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Occidente es el Titanic y el Sur Global su iceberg

By: A A
17 October 2026 at 19:22

Ninguna forma de gobernanza inclusiva puede sostenerse sin el respeto por las identidades culturales de los pueblos: ahí es donde se puede reconstruir la confianza, el bien que más le falta al mundo hoy en día.

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¿Dónde persiste el crecimiento y a qué costo?

Quienes estudian las crisis económicas suelen imaginarlas como choques repentinos: un colapso que desata el pánico, un mercado bursátil que se desploma en una sola sesión, una frontera que se cierra.

Estos son los sucesos de 2008 y 2020, las tormentas que marcan un antes y un después.

Pero existe una segunda forma de sufrimiento, menos fotogénica y más insidiosa, que no llega a los titulares: la parálisis lenta, la ausencia de crecimiento, una economía que da vueltas en vacío sin hundirse ni recuperar impulso.

Esta situación les resultaba familiar a los marineros. Los veleros que cruzaban el Atlántico temían a los huracanes, pero también temían al Mar de los Sargazos, esa extensión sin corrientes donde el viento se calmaba y el casco quedaba atrapado entre las algas durante semanas. En 2026, la economía mundial se enfrenta sobre todo a esta segunda amenaza, y es como el Titanic, tal como Leonid Grigoryev escribió brillantemente.

El transatlántico, para seguir con la metáfora, no se ha hundido: sigue a flote y aún crece, pero avanza lentamente y su casco tiene varios agujeros. Los vigías escudriñan una niebla que no da señales de disiparse, y los capitanes confían en que el iceberg se mantenga a distancia.

En sus proyecciones de julio, el Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja su pronóstico de crecimiento mundial para 2026, situándolo en un 3 por ciento, en comparación con el 3,5 por ciento del año anterior. Traducido a términos absolutos, frente a un PIB mundial que supera los cien billones de dólares en paridad de poder adquisitivo, esa pérdida de medio punto equivale a cientos de mil millones que no se convertirán en salarios, ingresos fiscales ni inversión.

La guerra arancelaria entre Washington y Bruselas está siendo absorbida por los principales actores, pero deja a su paso reajustes y fricciones colaterales, desde Irlanda hasta Canadá; y, por razones puramente contables más que políticas, resurge la perspectiva de la fragmentación económica del Reino Unido.

La fase expansionista pospandémica nunca ha seguido un rumbo claro y sigue topándose con los obstáculos de la geopolítica. Un factor en particular ha impulsado el crecimiento del PIB en los últimos trimestres: la carrera por construir centros de datos.

Esto representa una demanda de inversión masiva y geográficamente concentrada, que ha impulsado las exportaciones de los proveedores asiáticos de semiconductores y equipos —Corea del Sur, Taiwán, Malasia y Tailandia—, pero que depende de unas pocas empresas y de rendimientos esperados que aún no se han materializado.

Este ciclo impulsa el PIB mientras las obras de construcción están en marcha; el quid de la cuestión surge más adelante, cuando la capacidad instalada debe generar ingresos proporcionales al capital invertido.

Fuera de este marco, las economías que crecen lo hacen por razones internas: China gracias a su propia demanda y sector manufacturero, la India gracias a su mercado interno y Estados Unidos gracias a una combinación de inmigración, entradas de capital y gasto público.

El caso estadounidense, en particular, merece una aclaración que desmienta un error común. Cada año, Estados Unidos importa bienes por un valor de alrededor de un billón de dólares más de lo que exporta y, al mismo tiempo, sus líderes lamentan la pérdida de su base industrial.

Ambas circunstancias no son contradictorias: son la misma ecuación vista desde dos ángulos. Un déficit en cuenta corriente de tales proporciones no es, por definición contable, más que la contrapartida del ahorro extranjero que fluye hacia Estados Unidos: el mundo suministra bienes y, a cambio, acumula activos en dólares, bonos del Tesoro y acciones.

Mientras el dólar siga siendo la moneda de reserva y el mercado de valores estadounidense el mercado más líquido disponible, este privilegio financia el déficit en condiciones inalcanzables para cualquier otro país.

Sin embargo, ese mismo flujo sostiene el tipo de cambio real, penaliza a la industria orientada a la exportación y es precisamente lo que provoca la desindustrialización que tan a menudo se lamenta. Los aranceles atacan el aspecto comercial, pero dejan intacta la raíz financiera: reajustan el equilibrio, no lo eliminan.

El yugo de los rendimientos y el peso de la deuda

Hacia mediados de año, la inflación mundial volvió a repuntar, impulsada en gran medida por el aumento de los precios de la energía. Un aumento de los precios derivado de los costos, más que de un exceso de demanda, plantea a los bancos centrales su decisión más difícil: frenar una economía ya debilitada por la crisis, para no permitir que las expectativas se desanclen.

Los altos precios de la energía actúan como un impuesto regresivo, erosionando el ingreso disponible y repercutiendo en los niveles de precios al ritmo lento que dictan los contratos indexados y los precios regulados.

En el frente de la deuda, la tensión es aún más evidente. Los rendimientos de los bonos del Estado a largo plazo están aumentando a un ritmo alarmante: en Estados Unidos, el rendimiento a 10 años ha alcanzado el 5 por ciento, y otras economías avanzadas siguen el mismo camino.

No solo importa el nivel, sino también su estructura. El extremo largo de la curva refleja una prima de plazo al alza —es decir, la compensación que exigen los inversionistas por inmovilizar su dinero a largo plazo cuando la inflación y el volumen de dinero nuevo que ingresa al sistema siguen siendo inciertos.

El stock de deuda ya es colosal, y los bonos baratos emitidos durante la era de las tasas de interés cero están siendo reemplazados, a medida que vencen, por emisiones mucho más caras: el costo promedio aumenta con un retraso, pero sí aumenta.

Aquí prevalece una aritmética elemental e inflexible: la comparación entre la tasa de interés real y la tasa de crecimiento real. Cuando la economía crece más rápido que el costo de su deuda, la carga se aligera por sí sola; cuando la relación se invierte —y esto es lo que está sucediendo hoy en varios países ricos—, mantener estable la relación deuda-PIB requiere superávits presupuestarios que el electorado rara vez permite.

Una maniobra técnica con implicaciones políticas está contribuyendo a apretar el lazo. Los ministerios de Hacienda de las principales economías buscan devolver al mercado abierto una parte de los bonos a largo plazo que hasta ahora figuraban en los balances de los bancos centrales, justo cuando estos últimos están dejando que venzan los bonos acumulados durante la flexibilización cuantitativa y reduciendo sus activos.

El resultado es que la oferta neta de bonos a largo plazo disponibles para los inversionistas privados aumenta en el momento en que el prestamista de última instancia se retira; para absorber esta oferta, el mercado exige rendimientos más altos.

Al mismo tiempo, los bancos centrales están elevando gradualmente las tasas de interés para combatir la inflación, y la combinación de estos factores está empujando al sistema hacia el estancamiento. Es la calma del Mar de los Sargazos, no la tormenta.

En este contexto, cada unidad adicional de gasto militar, en presupuestos ya al límite, se convierte en una unidad menos para la salud, la educación y las obras públicas: la vieja disyuntiva entre «armas y mantequilla», que se repite a escala continental.

Las rentas energéticas están cambiando de manos

Toda una región, el Medio Oriente, ha caído en territorio negativo debido a la caída en la producción y las exportaciones de hidrocarburos. El aumento de los precios y los márgenes —y, en consecuencia, de los dividendos y los precios de las acciones— ha beneficiado a las empresas energéticas estadounidenses, que controlan la capacidad de producción marginal y pueden abrir el grifo cuando los precios suben.

Se trata de una redistribución de la renta: del proveedor tradicional al productor que ha ganado flexibilidad en los últimos años. Oriente Medio paga por partida doble —por sus ingresos actuales de exportación y por su infraestructura física desgastada o dañada—, mientras que las ganancias emigran al extranjero.

Los precios más altos del petróleo crudo y la escasez de diésel no solo afectan a las fábricas, al transporte y al sector de la construcción.

El diésel impulsa la logística y la agricultura mecanizada, y un aumento en su precio se propaga por toda la cadena de suministro con una omnipresencia de la que carece la gasolina. Las repercusiones más graves, sin embargo, van más allá de las estadísticas: la incertidumbre sobre los precios de la energía aumenta la tasa a la que las empresas descuentan los proyectos a largo plazo y desalienta la acumulación de capital de la que depende el crecimiento del futuro. Ninguna prosperidad puede sostenerse solo con centros de datos.

Europa en un letargo

En este contexto, el segundo bloque económico más grande del mundo —la Unión Europea, incluido el Reino Unido, con más de 500 millones de consumidores— no ofrece ningún contrapeso.

Su PIB, en la práctica, crece al mismo ritmo que su población: medido per cápita —la única forma que refleja verdaderamente los niveles de vida—, el estancamiento es casi total. Se ve lastrada por la deuda pública y los déficits, por estructuras industriales e infraestructura obsoletas, y por una demografía que ni siquiera los flujos migratorios han logrado rejuvenecer con la rapidez suficiente.

El problema subyacente tiene un nombre específico: una brecha de productividad que se ha venido ampliando desde hace más de una década. Europa gasta menos en investigación y capital digital, fragmenta el mercado de capitales en veintisiete sistemas jurídicos y no ha logrado producir líderes tecnológicos comparables a los de Estados Unidos o China.

El capital se está yendo a Estados Unidos, atraído por rendimientos más altos y mercados más profundos; la industria manufacturera está perdiendo terreno frente a la producción china, que ahora es competitiva no solo en costos sino también en tecnología; y la política, casi en todas partes, está fragmentada en mayorías frágiles que hacen que cualquier reforma de gran alcance sea una lucha.

Los costos de la energía son estructuralmente mucho más altos que en Estados Unidos —un legado de la dependencia del gas importado y de una transición iniciada sin un puente de suministro estable— y esta brecha está erosionando a las industrias que consumen mucha energía.

La productividad sigue estando muy por debajo de la de China en sectores competitivos, y el estado de ánimo del electorado, como muestran las encuestas, es más sombrío de lo que cabría esperar en un rincón tan afortunado del mundo.

Mientras tanto, el clima también se ha calentado demasiado, sin esperar a que se materialicen los beneficios de los programas ecológicos.

Las sanciones y el cambio de rumbo

Casi todos son conscientes de los peligros asociados con la espiral creciente de sanciones, pero los descartan como una molestia en la gestión cotidiana.

El punto es que no hay una salida ordenada de la maraña de restricciones legales, intereses comerciales y cálculos políticos —determinados por órganos legislativos y administrativos que no logran coordinarse entre sí—.

Queda la medida extrema que la historia asocia con Solón: hacer tabla rasa de un solo golpe, como lo hizo Atenas a principios del siglo VI a. C. con la seisachtheia, el alivio de la deuda que borró las deudas y restableció el pacto cívico.

Mientras tanto, las sanciones, la destrucción de la capacidad de extracción y transporte, y la pérdida de mercados de exportación —factores que se acumulan— se comportan como olas gigantes: surcan los océanos y regresan, a menudo con mayor fuerza, hacia quienes las generaron, en forma de inflación importada, interrupciones en el suministro y reajustes del tipo de cambio.

Hay una máxima de Clausewitz que aquí conviene invertir: si, para él, la guerra era la continuación de la política por otros medios, las sanciones son la continuación de la guerra por medios distintos a las armas.

Y los golpes más duros —así como los más injustos— recaen sobre países y clases sociales que no están involucrados en esos conflictos y preferirían seguir sin estarlo.

Tras tales experiencias, es difícil no anhelar menos globalización y menos interdependencia: la teoría de sistemas nos enseña que, cuando los elementos de una gran red se vuelven inestables, el retorno al equilibrio es más lento, porque las perturbaciones se propagan a lo largo de las conexiones en lugar de extinguirse.

Es la amarga otra cara de una economía global que había hecho de la integración su fortaleza y ahora descubre su vulnerabilidad.

Un inventario de desequilibrios

La probabilidad de una recesión depende, como siempre, de dos factores: la acumulación de desequilibrios y un detonante que, por definición, no se puede predecir.

Los desequilibrios son la pólvora —apalancamiento excesivo, valoraciones bursátiles infladas, riesgo concentrado en unos pocos actores, vencimientos de deuda agrupados en los mismos meses—; el detonante es el evento que enciende la mecha: una nueva pandemia, una caída de la bolsa, un colapso mayor similar al de 2008.

Si la pólvora se está acumulando es ahora objeto de debate entre los especialistas. A esto se suma un número creciente de entidades que ya han sido sacrificadas por los conflictos geopolíticos, por la desaceleración y por el desvío de recursos, que se han desviado del desarrollo para contener las pérdidas.

En la cima de la lista de costos olvidados se encuentran los problemas globales: la pobreza, las brechas de desarrollo y el cambio climático. Es probable que los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU para 2030 se alcancen en torno al 17 por ciento, con secciones enteras apenas esbozadas.

Se necesita un proyecto global de nueva generación, pero esto presupone paz, compromiso, coordinación, estabilidad y confianza: todos recursos escasos, y la confianza más que ningún otro.

Las clases dirigentes parecen haber desplazado su enfoque de los horizontes a largo plazo hacia los enfrentamientos a corto plazo. Las organizaciones internacionales tienen poco impacto; las principales naciones desarrolladas están ocupadas con sus propios problemas y sanciones; y nadie responde a la pregunta de quién asumirá las tareas compartidas: el desarrollo para acortar brechas, la reducción de la pobreza y la gestión de los bienes públicos globales.

En casi todos los países, amplios sectores de la población se enfrentan a algún tipo de dificultad, ya sea en materia de salud, educación o desigualdad en los niveles de vida.

¿Quién pagará la cuenta?

Esa carga recaerá, por defecto, sobre los hombros de las principales economías emergentes, cuyos intereses coinciden en gran medida con los objetivos globales y ciertamente no van en contra de ellos: el grupo BRICS y varios países con ideas afines.

Cuentan con menos recursos que Occidente, pero la necesidad los obliga a coordinar sus esfuerzos. La Declaración de la última cumbre, que marca el vigésimo aniversario del grupo, resuena como una voz de la razón en una época que evoca con inquietud la llamada «trampa de Tucídides»: ese mecanismo por el cual el miedo mutuo entre una potencia dominante y una emergente las empuja hacia el conflicto, incluso cuando ninguna de las dos lo busca realmente.

No faltan las fricciones entre los miembros, con sistemas políticos divergentes y niveles desiguales de prosperidad; sin embargo, el documento señala el camino hacia el compromiso —concretamente, el fortalecimiento de la ONU y la reforma del FMI—, reconociendo que no existen atajos radicales.

En el párrafo 49, se reconoce que los desafíos globales están entrelazados y son complejos, lo que obstaculiza el crecimiento y exacerba las disparidades persistentes entre países y regiones.

A nivel operativo, la Declaración esboza una política industrial y energética adaptada a la tarea de ir más allá de la Cuarta Revolución Industrial: completar la infraestructura, impulsar la manufactura, los ferrocarriles y la innovación, garantizar el acceso a la tecnología y realizar la transición hacia tecnologías de desarrollo propio, al tiempo que se invierte en capital humano y en cuestiones sociales.

También defiende el libre comercio, los mercados abiertos, la libertad de circulación y la seguridad del ahorro y las finanzas globales, y presenta una postura independiente sobre la gobernanza de la inteligencia artificial —mirando ya más allá del presente—.

La exigencia fundamental es institucional: estos países han operado durante décadas dentro de marcos diseñados por Occidente y ahora reclaman organismos que trabajen en pro de su propio desarrollo. Una revisión de las cuotas del FMI para reflejar el peso económico real, un papel más amplio para instituciones como el Nuevo Banco de Desarrollo y canales de pago menos expuestos al uso geopolítico de las monedas de reserva.

En qué medida todo esto se traducirá en capacidad real sigue siendo la verdadera incógnita, que debe medirse en términos de probabilidad más que de certeza.

Es plausible, con un grado moderado de confianza, que en los próximos años el grupo consolide los sistemas de liquidación en monedas nacionales y el financiamiento para el desarrollo; por el momento, es poco probable que suplanten a las instituciones existentes o socaven la moneda de reserva —un objetivo que requeriría mercados de bonos profundos y líquidos fuera de la zona del dólar, los cuales no se observan actualmente—.

Los indicadores a seguir son tangibles: el resultado de la revisión de las cuotas del FMI, los montos desembolsados por el Nuevo Banco de Desarrollo y la proporción del comercio intrarregional liquidado fuera del dólar.

Sin embargo, quienes reclaman instituciones que sirvan a su propio desarrollo y al bien común tienen un argumento sólido, ya que la reforma de la arquitectura global es el único ámbito en el que los compromisos parciales aún pueden generar confianza.

Las declaraciones de principios, repetidas durante años, solo pasan a formar parte de la agenda cuando alguien las financia.

Y ninguna gobernanza inclusiva puede sostenerse sin respeto por las identidades culturales de los pueblos: ahí es donde se puede reconstruir la confianza, el bien que más le falta al mundo hoy en día.

Traducción:  Observatorio de trabajador@s en lucha

Why the US Can Never Match Chinese Shipbuilding

17 October 2026 at 14:59
America’s $66 billion plan to “beat China’s shipbuilding empire” is not a strategy but an admission of systemic deadlock: unable to compete directly, the US is turning to asymmetric sabotage. In a recent Business Insider article and accompanying video regarding the US’ $66 billion plan to “beat China’s shipbuilding empire,” it is revealed that US […]

Some Progressives Tried To Abolish the Tipped Minimum Wage. Now They're Backtracking.

17 October 2026 at 12:00
A plate with money on it | Ryan Mackay/Nexus7/Aliaksandr Autayeu/Dreamstime/Fatima Ruiz

In recent years, one of the predominant policy initiatives of the progressive left has been raising the minimum wage in locales around the country. At the same time, left-leaning politicians have sought the elimination of what's known as the tip credit, which allows employers to pay restaurant servers and other tipped employees a lower hourly base wage that they then bolster with gratuities.

Just a few years into this experiment, however, policymakers are showing signs of an about-face on the tip credit's abolition as they grapple with the unfortunate, and predictable, economic results.

In 2022, Washington, D.C., made news headlines when voters passed Initiative 82. As originally designed, it would have repealed the tip credit and required servers to be paid the District's full statutory minimum wage by 2027. (D.C.'s minimum wage was $16.10 per hour in 2022, but has since risen to $18.40 due to inflation indexation.) Prior to Initiative 82, D.C. servers could be paid a $5.35 tipped wage, so long as they earned enough tips to make up the difference between the lower tipped wage and the higher traditional minimum wage.

D.C.'s Initiative 82 was just the beginning. One Fair Wage, a progressive group that lobbies against subminimum wages, quarterbacked an all-out push to eliminate the tip credit in jurisdictions across America. Chicago became the second prominent city to follow suit. States like New York, Connecticut, and Illinois also quickly saw legislation introduced to eliminate the tip credit at a statewide level. (Apart from this recent wave, a small handful of American states—including California, Oregon, and Alaska—have long operated without a tip credit).

But just when it seemed like momentum against the tip credit had reached its apex, progressive politicians started to see the writing on the wall. In the aftermath of the tip credit's repeal, D.C. saw a close to 5 percent decline in full-service restaurant jobs. Tipped worker earnings also dropped by just under $12 million—likely a result, at least in part, of restaurants reducing hours for staff in the face of higher labor costs. At the same time, many D.C. restaurants began implementing service fees or so-called auto-gratuity policies that added mandatory 10-20 percent charges onto customers' bills.

Mugged by this economic reality, D.C. Mayor Muriel Bowser called for the full repeal of Initiative 82. Ultimately, the D.C. Council settled for a partial repeal in 2025, maintaining at least some semblance of a tipped wage that sits below the traditional minimum wage into the years ahead (although the tipped wage eventually rises to 75 percent of the traditional wage by 2034). This was a familiar story: The council had previously repealed Initiative 77, a near-identical attempt to abolish the tipped wage that voters passed in 2018.

After Chicago moved to eliminate the tip credit, the Illinois Restaurant Association found that 89 percent of Windy City restaurants raised menu prices; another 79 percent responded by reducing worker hours. Again bowing to economic reality, the progressive Chicago City Council voted to freeze the tip credit's planned elimination, only to see the effort vetoed by Mayor Brandon Johnson. Eventually, a compromise was brokered to at least pause the tip credit at its current level for two years—which punts the issue until after Johnson stands for election again, allowing a potential successor to endorse a more lasting reversal.

In Michigan, a 2024 state supreme court ruling set the tip credit on the path toward elimination by 2030. But state lawmakers intervened last year, deciding to maintain a 50 percent tip credit in perpetuity after 2031. Notably, Michigan is currently governed by a Democratic trifecta in the governorship and both houses of the Legislature. The tip credit's revival garnered key support from Republican lawmakers to pass in a bipartisan fashion, before being signed into law by Democratic Gov. Gretchen Whitmer.

While progressive efforts to eliminate the tip credit may be motivated by an earnest desire to ensure waiters are paid more, the math isn't that simple. Requiring a server to be paid a $16 traditional minimum wage—up from a $5 tipped wage—might appear to raise their pay on paper. But this fails to consider several important factors.

Under our "No Taxes on Tips" new normal, raising the minimum wage for servers could lead to a partial reduction in tips, which under certain scenarios can result in less take-home pay for waiters once the taxman takes his cut. If more server earnings come in the form of "auto-gratuity" policies—which are treated as taxed wages under the law—then the tax repercussions may grow even grimmer.

But more broadly, these laws attempt to subvert basic economics. As of 2025, Bureau of Labor Statistics data show that D.C. restaurants shed over 1,600 jobs in aftermath of Initiative 82; meanwhile, between 2022 and 2025, restaurant job growth in the District declined by more than 8 percent. This is just one example. The fallout is the inevitable result of restaurants responding to labor costs that suddenly skyrocket, forcing establishments to cut worker hours and sometimes transition to quick-service models that require less hourly staff. And that's to say nothing of the diners who bear the cost with higher prices and new service fees.

"We're watching a beloved bar back, a beloved busser, a dishwasher have their jobs taken away," D.C. restaurant worker Valerie Graham told Reason in 2024. "Not because our owner-operator is an evil billionaire but because they're an independent business owner who had to make some business decisions and there's a callousness with which our industry is talked about."

To be sure, the tip credit has only survived in modified and reduced form in D.C., Chicago, and Michigan—and in the case of Chicago, the about-face is only temporary. But the partial reversals show the tip credit's elimination is not a foregone conclusion. Economic reality continues to rear its head.

The post Some Progressives Tried To Abolish the Tipped Minimum Wage. Now They're Backtracking. appeared first on Reason Magazine.

Russian Firm A7 Launches Crypto-to-Bank Payment Service, Company Says

By: SGT
17 October 2026 at 04:00
by Sterling Ashworth, Natural News: Russian fintech company A7 said it launched a global payment service called A7 International, allowing customers to make cross-border transactions using cryptocurrency, according to an announcement published Tuesday [1]. The service permits customers to pay with USDT, a stablecoin pegged to the U.S. dollar, while recipients receive conventional bank transfers […]

Fuelling Moscow’s war machine? U.S. and Europe are buying record levels of Russian energy exports

By: A A
16 October 2026 at 17:05

The war in Ukraine has always been about fomenting a proxy war to defeat Russia.

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The contradictions are absurd but instructive of the criminal proxy war that the U.S. and European powers have perpetrated against Russia under the guise of “defending Ukraine”.

Western sanctions on Russia – the most heavily sanctioned nation on Earth – were meant to supposedly punish Moscow for its alleged unprovoked aggression against Ukraine.

The United States recently signed into law a “sanctions bill from hell” in honor of the late war hawk Senator Lindsey Graham, aimed at crushing the Russian economy, principally by shutting down its energy exports.

Likewise, the European Union has implemented more than 20 rounds of sanctions imposed on Russia over the past four years, again purportedly to block Russian exports of oil and gas. The EU has vowed to terminate all Russian energy imports by the end of this year.

The official rationale out of Washington and European capitals is to exact retribution on Russia for its alleged invasion and violation of Ukraine’s sovereignty. Western embargoes on Russia’s economy were immediately announced after Moscow launched its Special Military Operation in February 2022. (The real background to the SMO – unreported by Western media – was the NATO-backed coup in Kiev in 2014, and the arming of NeoNazis to conduct a proxy war against Russia.)

The U.S. and European Union, as well as Britain of course, presented the attempted economic blockade of Russia as a demonstration of the West enforcing international law and supporting Ukraine. The latter is portrayed in Western media as a fair maiden of democracy assailed by a drooling Russian tyrant.

In a nutshell, the sanctions are sold to the Western public as a plausible way of neutralizing “Russia’s war machine.” If Moscow’s oil and gas exports could be cut off, then, the dubious logic goes, Russia would not be able to continue its war effort in Ukraine.

However, laughably, the supposedly noble Western rationale is in tatters this week after the U.S. Treasury lifted sanctions off Russian diesel exports for the next six months in order to boost global oil supplies and curb soaring energy prices.

Another shattering blow to the facade of Western “principles” was the disclosure by Russia’s energy minister, Alexander Novak, that the European Union has continued to buy Russian energy exports at nearly pre-war levels. (Cue Western media silence on that!)

Since 2022, the EU has bought a total of $320 billion worth of Russian hydrocarbons. To put the expenditure in perspective, that far exceeds what the European governments have donated to Ukraine, some $226 bn, according to EU data.

How’s that for a contradiction? The European governments are throwing hundreds of billions of taxpayers’ money at Ukraine supposedly to defend itself against Russia, yet these same governments are giving Russia much, much more by buying its energy resources. In other words, to use their own rhetoric, Brussels and other European capitals are “fuelling the Russian war machine.”

As for the United States, it is equally duplicitous. The Americans blew up the Nord Stream pipeline in 2022 so that Europe would not be at the mercy of Russian oil dependency. Washington also imposed sanctions on Russian energy while increasing its more expensive gas exports to Europe. Yet last Friday, October 9, President Donald Trump announced, to the dismay and alarm of the Europeans and Ukraine, that he had made a deal with Vladimir Putin to release 3.5 million tonnes of Russian diesel onto the world market to ease pressure on crippling pump prices.

Whatever happened to American laws against “trading with the enemy”?

Of course, Trump is desperate for relief over record-high fuel prices as a result of his criminal aggression against Iran and Iran’s closure of the Persian Gulf oil route in retaliation. With the mid-term Congressional elections only three weeks away, Trump is seeking to assuage angry American consumers and spare his Republican Party from an electoral drubbing that will tarnish his presidency.

Out of sheer expedience, Trump wants Russian diesel exports to save his political neck. Some observers may question whether Moscow should oblige Trump considering that Washington is arming the NeoNazi Kiev regime with missiles and intelligence. Perhaps the Kremlin is calculating that Trump could finally pull off a peace deal in Ukraine.

Another smart move by Moscow, perhaps, is that the diesel deal with Trump has managed to unleash a storm of recriminations from Europe and Ukraine, which is severely undermining the transatlantic axis. Is this political judo by Putin?

The European NATO partners and the Kiev puppet president Vladimir Zelensky reacted with unprecedented insults and defiance of Trump. They accused the American leader of treachery and of siding with Russia. Within Washington, Trump has also been lambasted for “betrayal”.

Trump and his aides hit back furiously, dismissing the Europeans as “hypocrites” over their own record purchases of Russian energy exports. Trump even called for Zelensky to be replaced by someone who he can work with.

For his part, Zelensky doubled down with truculence, badmouthing Trump for being “weak” and accusing him of putting Ukrainian lives at risk. He refused to stop Ukrainian air strikes on Russia’s oil refineries, as requested by the White House. And the little money-grabbing, narco-Führer also attempted blackmail by suggesting to Trump that he would halt air attacks on Russian energy infrastructure “if” the Pentagon supplied more Patriot missiles.

Trump’s anger has exploded over Zelensky and his European patrons. He sees their obstruction of his diesel deal with Russia as not only hypocritical but a political attack on his presidency ahead of the crucial November polls.

The debacle is a rich farce. American and European posturing is seen for what it is, without any principle or genuine motives. It is a plague on all their houses.

Both the U.S. and its European partners are buying Russian energy like never before to sustain their struggling economies. The sanctions they imposed on Russia never had anything to do with “upholding international law” or “defending Ukraine”.

Using their own disingenuous logic, the NATO nations are fuelling the Russian war machine with their continuing business-as-usual purchase of Russia’s oil and gas.

That contradiction, in turn, exposes the fraud of the war in Ukraine. It was never about defending democratic Ukraine – a corrupt NeoNazi dictatorship – or European security from Russian “threat”.

The whole murderous episode has always been about fomenting a proxy war to defeat Russia. That covert policy is a gargantuan crime of aggression that has cost millions of lives and bankrupted Western societies. What’s more, it is an utterly failed policy which Western governments are covering up to avoid accountability. The destruction and deception go hand in hand.

What is all the more damning is that this travesty could have been easily exposed years ago if the Western news media had actually reported on facts instead of being the propaganda service they so evidently are to enable criminal aggression by their imperialist masters.

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