Marruecos ha recibido seis nuevos helicópteros de ataque AH-64E Apache, por lo que ya dispone de19 helicópteros de los 24 encargados en virtud del acuerdo con Estados Unidos.Rabat recibió el primer lote de seis helicópteros en marzo de 2025, seguido de otros siete en mayo de 2026. Tres helicópteros del tercer lote llegaron a Texas el 16 de septiembre.
Washington había aprobado la venta de 36 helicópteros Apache a Marruecos en noviembre de 2019, por un valor estimado de 4.250 millones de dólares. El acuerdo incluye misiles Hellfire y Stinger, misiles APKWS guiados por láser, así como repuestos, capacitación y apoyo técnico y logístico.El helicóptero AH-64E cuenta con un radar Longbow, un cañón de 30 mm y motores más potentes. Sus sistemas también permiten el control de vehículos aéreos no tripulados (VANT) desde la cabina.
Marruecos es el único país africano que opera esta variante del Apache, y su flota tiene su base en la base aérea de Khouribga, donde se ha desarrollado la infraestructura necesaria para albergar los helicópteros.
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Las exportaciones de sandía marroquí al mercado español, en el periodo septiembre de 2025- agosto de 2026, aunentaron en cantidad,pero disminuyeron en ingresos para los productores magrebíes, segúnla plataforma especializada "Estacom".Las compras totales de sandía marroquí por parte de España durante esta campaña alcanzaron aproximadamente 52,68 millones de kilogramos, con un valor total de alrededor de 44,23 millones de euros. En comparación con la campaña anterior, en la que se compraron 49,57 millones de kilogramos por un valor de 49,93 millones de euros, las cantidades exportadas registraron una tasa de crecimiento positiva del 6,3 por ciento, mientras que el valor financiero disminuyó un 11,4 por ciento, lo que representa una pérdida de aproximadamente 5,70 millones de euros.
Este descenso financiero se atribuye a la caída del precio medio por kilogramo, que se desplomó de 1,01 € a 0,84 €, una disminución de aproximadamente el 17 %. Esta diferencia de 17 céntimos anuló prácticamente las ganancias financieras que se esperaban generar con las cantidades adicionales exportadas.
A pesar de esta disminución de precio y valor, Marruecos mantuvo su posición histórica como principal proveedor extranjero de sandías al mercado español. Importó un total de 109,15 millones de kilogramos de sandías durante la temporada, de los cuales casi la mitad correspondieron a productos marroquíes, aproximadamente el 48,26 %. Las cifras sitúan a Marruecos por delante de Senegal, que ocupó el segundo lugar con 16,24 millones de kilogramos, y de Mauritania, en tercer lugar con 10,23 millones de kilogramos.
A pesar de esta posición de liderazgo, la cuota de mercado de Marruecos disminuyó en comparación con la temporada anterior, cuando alcanzó aproximadamente el 52,73 %, debido al rápido crecimiento de las importaciones españolas procedentes de otros países, lo que permitió a los competidores ganar nueva cuota de mercado. Estos indicadores reflejan la naturaleza del mercado, afectado por las presiones inflacionarias. Los productores españoles ya se habían quejado en agosto de una caída en los precios de producción nacional hasta situarse en torno a los 24 céntimos por kilogramo.
Cabe destacar que las exportaciones marroquíes alcanzaron niveles récord de 122,2 millones de kilogramos en la temporada 2021-2022, antes de caer a su punto más bajo en la temporada 2023-2024, con 28,7 millones de kilogramos. Desde entonces, se han recuperado gradualmente en las dos últimas temporadas, aunque sin alcanzar su máximo histórico anterior
La operación de la Policía Nacional para localizar a los 450 inmigrantes ilegales en Ceuta a los que se ha denegado el asilo, se ha saldado con saldado con la localización y expulsión de unos 150, por lo que otros 300 están desaparecidos. Pueden haber logrado pasar a la Península a través de las redes de inmigración ilegal o, lo que es más probable, permanecer escondidos en la ciudad. Agentes que trabajan sobre el terreno ponen de relieve la necesidad de acortar plazos para decidir sobre el resultado de estos expedientes, precisamente para evitar que los que resultan negativos se sustraigan a la expulsión por parte de la policía, como ocurre con los citados 300.
A este respecto, fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP) han manifestado a LA RAZÓN que "la utilización de pisos conocidos como patera o infraviviendas, para albergar a cantidades desconocidas de inmigrantes se ha puesto de moda en Ceuta y se está utilizando por individuos para ganarse un importante dinero extra.Una pequeña parte de la población se está dedicando a este tipo de ilícitos, sin tener en cuenta que pueden ser acusados de varios delitos".
Detallan que el fenómeno se da sobre todo en la zona del Príncipe, alquilan habitaciones, garajes, viviendas o cualquier habitáculo que sirva para albergar a inmigrantes ilegales, donde duermen, comen, se asean y realizan todas las actividades propias de cualquier persona. "Aunque sea en unas condiciones infrahumanas e insalubres, en condiciones de hacinamiento, como se ha podido comprobar en las últimas intervenciones policiales realizadas al efecto", agregan. En los últimos días, se han detectado viviendas donde se cobran importes que oscilan entre 400 y 500 € mensuales
"En España, la responsabilidad penal por acoger, alojar o dar cobijo a personas extranjeras en situación administrativa irregular se regula principalmente en el artículo 318 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y debe ponerse en relación con la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Si además, los hechos se cometen con ánimo de lucro, se impone la pena en su mitad superior", recuerdan. Subrayan que "se debe concienciar a la población de las consecuencias de dicha actuación, que lejos de facilitar la convivencia genera un problema mucho mayor".
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La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha manifestado "su profundo malestar con la reforma de las indemnizaciones anunciada por el Ministerio del Interior que, lejos de acabar con las desigualdades entre víctimas con sentencia y sin sentencia, genera otras nuevas. La reforma parte de una premisa falsa: que las víctimas con sentencia han cobrado indemnizaciones superiores. La realidad es que la inmensa mayoría ha percibido las mismas cantidades que las víctimas sin sentencia, siendo una minoría las que han recibido importes superiores. A ello se suman otros aspectos técnicos que introducen nuevas diferencias de trato entre víctimas".
Denuncian "las falsas expectativas generadas en el colectivo, al que se ha hecho creer que sus indemnizaciones se verían incrementadas cuando, en realidad, serán pocos los beneficiados y, además, el cobro de las cantidades previstas se demorará hasta tres años. Especialmente grave resulta el oscurantismo, la precipitación y la falta de información con los que se ha gestionado esta reforma, anunciada precisamente en un contexto preelectoral".
" La incertidumbre y las respuestas poco claras que están recibiendo las víctimas por parte del Ministerio del Interior sobre quiénes podrán beneficiarse y qué cantidades les corresponderán están generando una nueva situación de revictimización. La equiparación de las indemnizaciones era una reivindicación histórica de las víctimas y un compromiso del Ministerio del Interior. Sin embargo, no puede utilizarse el cumplimiento de ese compromiso como pretexto para aprobar precipitadamente, al final de la legislatura, una reforma que genera nuevas desigualdades. Más aún cuando otros compromisos igualmente importantes, como la aprobación de un régimen sancionador frente a los actos de enaltecimiento del terrorismo o de un protocolo de actuación tras un atentado terrorista, siguen sin cumplirse y, una vez finalizada la legislatura, permanecerán guardados en un cajón. Las víctimas del terrorismo merecen soluciones reales, no anuncios precipitados que generan falsas expectativas y nuevas injusticias", subrayan.
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Las autoridades jordanas han logrado detener a los tres individuos identificados como los autores del ataque del 23 de octubre de 2026 contra la Iglesia Ortodoxa Griega de San Jorge en la aldea de Hammoud, Gobernación de Karak. El ataque mató a nueve personas e hirió a unas 40 durante un funeral. Uno de ellos ya cumplió condena por sus actividades terroristas con el Estado Islámico.
Las fuerzas de seguridad registraron durantetres días aldeas, terreno montañoso y valles escarpados, utilizando puestos de control, patrullas y drones para sellar el área. Los tres sospechosos fueron localizados en una casa abandonada en una aldea cercana. Se negaron a rendirse, abrieron fuego y resultaron heridos y arrestados en el tiroteo.
-Los tres son ciudadanos jordanos y miembros de la misma familia: dos hermanos y su cuñado: Haza Zaidan Muhammad (el planificador de la operación); Mash‘al Zaidan Muhammad (su hermano); y Ahmad Sami Husayn (cuñado). Las autoridades los han descrito como extremistas y takfiris(apóstatas).
Documentos judiciales revelaron que Haza Zeidan ya había sido condenado por terrorismo a siete años de trabajos forzados. Según un fallo emitido por el Tribunal de Casación en su función penal, Zeidan fue uno de los cuatro acusados cuyo caso fue revisado por el Tribunal de Seguridad del Estado, que los declaró culpables de conspiración para cometer actos terroristas y de promover la ideología de un grupo terrorista.El caso se remonta a 2020 y 2021, y los detalles del fallo mostraron que los acusados estaban influenciados por la ideología del Estado Islámico, intercambiando noticias y publicaciones a través de las redes sociales. Zeidan también se comunicó con un miembro de la organización y discutió lo que el fallo describió como yihad. El Tribunal de Seguridad del Estado condenó a Zaidan a 7 años de trabajos forzados por el delito de conspiración para cometer actos terroristas y a 4 años por el delito de promoción de las ideas de un grupo terrorista, aplicándose la pena más severa, que es de 7 años, a partir de la fecha de su detención el 2 de febrero de 2021. Los acusados apelaron la sentencia ante el Tribunal de Casación, que el 13 de noviembre de 2023 desestimó las apelaciones y confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Seguridad del Estado
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