Grigorii Potemkin ha pasado a la historia por bastantes cosas, como haber dado su nombre al conocido acorazado cuya tripulación se sublevó en 1905, en un episodio retratado por el cineasta Serguéi Eisenstein en una famosa película propagandística de 1925. Es también célebre por ser uno de los amantes más queridos de la zarina Catalina II y el colonizador de los territorios aledaños al Mar Negro incorporados a Rusia a finales del siglo XVIII. De él se cuenta la anécdota, posiblemente apócrifa, de que, para crear la impresión a quienes recorrían las nuevas adquisiciones rusas de que se trataba de tierras prósperas, mandaba construir casas falsas y disfrazar a los nativos con sus mejores galas, que hacía trasladar a la par que la comitiva de visitantes. Desde entonces, se llama «pueblos potemkin» a las construcciones pensadas para adecentar áreas degradadas y en general, se aplica el adjetivo a todo artificio ideado para simular el normal funcionamiento de algo que, en verdad, tiene graves carencias.

El reciente accidente en la línea alta velocidad Madrid-Sevilla no ha hecho sino certificar que vivimos en una España potemkin. Por mucho que la propaganda gubernamental se empeñe en señalar como causa de lo ocurrido un error humano, los expertos están de acuerdo en que previamente habían fallado los sistemas encargados de velar por la seguridad del tránsito ferroviario. El problema es que tales fallos venían siendo recurrentes, aunque, afortunadamente, sin las terribles consecuencias del acaecido el miércoles. En último extremo, todo lo anterior es consecuencia de un mantenimiento y una actualización inadecuados de las infraestructuras. De no ser así, no se explica que en Japón, donde la alta velocidad lleva funcionando más de sesenta años y transporta diez veces más pasajeros que en España, no se haya producido nunca un accidente mortal, tratándose además de un país sometido a condiciones ambientales mucho más adversas, con frecuentes terremotos y tifones recurrentes. En realidad, la ausencia de accidentes y la puntualidad en el servicio habían sido también la tónica de nuestra red hasta no hace mucho. Carreteras, sanidad, educación… todos los datos disponibles al respecto apuntan a un empeoramiento creciente de su estado y su funcionamiento. No se trata de una percepción subjetiva nacida de algún acontecimiento puntual, como puede ser este reciente accidente. Es una tendencia real. Y a la vez, la carga fiscal que soportamos los trabajadores no deja de aumentar. Se supone que también lo ha hecho el empleo y, por consiguiente, la actividad empresarial (aunque el maquillaje estadístico al que el Gobierno somete cualquier cifra que proporciona dificulta saberlo con certeza). La conclusión es simple: hay cada vez más recursos, pero están cada vez peor gestionados. La mala gestión puede entrañar varias cosas. En su versión más burda, malversar el dinero, esto es, detraerlo para usos ilícitos, normalmente el enriquecimiento personal. Puede suponer también derivarlo hacia fines innecesarios. O, por último, usarlo inapropiadamente, como pasa cuando no se adquiere el material más adecuado o éste no se utiliza cuando hace verdaderamente falta. Cuando ocurre lo anterior, no cabe otra solución que sustituir a los gestores.

La política sigue funcionando como hace siglos. Un grupo de personas, organizadas jerárquicamente a las órdenes de un líder, y vinculadas por intereses comunes (las más de las veces pecuniarios), decide unilateralmente sobre los asuntos públicos y toda la sociedad ha de adaptarse a lo que acuerden hacer. En el mejor de los casos, tales decisiones se toman pensando en el bien común (aunque habría que ponerse de acuerdo en qué es exactamente lo beneficioso para la mayoría). Lo habitual es, no obstante, que se adopten persiguiendo objetivos espurios, como beneficiar a correligionarios o amigos, o desgastar políticamente al adversario. Durante cuatro años la voluntad popular (y lo que es peor, el sentido común y la racionalidad) queda secuestrada por este grupo de personas, sin que los ciudadanos tengamos posibilidad alguna de enmendar lo que hagan. Todo esto sucede en paralelo con un crecimiento exponencial de la complejidad de nuestras sociedades y de los problemas que han de enfrentar, que demanda una intervención no menos creciente de los expertos en la toma de tales decisiones. Sin embargo, examina uno el organigrama de Renfe o de Adif y lo encuentra colonizado por políticos del partido gobernante o por «independientes» con una manifiesta afinidad o amistad con quienes gobiernan, cuando lo deseable habría sido que los técnicos hubieran ido subiendo en la jerarquía organizativa de estos organismos oficiales al tiempo que su gestión se ha vuelto más complicada. El actual ministro de Transportes es abogado, como lo fue también su predecesora, y anteriormente ocupó el cargo un tal Ábalos, que era maestro. En Japón el ministro de Transportes es graduado y máster en ingeniería por la Universidad de Kioto, donde es también profesor, y cuenta con una experiencia de casi diez años como funcionario del ministerio que ha acabado dirigiendo. Cuanto más complejo se vuelve algo, no solo más conocimiento experto hace falta para gestionarlo, sino menos margen hay para hacer modificaciones, salvo las que vengan dictadas por las innovaciones técnicas o problemas sobrevenidos.

Pero la responsabilidad también recae sobre nosotros, los ciudadanos. No podemos seguir engañándonos con los decorados con los que este Gobierno disfraza la realidad, ni aceptando como verosímil el relato que hace de cuanto sucede, ni seguir votándolo al dictado de nuestra amígdala, esa parte del cerebro encargada de gestionar nuestras emociones, dejando que una película sobre la Guerra Civil, un trapo rojo agitado en una manifestación o un discurso cualquiera trufado de palabras como «empoderamiento», «público» o «social», nos hagan volver a echar una vez más en la urna la papeleta en la que aparecen los nombres de quienes no saben ni quieren gestionar bien las cosas, y aún peor, quienes impiden que se ocupen de ellas aquellos que, por sus conocimientos y su experiencia, pueden mejorar verdaderamente el funcionamiento del país. Es hora, por tanto, de dejarnos guiar por nuestro córtex prefrontal, por nuestras funciones ejecutivas… por la racionalidad, en suma. Examinemos lo que ha pasado estos últimos años, indaguemos en sus causas, comprendamos que hubo otras maneras de hacer las cosas, aceptemos que la ideología no debería imponerse nunca al buen hacer (y que hoy la ideología ni siquiera es tal, sino tan solo un burdo trampantojo pensado para disfrazar intereses puramente materiales)… Y votemos en consecuencia. Y pensando en el largo plazo, esforcémonos por que se implementen todas las medidas necesarias para que los gobiernos sean cada vez más técnicos y los ciudadanos estén cada vez más formados. Es relativamente sencillo defenestrar a nuestro Potemkin. Más difícil es, sin duda, volver a convertir el Estado que nos ha legado en un país funcional. Pero lo más complicado de todo es convencer a sus habitantes de que cuanto creían real es solo cartón piedra y de que su destino no es ser figurantes en la obra diseñada por un autócrata, sino actores y gestores de sus propias vidas.