El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) se seguirá situando en el 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) en el 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,90%, en un alto de la política monetaria que no descarta próximos incrementos.

La entidad europea ha optado por pausar la tasa de referencia después de la subida acometida en septiembre y la previa del mes de junio, en un escernario internacional marcado por el repunte de la inflación al 3,8%, niveles no vistos en los últimos tres años.

"Los precios de la energía han continuado subiendo, lo que plantea riesgos al alza para las perspectivas de inflación y a la baja para las perspectivas de crecimiento. Aunque los efectos de la perturbación energética aún no se han materializado plenamente, la inflación subyacente se ha mantenido en general estable hasta ahora y los salarios no muestran una respuesta sustantiva en esta fase", ha destacado la institución.

No obstante, desde el Banco Central Europeo han insistido en que vigilarán de cerca la transmisión del encarecimiento de la energía al resto de bienes y servicios. La preocupación es que el repunte inicial de los precios energéticos termine trasladándose a otros componentes de la cesta de consumo, presionando la inflación de forma más generalizada y persistente, tal y como sucedió tras la invasión rusa en Ucrania.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve al centro del debate político en plena campaña electoral. Mientras el Gobierno defiende que las prestaciones están garantizadas, la oposición reclama que, aunque sea un sistema viable, necesitará reformas en el futuro. Por su parte, Vox va más allá y plantea semiprivatizarlas. Sin embargo, más allá de las valoraciones de los partidos, los últimos movimientos presupuestarios también ponen el foco en la financiación del sistema. En apenas siete días, el Consejo de Ministros ha aprobado dos operaciones que suman casi 12.100 millones de euros al presupuesto de la Seguridad Social.

Primero, un préstamo de 10.000 millones

Según publicó El Confidencial, el pasado 20 de octubre el Estado transfirió 10.003,08 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante un préstamo destinado a atender los pagos de las pensiones. Es decir, como los ingresos del sistema no son suficientes para contener los gastos, el Estado debe intervenir aportando capital adicional.

De hecho, esta operación se repite cada año desde 2023 en el mes de octubre. Con ella se permite dotar al Ministerio que dirige Elma Saiz de tiempo con el que planificar el pago de las pensiones de los meses de noviembre y diciembre, incluyendo la paga extra. No obstante, no se trata de un cheque en blanco; tiene condiciones de devolución. Se trata de un préstamo sin intereses que la Seguridad Social debe devolver al Estado en un plazo máximo de diez años, contados desde el año siguiente al de su concesión.

Segundo, una transferencia de casi 2.100 millones

Pese a esta inyección de recursos, este martes —tan solo siete días después del préstamo—, el Ejecutivo ha aprobado una segunda operación, esta vez por un importe de 2.090 millones de euros. Según recoge la referencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda quiere dar respuesta a una necesidad de "carácter ineludible e inaplazable", con la que pretende "dar cumplimiento al compromiso de aportaciones del Estado por el Pacto de Toledo".

Además, en esta ocasión sí que se especifica en qué partidas concretas se destinará el capital: financiará "los gastos de naturaleza no contributiva". En el sistema de la Seguridad Social conviven dos tipos de prestaciones. Las contributivas se reconocen, por regla general, en función de las cotizaciones que una persona ha realizado durante su vida laboral. Las no contributivas, en cambio, están destinadas a proteger a quienes carecen de recursos suficientes y no han cotizado, o no lo han hecho durante el tiempo necesario, para acceder a una pensión contributiva.

Es el caso del Ingreso Mínimo Vital, las pensiones de orfandad o las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que garantizan unos ingresos a personas que cumplen los requisitos establecidos, aunque no hayan cotizado lo suficiente para generar derecho a una pensión contributiva. Y también existen otros gastos que, aunque están relacionados con prestaciones contributivas, se financian con recursos del Estado, como los complementos a mínimos que elevan determinadas pensiones hasta la cuantía mínima establecida.

¿Cómo va el presupuesto de 2026?

Los últimos datos disponibles del presupuesto de la Seguridad Social son hasta agosto. Pues bien, en los primeros ocho meses del presente año, los ingresos ascienden hasta algo más de 171.000 millones y los gastos hasta los 164.000 millones: unos 144.000 millones del lado contributivo, otros 17.000 del no contributivo y unos 3.000 millones en gastos internos como el pago de la plantilla o el mantenimiento de las infraestructuras.

Es decir, el sistema cuenta con un superávit de 7.000 millones. ¿Entonces para qué necesita más capital del Estado? Por un lado, para poder prever el pago de los meses que quedan, y por otro, porque no es oro todo lo que reluce.

El desglose de los ingresos ayuda a entender esta dependencia de los recursos públicos. Las cotizaciones sociales suman unos 126.000 millones de euros, frente a los cerca de 144.000 millones que asciende el gasto contributivo. Es decir, las aportaciones de trabajadores y empresas no bastan para cubrir por sí solas las prestaciones contributivas y la diferencia debe compensarse con otras fuentes de financiación, entre ellas las transferencias del Estado, que se acercan a los 44.000 millones de euros.

Pero hay una segunda cuestión: el presupuesto también debe hacer frente a los gastos no contributivos, que hasta agosto rondan los 17.000 millones. Y hay otra mala noticia. Los presupuestos están prorrogados desde 2023 y lo que revela la segunda referencia del Consejo de Ministros es que la Seguridad Social no puede hacer frente al pago de esta parte del sistema con los mismos recursos de los que disponía en 2023. Es decir, necesita más dinero y por ello ha tenido que ampliar el crédito destinado a cumplir este compromiso en casi 2.100 millones adicionales.