«Cabeza fría». Este jueves, a mediodía, Alberto Núñez Feijóo se desplazó hasta el puesto de mando avanzado en la localidad toledana de Urda. Zona cero de la tragedia ferroviaria. Su visita tuvo lugar minutos antes de la confirmación de la muerte de una persona muy querida por su partido: Fátima Báñez. Después de un día entero de angustia. En la tarde, el PP instaló en su sede nacional un libro de condolencias. En una imagen que difundió la formación se podía leer una parte de la dedicatoria del presidente: «Fátima es la España que queremos y por la que trabajamos en su partido».

A cierre de esta edición, eran 69 las vidas víctimas del siniestro ferroviario. Entre ellas, Fátima. Un nombre propio que conmociona al primer partido del país, donde son tantos los amigos que lloran su pérdida.

El líder popular pidió «respeto» y también «memoria». Coherente con su decisión de suspender la campaña electoral, en su intervención ante los medios de comunicación mantuvo en todo momento un tono institucional. «Lo que ha pasado ha truncado la vida de muchas personas», se dolió.

El PP avanza hacia una primera reclamación: «Responsabilidades políticas». Después de «lo urgente», dijo Feijóo, «viene lo importante». Las «más de cien muertes en dos accidentes de tren de la Alta Velocidad en ocho meses y en el mismo corredor ferroviario conllevan un cuestionamiento del sistema». Los españoles, apuntó, «necesitan respuestas y ya se están preguntando qué es lo que pasa en la Alta Velocidad».

No quiso ahondar en su crítica. «Vamos a respetar a los muertos, vamos a enterrarles, vamos a acompañar a sus familias. Pero es evidente que tenemos que tomar decisiones», anticipó. «Las responsabilidades políticas no se pueden asumir cuando termine una investigación» y, además, no «son opcionales. Son imprescindibles desde el punto de vista ético y moral».

Núñez Feijóo no especificó si se refería a la dimisión del ministro Óscar Puente. Aunque luego no dejó lugar a equívoco: «Yo sé lo que haría si fuese presidente del Gobierno. Primero, en el nombramiento. Segundo, durante la ejecución y el mandato de ese ministro. Tercero, con los accidentes y los incidentes de AVE reiterados que hemos vivido».

Por la tarde, el grupo popular en el Congreso informó de una petición urgente para que sea el propio Pedro Sánchez quien dé la cara de lo ocurrido ante el Pleno de la Diputación Permanente. «Las responsabilidades no terminan en Óscar Puente. Sánchez fue quien le nombró, quien le sostiene y quien ha liderado a través de varios ministros (entre ellos Ábalos y Puente) una deficiente gestión del sistema ferroviario de nuestro país que ha desembocado en múltiples incidencias, incluidos los terribles siniestros ocurridos en Adamuz, Gelida y Urda».

A los populares no les vale que Puente se preste a comparecer de forma voluntaria la semana próxima. Quieren que sea Sánchez el que ofrezca las debidas explicaciones. «El PP considera insuficiente la comparecencia a petición propia del ministro de Transportes, y reclama que sea el presidente del Gobierno quien ofrezca explicaciones en el Congreso, después de haber dicho que era ‘inasumible’ que en España se hayan producido dos accidentes con 120 muertos confirmados en menos de nueve meses».

En su declaración ante los medios, el presidente del PP quiso trasladar una reflexión más profunda sobre Puente. Sin mencionarlo por su nombre. «La política no consiste en descalificar. La política no consiste en hablar. La política consiste en hacer. Para ejercer un cargo político y, mucho más, si tiene un componente técnico se necesitan tres cosas: experiencia, gestión y rigor». Los nombramientos, subrayó, «tienen que ser a personas que tengan trazabilidad y experiencia». Su exigencia, en caso de llegar a gobernar la nación, es y será siempre: «Experiencia, experiencia y experiencia. Gestión, gestión y gestión. Y rigor, rigor y rigor».

Hoy, el presidente popular se reúne en Génova 13 con expertos del sector ferroviario. «Llevamos desde Adamuz contactando con los responsables de seguridad de Renfe, de Adif. Llevamos toda la mañana reunidos con ellos. Vamos a tener memoria. Vamos a devolver la confianza al sistema ferroviario español», incidió. Con representantes sindicales, maquinistas y antiguos altos cargos abordará la situación en la que se encuentra la red ferroviaria.

Un encuentro que viene precedido por el de ayer. Feijóo estuvo reunido con los responsables del puesto de mando avanzado, con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. Le acompañó en todo momento el presidente regional del PP, Paco Núñez. Confirmó que desde que sucedió la tragedia no se ha cruzado un solo mensaje con Sánchez. «Nadie del Gobierno me ha llamado», respondió ante el interés de la prensa. «He sido atendido muy cordialmente por el presidente Page». Una nula interlocución entre Gobierno y oposición que no deja de ser anómala.

En su intervención de ayer, Núñez Feijóo también quiso elogiar a otra España: la España apolítica. «Ayer vimos a la mejor España. Cómo un pueblo coge los coches y se va al campo, donde atraviesa la línea de ferrocarril de AVE. Hemos visto una actitud ejemplar y cómo los servicios de emergencias, sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuaron con la mayor ejemplaridad».

Los análisis políticos –sí, políticos, porque política es la gestión de los recursos públicos– de la tragedia de Urda repiten una palabra: «Realidad». Lo hacen para describir aquello con lo que el Ejecutivo se da de bruces cuando anda enfrascado en alguno de los múltiples «relatos» que lleva ocho años produciendo en serie. Desde la pandemia hasta anteayer. Sabíamos que anticiparse a los problemas –¿para qué sirve un Gobierno?– nunca fue una prioridad para Pedro Sánchez y los equipos a su mando. Ahora somos conscientes de que solucionarlos tampoco entraba en sus planes. El argumentario habitual ya es dudoso de por sí. Aplicado a una segunda hecatombe en las vías de la misma línea de nuestra red ferroviaria es directamente obsceno.

Lo malo de estar en precampaña es que tenemos una respuesta crudamente visual a la pregunta de qué han estado haciendo los que mandan en el tiempo que ha separado los dos dramas. Bailar. Alguno pensará que es un resumen algo tosco. Pero si estos años han sido los de los gestos habrá que prestar una atención especial a aquellos cuya ejecución ha quedado más subrayada. Sobran los motivos que explican por qué estaba siendo la precampaña de las emociones. Citaremos dos. Uno es que encaja bien en un esquema que ha erradicado la rendición de cuentas. Otro es que hemos llegado a acostumbrarnos a un ecosistema en que el estado anímico del presidente está mucho más arriba en la escala de prioridades que el interés general.

Para que todo ello fuera posible era necesaria una factoría de distracción funcionando a pleno rendimiento. Estremece recordar la cantidad de nimiedades usadas para evitar prestar atención al derrumbe de la clase media española tal y como la conocíamos.

No era necesario para darnos cuenta, pero la tragedia ha presentado hasta un carácter macabramente simbólico. Ha tenido que producirse precisamente en el AVE, emblema de aquel país efervescente que hace cosa de tres décadas creía tener el futuro domesticado. Que ocurra bajo el manto competencial de Óscar Puente termina de hacerlo insoportable. Exceptuando a los que se han dedicado a dar soporte político a los grupos criminales, es la persona que más toxicidad ha aportado a la vida pública española desde el fin de la dictadura.

Su «personaje» de aspiraciones canallitas ha supuesto la creación más abyecta de la comunicación política. Sólo en la España del muro, instalada en el enfrentamiento avivado por las instituciones, podía ser viable un ministro que se pasara el día insultando a contribuyentes desde unas redes sociales que usa con la compulsividad propia del jubilado o del estudiante en estado de pellas permanentes.

Su hosquedad agreste, barnizada a veces con un poco de ese ingenio que adorna al despiadado, intentó vestirse de sentido de Estado con un torrente de palabrería hueca inmediatamente después del desastre de Adamuz. No tardó en volver por sus fueros, jaleado por esa marea de juglares capaz de tragar cualquier bazofia siempre y cuando venga envuelta en el logotipo del PSOE. Lo que llegó a escribirse sobre un hombre limitándose a hacer su trabajo.

Puente ha sido Puente hasta el último momento. Qué tono condescendiente en la comparecencia desde Atocha. El esfuerzo que no dedicó a la infraestructura lo empleó en tejer algo parecido a una narrativa exculpatoria. Ojalá estas líneas se queden antiguas y, para cuando aparezcan ante sus ojos, ya haya dejado de ser ministro de Transportes y candidato del PSOE al Congreso por Valladolid. Su renuncia a todo cargo es indispensable, pero no suficiente. Debe desaparecer completamente de la vida pública que tanto contribuyó a emponzoñar. Como Gerardo Iglesias volvió a la mina, Julio Anguita al instituto o Mariano Rajoy al registro, Óscar Puente ha de regresar allí donde sea capaz de ganarse la vida sin que su presencia nos recuerde la ofensa sistemática por parte de aquel que tenía que haber trabajado para nosotros. Eso servirá para que, dentro de muchos años, al topar con su efigie en alguna foto de archivo, podamos recordar todo aquello que nunca debiéramos volver a ser. Ojalá para entonces hayamos perdido el miedo a subirnos a un tren.

Uno de los tres inmigrantes que entraron a nado en Ceuta durante la oleada migratoria del pasado julio y que han colaborado con la Policía en la identificación de altos cargos, mandos y «dinamizadores» en la frontera trasladó el pasado miércoles a la juez María Tardón –según fuentes jurídicas– que «corre riesgo su vida». El testigo, que se ofreció a colaborar con los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional, preguntó al terminar su comparecencia por videoconferencia desde Ceuta si tenía que volver al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Y es que, según puso de relieve, después de que la Policía fuese a buscarlo al centro de acogida (para que pudiese declarar como testigo), el hecho de que sus compañeros le viesen de vuelta de nuevo junto a los agentes podría despertar suspicacia, algo que podría comprometer su seguridad.

Ya fuese por reafirmar los motivos por los que ha solicitado el asilo o por poner en valor su colaboración con los investigadores –identificó a dos «mkadam» o informadores municipales, a un teniente y a un jefe policial a los que las imágenes analizadas por el Cenif sitúan en la frontera–, lo cierto es que el testigo afirmó que fue él quien de motu proprio brindó su ayuda a la Policía española.

Según aseguró en su testifical, hubo permisividad de las autoridades de Marruecos. «Pasó lo mismo que en 2021», cuando a consecuencia del «caso Ghali» –la acogida en nuestro país del líder, a espaldas de Rabat, del líder del Frente Polisario enfermo de Covid– precipitó otra entrada masiva de inmigrantes con la complacencia de los agentes marroquíes.

"No hay problema para cruzar"

El inmigrante explicó que cuando se concentra tal cantidad de gente en la frontera y ven «que no hay muchos policías ni autoridades», saben que «no hay problema para cruzar la frontera».

Pero no fue el único que expresó en su declaración el temor sobre su situación personal. Como ya informó este periódico, otro de los inmigrantes que testificaron aseguró al Cenif el pasado día 19 que si regresase a Marruecos «le podrían meter en la cárcel». Entonces, contestó así a la pregunta sobre las posibles consecuencias a nivel laboral de su entrada en España y del abandono del servicio –era sargento de la Gendarmería Real de Marruecos y estuvo destinado hasta el pasado 6 de marzo en el aeropuerto de Marrakech–.

Sin embargo, ante la magistrada corrigió esa versión y afirmó que ese temor a acabar en prisión no se debía a su entrada en la ciudad autónoma, sino a un pleito que mantiene con la Administración por la cuantía de su jubilación, asunto que «se ha vuelto viral. «Me pueden castigar por esto».

Este exmilitar aseguró, según fuentes presentes en su comparecencia, que cuando le va a buscar la Policía al centro de acogida sus paisanos «sospechan», incluso también el personal de «las organizaciones de acogida y los traductores». «Seguro que sabrán que estoy colaborando y eso me puede crear problemas».

"Si vuelven a Marruecos..."

Otro de los inmigrantes que testificaron también abordaron el riesgo que corren los militares marroquíes que cruzaron la frontera durante esa avalancha migratoria si finalmente tienen que regresar a su país. Según explicó, «hay soldados de Marruecos en Ceuta» que «han huido y han dejado su trabajo», encontrándose en las mismas condiciones que el resto de los inmigrantes. Y precisamente, aseguró según las fuentes consultadas, «eran los que más intentaban quedarse en Ceuta porque si vuelven a Marruecos...».

Este mismo testigo contó que cuando se acercó a la frontera el 30 de julio policías marroquíes les indicaban «que bajasen a la playa» y una vez allí había policías que les instaban a tirarse al agua (la mayor parte de quienes entraron en la ciudad autónoma de forma ilegal lo hicieron a nado, tras la sentencia del Tribunal Supremo que puso coto a las devoluciones en caliente cuando se llega a Ceuta por mar).

Por otro lado, el Cenif ha entregado ya a Tardón un vídeo grabado en la frontera de Ceuta el pasado 30 de julio en el que identifica a 24 supuestos «dinamizadores» del asalto a la ciudad autónoma. Como adelantó LA RAZÓN el pasado 9 de septiembre, tras revisar las imágenes la Policía había podido identificar a más de una veintena de personas. Ahora, esa información está ya en manos de la instructora, así como otro vídeo centrado en la actitud pasiva de los agentes marroquíes uniformados desplazados a la zona. Al menos cinco de esos «dinamizadores» sobre el terreno han sido reconocidos ya por los tres inmigrantes que colaboraron con la Policía española y que ayer mismo testificaron por videoconferencia ante la juez Tardón.

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el juez retirado Manuel García-Castellón contra el dirigente de Podemos Pablo Fernández.

El que fuera magistrado de la Audiencia Nacional (AN) acusa al político morado de haber lesionado su derecho a honor, a la intimidad y a la propia imagen con las numerosas manifestaciones públicas en el que le ha atribuido ser un «mentiroso, mafioso, corrupto y prevaricador, entre otros comentarios negativos».

Por ellos, García-Castellón solicita la Justicia que se condene al ahora candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid al pago de una indemnización de 100.000 euros por el «daño moral generado», «dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma» en programas de televisión y a través de redes sociales.

El juzgado que titula Fátima María Durán Hinchado aceptó tramitar esta demanda tras apreciar que «reúne los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales necesarios para comparecer en juicio» y teniendo en cuenta, «a la vista de las pretensiones formuladas» por el jubilado García-Castellón que su tribunal madrileño posee «jurisdicción y competencia objetiva para conocer las mismas».

Ahora, en el decreto firmado por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) conocido en primicia por LA RAZÓN, da traslado de la demanda y la documentación que la acompaña a Fernández, «emplazándole, con apercibimientos advertencias legales, para que la conteste en el plazo de 20 días hábiles». De este procedimiento civil será parte también el Ministerio Fiscal y se le da una «tramitación preferente».

El juzgado ya le adelanta «que si no comparece dentro del plazo indicado se le declarará en situación de rebeldía procesal».

En la demanda, a la que tuvo acceso este diario, se sitúa, tras la jubilación forzosa de García-Castellón de la Carrera judicial al cumplir los 72 años (septiembre de 2024), el inicio de una «campaña de odio y desprestigio» hacia su persona y trayectoria profesional.

En un primer momento, la iniciativa la tomó la secretaria general del partido, Ione Belarra, que –hay que recordar–, el pasado junio, fue condenada a pagar 9.000 euros de reparación económica a este antiguo miembro de la judicatura, por una serie de manifestaciones públicas en que aseguraba que él y «otros jueces corruptos», se irían «de rositas», pese a haber «prevaricado».

La diputada y exministra le imputó, en este sentido, el haber protegido al PP durante instrucciones que dirigió como las del «caso Villarejo» o el «caso Púnica» y de, por otro lado, haber llevado a cabo una «guerra sucia judicial» contra los de Pablo Iglesias.

Según se explica en la acción civil emprendida por sus abogados, Fernández «pretendió continuar con las acusaciones iniciadas por su compañera de partido».

Concretamente, señala a este político «por asumir un papel activo en la difusión de manifestaciones dirigidas de forma directa a García-Castellón, presentándole ante la opinión pública como un juez que ha dedicado su carrera a la comisión de actos tales como corrupción, prevaricación y politización de la función judicial».

La parte demandante subraya que estas aseveraciones de Fernández «no se producen en ámbitos privados o de circulación restringida, sino que son estratégicamente publicados y realizados en medios de comunicación y redes sociales (principalmente, «X»), difundidos a una gran audiencia y con enorme capacidad de impacto».

Es, precisamente, –se señala en la demanda– «el alcance de los comentarios realizados, así como las numerosas entrevistas en diversos programas, lo que han provocado un alcance desproporcionado, no solo por ser medios accesibles, sino por aprovecharse (Fernández) de su condición de portavoz y figura pública como miembro de un partido político».

Y ofrece datos de su impacto público: el dirigente morado tiene casi 150.000 seguidores y sus publicaciones generan miles de comentarios de usuarios y de «me gusta».

En definitiva, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN acude a los tribunales al considerar que los «incesantes comentarios han supuesto que una infinidad de personas lleguen a creer –sin fundamentación alguna y por mero rechazo a su figura de nuestro mandante– que ha sido un juez corrupto y prevaricador, involucrado en diversas tramas políticas, valiéndose del derecho a la libertad de expresión para realizar comentarios vejatorios y absolutamente falsos sobre su figura».

Su representación letrada aprovecha para recordar que «no existe ni una sola sentencia judicial o procedimiento abierto (tampoco en el seno del Poder Judicial), en el cual se haya condenado o imputado a García-Castellón por delito alguno relacionado con su cargo público, es decir, prevaricación o corrupción».

Parece que las defensas de los investigados en el procedimiento de las «cloacas del PSOE» han optado por fundamentar su estrategia para defenderse de los delitos que se les imputa en dos pilares. Por un lado, los ataques constantes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, por otro, [[LINK:INTERNO|||Article|||6ab6b957580cd900076c3312|||alegar que «alterar» los cursos de los casos judiciales –que afectan a los intereses del PSOE, del Gobierno o del entorno del propio presidente del Ejecutivo– no es delito. ]]

En un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, se ha aferrado a las agendas de Leire Díez para desvincularse de las «cloacas del PSOE». En el documento, en el que también acusa a la UCO de ocultar los mensajes de WhatsApp que, según su versión, desmontarían las sospechas sobre el presunto soborno a la empresaria Carmen Pano que dijo haber entregado 90.000 euros en efectivo en Ferraz, la letrada sostiene que los agentes ignoraron deliberadamente esas conversaciones y vincula esta supuesta falta de imparcialidad con otra prueba que considera exculpatoria: las agendas intervenidas a Díez, en las que asegura que no aparecen contactos que acrediten su participación en la presunta organización «criminal».

De La Hoz carga contra la Policía Judicial al cuestionar la imparcialidad de sus investigaciones y se aferra a las anotaciones de la llamada «fontanera» porque, dice, que desvelan que sus contactos con ella revelan una relación vinculada exclusivamente a la preparación de acciones legales contra la empresaria Carmen Pano, y no a una operación destinada a interferir en las investigaciones judiciales, que es en lo que indaga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

En este sentido, la defensa asegura que, de la veintena de agendas analizadas, únicamente existe una anotación que relaciona a Leticia de la Hoz con Carmen Pano. Se trata de una referencia fechada el 1 de abril de 2025, a las 14.00 horas, en la que figura la expresión «Documento Leticia Carmen Pano». Según su versión, esa anotación no guarda relación con ninguna maniobra contra la Guardia Civil, sino con un borrador de denuncia o querella que pretendía presentar contra la empresaria.

En el mismo escrito, la defensa de De La Hoz, ejercida por el abogado Carlos Bautista, argumenta que la UCO ha tenido, en este sentido, una «falta de ponderación equilibrada» porque en uno de sus atestados analizó y desplegó «juicios de inferencia» –propios de un «tribunal de justicia»– sobre los indicios incriminatorios contra la letrada por el presunto soborno a Carmen Pano, pero ignoró y «no dedicó valoración alguna» al contenido de su propio anexo en el que se recoge el borrador de denuncia contra la empresaria que la abogada de Koldo remitió a Leire Díez «un año antes» de que se abriera la investigación de las «cloacas del PSOE».

Según De La Hoz, este documento («omitido por la UCO») «acreditaría» la veracidad de su versión sobre el verdadero motivo de las reuniones con Pano –la compraventa de una operadora de hidrocarburos– y no con las presuntas maniobras investigadas en la trama. «Se redactó cuando no existía causa frente a la que preparar defensa alguna», dice el escrito, en el que también se insiste en que el primer contacto entre De la Hoz y Leire Díez en marzo de 2025 y «tuvo como principal motivo la denuncia o querella que pretendía interponer frente a Pano».

Con esta secuencia temporal, la defensa pretende desmontar la existencia de una relación anterior entre ambas y desvincular los contactos de febrero de 2025 con las «cloacas del PSOE». «Si el vínculo que se imputa a nuestra representada con una supuesta organización fuera cierto, las agendas contendrían más anotaciones conjuntas en el mes de febrero de 2025», argumenta el abogado, que añade que «nada de ello existe, por más que se intente contrarrestar ese dato con nuevos juicios de inferencia».

La estrategia de atacar a la UCO no queda ahí. De La Hoz también sostiene que los investigadores no pueden actuar con la necesaria imparcialidad porque pertenecen a la misma unidad que, según la hipótesis del juez, habría sido objetivo de las maniobras investigadas. «Quienes figuran como perjudicados investigan su propio caso».

Según argumenta, los agentes omitieron datos porque, dice, que el 2 de junio de 2026 De la Hoz les remitió a los investigadores una cadena completa de conversaciones de WhatsApp para explicar el motivo de sus reuniones con Pano y su chófer y que, por tanto, disponían de ese material antes de que De la Hoz adquiriera la condición de investigada, pero no lo incorporaron a sus atestados ni contrastaron su contenido.

La cúpula de la Guardia Civil incoó y prosiguió con informaciones reservadas en contra de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por presuntas filtraciones de informaciones sensibles para el Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de que el propio Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, ya tenía un conocimiento «fehaciente» de que las fugas de información no procedían de la unidad investigadora del Instituto Armado.

En un nuevo atestado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, y que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la UCO detalla que las conversaciones filtradas eran de 2023 y que en su poder solo disponían de material incautado hasta octubre de 2021.

La cúpula de la Guardia Civil abrió tres informaciones reservadas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 contra miembros de la unidad por orden, según explicó Llamas en sede judicial, del ministro Fernando Grande-Marlaska y de Mercedes González.

La segunda de ellas se abrió el 12 de mayo de 2025, después de que El Mundo publicara chats entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos, que supuestamente estaban incluidos en dispositivos de Koldo García intervenidos por la UCO.

Los investigadores detallan también que hay un WhatsApp enviado el 14 de mayo de 2025 por el general jefe de Policía Judicial al entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, en el que le comunica: «Me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO».

En el informe, los agentes reconstruyen las comunicaciones internas que comenzaron el 10 de mayo de 2025, después de que trascendieran las conversaciones entre Ábalos y Sánchez en la prensa. Ante las peticiones de información de sus superiores, los responsables de la UCO explicaron que los mensajes publicados no figuraban entre las evidencias analizadas por la unidad.

También añadieron que, en un supuesto caso de que fuera así, la información estaba en un disco «encriptado» del que todavía no se había efectuado análisis alguno y, por tanto, «no se podía acceder» al contenido por «ninguna fuente de la investigación» porque la desencriptación se produjo a finales de diciembre de 2024, meses después de las filtraciones de las conversaciones en la prensa.

«Este extremo hacía materialmente imposible que los mensajes filtrados estuvieran contenidos en el disco duro, y corroboraba lo ya informado: que en el análisis de ese dispositivo y de los demás no existía ningún mensaje de similares características y que, de haber existido, el mismo procedimiento de estudio de evidencias los habría detectado. Al no concurrir este acaecimiento, se podía concluir que la filtración no provenía de la UCO», expone el informe.

Según se explica, ninguno de los jefes de grupo era «conocedor» de esos mensajes entre Ábalos y Sánchez, sencillamente, porque no estaban incluidos en las evidencias incautadas. «Nosotros esos mensajes no los hemos visto en ningún dispositivo. Aún así estamos revisando», escribió un agente al jefe de la unidad, el teniente coronel Antonio Balas.

Este último trasmitió, de hecho, todos estos detalles al superior de la UCO, Rafael Yuste, desde la mañana del domingo 11 de mayo para corroborar que las filtraciones nunca procedieron de la unidad. Según se expone, le explicó, «de manera reiterada» que, efectivamente, el dispositivo incautado seguía en las dependencias policiales, que no se había entregado a los investigados y que esta circunstancia «jamás» tuvo lugar, permaneciendo aún, a fecha de hoy, todas las evidencias intervenidas en el poder de la UCO.

El informe añade que, pocos días antes, las jefaturas de Información y Policía Judicial habían trasladado al DAO dos notas de despacho en las que se describía una supuesta campaña para perjudicar el prestigio de la UCO desplegada por las «cloacas del PSOE».

La tesis de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Santiago Pedraz es que la apertura de informaciones reservadas se activó de manera coordinada y en momentos coincidentes con el avance de causas judiciales especialmente sensibles, con el posible propósito de presionar a los agentes de la UCO, a quienes se les ordenó, supuestamente, «que se pusieran de perfil».

Pedro Sánchez y sus gurús electorales calculan qué les cuesta más: mantener a Óscar Puente y asumir el desgaste político de la tragedia ferroviaria de Toledo o promover su dimisión y exponerse a que su destitución se interprete como el reconocimiento de un fracaso de gestión. El cálculo es estrictamente electoral, no en clave de obligada rendición de cuentas, a pesar de que el presidente del Gobierno haya llegado a reconocer que es «inasumible» la situación. Hasta ahora, parece que el presidente protege a su ministro, pero en Moncloa revisan estrategia política y en el PSOE crece la preocupación por las consecuencias electorales de dos accidentes de alta velocidad que han dejado, al menos, 120 muertos en tan solo nueve meses.

La decisión sobre el futuro de Puente no está exenta de riesgos y esto es lo que miden en Moncloa. El cese sería un intento de representar una respuesta política contundente ante la tragedia, pero también abriría una discusión sobre las deficiencias de gestión que justificarían la destitución. Mantenerlo evita ese reconocimiento inmediato, aunque prolonga la exposición de Sánchez al desgaste y a las informaciones que puedan conocerse durante la investigación. Esta ecuación se hace aún más difícil de resolver porque faltan apenas cuatro semanas para las elecciones generales y Moncloa se ha quedado sin plan para recuperar la iniciativa política que había comenzado a construir alrededor del «amor» y la confrontación con la derecha.

De hecho, en las filas socialistas cunde el desconcierto. Mientras Moncloa sostiene que la gestión de Puente «no está en cuestión», son más los dirigentes del PSOE que reconocen que la campaña ha quedado rota y que será muy difícil remontar la situación. La preocupación no se limita al impacto emocional de la tragedia, sino que también alcanza a la posibilidad de que la seguridad ferroviaria se convierta en uno de los principales asuntos de debate durante las próximas semanas.

Puente era, además, uno de los principales activos de confrontación del presidente. Su presencia en las redes sociales, sus ataques al PP y su capacidad para marcar la agenda lo habían convertido en una pieza clave del sanchismo. Ahora, ese perfil combativo se ha quedado anulado y cada intervención pública del ministro será examinada a la luz de las responsabilidades de su departamento y de las explicaciones que todavía debe ofrecer.

La presión no procede exclusivamente de la oposición. Frente Amplio ha reclamado responsabilidades políticas a todos los niveles, mientras Sumar, ERC y Podemos exigen explicaciones parlamentarias. La controversia alcanza así al propio espacio político y limita las posibilidades de presentar las peticiones de responsabilidades como una ofensiva de la derecha.

La gestión de la emergencia ha dejado, además, un contraste político dentro del propio PSOE. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, está dando un ejemplo de coordinación de los servicios de emergencia, de atención a las familias y de presencia institucional junto a los afectados. Su participación en los dispositivos de respuesta y su acompañamiento a las víctimas proyectan una imagen de cercanía que contrasta con las dificultades de Moncloa para asumir las responsabilidades políticas de lo sucedido y con un presidente del Gobierno encapsulado en su cordón de seguridad por miedo al rechazo de la calle y al dolor y al malestar de las víctimas.

La comparación resulta incómoda para Sánchez porque evidencia que la empatía y la credibilidad institucional no dependen de una campaña de imagen, sino también de la capacidad para ofrecer respuestas.

Por eso, el problema ya no es únicamente el futuro del ministro. Al centro del debate ha saltado justo lo que los asesores presidenciales pretendían dejar esquinado: la rendición de cuentas. «Los de Moncloa pueden cambiar ahora el lema de campaña, los mensajes y la estrategia. Pero Sánchez no puede ya presentarse como ajeno a las consecuencias de la gestión de su Gobierno. Ninguna campaña del amor podrá evitar que tenga que responder por ello», reflexionan en una de las federaciones socialistas que todavía mantiene poder territorial. Por cierto, en sectores del PSOE interpretan que Sánchez intenta aprovecharse políticamente de la imagen de García-Page en estos momentos tan delicados. La paradoja, según esta lectura interna, es que Moncloa busque cobijo en lo que representa el presidente manchego después de haberle satanizado en público y en privado.

La filial española de la compañía de seguros QBE Europe ha informado a la juez que investiga el accidente de Adamuz (Córdoba) que consigna un millón de euros más para resarcir a las víctimas del siniestro que provocó la muerte de 46 personas. Se da la circunstancia de que la aseguradora contratada por Adif remitió el escrito este miércoles, el mismo día que se produjo el mortal siniestro de Urda (Toledo) que deja un balance, por el momento, de 68 personas fallecidas.

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la compañía explica que ha cursado "la orden de transferencia y pago" por importe de 816.952 euros, aunque no aporta justificante de la operación porque, dice, todavía no lo tiene. Se trata de la quinta entrega de fondos que, en total, suman 27,62 millones de euros "en favor de las víctimas y perjudicados por el accidente ferroviario del pasado 18 de enero".

La aseguradora, que en febrero pidió al juzgado el listado de pasajeros que viajaban en los trenes siniestrados, carga este monto a la póliza de responsabilidad civil suscrita por el Administrador de la Infraestructura Ferroviaria (ADIF). No obstante, avisa que estos desembolsos "no suponen asunción de responsabilidad alguna". "QBE deja constancia expresa de la reserva de cualesquiera derechos y acciones, totales o parciales, que pudieran corresponderles frente a cualesquiera terceros que pudieran resultar responsables del accidente, derivados del pago de esta cantidad", recalca.

27 millones para las víctimas

De esta forma, se desvincula de la gestión de Adif en el marco de esta investigación que, casi diez meses después de su arranque, indaga la responsabilidad penal del accidente que se produjo, según las principales hipótesis, por una rotura de la vía como consecuencia del fallo de una soldadura. Ello provocó el descarrilamiento del tren Iryo que viajaba desde Málaga a Madrid y el posterior impacto con un tren Alvia que circulaba en sentido contrario.

En su notificación al juzgado, la aseguradora de Adif remite un listado de los familiares de las víctimas resarcidas "sin perjuicio de continuar avanzando en la identificación de los perjudicados". Además, también ha indemnizado a las más de 200 personas que resultaron heridas en el fatal accidente y que están personadas en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro.

Las cantidades, explica, se han establecido teniendo en cuenta idénticos criterios de gravedad basados en el tiempo de hospitalización, estancia en UCI, tiempo estimado de incapacidad para el trabajo y tiempos estimados de curación de las lesiones, en los casos más leves. "Los pagos se realizan sin exigencia de renuncia alguna, y sin asunción de responsabilidad por parte de mi mandante ni de su asegurado, quedando pendiente la determinación de dicha responsabilidad", precisa la aseguradora.

La sombra de Adif

Los investigadores mantienen en el foco la gestión de Adif, especialmente después de que la Guardia Civil advirtiera a la juez Cristina Pastor en los inicios de esta causa penal que personal de esta empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes retiró material de las vías apenas días después del siniestro, sin autorización judicial. Un responsable de Adif confirmó a la Policía Judicial que recibió una orden verbal del jefe de área para que recogiera parte del material clave para la investigación y lo trasladara a la base de mantenimiento de Adif.

Este hecho propició que la juez instructora ordenara la "restitución inmediata" del material sustraído y que se abstrajeran de realizar cualquier operación en el lugar de los hechos, donde todavía se encontraban los convoyes siniestrados. De hecho, les apercibió con incurrir en responsabilidad penal si desobedecían a la autoridad judicial. Cabe recordar que en aquellos primeros compases de la investigación el ministro del ramo, Óscar Puente, negó cualquier responsabilidad de Adif e incluso puso en tela de juicio los informes de la Guardia Civil sobre el estado de las soldaduras, llegándolo a calificar de "bulo".

Además, en estos meses, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha advertido de "incongruencias" en los informes aportados por Adif a la causa sobre las labores de mantenimiento y control de las vías. El equipo investigador alertó de una posible manipulación de firmas y alteración del contenido de los documentos que pone en entredicho la veracidad de los mismos.

La consignación de la aseguradora de Adif se produce, casualmente, el mismo día que tuvo lugar el segundo gran accidente de la alta velocidad en España. El siniestro que se produjo a primera hora de la mañana de este martes en la localidad de Urda (Toledo) y que ha dejado un balance provisional de 74 muertos, acorrala al departamento de Puente por la falta de seguridad de la red de alta velocidad en España en lo que va de año.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone contra las cuerdas al exdirector general Leonardo Marcos y al Director Adjunto Operativo (DAO) Manuel Llamas. La unidad que investiga las principales causas de corrupción que afectan al Gobierno ha informado al magistrado Santiago Pedraz que recibieron órdenes expresas para que se negara cualquier irregularidad en los correos incautados en la causa contra David Sánchez. En concreto dijo que había que concluir que "no había nada".

La UCO así lo explica en respuesta al requerimiento del magistrado de las cloacas del PSOE que trata de esclarecer si las investigaciones internas abiertas a la Policía Judicial por filtraciones escondían, en realidad, presiones para neutralizar los procedimientos que acechan a Pedro Sánchez y a su partido. En concreto, el juez solicitó a la UCO que se pronunciara sobre las informaciones reservadas abiertas a la Policía Judicial.

Una de ellas se impulsó para investigar la filtración en prensa de "datos personales" de terceros ajenos a la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. En concreto, para esclarecer la publicación del correo de Begoña Gómez en dos medios de comunicación en octubre de 2020. En su respuesta, la UCO se retrotrae a meses antes del episodio investigado, "para una mejor comprensión de la información requerida".

Los correos, la prueba estrella del caso

Según explica, el 12 de julio de ese año (dos meses después de que la juez Beatriz Biedma abriera causa contra David Sánchez) el entonces director general de la Guardia Civil reunió en la sede del Instituto Armado al DAO Manuel Llamas, al entonces jefe de la UCO Rafael Yuste y al general jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo. En el encuentro les enseñó una información publicada el 12 de julio en ABC relativa a la incautación de correos en la Diputación de Badajoz para investigar el enchufe del músico en el ente pacense.

Marcos apuntó entonces a una filtración de los agentes, a pesar de que ya existía un auto de la juez notificado días antes a las partes encargando dicha diligencia. Además, "de manera vehemente", manifestó que el oficio policial que pedía incautar los correos de la Diputación era "malintencionado y prospectivo". Igualmente, reza la respuesta de la UCO, "ordenó que el informe debería estar finalizado el siguiente viernes y que, además, tenía que concluir 'que no había nada'". Se trata de unas órdenes que Antonio Balas, el coronel jefe que dirige dichas pesquisas, trasladó "con preocupación" a sus jefes de grupo.

Cabe recordar que el análisis de todos los correos incautados a los empleados de la Diputación que participaron en el enchufe, incluidos los de su entonces presidente Miguel Ángel Gallardo, se consolidaron como una prueba determinante para llevar a los imputados al banquillo de los acusados. Muchas de estas comunicaciones pusieron de manifiesto las directrices para agilizar con la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios pacenses en 2016. Además, consta una comunicación intercambiada entre los directores de conservatorios que reconocieron que la plaza iba a ser para el "hermanísimo". El mensaje se envió el 19 de mayo de 2017; mismo día que se publicaron las bases de la plaza pública.

"Las causas de componente político"

Sin embargo, el entonces director general de la Guardia Civil quiso sentenciar este asunto y que la UCO concluyera que no había ningún indicio de delito en estas comunicaciones, tal y como ahora se recoge en el oficio al que ha tenido acceso LA RAZÓN. De hecho, añaden que se produjo una segunda reunión el 16 de julio en la que el DAO, "por orden" de Leonardo Marcos, mandó "acelerar la investigación penal y poder finalizarla lo antes posible". Nadie les explicó la urgencia de la medida.

En dicha cita, Llamas les pidió que no lideraran la investigación en los procedimientos "de componente político"; esto es, en la causa contra Begoña Gómez, contra el entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, o en el "caso Koldo". De hecho, incluso les trasladó que se estaba utilizando a la Guardia Civil como "ariete contra el Gobierno". Pero el coronel Rafael Yuste declaró en junio que se les dio la orden de ponerse de perfil en todas las causas que afectan de lleno al partido socialista.

El DAO, sin embargo, negó la mayor en su declaración como investigado y dijo que las tres informaciones reservadas se abrieron por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Además, negó que se impulsara una cacería contra la Policía Judicial que dirige estas causas de corrupción y dijo que cree que le acusan por su mala relación con los jefes de la unidad.

Sin embargo, Anticorrupción investiga si todo esto tiene algo que ver con la presunta organización criminal que se impulsó en el seno del PSOE para boicotear estas causas judiciales.

Consta acreditado que la actual directora general (también imputada en el procedimiento) se reunió en varias ocasiones con Leire Díez. Del mismo modo, también ha trascendido que la juez que investigó al "hermanísimo" fue víctima de acosos y seguimientos por parte de la cloaca en los meses clave de la instrucción.

Los saqueos del pasado sábado en Barcelona dejaron un rastro en la red más allá de la convocatoria de los altercados. Cuentas de X –antes Twitter– desde distintos países lanzaron mensajes para atacar a los manifestantes, pero también a inmigrantes, sin que en el momento de los hechos –ni ahora– haya una relación entre nacionalidades y la vandalización de las de la ciudad. Esos usuarios cuentas difundieron llamamientos a perseguir a inmigrantes y participantes en los extranjeros. «Los registros de transparencia de X sitúan tres de las cuentas examinadas en Francia, Ecuador y Uruguay, mientras otras presentan cambios de identidad inusuales o características propias de cuentas desechables», según un informe de la empresa de inteligencia Golden Owl, afincada en el Parque Científico de Alicante.

La compañía ya fue clave para desenmarañar los cientos de mensajes que impulsaron la entrada masiva a Ceuta a finales de julio desde Marruecos. Ahora, la empresa ha revisado 10.000 elementos recopilados en siete plataformas digitales para dibujar un mapa de lo que ocurrió hace menos de una semana en la capital catalana. También recoge los mensajes que llaman a nuevas protestas y pillaje en distintas provincias este fin de semana, aprovechando la festividad de Halloween. Aunque la Policía monitoriza las redes tratando de anular las convocatorias y de cerrar los grupos de mensajería instantánea donde se organizan, algunas están desconvocándose. Es el caso de Madrid, donde la Jefatura Superior tiene preparado un dispositivo de seguridad «mayor» que el de otros años.

Los mensajes que clamaban venganza por la vandalización de los comercios eran «ajenas» a los organizadores de los mismos, explica el informe. Presentaban los disturbios como «delincuencia migrante» y llamaban a «tomarse la justicia por su mano» con textos como «a por ellos», «a cazar» o «remigración». Este último es uno de los eslóganes que más fuerza ha cogido entre la ultraderecha europea en el último año. Otros textos decían: «Los marroquíes son el enemigo, a por ellos, sin tregua»; «Hay que dejar limpia España»; «Si ellos han sabido organizarse nosotros debemos hacer igual y sacarlos de nuestras calles. A por ellos!»; «Saquen al ejército y disparen a los objetivos».

La Policía tiene en cuentas estas represalias o «réplicas» para este fin de semana, por si se produjesen enfrentamientos entre distintos grupos a raíz de las nuevas citas. Por ahora, las convocatorias que más preocupan son las de Algeciras, San Pedro de Alcántara (en Málaga), Madrid y Barcelona. Las fuentes policiales distinguen los disturbios que ocurrieron en Bilbao esta semana. Allí se manifestaron grupos de extrema izquierda y antifascistas por la presencia del agitador ultra Vito Quiles. Fueron grupos muy politizados, algo que no se ha detectado en Blocus, como se hacen llamar estos organizadores. Aun así, la Ertzaintza está pendiente de posibles manifestaciones este fin de semana a raíz de un posible «efecto contagio».

Los investigadores definen los perfiles que agitaron las revueltas de Barcelona como «anónimos y efímeros». Esto dificulta averiguar quién está detrás, ya que las plataformas no suelen colaborar con la Justicia a la hora de identificar sus cuentas. Los mensajes se enviaron bajo la etiqueta de Blocus, que remite al movimiento francés «blocus de lycées» y al movimiento «Lycées Indignés». Estos han sido los principales promotores de las revueltas en el país galo las últimas semanas, bajo la premisa de unas protestas por una mejor educación pública.

La revuelta del pasado sábado se saldó con 128 detenidos, de los que 72 eran menores, y se saquearon una treintena de comercios. El origen de la convocatoria estuvo en perfiles de TikTok de «reciente» creación, especialmente entre los pasados 18 y 20 de octubre. Los vídeos, de corta duración, contenían cartelería realizada con inteligencia artificial acompañada de un código QR. Al entrar, el móvil accedía a chats grupales en WhatsApp y Telegram en el que había unos 700 participantes. La mayoría han sido cerrados.

Ahora los trabajos están en averiguar quién está detrás de las convocatorias. Los Mossos d’Esquadra han pedido apoyo a policías europeas, al Centro Criptológico Nacional y al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

“Setenta y cuatro compatriotas han muerto y otros tanto han sido heridos en un accidente ferroviario injusto y evitable”, ha comenzado su mitin en Ávila este jueves por la tarde el líder de Vox, Santiago Abascal. En el momento en que hablaba, la cifra oficial de fallecidos se mantenía en 69 y, a falta de determinar sus nacionalidades, se sabe que hay algún extranjero, pero Abascal se ha preguntado por qué no han dimitido todavía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, “Oscar Muerte”, como le ha llamado, después de que “120 españoles” hayan fallecido en accidentes ferroviarios este año.

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