En su primera comparecencia tras el accidente, el miércoles desde el puesto de mando de Urda (Toledo), el cariacontecido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró consciente de que, además del coste en muertes y heridos y familias desoladas, la tragedia dejaría un legado más, uno en forma de destrozo en el crédito popular del ferrocarril. El Gobierno reforzará la seguridad para “reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad”, se comprometió el jefe del Ejecutivo. Para conseguirlo, hay tarea por delante, que las urnas dirán el 29-N a quién le toca asumir. Porque la catástrofe de Urda golpea una imagen, la del servicio de trenes en España, que ya está seriamente dañada, según muestran los datos demoscópicos disponibles.

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