La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que el repliegue del instituto armado de Roquetas de Mar (Almería) carece de justificación operativa o económica y ha atribuido la decisión al "mero hecho del odio hacia los guardias civiles", al considerar que supone un "destierro" para casi 200 agentes y sus familias en vísperas de Navidad.

El representante de AUGC en Almería, Víctor Vega, ha asegurado en declaraciones a EFE que la salida de la Guardia Civil del municipio responde a una decisión "totalmente política" que se está ejecutando sin planificación suficiente, sin información adecuada a los afectados y sin garantías de que puedan obtener nuevos destinos dentro de la provincia.

"No hay sentido ninguno teórico para hacer este cambio policial como se está haciendo, a no ser que sea por el mero hecho del odio hacia los guardias civiles", ha afirmado Vega, quien ha acusado a los responsables de la reorganización de actuar "deprisa y corriendo y a escondidas".

Además, la asociación ha difundido este martes un comunicado en el que advierte de que la Policía Nacional podría comenzar su despliegue en Roquetas el próximo 1 de diciembre con 85 efectivos, frente a los más de 160 guardias civiles que perderán su actual destino.

Ha precisado que esa fecha y esa dotación proceden de la información que ha recibido y ha reclamado su confirmación oficial por escrito.

La organización ha considerado que sustituir a más de 160 guardias civiles por 85 policías nacionales no supone reforzar la seguridad del municipio, sino reducir los efectivos disponibles y ha recordado que inicialmente se anunció una plantilla de 210 policías nacionales y, que, a su juicio, el cambio no responde a necesidades operativas.

Vega ha criticado las consecuencias familiares del repliegue, que se produciría con el curso escolar iniciado y en plena campaña navideña, ya que "se ha cogido a 200 familias, a 200 guardias civiles que lo han dado todo por su trabajo y se lo han pagado con el destierro".

El representante de AUGC ha considerado imposible que todos los afectados encuentren acomodo en otras unidades de Almería y que la reorganización puede obligarlos a desplazarse a localidades alejadas de sus actuales domicilios.

La asociación ha señalado que los nuevos destinos podrían distribuirse entre municipios como Adra, Laujar de Andarax o Fiñana, con desplazamientos diarios que, según sus cálculos, superarían una hora en determinados casos.

También ha cuestionado la capacidad del futuro acuartelamiento de Vícar, cuya construcción sitúa en 2029 y al que atribuye una capacidad de 50 agentes, insuficiente, a su juicio, para absorber a los afectados.

Ha agradecido la cesión provisional de dependencias municipales en Vícar, pero ha señalado que esta solución evidencia la falta de planificación de la Administración.

La asociación ha responsabilizado políticamente de la decisión a la Secretaría de Estado de Seguridad y ha acusado a la Dirección General de la Guardia Civil de no haber defendido suficientemente los intereses del cuerpo y de sus profesionales.

"La cúpula ha preferido administrar la liquidación y comunicarla con notas de prensa. Más de 160 familias están pagando ese silencio", ha afirmado.

La asociación ha exigido que se confirme por escrito el calendario del despliegue, que no se traslade a ningún agente durante las Navidades, que se garanticen destinos efectivos y soluciones habitacionales y que se convoque urgentemente a las asociaciones profesionales.