Tres ex cargos del PP a los que el Gobierno de Mariano Rajoy nombró en sucesivos cargos en el antiguo Ministerio de Fomento y en Renfe han pedido este viernes, en declaraciones a Expansión, “despolitizar” esa empresa pública y el gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, tras la nueva catástrofe de la alta velocidad española en Urda (Toledo), segunda en nueve meses, con un balance provisional de 69 fallecidos y más de 200 heridos.

Uno de esos ex cargos es Juan Alfaro, que presidió Renfe hasta 2018, con el popular Íñigo de la Serna como ministro de Fomento. En declaraciones a ese diario económico, Alfaro ha abogado por dar autonomía a esas dos empresas públicas para permitirles “ser completamente independientes del devenir político”. Plantea que pasen a “depender de otro ministerio o incluso de otros organismos públicos como por ejemplo Sepi”, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para dotarles de más independencia del ministerio regulador en un mercado liberalizado.

Alfaro, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un perfil técnico y, al mismo tiempo, una trayectoria muy vinculada al PP. Cuando fue nombrado presidente de Renfe, su padre (Juan Hilario Alfaro Martínez) era teniente de alcalde y concejal de Agricultura y Medio Ambiente en el municipio conquense de Tarancón por ese partido, que le nombró presidente de su junta local en mayo de 2018, cuando él todavía presidía Renfe. 

Antes de ocupar ese cargo en la empresa pública de ferrocarriles, Alfaro ocupó varios cargos en administraciones del PP. Fue director general de la Sociedad Estatal de Infraestructura Terrestre, adscrita a Fomento, donde tuvo que lidiar con el problema de las autopistas de peaje en quiebra; y antes, director de la Oficina de Colaboración Público Privada e Innovación Social (bajo el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública) del Ayuntamiento de Madrid entre junio de 2011 y mayo de 2012. Previamente, también ocupó diversos cargos en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP desde hace más de cuatro décadas.

Tras su salida de Renfe, Alfaro se incorporó a la consultora Deloitte. Allí fue director de Transportes y Movilidad y, posteriormente, socio de Financial Advisory, especializado en la industria de Transporte y Movilidad. Tras abandonar esa firma en 2024 montó su propia consultora, Inframove, que tiene entre sus clientes a la Comunidad de Madrid.

En concreto, esta firma de Juan Alfaro se ha adjudicado este año en una unión temporal de empresas (UTE) con otra de las denominadas Big Four, KPMG, un contrato de asistencia técnica para la elaboración y redacción de la Estrategia Logística de la Comunidad de Madrid. 

El contrato, por un importe de 216.892,36 euros, lo adjudicó la Agencia Logística de la Comunidad de Madrid. Esta empresa mixta fue presentada en febrero de 2025 por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, “para reforzar a la Comunidad de Madrid como centro de distribución en toda España y atraer más empresas”.

En esa empresa semipública son consejeros, entre otros, Pedro Corbalán, el consejero delegado de Planifica Madrid (la empresa pública que compró el famoso ático en Chamberí para el Gobierno de Ayuso), o (en representación de la Cámara de Comercio madrileña) Alejandro Halffter, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre al que hace años se atribuyó una famosa frase sobre un “volquete de putas”. 

Otro de los expertos vinculados al PP que piden despolitizar Renfe y Adif es Julio Gómez-Pomar. Considera que estas empresas públicas deben adaptar su gobernanza a la práctica europea, de forma que prime “una mayor independencia del poder político y un sistema donde la competencia profesional sea el criterio de selección de la estructura directiva”.

Pomar tiene también un perfil técnico pero inevitablemente vinculado al PP. Doctor en Económicas por la Universidad Complutense y MPA (Master in Public Administration) por la Universidad de Harvard, con José María Aznar fue secretario de Estado para la Administración Pública, director general de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, director general de la Tesorería de la Seguridad Social y director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Ya con Rajoy en Moncloa, Gómez-Pomar fue presidente de Renfe (estaba al frente de esta compañía en 2013, cuando descarriló un Alvia en Galicia y causó 80 víctimas mortales) y posteriormente, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda entre 2014 y 2018, lo que le convertía en virtual “número dos” del ministerio de De la Serna.

En 2020 fue nombrado presidente de Eco Rail, empresa controlada por el grupo Magtel que estuvo a punto de entrar en la primera fase de la liberalización del AVE. Y en 2024 sustituyó a su ex jefe Íñigo de la Serna como director general de Madrid Green Urban Mobility Lab, una entidad público-privada impulsada en julio de 2021 por el Ayuntamiento de Madrid junto a la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) y diversas empresas privadas, que pretende convertir a la capital en un referente internacional en materia de movilidad urbana sostenible.

En septiembre de 2023, elDiario.es informó de que el Tribunal de Cuentas había abierto una investigación a Puertos del Estado por un posible sobresueldo irregular de esta empresa pública a la esposa de Gómez-Pomar, Eva Miquel, que fue contratada como responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales en esa entidad adscrita a Fomento cuando su marido era uno de los principales responsables del ministerio.

Otra de las voces expertas que piden “despolitizar” Renfe y Adif es Berta Barrero, que cree que “lo verdaderamente importante no es tanto la adscripción administrativa de una organización como garantizar la estabilidad de su marco institucional, la claridad en la asignación de responsabilidades, la profesionalización de su gobernanza y la autonomía de gestión necesaria para desarrollar una estrategia de largo plazo”.

Barrero es otro perfil muy técnico que ocupó puestos relevantes en empresas públicas durante la etapa de Rajoy, varios de ellos (en Renfe e Ineco) a la sombra del recientemente fallecido Pablo Vázquez, expresidente de Reformismo 21, el principal think tank vinculado al Partido Popular.

Ingeniera de caminos, canales y puertos (UPM), máster en Sistemas Ferroviarios (ICAI) y Executive Master en desarrollo directivo por Esade, tras su periplo por empresas de Fomento Barrero fue fichada en 2017 como directiva por Indra (cuyo mayor accionista es la Sepi), de la que salió en 2023. En la actualidad es adjunta al presidente ejecutivo de Vectalia, grupo familiar alicantino dedicado al transporte de pasajeros urbano e interurbano, con presencia en España, Francia y Marruecos.

Barrero es también, según cuenta El Periódico, una de las integrantes de una suerte de gabinete de crisis propio que ha creado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la tragedia de Urda, cuya primera reunión presencial estaba prevista para este viernes en la sede central del primer partido de la oposición en Madrid.

Barrero ya formaba parte junto al fallecido Pablo Vázquez de ese equipo, con el que el líder del PP ya estuvo en contacto permanente en enero, con motivo del accidente de Adamuz (Córdoba), que le llevó a enfatizar desde entonces el déficit en infraestructuras como uno de sus principales reproches al Gobierno de Pedro Sánchez.

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), organismo público responsable de regular, supervisar e inspeccionar la seguridad del sistema ferroviario de competencia estatal, lleva incumpliendo desde 2020 sus planes anuales de “auditorías totales o parciales de los sistemas de gestión de la seguridad” de los gestores de la red, que son básicamente el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Adif Alta Velocidad (AV), en un contexto de creciente carga de trabajo y reiterados avisos sobre falta de personal.

El dato figura en las sucesivas cuentas anuales de este organismo y cobra relevancia tras la catástrofe ferroviaria del miércoles en Urda (Toledo), con un balance provisional de, al menos, 69 fallecidos y más de 200 heridos. El accidente, según las primeras investigaciones, comenzó por una avería técnica del sistema de seguridad LZB de la línea de AVE Madrid-Sevilla a la que siguieron, al menos, tres errores de un operario de Adif en Atocha, en el segundo siniestro de la alta velocidad española en nueve meses tras la tragedia de Adamuz (Córdoba), donde murieron otras 46 personas.

Las últimas cuentas remitidas por la AESF a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) recogen una nueva desviación en las auditorías “totales o parciales” de los sistemas de gestión de la seguridad de los administradores de infraestructuras ferroviarias que la entidad debía realizar en 2025. En concreto, este organismo realizó el pasado ejercicio 19 “acciones terminadas o en fase de ejecución”. Esto supuso un 70,37% de las 27 auditorías “totales o parciales” de los sistemas de gestión de la seguridad de Adif que tenía previsto realizar ese año.

En el caso de las empresas ferroviarias (había 35 con licencia en vigor en 2025), la AESF auditó mucho más de lo esperado. Realizó 31 auditorías totales o parciales de sus sistemas de gestión de la seguridad, muy por encima de las 12 inicialmente previstas.

Las desviaciones de la AESF en esas auditorías “totales o parciales” de los sistemas de gestión de la seguridad de Adif se han venido repitiendo desde 2020. Fueron especialmente significativas en 2021, cuando la AESF no ejecutó ni el 43% de las auditorías previstas (hizo solo seis). En 2020, el año de la pandemia, el porcentaje fue del 46%. Los planes tampoco se cumplieron en 2022 (53,3% de lo previsto), 2023 (74,19%) ni 2024 (75,76%). elDiario.es preguntó por este asunto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al que la AESF está adscrita a través de la Secretaría General de Transporte Terrestre, sin obtener respuesta.

La primera de las posibles auditorías total o parcial a desarrollar por la agencia sobre los administradores de infraestructuras ferroviarias en 2025, según el plan de acción de ese ejercicio, era la supervisión del plan específico de la Dirección General de Conservación y Mantenimiento de Adif para deformaciones de vía y roturas de carril en la red administrada por Adif y Adif Alta Velocidad. Esta acción también figura entre las previstas en el vigente plan de acción de la AESF para 2026. El documento también contempla entre los aspectos a supervisar en esas auditorías los “procesos de explotación y gestión del tráfico” de Adif, con un “alcance a determinar”.

El organismo realizó el pasado ejercicio un total de 29 “acompañamientos, visitas en cabina, visitas informativas e inspecciones” con los administradores de infraestructuras ferroviarias, que incluyeron inspecciones realizadas por Adif y Adif Alta Velocidad dentro de su Plan Anual de Seguridad en la Circulación para vigilancia de sus propias actividades. En este caso, las acciones realizadas estuvieron un 148% por encima de lo previsto.

“Considerable rotación”

La AESF, que desde 2019 ha incoado cerca de 7.000 expedientes sancionadores y ha emitido unas 6.000 nuevas licencias de maquinistas, viene advirtiendo repetidamente en sus cuentas anuales de problemas de falta de personal.

El organismo, cuyo director general desde 2017 (fue nombrado por el anterior Gobierno del PP) es Pedro Lekuona, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, cerró 2025 con 129 empleados (un alto cargo, 117 funcionarios, 9 contratados en régimen laboral, y 2 laborales fuera de convenio). Su plantilla ha crecido un 31% respecto a 2020, el año previo a la entrada en vigor de la liberalización de la Alta Velocidad española, cuando no llegaba al centenar de efectivos.

En sus cuentas, la entidad insiste desde hace años en que “ejerce un gran número de actividades derivadas directamente de sus competencias. Una parte de ellas, como las de supervisión o estudios de seguridad pueden ser objeto de planificación, mientras que las relacionadas con la autorización de actores del sistema o de sus elementos dependen fuertemente de la demanda, difícilmente previsible, especialmente en el momento actual en que se está produciendo la incorporación de nuevos agentes y elementos al sistema, suponiendo estas últimas actuaciones un porcentaje muy elevado de su trabajo”.

“Hay que tener en cuenta que se mantiene una considerable rotación de personal, lo que unido a un ritmo más lento del previsto para cubrir las plazas vacantes de su estructura, hace que la disponibilidad de personal no siempre haya sido la necesaria y deseable para llevar a cabo las competencias de la AESF, teniendo efecto en un considerable retraso en las fechas de conclusión prevista de algunas actividades. Se ha intentado que los retrasos no afecten al Plan de Supervisión, que se considera actividad prioritaria”.

La AESF empezó a operar en 2015. Como autoridad de seguridad del sistema ferroviario español, entre otras actuaciones, supervisa las infraestructuras, el material rodante (trenes), la circulación y el personal ferroviario; concede, suspende o revoca las licencias de las empresas ferroviarias, así como las licencias y diplomas de los maquinistas; y vela por el cumplimiento de la legislación nacional y europea en materia de interoperabilidad y seguridad.

El organismo solo detalla las desviaciones en sus auditorías desde 2018. Antes de ese año no informaba de ellas y se limitaba a indicar las actuaciones de “visitas y acompañamiento” a Adif: 69 en 2016 y 40 en 2017.