Hay momentos en la historia de una nación en los que la tragedia deja de ser un golpe del destino para convertirse en la radiografía exacta de una decadencia moral y política. Lo ocurrido en las vías de Toledo, entre Urda y Los Yébenes, donde se cuentan por docenas los muertos tras la brutal colisión entre un AVE y un tren de Iryo, no es una fatalidad meteorológica ni un capricho del azar. Es el resultado directo del abandono, de la incompetencia elevada a categoría de gobierno y de la descomposición de lo que un día fue el mayor orgullo tecnológico de España.

Con las docenas de fallecidos en Los Montes de Toledo, sumados a los cuarenta y seis muertos de hace apenas nueve meses en Adamuz (Córdoba), España acumula más de un centenar de cadáveres en un mismo año y sobre una misma línea ferroviaria: la Madrid-Andalucía. La que fuera la joya de la corona del Estado es hoy una trampa mortal donde viajar por obligación laboral o familiar se ha transformado en un drama diario de retrasos interminables y, demasiadas veces, en un viaje sin retorno.

Sin embargo, lo que convierte el luto en una indignación insoportable es la reacción del poder. Con el amasijo de hierros aún humeante y los equipos de rescate excarcelando cuerpos de los vagones, el Ejecutivo tardó exactamente quince minutos en activar su maquinaria de propaganda. A través de sus terminales mediáticas, Moncloa dictaba sentencia sin esperar a los peritos ni a los jueces: la culpa era de un «error humano» de un operador de Adif.

Es de una indecencia supina. Para investigar las causas de los cuarenta y seis muertos de Adamuz llevan nueve meses de opacidad y dilaciones sin ofrecer una explicación oficial definitiva; pero para blindar al Gobierno por puro pánico electoral, les bastan quince minutos de propaganda oficial para señalar al eslabón más débil de la cadena.
La mentira, además, se desmorona por su propio peso. Incluso aceptando el relato filtrado por el Ejecutivo, el operador tuvo que intervenir manualmente porque antes se había producido una avería en el sistema automático de señalización y bloqueo. En la alta velocidad del siglo XXI, los sistemas automáticos existen precisamente para impedir que un fallo humano provoque una catástrofe y para que la frenada de emergencia detenga los trenes de forma autónoma. ¿Por qué se apagó el sistema automático? ¿Por qué no saltó la frenada de seguridad?

La respuesta duerme en los Presupuestos que se anuncian con alharacas y jamás pisan el balasto de las vías. Las auditorías demuestran que en la alta velocidad hacia Andalucía se presupuestó el triple de lo que realmente se ejecutó: 2.400 millones de euros se quedaron guardados en un cajón sin gastar. Adif deja sistemáticamente sin ejecutar uno de cada tres euros destinados a inversión. En el tramo maldito de Adamuz, bajo la presidencia de Isabel Pardo de Vera —imputada en la trama de corrupción del ministerio—, solo se ejecutó el 20 % del presupuesto asignado para estabilizar y renovar el trazado, dejando el 80 % sin invertir y empalmando carriles nuevos con hierros viejos de la Expo de 1992. Mientras los sindicatos ferroviarios exigen saber en qué se gastaron realmente los supuestos 700 millones de euros con los que Óscar Puente presumió de haber culminado la «renovación integral» de la línea Madrid-Sevilla, los españoles pagan la desinversión con sus vidas.

Esta cadena de negligencias acarrea una consecuencia estratégica devastadora: la destrucción total del prestigio internacional de España

¿Qué se hizo con el dinero público en el ministerio con mayor presupuesto inversor del Estado? Pasamos de la etapa de José Luis Ábalos, donde el Ministerio de Fomento se utilizaba como agencia de colocación para sentar a Koldo García en el consejo de Renfe Mercancías mientras se tejían tramas corruptas con adjudicatarias de Adif, a la etapa de Óscar Puente, consagrada al sectarismo y al insulto diario. Hace apenas unos días, el ministro bromeaba con frivolidad sobre el caos de Renfe, después de haber asegurado con soberbia que el ferrocarril español vivía «el mejor momento de su historia» y que las posibilidades de otro siniestro mortal eran «limitadísimas». Media hora después del impacto mortal en Toledo, a las 9:09 de la mañana, el máximo responsable de los transportes de España estaba en las redes sociales tuiteando sobre Lula da Silva y la «superioridad moral de la izquierda».

Pero más allá del dolor irreparable por las vidas truncadas, esta cadena de negligencias acarrea una consecuencia estratégica devastadora: la destrucción total del prestigio internacional de España. Durante tres décadas, la alta velocidad española fue un referente mundial indiscutible, un modelo de excelencia e ingeniería civil que nuestras empresas exportaban con éxito por todo el planeta y que permitió ganar licitaciones históricas frente a las mayores potencias industriales, como el emblemático contrato del AVE del desierto a La Meca en Arabia Saudí.

Todo ese capital de solvencia técnica, levantado durante treinta años por el talento de nuestros ingenieros, se ha ido por el sumidero en nueve meses de gestión nefasta. ¿Qué gobierno extranjero va a comprar hoy tecnología ferroviaria española o a confiar sus infraestructuras críticas a Renfe y Adif cuando en nuestra línea insignia se apagan los sistemas de frenado automático y se acumulan más de cien muertos en menos de un año? Han dinamitado la Marca España y han arruinado en el exterior a uno de los sectores punteros de nuestra economía.

En la España del Gobierno de la mentira se limitan a fabricar un culpable antes de que se enfríen los vagones

Esa supuesta superioridad moral de la que presumen no es más que la máscara del Gobierno de la mentira. Un Ejecutivo que ha erradicado de la vida pública el concepto de responsabilidad política. Nunca es culpa suya, nunca dimite nadie. Se vio con el volcán de La Palma; se vio con la desidia ante los incendios forestales; se vio en el desastre absoluto de Ceuta, dejando una frontera crítica del Estado desbordada y abandonada a su suerte; y se vio en la DANA de Valencia, donde el presidente del Gobierno tardó un año entero en volver a pisar los pueblos arrasados por las inundaciones.

Es el mismo desprecio institucional y humano que exhibieron tras la tragedia de Adamuz, cuando ni Pedro Sánchez ni Óscar Puente fueron capaces de acudir al funeral de Estado en la catedral de Córdoba para mirar a los ojos a las familias de los cuarenta y seis fallecidos.

España está en manos de un Gobierno que siempre llega tarde a las emergencias, que deserta de los funerales, que hunde nuestro prestigio internacional y que abandona las infraestructuras del Estado, pero que tarda quince minutos en activar su propaganda para culpar a un trabajador. En cualquier democracia digna de ese nombre, con docenas de muertos en Toledo y más de cien fallecidos en nueve meses sobre la misma vía, el ministro de Transportes y la cúpula de Adif habrían presentado su dimisión irrevocable. En la España del Gobierno de la mentira, en cambio, se limitan a fabricar un culpable antes de que se enfríen los vagones.

En Pekín, una librería llamada Lilith organiza clubes de lectura, sesiones de cine y cursos solo para mujeres. Las asistentes pueden hablar de sus madres, de sus jefes, de la presión para casarse antes de los treinta o de los hijos que no quieren tener. La librería les pide una sola cosa: que eviten los asuntos políticos. No es una cuestión de principios. Es un cálculo.

La escena procede de un reportaje de Inma Bonet publicado en El País el 21 de octubre. Describe librerías y cafeterías de Pekín y Shanghái donde mujeres jóvenes comparten experiencias que hasta hace poco vivían en soledad. Una cuenta que su padre le hizo saber desde niña que habría preferido un hijo. Otra, cuando le piden descendencia en nombre del interés nacional, responde que ese interés no es asunto suyo. El reportaje es valioso, y su centro de gravedad es la escena amable. Lo decisivo está en lo que cuenta de pasada.

Para entender por qué un club de lectura excluye la política hay que volver a 1949. El Partido Comunista nunca se presentó como enemigo de las mujeres. Prohibió los matrimonios concertados en 1950, las llevó en masa a las fábricas y adoptó la consigna de Mao de que las mujeres sostienen la mitad del cielo. Una librería de Pekín lleva hoy ese nombre. El Partido fundó también la Federación Nacional de Mujeres, una de las organizaciones de masas con que encuadraba a cada sector de la sociedad. El método era el de los regímenes de inspiración soviética: no bastaba con prohibir las asociaciones independientes, había que ocupar su lugar con otras oficiales. La igualdad existía. La definía el Estado.

Ese límite no se ha movido. En marzo de 2015, en vísperas del Día de la Mujer, la policía detuvo a cinco activistas que preparaban una campaña de pegatinas contra el acoso sexual en el transporte público. Pasaron treinta y siete días encerradas. En 2021, Weibo y Douban cerraron decenas de cuentas y foros feministas. En 2024, la periodista Huang Xueqin, una de las impulsoras del MeToo chino, fue condenada a cinco años por incitación a la subversión. Una pegatina, un foro y una investigación periodística. Ninguno de los tres es en sí un acto político. Los tres suponían mujeres coordinándose fuera del Partido.

Las necesidades del Estado, en cambio, sí han cambiado. China registra la natalidad más baja de su historia. En 2023, Xi Jinping pidió a la Federación de Mujeres que "guiara" a las mujeres hacia el matrimonio, la maternidad y las buenas costumbres familiares. En 2025 y 2026, la Administración del Ciberespacio lanzó campañas contra los contenidos que alientan el rechazo al matrimonio y a la maternidad. La organización fundada para movilizarlas recibe ahora el encargo de devolverlas a casa.

Reconocer la valentía de lo que ocurre en los clubes de lectura para mujeres de librerías chinas como Lilith no debería convertirla en prueba de libertad

Las librerías de Bonet funcionan dentro de ese sistema, no contra él. Son espacios tolerados. Un derecho permite reclamar cuando la autoridad intenta arrebatarlo. Una tolerancia dura mientras quien la concede no cambie de opinión, y su retirada no exige explicaciones. Lo que existe en esos locales es una libertad administrada: se puede hablar del malestar, no organizarse contra sus causas.

De ahí la cautela del vocabulario. Zhang Li, profesora de la Universidad Normal de Pekín, prefiere decir "perspectiva de género" porque la palabra feminismo se ha vuelto conflictiva. Otra entrevistada rechaza la etiqueta. Una década de detenciones, cierres y despidos ha enseñado qué palabras conviene usar.

Nada de esto resta valor a lo que ocurre en esas librerías. Descubrir que una humillación personal es una experiencia compartida es el primer paso de cualquier movimiento. Sería injusto exigir valentía, desde Madrid, a quien tiene que medir cada frase. Pero reconocer esa valentía no debería convertirla en prueba de libertad. La prudencia de las protagonistas termina suavizando el retrato del sistema que las obliga a ser prudentes.

La prueba está en el propio reportaje. Según lo que circuló en las redes, la profesora de Derecho Pei Yi había preguntado en el grupo de su asignatura por qué ninguno de los siete miembros del Comité Permanente del Politburó podía ser mujer. El mes pasado, el Instituto de Tecnología de Pekín la despidió por "graves infracciones de la ética profesional".

Existe en la vida pública española una variedad fascinante de misticismo administrativo: la conciencia que solo despierta cuando se cierra la ventanilla de las prebendas. Hasta la tarde de este domingo, don Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, era un hombre de una flexibilidad espiritual admirable, capaz de digerir sapos institucionales con la serenidad de un faquir en hora punta. Sin embargo, bastó un ligero descuido tipográfico —la ausencia de su nombre en las listas del PSOE al Congreso y al Senado para el próximo 29 de noviembre— para que al caballero le sobreviniera, de golpe, un ataque agudo de dignidad. 

Si Evelyn Waugh hubiera tenido la fortuna de pasear por la calle Miguel Ángel en lugar de por Mayfair, habría encontrado en don Francisco al protagonista ideal para una secuela castiza de Merienda de negros. Nuestro hombre concibió la Delegación del Gobierno no como esa aburrida oficina encargada de velar por el orden público y la neutralidad institucional, sino como un pintoresco laboratorio de agitación lírica y despropósitos logísticos.

Su debut en el gran teatro del absurdo patrio quedará para siempre ligado a aquella mañana en la que, con la solemnidad de quien descubre la pólvora mojada, tuvo a bien instruirnos sobre el verdadero patriotismo. Según su exégesis, los herederos políticos de Bildu habían hecho infinitamente más por los españoles y por España que todos los ciudadanos de los «patriotismos de pulsera». Uno podía imaginar a don Francisco frente al espejo, ensayando el gesto de estadista audaz, sin sospechar que ni siquiera tamaño tributo verbal le garantizaría un modesto taburete en la Carrera de San Jerónimo. El hombre hipotecó el diccionario y ni siquiera le dieron el recibo. 

Pero su talento no se limitaba a la oratoria creativa; también brillaba con luz propia en el arte del caos urbano. Bajo su celosa tutela, la Puerta del Sol dejó de ser el kilómetro cero de las carreteras radiales para convertirse en un campamento estacional donde las tiendas de campaña florecían con la complacencia de su despacho, siempre tan comprensivo con el desorden ajeno cuando rimaba con la consigna propia. Y qué decir de la gloriosa estocada a la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en el corazón de Madrid: porque nada proyecta mejor la imagen de una capital moderna y segura que la incapacidad —o el desgano— para garantizar que unos señores en bicicleta puedan dar pedales por la Castellana sin que el dispositivo gubernamental colapse entre excusas y sectarismos.

Tragó quina, defendió lo indefendible y convirtió su cargo en una trinchera de partido sin que un solo músculo de su ética protestara

Todo ello —los incendios dialécticos, el boicot tácito a la convivencia madrileña, el entusiasmo de comisario aplicado— lo ejecutó don Francisco con una sonrisa imperturbable. Tragó quina, defendió lo indefendible y convirtió su cargo en una trinchera de partido sin que un solo músculo de su ética protestara.

Y, de pronto, el milagro. Al comprobar que los arquitectos de Ferraz habían olvidado incluir su sacrificado apellido en el boletín de los elegidos, don Francisco descubrió que tenía principios. Se marcha hoy dando un portazo que pretende sonar a tragedia griega, aunque en realidad suene al tintineo melancólico de una aspiración frustrada. Es la «dignidad sobrevenida», esa virtud tardía que nunca asoma cuando se maltrata a los ciudadanos o se degrada una institución, pero que estalla con furia indomable en el preciso instante en que a uno le dejan sin escaño. Madrid pierde a un delegado, sí, pero la picaresca contemporánea gana a su mártir más involuntariamente cómico.

Este fin de semana, en el Teatro Campoamor de Oviedo, Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El acta del jurado, fechada el 3 de junio, elogia su deslumbrante talento, su humildad y su "ejemplar comportamiento dentro del campo". Todo el país pondrá de su parte para que la velada sea espléndida: la Casa Real, las autoridades, la prensa. A nadie se le ocultará que el invitado de honor llega de protagonizar, en julio, la imagen más grosera que ha dado el fútbol español en mucho tiempo.

El 19 de julio, en el estadio de Nueva Jersey, España ganó a Argentina la final del Mundial con un gol de Ferran Torres en la prórroga. Cuando los argentinos recogieron sus medallas de plata, los españoles les hicieron pasillo y los aplaudieron; Messi pasó el primero entre esos aplausos. Minutos después, cuando Rodri levantó la Copa del Mundo, la selección argentina se había dado la vuelta, de espaldas al podio, saludando a su propia grada. Leandro Paredes había sido expulsado después del pitido final por agredir a dos rivales. Preguntado por el gesto de sus contrincantes, Dani Olmo respondió con serenidad: "No nos importa". Semanas más tarde, el cuerpo técnico argentino quiso zanjar la polémica con una claridad tranquilizadora: "No hubo despecho".

Puede creerse. Y da igual. El despecho de Argentina es asunto de Argentina; perder una final debe de doler. Lo que importa es la respuesta española, y ahí no hay gesto que interpretar: hay hechos. Entre el 19 de julio y esta semana de octubre, España dispuso de tres meses para guardar una distancia digna, o al menos para guardar silencio. No hizo ninguna de las dos cosas. El fallo del jurado es anterior a la final, es cierto, y nadie serio pide que se invalide un premio por una descortesía. Se pide otra cosa, algo más modesto: que alguna institución, en algún momento del camino, tuviera la decencia de sonrojarse.

Quien sospeche que se trata de una torpeza aislada de calendario debería recordar lo que ha pasado este mismo otoño en Ceuta: 141 ahogados en la frontera, buques de guerra marroquíes en aguas españolas y un Gobierno que lo llamó "hecho puntual" y confesó, tres meses después, que "se podía haber gestionado mejor". La otra mejilla, otra vez.

La explicación que suele darse es de fondo histórico: en España se instaló hace décadas un acomplejamiento singular, la idea de que para demostrar al mundo cuán abiertos, modernos y tolerantes somos debemos rebajar la propia dignidad y pasar por alto los agravios. Confundimos la cortesía con la sumisión y la magnanimidad con la amnesia. La hospitalidad, elevada a doctrina de Estado, funciona en una sola dirección. Ninguna nación de nuestro entorno, con un sentido sano de su propio valor, premia institucionalmente a quien acaba de despreciar públicamente a sus deportistas, ni llama "hecho puntual" a una incursión naval en su territorio.

Admirar el genio ajeno es señal de inteligencia; hacerlo a costa del respeto propio es síntoma de debilidad

Y sin embargo el complejo carece de fundamento. España es una nación con una historia milenaria que cambió la geografía moral y cultural del planeta, con un patrimonio artístico sin equivalente, con una lengua que hablan cientos de millones de personas y con una hegemonía deportiva que acaba de refrendarse con una segunda estrella mundial ganada, por cierto, contra el propio homenajeado. No existen razones objetivas para el complejo de inferioridad. Hay motivos sobrados para un orgullo sereno, que es otra cosa que la jactancia: es simplemente negarse a pagar los agravios con agradecimiento.

Admirar el genio ajeno es señal de inteligencia; hacerlo a costa del respeto propio es síntoma de debilidad. Cuando un premio de la Corona se entrega pasando por alto el desprecio previo hacia quienes defendieron nuestros colores, el galardón no engrandece a quien lo recibe: empequeñece a quien lo otorga. Y un país que se habitúa a no hacerse respetar en los gestos simbólicos acaba sin recursos para hacerse respetar en los que importan. En Oviedo y en Ceuta, este mismo otoño, España ha hecho las dos pruebas, y las ha suspendido las dos.

Trescientas personas fueron este miércoles a la plaza de María Pita, en A Coruña, a escuchar a Santiago Abascal. Cinco mil, según la Policía, fueron a gritarle que se marchara de Galicia; entre ellos, las Juventudes Socialistas y las del BNG, al grito de "No pasarán". El mitin acabó con normalidad. Después, un grupo numeroso, con varios encapuchados, arremetió contra el cordón policial con petardos, piedras y las sillas de una terraza, y los enfrentamientos se extendieron a las calles de alrededor hasta poco antes de las tres de la tarde. Doce policías heridos, según la Policía y el sindicato Jupol, que difundió las fotos de lo que les cayó encima: piedras, bengalas, una olla. Dos detenidos por atentado contra la autoridad. Una periodista recibió una pedrada en una pierna; otro, un botellazo en la cabeza. Los asistentes al mitin habían cometido un solo delito: ir a escuchar a un partido legal en precampaña.

Que los manifestantes se llamen antifascistas no es una ocurrencia. La etiqueta tiene casi un siglo de servicio. En 1928, en su VI Congreso, la Internacional Comunista impuso a sus partidos la consigna de "clase contra clase" y elevó a doctrina la tesis del "socialfascismo". Stalin la había formulado cuatro años antes: la socialdemocracia y el fascismo no eran antípodas, eran gemelos. Desde entonces, cualquier rival no comunista recibía, dijera lo que dijera, una respuesta escrita de antemano: fascista. Circula una frase atribuida a Stalin según la cual basta llamar fascista al adversario para ganar la discusión. Es apócrifa. La política que describe, no. Rigió hasta 1935, cuando Moscú la cambió por los frentes populares, y en Alemania ayudó a que comunistas y socialdemócratas llegaran divididos ante Hitler. No frenó al fascismo real. Le allanó el camino.

Orwell levantó acta del desgaste en 1944, en las páginas de Tribune. Había oído llamar fascistas a los granjeros y a los tenderos, a la caza del zorro y a las corridas de toros, a Kipling, a Gandhi, a la astrología, a las mujeres y a los perros. Concluyó que la palabra, tal como se usaba, carecía casi por completo de significado, y pidió no rebajarla a palabrota. Ochenta años de uso monocorde han terminado el trabajo.

Los hechos sobre el destinatario actual de la etiqueta caben en un párrafo. Vox se fundó en 2013, concurre a todas las elecciones y es la tercera fuerza del Congreso. En su techo, noviembre de 2019, reunió 3,66 millones de votos; los sondeos para el 29-N le dan casi uno de cada cinco electores y el doble de diputados. No tiene una sola condena por corrupción. Su mayor multa, 862.000 euros, la anuló el Supremo en junio: carecía de base probatoria, y la regulación que aplicaba era, escribió la Sala, "rudimentaria". A eso se llama hoy fascismo. La etiqueta de 1928 sigue haciendo su trabajo: ahorra el argumento y expulsa al adversario.

Cada mitin asediado le regala a Vox un cartel electoral; cada policía herido, un argumento de orden público

Francia acaba de hacer el experimento a escala nacional. El movimiento contra la crisis educativa llevaba un mes y más de setecientos policías y gendarmes heridos, según el propio primer ministro, Sébastien Lecornu, cuando el sábado 17 una jornada contra la vida cara reunió a 800.000 personas en todo el país, según los organizadores. Por la tarde llegaron los saqueos –París, Marsella, Lyon, Burdeos, Niza, Limoges– y, en París, los morteros de pirotecnia contra la prisión de La Santé. Balance consolidado del ministro del Interior: 2.397 detenidos y 997 policías y gendarmes heridos, siete de gravedad. Esa noche, ante una compañía de intervención, Lecornu conminó a Jean-Luc Mélenchon a "elegir su campo": el de la República y las fuerzas del orden, o el de los que rompen escaparates.

El barómetro de Ifop para Sud Radio, LCI y Le Figaro empezó a preguntar esa misma noche, a partir de las ocho. Marine Le Pen obtiene el 36 por ciento en primera vuelta, una cifra que nunca había alcanzado, y gana todos los duelos de segunda: 56 a 44 frente a Édouard Philippe, 68 a 32 frente a Mélenchon, que con estos números sería su rival. El director general de Ifop, Frédéric Dabi, lo resume así: Le Pen aparece como la representante más creíble del partido del orden. La candidata contra la que se ha levantado el frente republicano en cada segunda vuelta gana en todas las hipótesis.

En España, los quince institutos que miden el 29-N coinciden en lo esencial: PP y Vox sumarían mayoría absoluta, y Vox es el partido que más crece. Los alborotadores de A Coruña pueden seguir así. Cada mitin asediado le regala a Vox un cartel electoral; cada policía herido, un argumento de orden público. En Francia, la factura ya está en los sondeos: Le Pen tenía el 32 por ciento a finales de septiembre, el 34 la semana pasada, el 36 después del sábado. Aquí quedan cinco semanas y media.

En agosto de 1936 buena parte del cuerpo diplomático acreditado en Madrid despachaba desde un hotel de Hendaya. Al estallar la guerra, varias embajadas, entre ellas la británica, se habían evacuado allí; el embajador Henry Chilton no volvió a Madrid, que consideraba demasiado peligroso. Detrás de británicos y franceses cruzaron la frontera los jefes de otras misiones. El norteamericano Claude Bowers, a quien la sublevación sorprendió veraneando en Fuenterrabía, pasaría la guerra entera fuera de España, en San Juan de Luz. Por las tardes se reunían a intercambiar noticias. Irún ardía al otro lado de la bahía.

Desde ahí se informaba a Londres y a Washington sobre lo que ocurría en España. Las noticias de la capital llegaban de segunda mano: consulados, refugiados, corresponsales, prensa. Bowers escribiría a Washington, en una carta fechada en Hendaya el 26 de agosto, advirtiendo desde el primer párrafo que nueve décimas partes de las informaciones de prensa eran falsas.

En esas mismas semanas se decidió todo. Giral pidió armas a Blum el 20 de julio. El 23 Blum viajó a Londres. El 25 el Gobierno francés prohibió la entrega de material de guerra terrestre o aéreo. El 1 de agosto París propuso a las potencias europeas un acuerdo de no intervención. El 7, el Gobierno del Frente Popular entró en crisis interna por ese asunto y Blum lo salvó adoptando la fórmula inglesa; el 8, el Consejo de Ministros acordó proponerla a las demás potencias. El 13 de agosto Francia cerró la frontera con España.

Ese mismo 13 de agosto, el encargado de negocios británico George Ogilvie-Forbes salió de la estación Victoria de Londres para hacerse cargo de la embajada en Madrid. Llevaba en el equipaje un fardo de banderas británicas para usarlas como salvoconductos y viajaría hasta Valencia en un destructor, desde Marsella. Llegó cuando el acuerdo ya estaba hecho.

Ángel Viñas lleva décadas sosteniendo que la no intervención fue una de las grandes desgracias de la República

Ángel Viñas lleva décadas sosteniendo -y particularmente en su libro La soledad de la república, de ediciones Crítica- con una documentación de primer orden, que la no intervención fue una de las grandes desgracias de la República. El argumento es sólido y no ha sido refutado: mientras Hitler y Mussolini enviaban aviones, armas y hombres a los sublevados, Londres y París se refugiaron en un embargo que colocaba en el mismo plano al Gobierno legítimo de un Estado y a quienes acababan de levantarse contra él. Las tres dictaduras europeas podían intervenir sin responder ante un Parlamento libre. Las dos democracias decidieron no hacerlo.

Sería injusto acusar a Viñas de ocultar la responsabilidad soviética. No la oculta. Escribió ya en 2008 que la ayuda de Moscú tuvo un lado oscuro: la exportación a España, a través de la NKVD, de la persecución estalinista contra los considerados trotskistas. Y sostuvo, con Preston, Hernández Sánchez y Ledesma, que el impulso inicial de Paracuellos procedió de un agente soviético, atribuyendo a Pedro Fernández Checa un papel central. Va en eso más lejos que Julius Ruiz, que rechaza la existencia demostrada de un cerebro extranjero y considera que fueron españoles quienes organizaron y ejecutaron la operación.

La discrepancia está en otro sitio. Viñas explica la conducta de Londres y París por lo que decidieron sus gabinetes: intereses imperiales, miedo a Hitler, simpatías conservadoras, cálculo estratégico. Rara vez pregunta con qué información decidieron, ni de dónde venía esa información, ni quién la firmaba. La historia diplomática que reconstruye actas de Consejo de Ministros deja fuera la pregunta anterior: qué tenía cada gabinete encima de la mesa la semana en que decidió, y desde qué ventana lo habían escrito.

La respuesta, en agosto de 1936, es que lo habían escrito desde la frontera francesa, deprisa, con fuentes indirectas y en tres semanas.

Aquí conviene separar dos cosas que se confunden con facilidad. La violencia de retaguardia fue visible en las dos zonas. Badajoz ocurrió en agosto y llegó a la prensa internacional. Si el horror ante los fusilamientos sin juicio moviera a las cancillerías, habría cortado en ambas direcciones, y no cortó. Lo que inquietaba a Londres no era la violencia: era la desaparición del monopolio estatal de la fuerza. Comités, milicias de vigilancia, organismos policiales paralelos, incautaciones. Un Estado que ya no controlaba a quienes decían defenderlo. La documentación diplomática estadounidense recoge el temor británico a que la victoria del Gobierno español acabase significando comunismo y desorden. No era propaganda franquista, y tampoco era una descripción exacta de lo que estaba pasando: era lo que se veía desde donde se miraba.

La documentación diplomática estadounidense recoge el temor británico a que la victoria del Gobierno español acabase significando comunismo y desorden

París merece menos indulgencia de la que suele dársele en este punto. El caso Blum se explica sin necesidad de invocar la revolución española: la advertencia británica, los radicales dentro del propio Gobierno, la filtración de los envíos de armas, la aritmética de la Cámara. La explicación estructural basta sola, y no hace falta añadirle miedo al comunismo para que funcione.

Paracuellos ocurrió en noviembre. Miles de presos fueron sacados de las cárceles madrileñas con el pretexto de una evacuación y fusilados en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. La historiografía sigue discutiendo cifras y responsabilidades individuales; no la naturaleza de lo ocurrido. Nada de eso pudo causar un acuerdo firmado tres meses antes. Lo que hizo fue otra cosa, y no menor: convertir en irreversible una decisión tomada en la penumbra. A partir de noviembre, cualquier gabinete que hubiera querido rectificar tenía delante un argumento que no existía en julio.

Ese es el reproche que resiste. No que Londres y París fueran cobardes, que lo fueron, ni que Viñas silencie a la NKVD, que no lo hace. Que dos gobiernos democráticos sellaran el destino de un país vecino en tres semanas de agosto, con sus embajadas al otro lado de la frontera y sin nadie propio en la capital sobre la que decidían.

El hombre que iba a ver Madrid con sus propios ojos salió de Londres el día en que Francia cerró la frontera.

Los terrenos militares de Campamento, en el suroeste de Madrid, llevan un cuarto de siglo esperando convertirse en barrio. El primer acuerdo para desarrollarlos se firmó en 2001; el Tribunal Supremo anuló el planeamiento en 2012; el Gobierno calificó la operación de inviable en 2013; en enero de este año el presidente del Gobierno viajó hasta allí para anunciar su desbloqueo, y las 10.700 viviendas prometidas siguen sin construirse. Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín, se ideó en 1991 y necesitó más de tres décadas de modificaciones, negociaciones y recursos antes de que entraran las primeras máquinas.

En ninguno de los dos casos faltó terreno, proyecto, dinero o compradores. Cuando un desarrollo se atasca, el Estado señala a las comunidades autónomas, que recuerdan las competencias municipales; los ayuntamientos invocan la legislación autonómica y los informes sectoriales; y cuando por fin intervienen los tribunales, un defecto de procedimiento puede obligar a revisar años de trabajo. En cada punto del recorrido hay alguien que puede explicar, con impecable fundamento jurídico, por qué la llave no obra en su poder.

Mientras esos expedientes envejecen, generaciones enteras han pasado de buscar su primera vivienda a preguntarse si sus hijos conseguirán comprar la suya.

No hay fatalidad geográfica. España tiene territorio, constructoras, capacidad técnica y capital. Lo que no logra producir, en cantidad suficiente y donde se necesita, es suelo urbanizado y jurídicamente disponible. Y eso depende, en buena medida, de quién manda en cada paso del proceso.

El Gobierno central no decide dónde se levanta cada edificio, pero fija buena parte de las reglas que condicionan su existencia

El Gobierno central no decide dónde se levanta cada edificio, pero fija buena parte de las reglas que condicionan su existencia: la legislación estatal del suelo, la regulación de los arrendamientos, el marco procesal. La fragilidad de los planes urbanísticos ante ciertos defectos de tramitación ha convertido el planeamiento en una actividad de riesgo jurídico elevado, y sigue pendiente una reforma que permita subsanar irregularidades sin arrasar años de planificación. Entretanto, el legislador ha dedicado considerable energía a regular el precio de las viviendas existentes y bastante menos a facilitar que aparezcan otras nuevas.

Las comunidades autónomas tampoco salen indemnes. Durante décadas, buena parte de la vivienda protegida se destinó a la venta y acabó, tras su descalificación, en el mercado libre: con recursos públicos se enriquecieron patrimonios privados y no se consolidó un parque suficiente de alquiler asequible y permanente. Hoy se descubre, con cierta sorpresa institucional, que faltan las viviendas públicas que nadie se ocupó de conservar.

En los ayuntamientos el problema se hace tangible. Son decisivos en el planeamiento, la gestión urbanística y las licencias, aunque actúen bajo legislación autonómica y múltiples condicionantes sectoriales. Y tienen un problema de origen: el municipio necesita viviendas para quienes todavía no viven en él, pero sus gobernantes responden ante quienes ya residen. Los futuros vecinos no votan; los actuales sí, y pueden entender que un nuevo desarrollo les perjudicará en tráfico, servicios o en el valor de sus propiedades.

Se suma la fiscalidad. La construcción y las transmisiones inmobiliarias nutren las arcas de varias administraciones, y no todos los ayuntamientos tienen interés en frenar la edificación. Pero el sistema combina incentivos recaudatorios, costes políticos y procedimientos cuya complejidad rara vez padecen quienes los administran. El resultado es una maquinaria bien engrasada para explicar sus retrasos.

Mientras tanto, la población crece, los hogares se multiplican y la oferta no responde con la rapidez necesaria. La regulación del alquiler puede amparar a determinados inquilinos, pero sus efectos sobre la oferta y los incentivos no desaparecen por negarlos. Proteger a las familias vulnerables es una obligación pública; hacer del propietario particular el sustituto permanente de esa obligación es otra decisión política.

Repartir porcentajes de culpa es un ejercicio estéril, porque hemos levantado un sistema en el que la responsabilidad se diluye al repartirla. Cada poder conserva su capacidad de impedir; ninguno asume la obligación de hacer posible. Un país necesitado de casas dispone de una organización administrativa admirable para justificar que no se construyan. Y todos sus responsables pueden demostrar que han cumplido la ley.