La sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve al centro del debate político en plena campaña electoral. Mientras el Gobierno defiende que las prestaciones están garantizadas, la oposición reclama que, aunque sea un sistema viable, necesitará reformas en el futuro. Por su parte, Vox va más allá y plantea semiprivatizarlas. Sin embargo, más allá de las valoraciones de los partidos, los últimos movimientos presupuestarios también ponen el foco en la financiación del sistema. En apenas siete días, el Consejo de Ministros ha aprobado dos operaciones que suman casi 12.100 millones de euros al presupuesto de la Seguridad Social.

Primero, un préstamo de 10.000 millones

Según publicó El Confidencial, el pasado 20 de octubre el Estado transfirió 10.003,08 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante un préstamo destinado a atender los pagos de las pensiones. Es decir, como los ingresos del sistema no son suficientes para contener los gastos, el Estado debe intervenir aportando capital adicional.

De hecho, esta operación se repite cada año desde 2023 en el mes de octubre. Con ella se permite dotar al Ministerio que dirige Elma Saiz de tiempo con el que planificar el pago de las pensiones de los meses de noviembre y diciembre, incluyendo la paga extra. No obstante, no se trata de un cheque en blanco; tiene condiciones de devolución. Se trata de un préstamo sin intereses que la Seguridad Social debe devolver al Estado en un plazo máximo de diez años, contados desde el año siguiente al de su concesión.

Segundo, una transferencia de casi 2.100 millones

Pese a esta inyección de recursos, este martes —tan solo siete días después del préstamo—, el Ejecutivo ha aprobado una segunda operación, esta vez por un importe de 2.090 millones de euros. Según recoge la referencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda quiere dar respuesta a una necesidad de "carácter ineludible e inaplazable", con la que pretende "dar cumplimiento al compromiso de aportaciones del Estado por el Pacto de Toledo".

Además, en esta ocasión sí que se especifica en qué partidas concretas se destinará el capital: financiará "los gastos de naturaleza no contributiva". En el sistema de la Seguridad Social conviven dos tipos de prestaciones. Las contributivas se reconocen, por regla general, en función de las cotizaciones que una persona ha realizado durante su vida laboral. Las no contributivas, en cambio, están destinadas a proteger a quienes carecen de recursos suficientes y no han cotizado, o no lo han hecho durante el tiempo necesario, para acceder a una pensión contributiva.

Es el caso del Ingreso Mínimo Vital, las pensiones de orfandad o las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que garantizan unos ingresos a personas que cumplen los requisitos establecidos, aunque no hayan cotizado lo suficiente para generar derecho a una pensión contributiva. Y también existen otros gastos que, aunque están relacionados con prestaciones contributivas, se financian con recursos del Estado, como los complementos a mínimos que elevan determinadas pensiones hasta la cuantía mínima establecida.

¿Cómo va el presupuesto de 2026?

Los últimos datos disponibles del presupuesto de la Seguridad Social son hasta agosto. Pues bien, en los primeros ocho meses del presente año, los ingresos ascienden hasta algo más de 171.000 millones y los gastos hasta los 164.000 millones: unos 144.000 millones del lado contributivo, otros 17.000 del no contributivo y unos 3.000 millones en gastos internos como el pago de la plantilla o el mantenimiento de las infraestructuras.

Es decir, el sistema cuenta con un superávit de 7.000 millones. ¿Entonces para qué necesita más capital del Estado? Por un lado, para poder prever el pago de los meses que quedan, y por otro, porque no es oro todo lo que reluce.

El desglose de los ingresos ayuda a entender esta dependencia de los recursos públicos. Las cotizaciones sociales suman unos 126.000 millones de euros, frente a los cerca de 144.000 millones que asciende el gasto contributivo. Es decir, las aportaciones de trabajadores y empresas no bastan para cubrir por sí solas las prestaciones contributivas y la diferencia debe compensarse con otras fuentes de financiación, entre ellas las transferencias del Estado, que se acercan a los 44.000 millones de euros.

Pero hay una segunda cuestión: el presupuesto también debe hacer frente a los gastos no contributivos, que hasta agosto rondan los 17.000 millones. Y hay otra mala noticia. Los presupuestos están prorrogados desde 2023 y lo que revela la segunda referencia del Consejo de Ministros es que la Seguridad Social no puede hacer frente al pago de esta parte del sistema con los mismos recursos de los que disponía en 2023. Es decir, necesita más dinero y por ello ha tenido que ampliar el crédito destinado a cumplir este compromiso en casi 2.100 millones adicionales.

La pensión de viudedad es la única de las grandes prestaciones del sistema que pierde beneficiarios. En el último año ha retrocedido un 0,2%, un porcentaje pequeño, pero que contrasta con la subida del 2,4% en la de jubilación y del 1,8% en la de incapacidad permanente. El Gobierno aprobó la semana pasada una reforma de la pensión de viudedad con potencial para aumentar el colectivo: ganan el derecho a ella las parejas con hijos que no formalizasen la relación, ya sea como pareja de hecho o casándose. El Ministerio de Seguridad Social no cuantifica a cuántas personas beneficiará esta medida, pero sí da cuenta del número actual de pensiones de viudedad. Y se aprecia un fenómeno consistente desde hace años y que va a la contra respecto al principal tipo de prestación, la de jubilación. Mientras que estas han avanzado en un millón en la última década, las de viudedad están estancadas e incluso retroceden. Los especialistas apuntan a varios factores, entre ellos el demográfico: la diferencia entre la esperanza de vida de hombres y mujeres se estrecha y, por tanto, el tiempo de percepción de la prestación de viudedad es menor.

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Santo Domingo, 27 oct (Prensa Latina) Las fuertes precipitaciones provocadas por una vaguada que afecta hoy a República Dominicana no impidieron que bioanalistas jubilados acudieran al Palacio Nacional para reclamar mejores pensiones.

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La reforma del sistema de pensiones de 2023, implementada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introdujo penalizaciones económicas de hasta el 30% sobre la cuantía de la pensión final para desincentivar el retiro de los trabajadores antes de la edad ordinaria de jubilación y favorecer carreras laborales más largas. El objetivo de fondo era aliviar la presión que ejercerá sobre las cuentas de la Seguridad Social la jubilación masiva de la generación del baby boom, que ya ha comenzado a retirarse. Es decir, retrasar la edad efectiva de jubilación para contener el aumento del gasto en pensiones que afrontará el sistema durante las próximas décadas.

Sin embargo, los datos acumulados de 2026 hasta agosto traen malas noticias. Las jubilaciones demoradas (aquellas en las que el trabajador sale del mercado laboral con más de 65 años si ha cotizado 38 años y 3 meses o con más de 66 años y 10 meses si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses) representan el 12% sobre el total de personas que se han jubilado en los primeros ocho meses del año. Concretamente, casi 28.800 trabajadores optaron por esta modalidad respecto a las 247.200 altas del sistema.

Las optimistas proyecciones del Gobierno

Durante los años previos a la reforma, los jubilados que optaban por esta modalidad apenas representaban menos del 5% sobre el total. Sin embargo, desde que se introdujeron los desincentivos económicos, esta proporción ha ido escalando gradualmente: del 5,4% de 2022 al 8,1% en 2023, seguido del 9,3% en 2024, el 10,9% en 2025 y el 11,6% entre enero y agosto de 2026.

No obstante, estas cifras distan mucho de los cálculos estimados por el Gobierno. En 2023, el Ministerio que dirigía José Luis Ecrivá remitió a la Comisión Europea el documento con sus Proyecciones del gasto público en pensiones hasta 2050, a fin de recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos. Pues bien, en estas proyecciones, el entonces ministro de Seguridad Social apuntó que en 2026 se registrarían alrededor de 285.000 jubilaciones demoradas sobre un total de 345.000 altas, es decir, tendrían que haber representado el 83% del total en vez de un 11,6% como finalmente ha ocurrido.

Impacto económico de la sobreestimación

La cuestión no es solo que la estimación sea inexacta, sino también sus repercusiones económicas sobre el gasto público. El documento enviado a Bruselas calculaba que, como consecuencia del impacto de los nuevos incentivos a la jubilación demorada, se podría reducir el gasto un 0,14% sobre el PIB en 2025 y un 0,17% en 2026. En euros contantes y sonantes supondrían unos 2.300 y 2.900 millones de euros menos, respectivamente.

Sin embargo, dado que sus estimaciones no se han cumplido, este ahorro ha sido menor. Según cálculos de El Independiente, si se aplica de forma orientativa la proporción observada a las estimaciones del Gobierno, los 2.300 millones de euros que la Seguridad Social esperaba reducir del gasto en pensiones en 2025 se quedarían en unos 300 millones, mientras que los 2.900 millones proyectados para 2026 bajarían a alrededor de 400 millones.

De hecho, la desviación optimista no se limita a las jubilaciones demoradas, sino que también se ha producido sobre las previsiones globales. La reforma contemplaba más medidas, además de los desincentivos a retrasar la jubilación (como el incremento de los ingresos a través del refuerzo de las cotizaciones sociales o la elevación anual de la edad ordinaria de jubilación, entre otras), para reducir el gasto público.

Sin embargo, sus proyecciones apuntaban a que el gasto en pensiones contributivas se situaría en el 11,22% del PIB en 2025 gracias a la reforma, frente al 12,27% que habría representado sin ella. Dado que se disponen de los gastos del sistema sobre este ejercicio, las cifras revelan que el desembolso final ha sido superior incluso a la estimación del escenario previo a la reforma: casi 212.400 millones de euros, equivalentes al 12,6% del PIB.

El deterioro de la salud de los padres al alcanzar edades avanzadas o situaciones de dependencia acaba obligando, en muchos hogares, a que uno de los hijos aparque su carrera profesional para volcarse en los cuidados a tiempo completo. Al dejar de trabajar y pasar a depender económicamente de la pensión del familiar, la muerte del progenitor deja a estas personas en una situación de vulnerabilidad al encontrarse sin empleo, sin historial reciente de cotización y sin ingresos para salir adelante.

En este contexto, se ha hablado mucho de la concesión por parte de la Seguridad Social de una "pensión vitalicia" para los hijos mayores de 45 años que hayan atendido a sus padres. La realidad es algo más compleja. No existe ningún decreto reciente ni una nueva ayuda creada para abonar un sueldo por cuidar a un familiar. Se trata de una figura jurídica antigua cuyo acceso está limitado a quienes cumplen estrictamente todos los requisitos legales.

Qué es la pensión en favor de familiares y por qué no es "una paga por cuidar a los padres"

La prestación que se menciona es la pensión en favor de familiares. Se trata de una prestación contributiva regulada en el artículo 226 de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo texto original se remonta al Decreto 1646/1972.

A diferencia de lo que se dice, esta pensión no nace como una recompensa al cuidado de los padres. Su finalidad es ofrecer protección económica a personas que dependían de la renta del difunto y que carecen de medios propios de subsistencia. Funciona así como una modalidad de protección contributiva para familiares en situación de necesidad tras el fallecimiento del causante.

Los requisitos y matices para cobrar la pensión vitalicia

Para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) apruebe esta paga vitalicia, la persona solicitante debe cumplir una lista de condiciones en la fecha exacta del fallecimiento del causante:

• Edad y estado civil: ser mayor de 45 años y figurar como soltero, viudo, divorciado o separado judicialmente.
• Convivencia y cuidados: demostrar mediante certificado de empadronamiento haber convivido con el progenitor durante los dos años inmediatamente anteriores al deceso y haberle prestado cuidados de forma prolongada.
• Dependencia económica e ingresos: acreditar la carencia de medios de subsistencia y la dependencia económica del fallecido. Como referencia para evaluar la falta de recursos, sus ingresos anuales no deben superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 17.094 euros anuales para 2026.
• Sin otras pensiones: no tener derecho a otra pensión pública contributiva (como la de jubilación o una incapacidad permanente).

El cumplimiento de la edad no admite atenuantes ni interpretación flexible. El Supremo determina que el requisito de los 45 años es una condición estricta que debe cumplirse el día del fallecimiento.

Además, la concesión también puede verse afectada si existen otros familiares con obligación legal y capacidad económica para prestar alimentos al solicitante. En cada expediente, el INSS comprueba si concurren estas circunstancias y valora la capacidad financiera del entorno familiar antes de resolver.

Cuánto se cobra por la pensión y condiciones del progenitor fallecido

Para reconocer esta pensión, la Seguridad Social también comprueba la situación del progenitor fallecido. En el caso de los hijos mayores de 45 años, la prestación está prevista para descendientes de pensionistas de jubilación o incapacidad permanente contributiva. También para determinados trabajadores que, al fallecer, reunían los requisitos para acceder a esas pensiones o se encontraban con el expediente de incapacidad pendiente de resolución.

Los periodos de cotización exigibles varían en función de si el causante se encontraba en alta, en situación asimilada al alta o fuera de ella, excepto en los fallecimientos derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional, donde no se requiere carencia previa.

En cuanto al importe que se percibe cada mes, se calcula aplicando porcentajes sobre la base reguladora del difunto:

• Cuantía básica (20 %): es el porcentaje general fijado por ley que se concede al beneficiario, repartido en 14 pagas (12 mensualidades ordinarias más las pagas extraordinarias de junio y noviembre).
• Incremento legal por viudedad: cuando no exista cónyuge superviviente ni hijos con derecho a pensión de orfandad, el porcentaje del 20 % puede incrementarse con el 52 % correspondiente a la viudedad, según el orden de preferencia y los límites legales aplicables en cada supuesto.
• Mínimos garantizados: para el supuesto de un único beneficiario menor de 65 años cuando no existen viuda ni huérfanos pensionistas, la normativa de revalorización de pensiones fija para 2026 una cuantía mínima anual de 9.126,60 euros (unos 651,90 euros mensuales en 14 pagas). El importe queda condicionado de forma estricta a no superar los límites de ingresos establecidos para el reconocimiento del complemento a mínimos.

Cómo solicitar la pensión y plazos existentes

Según los datos de la nómina de pensiones publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España se abonan 46.985 pensiones en favor de familiares dentro de un sistema global que supera los 10,54 millones de prestaciones contributivas. Esta categoría representa aproximadamente un 0,45 % del total nacional y supone una nómina mensual conjunta de 38,8 millones de euros.

El procedimiento de solicitud debe formalizarse directamente ante el INSS mediante los siguientes pasos:

1. Vía telemática: a través del portal oficial de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, utilizando certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.
2. Vía presencial: solicitando cita previa en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).
3. Documentación necesaria: presentar el documento de identidad, libro de familia o certificado del Registro Civil para verificar el parentesco y estado civil. También el certificado de empadronamiento histórico que demuestre la convivencia ininterrumpida de al menos dos años y la documentación acreditativa de ingresos y rentas.

Aunque la normativa permite iniciar el trámite en cualquier momento tras el deceso, si la solicitud se presenta transcurridos más de tres meses desde el fallecimiento, la Seguridad Social limita la retroactividad económica del cobro de atrasos a un máximo de tres meses anteriores a la fecha de solicitud.

Durante el mismo procedimiento, además, la persona que haya soportado los gastos del entierro puede reclamar el auxilio por defunción, una prestación de pago único de 46,50 euros que cuenta con un plazo de prescripción de cinco años.

El mapa de la jubilación anticipada en España vive un momento de profundos contrastes. Miles de personas con dolencias graves ven cumplida una demanda histórica tras la entrada en vigor del Real Decreto 632/2026, que amplía el catálogo de patologías para adelantar el retiro sin sufrir penalizaciones en la pensión. Esta medida permite a los trabajadores afectados por un deterioro físico abandonar el mercado laboral a partir de los 56 años conservando su prestación.

Sin embargo, este avance convive con una brusca parálisis legislativa en el resto del sistema. La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre y la disolución de las Cortes han congelado otras dos reivindicaciones clave. Por un lado, la aplicación de coeficientes reductores para los conductores profesionales y, por otro, la eliminación de los recortes a las carreras de más de 40 años cotizados.

Requisitos y patologías para la jubilación anticipada por discapacidad

La reforma modifica el anexo del Real Decreto 1851/2009 e introduce importantes novedades para el acceso al retiro antes de la edad ordinaria. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calcula que la norma beneficiará a cerca de 50.000 personas.

Para acogerse a este régimen y no ver minorada la cuantía final de la pensión, la Seguridad Social exige el cumplimiento de algunos criterios clave:

• Edad mínima de retiro. Se fijan los 56 años como regla general para el catálogo de patologías con discapacidad del 45%. En el supuesto general de discapacidad igual o superior al 65%, la normativa permite el retiro a partir de los 52 años.
• Grado de discapacidad acreditado. Tener reconocido un grado igual o superior al 45%, o alcanzar esa cifra por la suma de varias dolencias, siempre que una de las incluidas en el listado oficial represente al menos el 33% del total.
• Tiempo de cotización exigido. Acreditar un mínimo de 15 años de cotización a lo largo de la vida laboral. De ellos, al menos 5 años deben corresponder a un periodo en el que la persona haya trabajado estando afectada por la patología y con el grado de discapacidad del 45% reconocido.
• Nuevas patologías incorporadas. Entre las 11 dolencias sumadas destacan el párkinson, la espina bífida, la esclerosis sistémica, la enfermedad renal crónica (estadio G5), la lesión medular (traumática y no traumática) y patologías neurodegenerativas como la atrofia multisistémica, la degeneración corticobasal y la parálisis supranuclear progresiva.

La gran ventaja de este régimen radica en que el periodo durante el que se anticipa el retiro se computa como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora. Se evita así que el adelanto penalice el cálculo de la prestación.

Enfermedades excluidas de la pensión y procedimiento de revisión

A pesar del evidente paso adelante que supone el decreto, la norma ha generado protestas entre diversas asociaciones de pacientes. Colectivos que agrupan a enfermos con artritis reumatoide, lupus o síndrome de fatiga crónica han criticado el informe desfavorable que los deja fuera del catálogo. Desde estas plataformas denuncian que miles de personas continúan acudiendo a sus puestos de trabajo con un severo deterioro físico al no poder acogerse a ningún mecanismo de retiro adaptado.

Frente a estas quejas, la Administración recuerda que la lista de patologías no es un documento cerrado. La regulación vigente contempla un mecanismo de actualización continua mediante la Orden ISM/444/2025. El catálogo funciona como una relación abierta a futuras incorporaciones conforme avance la evidencia médica.

Para ello, una Comisión Técnica permanente (encabezada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social e integrada por especialistas del Instituto de Salud Carlos III, el Consejo Médico Forense, la Sociedad Española de Medicina Interna, el INSS, el IMSERSO y el Consejo Nacional de la Discapacidad), se encarga de analizar periódicamente las solicitudes presentadas por los colectivos afectados. Si los informes técnicos avalan la inclusión de una dolencia conforme a los criterios exigidos, podrá plantearse su incorporación en posteriores revisiones del Real Decreto.

Jubilación en el transporte por carretera y pensiones con 40 años cotizados

Todo esto ocurre en medio de una parálisis legislativa agravada por el adelanto electoral. El caso más tenso se vive en el transporte por carretera. El expediente impulsado por las patronales FENADISMER y CETM junto a los sindicatos para aplicar coeficientes reductores a conductores de camión y autobús permanece en vía muerta desde septiembre.

Pese a contar con los informes técnicos listos del INSST y la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social ha frenado la Comisión de Evaluación, desatando críticas sindicales y la exigencia de partidos como ERC para que el Gobierno apruebe la medida vía decreto antes de las urnas.

En una situación similar se encuentra la demanda de quienes acumulan largas carreras de cotización. La proposición de ley para eliminar los coeficientes reductores a quienes suman 40 o más años cotizados ha caducado tras la disolución del Congreso. Aunque plataformas reclaman un Real Decreto Ley de urgencia a través de la Diputación Permanente, la viabilidad jurídica de modificar las pensiones por esta vía excepcional resulta muy improbable.

España afronta, por tanto, una realidad a dos velocidades. Se consolidan derechos clave para los trabajadores con discapacidad por enfermedades graves, mientras colectivos como los transportistas o los cotizantes de larga duración ven su retiro supeditado a la incertidumbre del nuevo mapa político.

Los antiguos deportistas profesionales que no pudieron cotizar durante parte de su carrera podrán recuperar esos periodos a efectos de la pensión de jubilación. La medida, aprobada mediante el Real Decreto 739/2026, reconoce el tiempo de actividad desarrollado antes de que los distintos colectivos deportivos se incorporasen al Régimen General de la Seguridad Social, una situación que perjudicó a algunos profesionales al calcular sus futuras prestaciones.

La nueva regulación entrará en vigor el 25 de diciembre de 2026 y permitirá tanto reconocer el derecho a una pensión como revisar su cuantía cuando ya se esté cobrando. No obstante, la medida no se aplica a todos los deportistas ni permite contabilizar cualquier periodo sin cotizar: será necesario acreditar que se ejerció una actividad profesional en las condiciones establecidos por la norma.

Quiénes pueden solicitarlo

La medida está dirigida a antiguos deportistas profesionales que residían en España y desarrollaban habitualmente su actividad deportiva en territorio nacional mediante una relación laboral profesional. En concreto, podrán solicitar el reconocimiento de los periodos trabajados desde el 15 de marzo de 1980 hasta la fecha en que su colectivo se incorporó al Régimen General de la Seguridad Social.

El objetivo es corregir la situación de quienes ejercieron su profesión antes de que existiera una vía para cotizar por esa actividad dentro del sistema general. La incorporación de los deportistas se produjo de forma progresiva: los ciclistas profesionales se integraron en febrero de 1992, los jugadores de baloncesto en agosto de 1993 y los de balonmano en enero de 1998. Para el resto de los deportistas profesionales incluidos en la normativa, la integración llegó a partir de junio de 2003.

Sin embargo, existen exclusiones. La regulación no incluye a quienes jugaron al fútbol profesionalmente, puesto que este colectivo se rige por una normativa específica. Tampoco permite contabilizar dos veces un mismo periodo: los años que coincidan con otras cotizaciones a la Seguridad Social no podrán reconocerse de nuevo al amparo de esta medida.

Cómo tramitar el certificado

Los interesados deberán acreditar tanto su condición de deportistas profesionales como el tiempo durante el que desarrollaron esa actividad. Para ello, tendrán que solicitar un certificado al club o entidad deportiva en la que trabajaron, que deberá documentar los periodos correspondientes mediante el modelo previsto en el real decreto.

Si el club ha desaparecido o no dispone de la documentación necesaria, la federación deportiva correspondiente podrá emitir el certificado, siempre que tenga información suficiente para demostrar la actividad profesional realizada. Este documento será fundamental para que la Administración pueda determinar qué periodos pueden reconocerse como cotizados.

La solicitud deberá presentarse ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de forma presencial o electrónica, junto con la documentación acreditativa. El procedimiento podrá iniciarse al solicitar la pensión de jubilación o mediante una petición de revisión cuando la persona interesada ya tenga reconocida una prestación.

De qué forma afecta a la pensión

El reconocimiento de estos periodos puede ser relevante para quienes no alcanzan los años mínimos de cotización exigidos para acceder a una pensión contributiva. También puede influir en el cálculo de la prestación, ya que el tiempo reconocido se tendrá en cuenta para determinar el derecho a la jubilación, la base reguladora y el porcentaje aplicable, dentro de los límites establecidos legalmente.

En el caso de quienes ya cobran una pensión, los periodos reconocidos podrán utilizarse para recalcular el porcentaje aplicable a la base reguladora y, cuando corresponda, aumentar la cuantía. La norma establece que esta revisión no podrá reducir el porcentaje que ya tuviera reconocido el pensionista. Los efectos económicos de la modificación comenzarán el primer día del mes siguiente al de la solicitud de revisión, conforme a las condiciones previstas en el real decreto.