La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 17 de septiembre de 2026 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 14 comunidades indígenas Maya Q’eqchi’ contra Guatemala por desalojos forzados, muertes, detenciones arbitrarias y despojo de territorios ancestrales en el Valle del Polochic, hechos que se remontan a 2011 y podrían derivar en una condena internacional al Estado.

La petición fue presentada ante el organismo el 31 de marzo de 2011 y quedó registrada como el caso N.º 13.159. Más de 13 años después de los primeros operativos, Guatemala había transferido tierras a 355 familias Maya Q’eqchi’, sin abarcar a todas las personas afectadas ni acreditar medidas de indemnización.

El reclamo se originó luego de que el Estado otorgara la titularidad de varias fincas del Valle del Polochic a la empresa Chabil Utzaj S.A. para cultivar caña de azúcar. Según la CIDH, la decisión se tomó sin una consulta previa, libre e informada a las comunidades, que perdieron sus plantaciones tradicionales de maíz, arroz y frijol.

Muertes, heridos y destrucción de viviendas en los desalojos

Los desalojos de 2011 involucraron a autoridades estatales y agentes privados, en operativos que no respetaron los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Murieron Beb Ac y Óscar Reyes, mientras que Miguel Chub Cucul, Marcelino Ical Chub y Arnoldo Caal Rax resultaron heridos.

También hubo detenciones arbitrarias, incendios de viviendas y destrucción de cosechas. Las familias fueron desplazadas de las fincas que reclamaban como parte de su territorio ancestral.

Las comunidades promovieron dos acciones constitucionales de amparo el 18 de marzo de 2011 para detener las demoliciones. La primera fue rechazada, mientras que la segunda obtuvo una orden provisional del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz para suspender la destrucción de siembras y casas.

El juzgado no supervisó el cumplimiento de esa medida y la acción terminó igualmente rechazada. La falta de protección judicial forma parte de las violaciones denunciadas ante el tribunal interamericano.

La violencia continuó el 25 de mayo de 2013, cuando la comunidad El Rodeo sufrió un nuevo desalojo extrajudicial atribuido a la empresa. Ese mismo día, empleados intentaron desplazar a unas 95 familias que ocupaban la finca Río Polochic, en el municipio de Panzós.

Cinco campesinos recibieron disparos, entre ellos dos menores de edad, y fueron trasladados al Hospital Nacional de La Tinta. Los hechos profundizaron la situación de desplazamiento de las familias Q’eqchi’ del norte de Guatemala.

La falta de títulos sobre los territorios ancestrales

El Informe de Admisibilidad y Fondo N.º 111/24 concluyó que no existe controversia sobre la ocupación histórica de las 14 comunidades en esa región. Sin embargo, el Estado nunca delimitó, demarcó ni tituló los territorios a favor de sus habitantes.

Para la Comisión, la posesión ancestral es suficiente para acreditar la propiedad colectiva, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. El organismo sostuvo además que Guatemala no realizó estudios de impacto ambiental y social antes de autorizar el monocultivo de caña de azúcar.

Las autoridades tampoco garantizaron mecanismos adecuados de participación comunitaria. A esa omisión se sumó la inexistencia de un censo confiable sobre la población desplazada: la parte peticionaria afirmó que al menos 387 familias quedaron fuera de los registros oficiales tras los desalojos.

La CIDH señaló además que persistieron acciones de persecución y campañas de desacreditación contra integrantes del Comité de Unidad Campesina, organización vinculada con la defensa de las comunidades. La falta de reconocimiento territorial dejó a las familias sin garantías para habitar y trabajar sus tierras.

El informe de fondo sostuvo: “La falta de reconocimiento y garantía de su derecho a la propiedad comunal ha provocado que las comunidades no puedan usar ni gozar de sus tierras en forma pacífica”. Esa situación, añadió, mantiene incertidumbre sobre la existencia y preservación de las 14 comunidades.

Las reparaciones solicitadas a la Corte Interamericana

La Comisión pidió a la Corte Interamericana que declare la responsabilidad internacional de Guatemala por la violación de nueve derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: vida, integridad personal, garantías judiciales, acceso a la información, protección de la niñez, propiedad comunal, derechos políticos, protección judicial y derechos económicos, sociales y culturales.

La solicitud menciona los artículos 4, 5, 8.1, 13, 19, 21, 22, 23, 25.1 y 26 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del tratado. También cuestiona la falta de investigación de los actos de violencia contra la población Maya Q’eqchi’.

Entre las reparaciones requeridas figuran la delimitación, demarcación y titulación colectiva de los territorios mediante un título registrable de pleno dominio. El planteo incluye garantías para un retorno seguro de las comunidades y una investigación que identifique y sancione a los responsables de las muertes y lesiones.

La Comisión solicitó medidas para impedir que proyectos legislativos, administrativos o empresariales que afecten a estas comunidades avancen sin cumplir los estándares de consulta y consentimiento previo. También requirió un marco legal que armonice el derecho de consulta con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La Corte Interamericana deberá determinar si Guatemala incurrió en responsabilidad internacional por los desalojos, la falta de titulación colectiva y la ausencia de investigaciones sobre la violencia contra las comunidades del Valle del Polochic.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prevé realizar en marzo de 2027 el primer simulacro con organizaciones políticas de su sistema SIP-245 de resultados preliminares, una plataforma que continúa en fase de ajustes y que deberá operar en las elecciones generales de ese año.

La prueba incorporará a fiscales informáticos de los partidos, mientras persisten dudas sobre el grado de desarrollo de la herramienta y su capacidad de funcionar en zonas con limitaciones de conexión y energía.

Las pruebas internas lograron reconocer 97.5% de los caracteres incluidos en las actas durante la primera lectura. La Dirección General de Informática estima que ese indicador podría alcanzar 99.9% cuando el sistema incorpore una mayor cantidad de registros de escritura manual procedentes de procesos electorales anteriores.

La digitalización de actas y los tiempos previstos

El Sistema de Información Preliminar busca digitalizar, interpretar y transmitir las actas electorales desde los centros de votación. El Tribunal Supremo Electoral indicó que las pruebas de carga y envío de documentos ya están en marcha antes del ensayo previsto con las agrupaciones políticas.

José David Illescas, director general de Informática del TSE, explicó que el escaneo de cada cara de un acta demora entre 16 y 20 segundos. Con una conexión 4G, la transmisión de cada documento demandaría otros 20 segundos.

Cada Junta Receptora de Votos deberá procesar cuatro actas. De acuerdo con las proyecciones expuestas por el funcionario, el traslado de la totalidad de esos documentos podría tomar unos siete minutos, aunque el cálculo dependerá de la cartografía electoral y de la señal disponible en cada centro.

La plataforma todavía tiene componentes en desarrollo. Illescas señaló que continúan los ajustes sobre la visualización de los resultados y sobre la interpretación automática de los documentos que sean escaneados durante la jornada electoral.

El TSE sostiene que el sistema ya funciona en pruebas internas, pero el desarrollo técnico continuará antes de la instancia programada para marzo. El simulacro permitirá poner la plataforma a disposición de los fiscales informáticos de las organizaciones políticas.

Las inquietudes partidarias y los riesgos en áreas rurales

Representantes de partidos políticos cuestionaron que la primera prueba general se realice cerca de las elecciones. También solicitaron información sobre los componentes del sistema, el calendario de ensayos y los mecanismos que se aplicarán para corregir fallas eventuales.

Las agrupaciones plantearon su preocupación porque la plataforma siga en proceso de ajuste cuando se aproxime el primer ejercicio con participación partidaria. La autoridad electoral deberá responder a esas solicitudes mientras completa las pruebas de funcionamiento y transmisión.

La conectividad en áreas rurales figura entre los asuntos pendientes para la implementación del sistema. La Dirección de Informática utiliza la cartografía electoral para identificar los centros de votación que presentan problemas de señal, acceso a datos o suministro eléctrico.

Cada kit electoral contará con alternativas de transmisión a través de compañías de telecomunicaciones, según explicó Illescas. El organismo también analiza el uso de baterías externas y plantas generadoras para sostener los equipos en lugares expuestos a cortes de energía.

La disponibilidad de señal en cada punto será determinante para los tiempos de envío de las actas y para el funcionamiento de los mecanismos de respaldo. El proceso de cartografía permitirá definir qué centros requerirán soluciones específicas de conectividad o electricidad.

En la misma sesión, el Tribunal informó que 97 medios de comunicación se inscribieron para transmitir publicidad electoral de los partidos de cara a los comicios de 2027. El registro reúne 53 medios televisivos, 35 radiales y nueve escritos.

Las organizaciones políticas deberán presentar sus planes de medios para que el TSE distribuya los espacios de pauta electoral entre los medios inscritos.

Un día después de la tragedia ferroviaria provocada por el choque de un AVE con un tren Iryo en el término municipal de Urda, la ciudad de Toledo se ha convertido en el epicentro de toda la frenética actividad derivada de la catástrofe. En la capital castellanomanchega se ha reunido de urgencia el Centro de Coordinación Operativa (Cecopi), con Pedro Sánchez a la cabeza, mientras que en el Instituto de Medicina Legal un equipo de 12 forenses permanecen trabajando en la identificación de las víctimas del siniestro, en un edificio prácticamente blindado por la Policía, al que solo han podido acceder algunos familiares y autoridades.

En paralelo, decenas de familiares y amigos acogidos en la Casa Sacerdotal pedían ayuda para localizar a sus seres queridos. A última hora de la tarde muchos de ellos no habían encontrado respuestas.

En este primer emplazamiento, la Casa Diocesana de Ejercicios 'El Buen Pastor' de Toledo, un trasiego sin fin de gente entrando y saliendo ha caracterizado la jornada. Este lugar se ha convertido en el epicentro de la espera. Allí conocíamos la historia de Mari Carmen Bejarano que junto a su hijo esperaban durante horas conocer el paradero de su exmarido César Vicente Sanz. Como otros allí congregados, más de medio centenar, piden respuestas. “Todos los familiares que estamos aquí pedimos que nos digan qué características tienen las personas de los hospitales para saber si son los nuestros”.

Como Esther y Manuel, de Sevilla, buscando a su hermano, Pepe San Emeterio, que viajaba junto a su perro en el vagón ocho del AVE. El animal fue localizado y entregado a la familia. No obstante, tras entrar y salir varias veces de la Casa Sacerdotal, seguían sin obtener nuevas ya avanzada la tarde. “El tiempo pasa y pesa. Imagino que a lo largo de esta noche o mañana por la mañana... no sé, es una sensación. Hay que tener un poquito de paciencia”, se consolaba Manuel.

La visita de los Reyes y el lapsus de Adamuz

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, han visitado a los heridos del accidente ingresados el Hospital Universitario de Toledo, como la artista Clara Montes.

Allí, a las puertas del centro hospitalario Felipe VI ha pedido que la investigación en marcha tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) tiene que servir para determinar “cómo y por qué” ha sucedido esta “catástrofe”. El rey ha tenido durante su intervención un lapsus en el que se ha referido al accidente como 'el de Adamuz', un apunte que posteriormente ha corregido tras la advertencia de la reina.

“Tendrán que estudiarse las medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder”, decía al salir del hospital en el que los monarcas han permanecido más de hora y media. También ha demandado a la sociedad “ir juntos e unidos”, seguir adelante con ese dolor y con esa pérdida, pero también con “dignidad y con rigor”.

Más de un centenar de medios de comunicación han copado la entrada hospitalaria, entre la mirada incrédula de algunos pacientes, aunque Felipe VI y Letizia han llegado pasadas las 15.30 horas para no interferir en el cambio de turno del personal sanitario, según se ha explicado.

Los Reyes de España también han acudido, aunque no estaba anunciado, a la Casa Sacerdotal donde se encuentran los familiares de las víctimas y afectados, en busca de respuestas: “Han venido, han estado con los trabajadores que están cuidando de nosotros y no sé si habrán visto a una familia en concreto”, comentaba uno de los familiares a la espera de noticias.

Allí han escuchado las explicaciones de los psicólogos y equipos de apoyo a los familiares de los desaparecidos y fallecidos en el accidente ferroviario de Urda. Igualmente han conversado con algunos familiares de las víctimas.

El exsecretario de Trabajo en México acude a despedir a Fátima Báñez

No muy lejos de allí, la calle Dinamarca de Toledo, donde se ubica el Instituto de Medicina Legal, en el que se están realizando las identificaciones de las personas fallecidas en la tragedia de Urda, el acceso ha permanecido cerrado al tráfico durante todo el día. El edificio ha estado blindado e incluso el entorno también lo estaba para los peatones, a pesar no existir una señal específica que prohibiese a los mismos circular por las inmediaciones.

Varias personas que transitaban por la zona hacia algunas tiendas, al médico o al cementerio, muy cerca de estas instalaciones, han recibido instrucciones de la Policía Nacional de que dieran la vuelta y fueran por otro sitio. “Voy a llegar tarde al médico, ¿no se puede pasar de verdad?”, preguntaba una mujer preocupada por perder su cita.

Al lugar también han llegado sobre las cuatro de la tarde los primeros coches con familiares a los que se han realizado las pruebas de ADN para cotejarlas con las muestras de 52 los cadáveres que se encontraban en estas instalaciones de la calle Dinamarca.

Tímidamente, acompañado junto a una mujer, ha llegado el exsecretario de Trabajo de México, Alfonso Navarrete, que tras preguntar a la Policía le han indicado que debía bajar de nuevo la calle por donde ha venido para ir hasta el tanatorio. Navarrete, según expresaba a los medios de comunicación, ha venido expresamente para “abrazar y arropar” a la familia de la exministra Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario.

Se ha declarado “amigo personal” de Báñez y su familia, y ha explicado que ambos iniciaron su amistad cuando compartieron carteras en España y en México, y trabajaron juntos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el impulso de una reforma laboral “exitosa”.

Navarrete ha detallado que la exministra le escribió la noche anterior al siniestro, al saber que él estaba en España, para comentarle la posibilidad de que ambas familias pudieran verse. “Al día siguiente, recibí un mensaje de Jaime, su esposo, diciéndome que ella estaba en ese tren, y ahora que ya sabemos que ha fallecido, hemos venido a darle un abrazo a sus hijos, a sus hermanos, a su esposo, a su familia”, ha expresado.

La mayor parte de los heridos han sido dados de alta

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha detallado este mediodía que de los 110 heridos en el accidente de Urda, 60 han recibido ya el alta médica y de los 15 en código rojo (en estado crítico que requiere intervención inmediata), los cuatro más graves evolucionaban de manera positiva.

Así lo ha explicado en su último balance de víctimas antes de la actualización del Ministerio de Transportes, que ha elevado el número de muertos a 74, aunque una hora más tarde ha rectificado y ha mantenido la cifra en 69 fallecidos.

La Guardia Civil ha recibido en el día de hoy 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente. El proceso ahora pasa por la identificación de los fallecidos, “que lleva su propio protocolo, muy estricto”, según García-Page, que señalaba que en este sentido se está cumpliendo con la ley “de forma rigurosa”, al tiempo que ha mandado un mensaje de ánimo a las familias.

El proceso más duro llega ahora. Decenas de familiares esperan la identificación de las víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo. Lo hacen entre el Instituto de Medicina Legal de Toledo, donde 12 forenses trabajan con este objetivo, y la Casa Sacerdotal de la ciudad, que se ha habilitado para acogerlos y atender sus necesidades.

Hay desesperanza, ansiedad y mucha impotencia. Sensaciones imposibles de describir que van más allá de las cifras. Porque detrás de los datos de muertos hay familiares y amigos que los buscan, que quieren saber con urgencia y que no se explican nada de lo que está pasando. Juan Carlos Mayoral, un párroco ha informado que todos están recibiendo ayuda psicológica: “Están a la espera de algo que les dé un halo de esperanza”.

Lo más terrible es que es 29 de octubre, fecha en la que se cumplen dos años de la dana que dejó 229 personas muertas en la Comunitat Valenciana y siete en Castilla-La Mancha. Esta última comunidad autónoma vuelve a vivir el horror de una catástrofe como ya lo hizo en las localidades de Letur (Albacete), Mira (Cuenca) y Villel de Mesa (Guadalajara).

Ahora es Toledo el epicentro de la tragedia. Entre familiares también se ayudan. “A mi hijo le contactó ayer por redes sociales la hermana de la persona que iba al lado de mi marido en el tren y que fue atendida en un centro de atención primaria”. Tiene la esperanza de que a su familiar le pasara lo mismo y pueda estar en algún hospital sin poder identificarse. “Todos los familiares que estamos aquí pedimos que nos digan qué características tienen las personas de los hospitales para saber si son los nuestros”.

Han estado esperando la visita de las autoridades tras la reunión del CECOPI para poder tener más información. “Renfe no nos puede decir muchas cosas, pedimos que nos informe alguien con autoridad porque la gente está muy nerviosa”.

La situación de Esther y Manuel es muy parecida. Son dos hermanos de Sevilla que buscan, tras hacerse las pruebas de ADN, a su hermano, José (Pepe) San Emeterio. Iba en el vagón ocho del AVE que embistió al Iryo en Urda. Viajaba con su perrro, que sí pudo ser localizado y entregado a su cuñada. Tiene 54 años y es empresario. Tiene un reloj de montaña con localización y a las 9.00 horas del jueves 28 de octubre su hermano Manuel recibió un mensaje de esa aplicación: había tenido un accidente.

“Recibí la notificación, encendí la televisión y vi que podía estar ahí, en medio de la nada. Llamé a mi hermano y vimos que pintaba muy mal”, explica, a lo que su hermana Esther, muy emocionada añade: “Tiene una niña de 16 años y mis padres son muy mayores. Solo queremos que esté vivo, aunque esté inconsciente, intubado, que está en un hospital, por lo menos eso”.

Ambos explican que van pasando las horas y no saben nada. “Cuando ocurre algo así, debe haber un protocolo entendible por cualquiera, sin tecnicismos, y eso lo echamos en falta. La noche la hemos pasado con esperanza, pensamos que él está peleando por salir para adelante en algún sitio. A él le gusta mucho la tecnología, y me lo imagino lleno de cables y tubos como a él le gusta”, dice su hermano Manuel.

Otro desaparecido es David Martínez Méndez, un joven madrileño de 25 años con vínculos en Sevilla que iba en el vagón siete del AVE siniestrado. Su búsqueda la ha activado la compañera de trabajo de su padre, quien ha pedido a su tío, Agustín Díaz Moreno, que acudiera a Toledo para intentar localizarle. En el Instituto de Medicina Legal de Toledo explica que tan solo sabe que lo desalojaron en helicóptero hasta esta ciudad, pero “no han vuelto a saber nada más”.

Precisamente, la familia de David ha hecho público un comunicado para poder localizarlo: “Cualquier dato por pequeño que parezca puede ser de gran ayuda”, afirman. Cuentan los familiares que durante las últimas horas han recorrido diferentes centros hospitalarios en busca de información. Entre ellos, el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital 12 de octubre de Madrid aunque “hasta ahora no hemos podido confirmar su paradero”.

“Mantenemos la esperanza de localizarlo entre los pacientes que todavía permanecen sin identificar. Necesitamos que cualquier persona que pueda haber coincidido con David o que tenga alguna información sobre su situación, se ponga en contacto con nosotros. Solo queremos saber dónde está y cómo se encuentra”.

La tragedia ha tocado igualmente a los medios de comunicación. Entre los desaparecidos se encuentra Raúl Triguero, reportero del programa '¡De viernes!' de Telecinco, que viajaba a Sevilla. De hecho, el presentador el programa, Santiago Acosta, ha acudido al Hospital Universitario de Toledo para intentar localizarlo.

La confusión todavía es muy latente entre familiares y amigos de desaparecidos. Otro de ellos es Agustín Randazzo, de nacionalidad argentina, que viajaba en el coche número ocho del AVE. Se trata de un hombre de 51 años con barba entrecana y muchos tatuajes visibles que suele usar gorra. Sus familiares, que desde el momento del accidente no han podido ponerse en contacto con él, piden que cualquiera que tenga información les contacte en el +54 9 11 4192-7700.

Y es que un total de 42 ciudadanos extranjeros viajaban en los trenes que chocaron, según el balance provisional del Ministerio de Exteriores. Se trata de personas de siete nacionalidades distintas de los cuales habría un fallecido, siete heridos, diez habrían resultado ilesos y hay otros 24 cuya situación se desconoce por el momento. “Hemos pedido información”, señalan desde Exteriores, cuyo departamento asegura estar “en contacto permanente con las embajadas de los ciudadanos extranjeros afectados que constan en estos momentos”.

Entre los desaparecidos andaluces, hay al menos ocho personas de las que se desconoce su paradero y para quienes las familias piden cualquier información. Sonia Palacios fue atendida ayer en el punto habilitado por Renfe para las familias de los afectados en la estación de Santa Justa, en Sevilla. Busca desesperadamente cualquier señal de Juan José García Palacios, de 26 años. El joven guardia civil volvía en el vagón número 8 del AVE.

También, Ana Benítez pide la colaboración ciudadana para encontrar a su hermano David tras interponen la denuncia en el cuartel de Eritaña de la Guardia Civil en Sevilla, quien iba en el vagón 8 y asiento 13B. Hasta ayer, se había notificado su historial clínico en atención primaria en el sistema sanitario de Castilla-La Mancha, pero la familia todavía no ha recibido ningún mensaje que confirme que está en buenas condiciones.

Otro de los momentos más dramáticos vividos en Santa Justa fue cuando los allegados de José Ángel San Emeterio, de 54 años, pedían información sobre su paradero. Otro caso similar es el de Ana Avilés Uruñuela, madre de Ana Román, que viajaba a Sevilla para acudir a la boda de su hija, que se celebraba este mismo sábado.

La joven Mari Carmen García, de 26 años y procedente de la localidad cordobesa de Rute, viajaba en uno de los trenes siniestrados desde Madrid, donde trabajaba, y de la que aún no hay ninguna noticia.

Otro llamamiento es para la búsqueda de David Reina, un joven de 22 años procedente de Málaga que se encontraba en el segundo convoy del AVE. Según su hermana, vestía una camiseta blanca y unos pantalones azul claro. El mecánico de trenes en Renfe sigue en paradero desconocido.   

Entre los andaluces desaparecidos está también Carmen de Santa Ana, natural de Sevilla que actualmente habitaba en Madrid. Carmen viajaba en el vagón 7 del Ave, asiento 15A, y su familia pide difusión para dar con cualquiera que sepa algo de ella, según informa Val Torres.

En esta lista también se encuentra Antonio Vázquez, apoderado de Pablo Aguado y hermano del maestro Curro Vázquez. La familia ha intentado buscarlo en el hospital de Toledo, pero sin éxito.

Mientras siguen las identificaciones de las víctimas mortales, ya hay fallecidos confirmados. Una de las últimas es la de César Vicente Sanz, al que buscaba su hijo el actor sevillano César Vicente. Ocupaba el asiento 13 A del vagón 8 del AVE con un maletín con un gato.

En el accidente ferroviario de Urda ha muerto la atleta española Julieta Gallego, de 24 años y saltadora de longitud del club madrileño AD Sprint, según ha informado la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en sus redes sociales, en las que ha trasladado también su pésame y todo su apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club.

La joven atleta había cumplido 24 años el pasado 9 de octubre y residía en Alemania. “Hoy es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint. Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)”.

“Todo el club estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que la querían. Descansa en paz, Julieta. Siempre formarás parte de nuestra familia Sprint”.

También ha muerto en el accidente la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza. Tanto la patronal CEOE como el PP esperaban noticias de la exministra desde que se produjo el accidente, perdiendo la esperanza a medida que pasaban las horas.