Hellenic American Leadership Council (HALC) executive director Endy Zemenides said Thursday that Peloton's Halloween-themed "Varosha Ride" trivializes a Cypriot ghost city emptied by Turkey's 1974 invasion, according to a thread he posted on X.
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Bloques de viviendas de los años cincuenta, fachadas degradadas y décadas de abandono el rincón más empobrecido de Palma. Mientras Balears bate récords turísticos, Camp Redó arrastra el deterioro de un parque residencial sin rehabilitar y el estigma de la droga
El Monopoly del arte amenaza al barrio más humilde de Palma: “Los precios son tentadores para vender”
El nombre de Corea –Camp Redó, siguiendo el topónimo original– lleva años asociado en Palma (Mallorca) a la droga y la degradación. Detrás del estigma hay una realidad socioeconómica complicada y décadas de deterioro urbanístico, como refleja el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2024. En el corazón de Corea, entre las calles de l'Infant Pagà y Joan d'Àustria, se encuentra el único sector censal de Balears situado entre el 3% de los de menor renta de toda España. La precariedad y la marginación son dos caras de una realidad compleja marcada por una inacción institucional que no ha logrado impulsar la regeneración de esta zona de la periferia palmesana.
El barrio, al oeste periférico de la capital balear, constituye un desierto económico dentro de todo el archipiélago: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal, de acuerdo al Atlas de Renta de 2024. Balears contiene sectores entre el 5% de los más enriquecidos de España. Por ejemplo, el que incluye la urbanización de lujo de Roca Llisa, en Santa Eulària (Eivissa), con una renta media anual bruta de más de 90.000 euros al año; algunas zonas de Sant Lluís, en Menorca, cerca de los 100.000, y el barrio de Cas Català, en Calvià (Mallorca), cuya renta media bruta al año supera esta cifra y se encuentra entre el 3% más rico del país y entre el 1% de las islas.
El barrio, al oeste periférico de Palma, constituye un desierto económico dentro de todo Balears: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal
Palma cuenta con sectores censales entre los de mayor poder adquisitivo del país. De hecho, la mayor parte del área metropolitana está teñida de azul –color que representa las regiones territoriales con mayor riqueza–, exceptuando barrios periféricos afectados por una gran desigualdad y donde se acentúa la marginación económica y social. Como el barrio de La Soledat, Son Gotleu y esta cuadra de Corea, una isla de renta formada por varios bloques de Viviendas de Protección Oficial (VPO) construidas durante el franquismo.
El conjunto de VPO se levantó en la década de los cincuenta como parte de un plan de vivienda (1954–1955) de la Obra Sindical del Hogar (OSH) –el organismo franquista para facilitar la vivienda a familias trabajadoras con dificultades–. El arquitecto Antoni Roca Cabanellas fue el encargado de erigir las de Corea en unos terrenos a las afueras de una Palma aún por imaginar. El sector ahora cercano a Vía de Cintura –principal autovía de la ciudad–, los cines Ocimax y la segunda comisaría de Policía, la de l’Oest, en aquella época estaba rodeado de campo, en el extrarradio de una metrópoli que como proyecto urbanístico aún estaba por despegar.
Se construyeron, en total, 568 viviendas, repartidas en 26 bloques de pisos de dos y tres dormitorios repartidos en una angosta superficie de 26 metros cuadrados, bautizadas como ‘Generalísimo Franco’. No fue la única zona que creció durante la dictadura. El anillo periférico de la capital balear creció en general con promociones de viviendas protegidas para responder al déficit habitacional que creó la llegada de familias que migraron para trabajar en el sector turístico desde la Península.
Además de Camp Redó, en los años cincuenta se construyeron viviendas impulsadas por la Obra Sindical del Hogar cerca del límite con Marratxí, mientras que en las décadas siguientes surgieron nuevas promociones en barrios como Son Gotleu –los conocidos como edificios blancos–, Son Roca y Son Ximelis. A finales de los sesenta y durante los setenta, Sa Indioteria recibió también promociones: 629 viviendas a finales de esa primera década y 320 a mitades de la segunda.
A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad. Lo señala Eduard Vila, exdirector de Arquitectura y Vivienda del Govern balear, quien durante su cargo en el puesto (2017–2019) en el primer mandato de Francina Armengol (PSIB–Unides Podem–Més) intentó impulsar varias medidas para rehabilitar Corea. Esta nueva nomenclatura del barrio se fue fraguando paulatinamente, con el estigma de los ‘guetos’ y de la venta de droga de mano de clanes que se han ido apoderando de la zona.
A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad
Es uno de los motivos de que algunos vecinos se empecinen en reivindicar su auténtico topónimo: Camp Redó (Campo Redondo, en castellano), que se propuso en honor a una antigua posesión agrícola emplazada allí en el siglo XVII y no a la guerra de Corea, por los bandos enfrentados en el interior. De momento, este ha sido el resultado: 1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de todo el archipiélago. A pesar de ello, muchas no quieren marchar porque vinculan al barrio su hogar y “estilo de vida”.
1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de la ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de Balears
El paso de los años ha hecho que los bloques –ahora repartidos entre manos privadas, el Ayuntamiento de Palma y el Institut Balear de Vivenda (Ibavi)– hayan corrido distinta suerte. A pesar de que se han realizado saneamiento de fachadas y se han vallado los jardines, los intentos institucionales no han conseguido mantener el vandalismo alejado: en las calles de Corea es fácil ver coches totalmente desguazados y venta al menudeo de todo tipo de sustancias y no es seguro para todo el mundo pasear por allí de noche.
El escenario, lejos de mejorar, ha ido en declive desde que se han asentado allí antiguos moradores de Son Banya, el poblado chabolista de la matriarca Francisca Cortés, alias ‘La Paca’. Residentes del barrio han asegurado a los medios locales que han recibido propuestas de parte de los clanes para vender droga “por cincuenta euros al día”, según testimonios recogidos y publicados por Última Hora.
Esto ha provocado que los habitantes de Camp Redó se vean aún más en una antigua encrucijada: marchar para seguir viviendo tranquilos o luchar contra las fiestas, el tráfico de drogas y la okupación –de las VPO– para derribar lo que no funciona y que haya un proceso real de rehabilitación.
En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó. Pero hoy, este ramillete de bloques de Protección Oficial a 75 años se sigue caracterizando por la vulnerabilidad, la suciedad y un futuro poco prometedor por la falta de inversión y de medidas institucionales que han conseguido reducir el barrio, que por otro lado no termina de desaparecer.
En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó
Los intentos de regenerar Corea han pasado por distintas propuestas, entre ellas, convertir la cercana vía principal en zona verde. “En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos”, afirma Vila. Una parte de los bloques hace unos años ayuda al Ayuntamiento para retirar los vehículos abandonados y otros residuos acumulados en un descampado para contribuir a su transformación. El consistorio, por otra parte, valló el recinto para delimitar perimetralmente la zona por “insalubridad”.
En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos
Eduard Vila — Exdirector general de Vivienda
La valoración técnica de los edificios había sido negativa y, tras vallarlos, se tapiaron también algunos accesos. Sin embargo, los trabajadores sociales comunicaban periódicamente que se seguían okupando los inmuebles. A pesar de los informes que se remitían a la Policía, no llegaban a solucionarse los problemas en el vecindario.
Durante la alcaldía de Aina Calvo (2007–2011), uno de los bloques se llegó a derribar para facilitar su reacondicionamiento, con los residentes en contra: parte de ellos recurrieron entonces a la plataforma Stop Desahucios, que defendió que no se debía echar abajo ninguna otra vivienda protegida en Palma. Desde entonces, los vecinos de Corea han defendido su derecho a permanecer en el barrio, frente a un posible “esponjamiento” urbanístico, pese al deterioro de los inmuebles.
“La vigilancia policial [que es frecuente] no ha ido acompañada de una iniciativa política suficiente para abordar la situación”, subraya el ex director de Vivienda del Govern. En el transcurso de los años, la degradación inminente del barrio, no ha sido un impedimento, eso sí, para que el alquiler continúe aumentando en el mismo. De hecho, se ha duplicado hasta rondar los 700 euros mensuales.
Vila apunta, por otro lado, a los problemas relacionados con Son Banya, donde, según afirma, la reducción de viviendas protegidas ha generado también conflictos. “Hay un supermercado [de droga]”, sostiene. Quienes se oponen a los desalojos y derribos recurren a plataformas contra los desahucios y a otros mecanismos para tratar de frenarlos a toda costa
Lo que funcionaría, en opinión de Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento –reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad– y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea: “Eso implicaría que en unos años el actual problema del barrio quedaría más o menos solventado. Pero no se hace porque se pagaría un precio a nivel político”.
Lo que funcionaría, en opinión de Eduard Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento -reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad- y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea
En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Palma, quien en el momento de publicarse esta información no ha respondido a las preguntas de elDiario.es, y del Govern, se ha puesto últimamente el foco en el nuevo proyecto residencial –de 800 viviendas– de la sociedad estatal CASA47 en Son Busquets. Donde algunos residentes de Corea han manifestado la voluntad de trasladarse.
En la entrecruzada con el Gobierno central, con las competencias del proyecto, el Consistorio y el vecindario defienden que en el antiguo cuartel militar se planean demasiadas Viviendas de Protección Oficial, lo que amenaza, según ellos, con que Son Busquets se convierta en un “gueto”, en sus propias palabras. Mientras tanto, la problemática situación en Corea persiste sin que haya ninguna voluntad sobre la mesa de cambiar su dirección.
A transgender former Ontario school bus driver who labeled his bus the "Lolita Line" has filed a human rights complaint over his dismissal.
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A federal judge refused to force California to set aside mailed ballots from more than 20,000 people the Justice Department says are noncitizens.
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Parece que las defensas de los investigados en el procedimiento de las «cloacas del PSOE» han optado por fundamentar su estrategia para defenderse de los delitos que se les imputa en dos pilares. Por un lado, los ataques constantes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, por otro, [[LINK:INTERNO|||Article|||6ab6b957580cd900076c3312|||alegar que «alterar» los cursos de los casos judiciales –que afectan a los intereses del PSOE, del Gobierno o del entorno del propio presidente del Ejecutivo– no es delito. ]]
En un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, se ha aferrado a las agendas de Leire Díez para desvincularse de las «cloacas del PSOE». En el documento, en el que también acusa a la UCO de ocultar los mensajes de WhatsApp que, según su versión, desmontarían las sospechas sobre el presunto soborno a la empresaria Carmen Pano que dijo haber entregado 90.000 euros en efectivo en Ferraz, la letrada sostiene que los agentes ignoraron deliberadamente esas conversaciones y vincula esta supuesta falta de imparcialidad con otra prueba que considera exculpatoria: las agendas intervenidas a Díez, en las que asegura que no aparecen contactos que acrediten su participación en la presunta organización «criminal».
De La Hoz carga contra la Policía Judicial al cuestionar la imparcialidad de sus investigaciones y se aferra a las anotaciones de la llamada «fontanera» porque, dice, que desvelan que sus contactos con ella revelan una relación vinculada exclusivamente a la preparación de acciones legales contra la empresaria Carmen Pano, y no a una operación destinada a interferir en las investigaciones judiciales, que es en lo que indaga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
En este sentido, la defensa asegura que, de la veintena de agendas analizadas, únicamente existe una anotación que relaciona a Leticia de la Hoz con Carmen Pano. Se trata de una referencia fechada el 1 de abril de 2025, a las 14.00 horas, en la que figura la expresión «Documento Leticia Carmen Pano». Según su versión, esa anotación no guarda relación con ninguna maniobra contra la Guardia Civil, sino con un borrador de denuncia o querella que pretendía presentar contra la empresaria.
En el mismo escrito, la defensa de De La Hoz, ejercida por el abogado Carlos Bautista, argumenta que la UCO ha tenido, en este sentido, una «falta de ponderación equilibrada» porque en uno de sus atestados analizó y desplegó «juicios de inferencia» –propios de un «tribunal de justicia»– sobre los indicios incriminatorios contra la letrada por el presunto soborno a Carmen Pano, pero ignoró y «no dedicó valoración alguna» al contenido de su propio anexo en el que se recoge el borrador de denuncia contra la empresaria que la abogada de Koldo remitió a Leire Díez «un año antes» de que se abriera la investigación de las «cloacas del PSOE».
Según De La Hoz, este documento («omitido por la UCO») «acreditaría» la veracidad de su versión sobre el verdadero motivo de las reuniones con Pano –la compraventa de una operadora de hidrocarburos– y no con las presuntas maniobras investigadas en la trama. «Se redactó cuando no existía causa frente a la que preparar defensa alguna», dice el escrito, en el que también se insiste en que el primer contacto entre De la Hoz y Leire Díez en marzo de 2025 y «tuvo como principal motivo la denuncia o querella que pretendía interponer frente a Pano».
Con esta secuencia temporal, la defensa pretende desmontar la existencia de una relación anterior entre ambas y desvincular los contactos de febrero de 2025 con las «cloacas del PSOE». «Si el vínculo que se imputa a nuestra representada con una supuesta organización fuera cierto, las agendas contendrían más anotaciones conjuntas en el mes de febrero de 2025», argumenta el abogado, que añade que «nada de ello existe, por más que se intente contrarrestar ese dato con nuevos juicios de inferencia».
La estrategia de atacar a la UCO no queda ahí. De La Hoz también sostiene que los investigadores no pueden actuar con la necesaria imparcialidad porque pertenecen a la misma unidad que, según la hipótesis del juez, habría sido objetivo de las maniobras investigadas. «Quienes figuran como perjudicados investigan su propio caso».
Según argumenta, los agentes omitieron datos porque, dice, que el 2 de junio de 2026 De la Hoz les remitió a los investigadores una cadena completa de conversaciones de WhatsApp para explicar el motivo de sus reuniones con Pano y su chófer y que, por tanto, disponían de ese material antes de que De la Hoz adquiriera la condición de investigada, pero no lo incorporaron a sus atestados ni contrastaron su contenido.
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La cúpula de la Guardia Civil incoó y prosiguió con informaciones reservadas en contra de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por presuntas filtraciones de informaciones sensibles para el Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de que el propio Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, ya tenía un conocimiento «fehaciente» de que las fugas de información no procedían de la unidad investigadora del Instituto Armado.
En un nuevo atestado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, y que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la UCO detalla que las conversaciones filtradas eran de 2023 y que en su poder solo disponían de material incautado hasta octubre de 2021.
La cúpula de la Guardia Civil abrió tres informaciones reservadas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 contra miembros de la unidad por orden, según explicó Llamas en sede judicial, del ministro Fernando Grande-Marlaska y de Mercedes González.
La segunda de ellas se abrió el 12 de mayo de 2025, después de que El Mundo publicara chats entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos, que supuestamente estaban incluidos en dispositivos de Koldo García intervenidos por la UCO.
Los investigadores detallan también que hay un WhatsApp enviado el 14 de mayo de 2025 por el general jefe de Policía Judicial al entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, en el que le comunica: «Me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO».
En el informe, los agentes reconstruyen las comunicaciones internas que comenzaron el 10 de mayo de 2025, después de que trascendieran las conversaciones entre Ábalos y Sánchez en la prensa. Ante las peticiones de información de sus superiores, los responsables de la UCO explicaron que los mensajes publicados no figuraban entre las evidencias analizadas por la unidad.
También añadieron que, en un supuesto caso de que fuera así, la información estaba en un disco «encriptado» del que todavía no se había efectuado análisis alguno y, por tanto, «no se podía acceder» al contenido por «ninguna fuente de la investigación» porque la desencriptación se produjo a finales de diciembre de 2024, meses después de las filtraciones de las conversaciones en la prensa.
«Este extremo hacía materialmente imposible que los mensajes filtrados estuvieran contenidos en el disco duro, y corroboraba lo ya informado: que en el análisis de ese dispositivo y de los demás no existía ningún mensaje de similares características y que, de haber existido, el mismo procedimiento de estudio de evidencias los habría detectado. Al no concurrir este acaecimiento, se podía concluir que la filtración no provenía de la UCO», expone el informe.
Según se explica, ninguno de los jefes de grupo era «conocedor» de esos mensajes entre Ábalos y Sánchez, sencillamente, porque no estaban incluidos en las evidencias incautadas. «Nosotros esos mensajes no los hemos visto en ningún dispositivo. Aún así estamos revisando», escribió un agente al jefe de la unidad, el teniente coronel Antonio Balas.
Este último trasmitió, de hecho, todos estos detalles al superior de la UCO, Rafael Yuste, desde la mañana del domingo 11 de mayo para corroborar que las filtraciones nunca procedieron de la unidad. Según se expone, le explicó, «de manera reiterada» que, efectivamente, el dispositivo incautado seguía en las dependencias policiales, que no se había entregado a los investigados y que esta circunstancia «jamás» tuvo lugar, permaneciendo aún, a fecha de hoy, todas las evidencias intervenidas en el poder de la UCO.
El informe añade que, pocos días antes, las jefaturas de Información y Policía Judicial habían trasladado al DAO dos notas de despacho en las que se describía una supuesta campaña para perjudicar el prestigio de la UCO desplegada por las «cloacas del PSOE».
La tesis de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Santiago Pedraz es que la apertura de informaciones reservadas se activó de manera coordinada y en momentos coincidentes con el avance de causas judiciales especialmente sensibles, con el posible propósito de presionar a los agentes de la UCO, a quienes se les ordenó, supuestamente, «que se pusieran de perfil».
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone contra las cuerdas al exdirector general Leonardo Marcos y al Director Adjunto Operativo (DAO) Manuel Llamas. La unidad que investiga las principales causas de corrupción que afectan al Gobierno ha informado al magistrado Santiago Pedraz que recibieron órdenes expresas para que se negara cualquier irregularidad en los correos incautados en la causa contra David Sánchez. En concreto dijo que había que concluir que "no había nada".
La UCO así lo explica en respuesta al requerimiento del magistrado de las cloacas del PSOE que trata de esclarecer si las investigaciones internas abiertas a la Policía Judicial por filtraciones escondían, en realidad, presiones para neutralizar los procedimientos que acechan a Pedro Sánchez y a su partido. En concreto, el juez solicitó a la UCO que se pronunciara sobre las informaciones reservadas abiertas a la Policía Judicial.
Una de ellas se impulsó para investigar la filtración en prensa de "datos personales" de terceros ajenos a la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. En concreto, para esclarecer la publicación del correo de Begoña Gómez en dos medios de comunicación en octubre de 2020. En su respuesta, la UCO se retrotrae a meses antes del episodio investigado, "para una mejor comprensión de la información requerida".
Según explica, el 12 de julio de ese año (dos meses después de que la juez Beatriz Biedma abriera causa contra David Sánchez) el entonces director general de la Guardia Civil reunió en la sede del Instituto Armado al DAO Manuel Llamas, al entonces jefe de la UCO Rafael Yuste y al general jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo. En el encuentro les enseñó una información publicada el 12 de julio en ABC relativa a la incautación de correos en la Diputación de Badajoz para investigar el enchufe del músico en el ente pacense.
Marcos apuntó entonces a una filtración de los agentes, a pesar de que ya existía un auto de la juez notificado días antes a las partes encargando dicha diligencia. Además, "de manera vehemente", manifestó que el oficio policial que pedía incautar los correos de la Diputación era "malintencionado y prospectivo". Igualmente, reza la respuesta de la UCO, "ordenó que el informe debería estar finalizado el siguiente viernes y que, además, tenía que concluir 'que no había nada'". Se trata de unas órdenes que Antonio Balas, el coronel jefe que dirige dichas pesquisas, trasladó "con preocupación" a sus jefes de grupo.
Cabe recordar que el análisis de todos los correos incautados a los empleados de la Diputación que participaron en el enchufe, incluidos los de su entonces presidente Miguel Ángel Gallardo, se consolidaron como una prueba determinante para llevar a los imputados al banquillo de los acusados. Muchas de estas comunicaciones pusieron de manifiesto las directrices para agilizar con la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios pacenses en 2016. Además, consta una comunicación intercambiada entre los directores de conservatorios que reconocieron que la plaza iba a ser para el "hermanísimo". El mensaje se envió el 19 de mayo de 2017; mismo día que se publicaron las bases de la plaza pública.
Sin embargo, el entonces director general de la Guardia Civil quiso sentenciar este asunto y que la UCO concluyera que no había ningún indicio de delito en estas comunicaciones, tal y como ahora se recoge en el oficio al que ha tenido acceso LA RAZÓN. De hecho, añaden que se produjo una segunda reunión el 16 de julio en la que el DAO, "por orden" de Leonardo Marcos, mandó "acelerar la investigación penal y poder finalizarla lo antes posible". Nadie les explicó la urgencia de la medida.
En dicha cita, Llamas les pidió que no lideraran la investigación en los procedimientos "de componente político"; esto es, en la causa contra Begoña Gómez, contra el entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, o en el "caso Koldo". De hecho, incluso les trasladó que se estaba utilizando a la Guardia Civil como "ariete contra el Gobierno". Pero el coronel Rafael Yuste declaró en junio que se les dio la orden de ponerse de perfil en todas las causas que afectan de lleno al partido socialista.
El DAO, sin embargo, negó la mayor en su declaración como investigado y dijo que las tres informaciones reservadas se abrieron por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Además, negó que se impulsara una cacería contra la Policía Judicial que dirige estas causas de corrupción y dijo que cree que le acusan por su mala relación con los jefes de la unidad.
Sin embargo, Anticorrupción investiga si todo esto tiene algo que ver con la presunta organización criminal que se impulsó en el seno del PSOE para boicotear estas causas judiciales.
Consta acreditado que la actual directora general (también imputada en el procedimiento) se reunió en varias ocasiones con Leire Díez. Del mismo modo, también ha trascendido que la juez que investigó al "hermanísimo" fue víctima de acosos y seguimientos por parte de la cloaca en los meses clave de la instrucción.
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