacio.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la nulidad del despido de una camarera de un establecimiento de hostelería de Bilbao que fue despedida pocos días después de reclamar a la empresa, a través del grupo de WhatsApp del negocio, la entrega de su hoja de salario correspondiente al mes de agosto. La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, confirma la readmisión obligatoria de la trabajadora, el abono de los salarios dejados de recibir y una indemnización de 7.500 euros por daños morales, según recoge Deia.

La trabajadora, contratada de forma indefinida a tiempo parcial desde abril de 2025, solicitó el 29 de agosto su hoja salarial mediante mensajes dirigidos a la empresa. Unos días después recibió una carta de despido disciplinario en la que se le comunicaba una "pérdida de confianza" relacionada con la atención prestada a la clientela. Según recoge la sentencia, el juzgado consideró acreditado que la empresaria llegó a "invitar a la trabajadora a abandonar el empleo y al parecer la insulta y amenaza", aunque algunos de esos mensajes "fueron posteriormente eliminados" de la conversación.

La cercanía temporal, clave para el tribunal

Los jueces consideran especialmente relevante la "cercanía temporal" entre la reclamación salarial y el despido, producido apenas unos días después, así como la ausencia de una explicación convincente que "permitiera desvincular ambas circunstancias". Esa coincidencia en el tiempo, unida a la falta de argumentos sólidos por parte de la empresa, lleva al tribunal a concluir que el despido vulneró la garantía de indemnidad de la trabajadora, es decir, su derecho a reclamar sin represalias.

La versión del dueño: "Es una maniobra orquestada"

El dueño del negocio, en declaraciones recogidas por Deia, sostiene que "es una maniobra orquestada contra la empresa". En sus palabras, el escrito "no refleja" realmente lo ocurrido. "No tiene ningún sentido que la despida por pedir la nómina", explica. En esta línea, señala que todo reside en "el mal trato" dado a los clientes, que muchos de ellos habían dejado de ir al local. Su versión, sin embargo, no ha convencido a los tribunales, que han primado la proximidad entre la reclamación y el despido.

La sentencia confirma la readmisión obligatoria de la trabajadora en las mismas condiciones que tenía antes del despido, el abono de todos los salarios dejados de recibir durante el tiempo que permaneció fuera de la empresa y una indemnización de 7.500 euros por los daños morales derivados de la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la garantía de indemnidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón a la Seguridad Social y ha confirmado la obligación de una mujer de devolver 18.123,24 euros que cobró de forma indebida durante más de cuatro años. La beneficiaria percibía al mismo tiempo una pensión de viudedad y otra de jubilación no contributiva, dos prestaciones que, según la resolución, eran incompatibles.

La mujer comenzó a cobrar la pensión de viudedad en abril de 2017. Antes de esa fecha ya tenía reconocida una prestación de jubilación no contributiva, que abonaba el Gobierno de Canarias. Tras cruzar los datos, la Administración autorizó el pago de la pensión de viudedad.

De hecho, en un correo electrónico recogido en la sentencia, un responsable del Instituto Social de la Marina (ISM) comunicó que la prestación se pusiera al cobro porque la beneficiaria "tiene derecho a la pensión no contributiva". Así, la mujer estuvo recibiendo ambas pensiones durante más de cuatro años.

Sin embargo, posteriormente la Seguridad Social reclamó la devolución de 18.123,24 euros en concepto de prestaciones indebidamente percibidas, al considerar que las dos ayudas no podían cobrarse simultáneamente. El caso terminó en los tribunales.

La mujer no acudió al juicio inicial

El Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria dio la razón a la Seguridad Social. La sentencia señaló que la incomparecencia de la demandada no eximía a la parte demandante de aportar pruebas, pero consideró acreditado el cobro simultáneo de las dos prestaciones y su incompatibilidad.

La beneficiaria recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En esta ocasión alegó que los errores administrativos no podían perjudicar a una ciudadana que había actuado de buena fe, y trató de apoyarse en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos conocida como Cakarevic.

La Sala rechazó esos argumentos al considerarlos una "cuestión nueva". La mujer no había planteado esa defensa durante el procedimiento en primera instancia, por lo que el tribunal no podía examinarla en el recurso.

La resolución recuerda que "no pueden ser examinadas en suplicación todas aquellas cuestiones que, en el poder de disposición de las partes, no fueron propuestas por estas en la instancia". Es decir, los argumentos que no se presentan en el juicio inicial no pueden incorporarse después como una nueva línea de defensa ante el tribunal superior.

La devolución de los 18.123 euros queda confirmada

El TSJ de Canarias mantiene así la obligación de reintegrar los 18.123,24 euros. Aunque la Administración conocía que la mujer cobraba ambas prestaciones y había autorizado inicialmente los pagos, la Sala considera que la defensa basada en los errores administrativos no podía analizarse en esa fase del procedimiento.

La sentencia subraya que el recurso de suplicación no permite introducir cuestiones que no se discutieron ante el juzgado de origen. Por ello, la resolución confirma el fallo que obliga a la beneficiaria a devolver las cantidades percibidas de forma indebida.

La Guardia Civil ha detenido hoy en Picanya (Valencia) al presunto fundador y principal impulsor en España del movimiento Blocus, vinculado a convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles, buscaba llevar a cabo saqueos y actos violentos.

Al investigado se le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se coordinaban estas acciones. Desde su perfil, en esta red social difundió un vídeo en el que aparece un encapuchado que se autoproclama líder de Blocus. Él mismo se presentaba en redes como responsable del movimiento en España.

Los hechos investigados podrían constituir delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal, sin perjuicio de la calificación que resulte de la instrucción. La actuación ha permitido identificar al presunto principal promotor en apenas unos días, antes de la nueva movilización anunciada para el 31 de octubre en varios lugares de España.

La investigación se relaciona con los disturbios del 24 de octubre en Barcelona, en los que alrededor de 500 personas participaron en los altercados, los cuales tuvieron como resultado numerosos comercios saqueados, incendios y varios detenidos, muchos de ellos menores, según el balance recogido en las actuaciones.

Protestas

La captación comenzaba con vídeos en TikTok y carteles, elaborados con carteles de inteligencia artificial y códigos QR, desde donde los interesados eran derivados a grupos de WhatsApp y Telegram y, posteriormente, a canales privados. Los organizadores pedían difundir los enlaces en grupos de clase y otros espacios del entorno escolar, lo que facilitaba la llegada de las convocatorias a menores de edad.

Los mensajes indicaban acudir con mochilas, material escolar y pancartas para aparentar una reivindicación estudiantil, pero también vestir ropa negra y máscaras para dificultar la identificación. Para los agentes, estas consignas revelan que la protesta se utilizaba como cobertura de acciones violentas previamente planificadas.

Nuevos saqueos

Para el 31 de octubre se había previsto reunir a los participantes en un punto general y comunicar después, mediante un chat privado, qué establecimientos carecían de presencia policial. El objetivo era dirigir los saqueos en tiempo real hacia los comercios considerados más accesibles. En las conversaciones se señalaron joyerías, tiendas de lujo y grandes almacenes.

Además, algunos participantes propusieron incendiar comercios e incluso el Ayuntamiento de Barcelona. También se detectaron medidas para borrar mensajes y trasladar las comunicaciones a canales más cerrados.

El seguimiento de fuentes abiertas y canales de mensajería permitió relacionar al investigado con varios grupos de Telegram, algunos sustituidos por otros tras su cierre. Los investigadores detectaron preparativos para nuevas convocatorias durante las semanas siguientes en Barcelona y otras ciudades españolas. La detención se ha producido mientras se preparaban esas movilizaciones y antes de la convocatoria del 31 de octubre.

La difusión en grupos escolares y el hecho de que la mayoría de los detenidos el 24 de octubre fueran menores de edad evidencian la especial exposición de los adolescentes a estas convocatorias. La Guardia Civil advierte de que promover o participar en actos violentos puede dar lugar a investigaciones por delitos graves y a consecuencias judiciales relevantes, también para los menores, conforme a su régimen específico de responsabilidad penal.