La asociación de inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha abogado este viernes por la "refundación" de una Agencia Tributaria que "vive hoy la peor crisis de su historia", derivada tanto de la pérdida de prestigio como de problemas internos, "utilización política" y "conflictividad laboral".

Los inspectores de Hacienda han presentado el documento 'Una administración tributaria para los ciudadanos' en el marco del XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda que se celebra estos días en Toledo, marcado por el accidente ferroviario del miércoles.

En el documento, los inspectores hacen un balance muy negativo de la administración tributaria, que se ha visto "instrumentalizada" por el poder político en varias ocasiones, entre ellas cuando la exministra de Hacienda María Jesús Montero "hizo declaraciones públicas sobre la situación fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pese al deber de secreto".

A esto se suman la falta de interacción con los contribuyentes, que se encuentran un "muro" que impide cualquier diálogo, y errores de comunicación, por ejemplo que la Agencia no haya defendido a los inspectores cuando un despacho extranjero los llama "mafia".

En ese sentido, la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, ha lamentado que en los últimos meses los inspectores han sufrido "una campaña sin precedentes de ataques" con el objetivo de "desprestigiar" la profesión, incluso con "insultos", sin que la Agencia Tributaria los haya defendido.

La Agencia "ha perdido la independencia frente al poder político", ha añadido el portavoz José María Peláez, como se observa en la "catarata de nombramientos y ceses" de los últimos meses. "Faltan medios y sobra burocracia", resume.

Director general nombrado por las Cortes

Ante esta situación, los inspectores piden refundar la Agencia Tributaria con la aprobación de un Estatuto que le otorgue autonomía orgánica y funcional, de manera que el director general sea nombrado por las Cortes para cinco años renovables una sola vez, que rinda cuentas ante el Parlamento y desligado del secretario de Estado de Hacienda.

Esa futura Agencia debería contar con una financiación estable y plurianual, ligada a su carga de trabajo e inversiones con independencia de la recaudación, y un sistema permanente de auditoría sobre las necesidades de personal.

Plan permanente de inspección de partidos políticos

Para mejorar la lucha contra el fraude -"se necesitan muchos más medios, insiste De la Herrán-, los inspectores proponen integrar todas las facultades de comprobación en un único departamento de control y en una inspección integral que abarque todos los impuestos, lo que permitiría centrar las actuaciones en los casos más graves de fraude.

Además, proponen crear una Oficina Nacional Antifraude (ONAF) que persiga el fraude fiscal organizado, el contrabando y el blanqueo de capitales, de la que dependería la policía fiscal.

Junto a ello, exigen reformas legales para poder realizar actuaciones sin identificación previa e implementar un plan "especial y permanente de inspección de representantes y partidos políticos", así como un seguimiento patrimonial de los condenados por corrupción.

También establecer la obligación de conservar la contabilidad y los justificantes, crear un régimen especial para defraudadores o un sistema de 'muerte civil' para estos, por ejemplo revocando el NIF.

Asimismo, insisten en la necesidad de contar con un Consejo Asesor de la Agencia Tributaria en el que participen todas las administraciones que aleje el riesgo de fragmentación por la cesión de la gestión tributaria a la Generalitat de Cataluña. "Nos ha salvado la campaña" de las elecciones, ha celebrado Peláez.

IA: Hacer lo que hoy no es posible

Los inspectores también reclaman llevar la inteligencia artificial (IA) al día a día de los inspectores, de manera que cada uno de ellos pueda analizar "miles de operaciones y detectar anomalías, es decir, de "hacer lo que hoy no es posible".

Para ello, ven necesario implementar un plan de inteligencia artificial en el puesto de trabajo -debido al carácter reservado de los datos, solo podrían usarse herramientas propias-, con agentes especializados, acompañado de un programa de formación y con la garantía de que siempre habrá supervisión humana. 

Los ingresos por impuestos siguen creciendo a tasas sostenidas: el alza fue del 10% en los tres primeros trimestres del año, hasta los 248.326 millones de euros, según los datos publicados este viernes por la Agencia Tributaria. Salvo en agosto, que se vio afectado por efectos de calendario, la recaudación ha crecido todos los meses a tasas de doble dígito. El ritmo se ha mantenido incluso con el desplome del impuesto sobre hidrocarburos, cuya recaudación cayó un 13% en el periodo y un 25% solo en septiembre. Esta fuerte corrección se debe a las rebajas fiscales aprobadas para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo, que en su conjunto han restado unos 3.000 millones a las arcas públicas hasta el noveno mes del año.

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La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha lanzado este viernes un mensaje muy pesimista sobre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En su opinión, este organismo atraviesa “la peor crisis de su historia” y corre el riesgo de dejar de existir tal y como fue concebido en 1992. Durante el XXXVI Congreso de la asociación, celebrado este jueves y viernes en Toledo, el colectivo ha denunciado la pérdida de prestigio e independencia de la entidad, que atribuye a las injerencias del poder político, las filtraciones de datos reservados y una política de comunicación defensiva que, a su juicio, la han dejado desprotegida. Para revertir esta situación, los inspectores reclaman una refundación integral de la agencia mediante la aprobación urgente de su Estatuto, pendiente de desarrollo desde hace más de tres décadas.

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La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, ha denunciado este jueves el “abandono y la desidia” que, a su juicio, afectan a las Administraciones públicas de España y contribuyen a su deterioro. Lo ha hecho durante la inauguración del XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda, que se celebra en la ciudad de Toledo precisamente un día después del trágico accidente ferroviario de Urda, que ha dejado al menos 69 fallecidos. Entre las víctimas mortales, a las que se suman decenas de heridos, se encuentra Antonio Montero, inspector de Hacienda con una larga y reconocida trayectoria en el cuerpo, cuya muerte ha marcado un encuentro al que también ha asistido Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, en representación del Gobierno.

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La sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve al centro del debate político en plena campaña electoral. Mientras el Gobierno defiende que las prestaciones están garantizadas, la oposición reclama que, aunque sea un sistema viable, necesitará reformas en el futuro. Por su parte, Vox va más allá y plantea semiprivatizarlas. Sin embargo, más allá de las valoraciones de los partidos, los últimos movimientos presupuestarios también ponen el foco en la financiación del sistema. En apenas siete días, el Consejo de Ministros ha aprobado dos operaciones que suman casi 12.100 millones de euros al presupuesto de la Seguridad Social.

Primero, un préstamo de 10.000 millones

Según publicó El Confidencial, el pasado 20 de octubre el Estado transfirió 10.003,08 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante un préstamo destinado a atender los pagos de las pensiones. Es decir, como los ingresos del sistema no son suficientes para contener los gastos, el Estado debe intervenir aportando capital adicional.

De hecho, esta operación se repite cada año desde 2023 en el mes de octubre. Con ella se permite dotar al Ministerio que dirige Elma Saiz de tiempo con el que planificar el pago de las pensiones de los meses de noviembre y diciembre, incluyendo la paga extra. No obstante, no se trata de un cheque en blanco; tiene condiciones de devolución. Se trata de un préstamo sin intereses que la Seguridad Social debe devolver al Estado en un plazo máximo de diez años, contados desde el año siguiente al de su concesión.

Segundo, una transferencia de casi 2.100 millones

Pese a esta inyección de recursos, este martes —tan solo siete días después del préstamo—, el Ejecutivo ha aprobado una segunda operación, esta vez por un importe de 2.090 millones de euros. Según recoge la referencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda quiere dar respuesta a una necesidad de "carácter ineludible e inaplazable", con la que pretende "dar cumplimiento al compromiso de aportaciones del Estado por el Pacto de Toledo".

Además, en esta ocasión sí que se especifica en qué partidas concretas se destinará el capital: financiará "los gastos de naturaleza no contributiva". En el sistema de la Seguridad Social conviven dos tipos de prestaciones. Las contributivas se reconocen, por regla general, en función de las cotizaciones que una persona ha realizado durante su vida laboral. Las no contributivas, en cambio, están destinadas a proteger a quienes carecen de recursos suficientes y no han cotizado, o no lo han hecho durante el tiempo necesario, para acceder a una pensión contributiva.

Es el caso del Ingreso Mínimo Vital, las pensiones de orfandad o las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que garantizan unos ingresos a personas que cumplen los requisitos establecidos, aunque no hayan cotizado lo suficiente para generar derecho a una pensión contributiva. Y también existen otros gastos que, aunque están relacionados con prestaciones contributivas, se financian con recursos del Estado, como los complementos a mínimos que elevan determinadas pensiones hasta la cuantía mínima establecida.

¿Cómo va el presupuesto de 2026?

Los últimos datos disponibles del presupuesto de la Seguridad Social son hasta agosto. Pues bien, en los primeros ocho meses del presente año, los ingresos ascienden hasta algo más de 171.000 millones y los gastos hasta los 164.000 millones: unos 144.000 millones del lado contributivo, otros 17.000 del no contributivo y unos 3.000 millones en gastos internos como el pago de la plantilla o el mantenimiento de las infraestructuras.

Es decir, el sistema cuenta con un superávit de 7.000 millones. ¿Entonces para qué necesita más capital del Estado? Por un lado, para poder prever el pago de los meses que quedan, y por otro, porque no es oro todo lo que reluce.

El desglose de los ingresos ayuda a entender esta dependencia de los recursos públicos. Las cotizaciones sociales suman unos 126.000 millones de euros, frente a los cerca de 144.000 millones que asciende el gasto contributivo. Es decir, las aportaciones de trabajadores y empresas no bastan para cubrir por sí solas las prestaciones contributivas y la diferencia debe compensarse con otras fuentes de financiación, entre ellas las transferencias del Estado, que se acercan a los 44.000 millones de euros.

Pero hay una segunda cuestión: el presupuesto también debe hacer frente a los gastos no contributivos, que hasta agosto rondan los 17.000 millones. Y hay otra mala noticia. Los presupuestos están prorrogados desde 2023 y lo que revela la segunda referencia del Consejo de Ministros es que la Seguridad Social no puede hacer frente al pago de esta parte del sistema con los mismos recursos de los que disponía en 2023. Es decir, necesita más dinero y por ello ha tenido que ampliar el crédito destinado a cumplir este compromiso en casi 2.100 millones adicionales.

Ciudad de México, 26 oct (Prensa Latina) Organizaciones pertenecientes a la Confederación de Cámaras Industriales rechazaron hoy los bloqueos carreteros de transportistas en varias regiones de México y expresaron su disposición al diálogo para atender las demandas del sector.

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