En 2013, un tren descarriló a las puertas de Santiago y murieron 80 personas. Todas las miradas se dirigieron al maquinista, quien había entrado en la curva de Angrois a más del doble de la velocidad permitida. Las víctimas dijeron que el accidente no podía explicarse solo por un error humano, y que había responsabilidades que alcanzaban a Adif, a Renfe y al propio Ministerio de Fomento. A día de hoy el maquinista es el único condenado. Esta semana, en Urda, hemos asistido a algo parecido: todavía no sabíamos qué había fallado y ya se estaba señalando a un trabajador. Después de una catástrofe como esta siempre conviven tres tiempos: el de las víctimas, que exige respeto y reparación; el de la investigación, que pide pruebas y prudencia; y el mediático-político, que reclama explicaciones en cuestión de minutos. Cuando este último se impone a todos los demás —sobre todo en campaña electoral— se puede confundir la exigencia de responsabilidades con encontrar a alguien que pague por lo ocurrido.

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