El fiscal del juicio a los difusores del bulo del 'caso Bar España' ha aumentado la petición de pena hasta los 36 años de prisión para los conspiranoicos acusados Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado; Juan Lankamp Riaza; Gabriel Hernández, del canal Las cloacas del Estado, y Pilar Baselga. Al letrado Javier Fernández Torres, que se defiende a sí mismo, también le pide inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía durante cuatro años.

El representante del Ministerio Fiscal, según ha afirmado en la sesión de este viernes de exposición de los informes de conclusiones, los considera autores de nueve delitos contra la integridad moral en concurso medial con cinco delitos continuados de calumnias e injurias con publicidad contra autoridad y funcionario y con cuatro delitos de calumnias con publicidad contra particular.

Los acusados propagaron en redes sociales el bulo fabulado por el fallecido peluquero Reinaldo Colás por venganza contra su exmujer, primero en una era analógica y posteriormente multiplicado hasta el infinito en redes sociales. Cinco testigos confirmaron que todo fue un invento y que Colás les obligó siendo menores de edad a mentir.

Además, el fiscal Javier Carceller ha doblado la petición de responsabilidad civil, de los 200.000 euros solicitados inicialmente a los 400.000 euros por cabeza para indemnizar conjunta y solidariamente a las principales víctimas del bulo: la magistrada Sofía Díaz; la exdirectora del centro de menores del Baix Maestrat, Gema R.; el expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra; el expresident Francisco Camps; el excapitán de la Guardia Civil Santos F.; además de a varias enemistades personales del creador inicial del infundio: Francisco R. B., Juan M. C., Rodolfo B. C. y los descendientes del fallecido Carlos Y. A. E.

Por otro lado, el representante del Ministerio Público también aumenta su petición de indemnización —de 5.000 euros iniciales por cabeza a 25.000 euros— para las exconselleras Mónica Oltra y Gabriela Bravo y las exdirectoras generales Rosa Molero y Verónica López. El fiscal Carceller también ha solicitado que las costas de la publicación de la sentencia corran a cargo de los acusados.

Define la difusión del bulo como una “tropelía”

El fiscal ha definido la vista oral como el “primer juicio conocido” por la difusión “imparable” e “infinita” en la red de “noticias falsas” de “dimensiones colosales” y con efectos “indefinidos”. Javier Carceller ha aducido una “regulación penal obsoleta e insuficiente” para casos como el del bulo del 'caso del Bar España' (al no prever el legislador que reformó el Código Penal en 1995 un uso tan “maligno” de las nuevas tecnologías).

Las víctimas, ha remachado el fiscal, han sufrido en casi tres décadas un “linchamiento público despiadado e injusto” que ha “destrozado” la reputación personal y profesional de los perjudicados. La huella digital de las víctimas ha quedado “marcada para siempre”, ha apostillado.

La difusión del bulo, según concluye Carceller, ha sido una “tropelía” y una “salvajada” que merece una condena “contundente y enérgica”.

En todo buen procedimiento penal que se precie, llega un momento en que se rompe la paz entre las defensas y la partida se anima. La causa que investiga la catastrófica gestión de la dana, de la que se cumplen dos años, no iba a ser menos. Todo se precipitó el pasado 13 de octubre, con ocasión de un auto de poco peso de la jueza Nuria Ruiz Tobarra en el que aceptaba las diligencias propuestas por una de las acusaciones populares y en el que la instructora reiteraba los “claros indicios” contra ambos investigados: la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

La resolución de la magistrada marcó el inicio de las hostilidades. La defensa de Argüeso, a pesar de que las diligencias acordadas ni le iban ni le venían, recurrió el auto alegando que el alto cargo del Consell de Carlos Mazón “no tenía poder competencial o facultad de convocar” la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 233 fallecidos.

El recurso, al que se ha opuesto el fiscal, también esgrime que Emilio Argüeso no era “miembro” del Cecopi ni tenía “atribuciones de mando operativo directo”, al quedar las “facultades ordinarias” de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) “absorbidas por el Mando Único ejercido” por Pradas.

También arguye como hecho “claro y meridiano” que Emilio Argüeso “no ostentaba capacidad legal ni técnica para redactar, autorizar o emitir mensajes mediante el sistema Es-Alert, correspondiendo el monopolio de dicha decisión de forma personal al Mando Único”. Es decir, a Salomé Pradas.

Aunque la defensa de Emilio Argüeso negaba que su argumentario pudiera interpretarse como que Pradas tenía “algún tipo de responsabilidad penal” en los 233 fallecimientos, la exconsellera se vio directamente aludida.

La respuesta de la defensa de Salomé Pradas, en un escrito del pasado 28 de octubre (víspera del segundo aniversario de la dana) del que ha informado elDiario.es, ha iniciado una auténtica guerra abierta entre los dos imputados.

“Desplazar” la eventual “responsabilidad” de Argüeso

Las alegaciones de Pradas comienzan reprochando a la defensa de Argüeso, ejercida por el abogado José María Bueno Manzanares, que su recurso que recurra unas diligencias que “le son indiferentes”.

“Bajo la apariencia de un debate competencial”, remata Pedro Colina, el letrado de Pradas, el recurso del otro investigado “persigue en realidad desplazar” sobre la exconsellera la “responsabilidad que pudiera atribuirse” en los hechos investigados por la jueza de Catarroja al exsecretario autonómico de Emergencias.

La defensa de Pradas rechaza la “declaración anticipada de responsabilidad exclusiva” de la exconsellera y argumenta que Salomé Pradas no ostentaba el “monopolio jurídico y material” del envío del Es-Alert.

El escrito también desliza otro dato clave que alude al llamativo contraste entre la dana del 29 de octubre de 2024 y episodios similares posteriores. El día de autos no se decretó el nivel 2 de la emergencia para toda la provincia de Valencia hasta las 19.00 (una hora y 11 minutos antes del envío del Es-Alert). Sin embargo, en estos dos últimos años se han enviado 30 alertas automáticas a los móviles, 28 de ellas en situación de preemergencia.

La “posición directiva” de Argüeso ante la dana

La defensa de la exconsellera también recuerda que Argüeso, como secretario autonómico y, por tanto, director de la AVSRE, “no era un interviniente ajeno” en la gestión de la catástrofe. Por el contrario, ostentaba una “posición directiva”.

Además, refrenda que Emilio Argüeso, aunque se desentienda de ello, fue precisamente quien convocó el Cecopi. Un hecho acreditado documentalmente en el procedimiento que, a modo de rejonazo, también destacaba este jueves la jueza instructora en un auto en el que tildaba la actuación de Argüeso de “difícilmente comprensible”.

Cabe recordar que, según coinciden numerosos testigos, Emilio Argüeso mantuvo una actitud pasiva y reservada en la reunión del Cecopi, prácticamente ausente. Por su parte, el antiguo alto cargo ha defendido desde los albores de la instrucción que actuó con “encomiable diligencia” en el marco de la gestión de la emergencia de la dana.

El cruce de recursos ha roto la paz entre las defensas, avizorando un cambio de estrategia que condiciona toda la causa y abre la puerta a una batalla por la delimitación de una eventual responsabilidad penal. Mientras, el aforado Carlos Mazón sigue en barbecho, personado en el procedimiento como una suerte de potencial investigado.