El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ya tiene sobre la mesa el informe pericial elaborado por la Joyería Yanes sobre las piezas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Cifra el valor en 1.023.000 euros, y, por tanto, se aproxima al cálculo inicial que tasó la Joyería Ansorena al inicio de las pesquisas.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el magistrado solicitó ese informe pericial gemológico y joyero de las piezas incautadas para obtener distinta información como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos. Yanes indica que en su informe que “pudieran haber sido fabricadas en India, Tailandia, China o países de Asia Central”.

En esta pericia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se explica que no los diamantes que contienen las piezas son naturales si bien no se puede determinar su procedencia. Con todo, añaden que por su calidad de talla se podría descartar que vinieran de Rusia. Sobre las esmeraldas, también naturales, puntualiza que son “de una calidad muy comercial y que el origen podría ser compatible con Zambia. Sobre las gemas rojas señala que no se pueden denominar rubíes porque tienen relleno de vidrio de plomo, y sobre los zafiros, también ”muy comerciales“ indica que el origen puede estar en Tailandia.

Explica la pericial, por otro lado, que los lotes 1, 2 y 3 -que son los que Zapatero habría recibido como obsequio de Arabia Saudí, fueron “fabricados simultáneamente” y, aunque no se puede precisar el año “ya que son joyas de estilo clásico atemporal y ajenas a modas”, tendencias o a una localización geográfica determinada“, fueron fabricadas a su juicio después de que en junio de 2007 entrara en vigor una normativa que reducía los niveles de níquel para que no fueran nocivos para la salud. ”La hipótesis de que estas joyas no hayan sido fabricadas en la Unión Europea, reforzaría la idea de que, en años posteriores a 2007, pudieran haber sido fabricadas en India, Tailandia, China o países de Asia central“, explica.

Por otro lado, los joyeros señalan que es “incoherente” que piezas de este valor no estén acompañadas de sus estuches originales para su debida conservación y protección. Tampoco entiende por qué carecen de la documentación y acreditación de calidad e identidad que normalmente acompañan a joyas ostentosas como las estudiadas. “Cuando se adquieren este tipo de joyas, se hace en joyerías conocidas, con certificaciones, con estuchería y con marcas trazables que identifiquen al fabricante y a la firma comercial”, añade.

Tras conocerse ese nuevo encargo a Yanes, el expresidente pidió que no fuera esa joyería porque su propietario ya se había pronunciado con anterioridad en un medio de comunicación sobre esas piezas. Además, remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el que atribuía la parte principal de la “colección” de joyas incautada en su despacho a un “obsequio de carácter personal” que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud de Arabia Saudí le entregó cuando era jefe del Ejecutivo. Según el escrito, la entrega se produjo en el Palacio de la Moncloa durante la visita oficial del monarca a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007.

El primer informe, el de Ansorena, tasó de forma preliminar el valor de las joyas en 1,3 millones de euros. La pieza más preciada, valorada en 278.000 euros, era un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. La defensa del expresidente rechaza esa valoración. Argumenta que la joyería hizo una estimación a “valor de reposición” a precios de mercado de junio de 2026 que está orientada a pólizas de seguro y que no refleja el valor real que tenían las piezas cuando fueron entregadas hace casi dos décadas, en 2007.

El Ibex 35 ha sufrido un duro tropiezo con una caída superior al 1%, motivada por unos resultados empresariales que en general no han convencido a los inversores. Con este movimiento, el selectivo español se distancia del resto de índices europeos, los cuales han mostrado un comportamiento mixto pero significativamente menos profundo, mientras que los índices de Estados Unidos cotizan con ligeras subidas.

Las variaciones del indicador español han estado totalmente condicionadas por las cuentas corporativas. En el lado positivo, Redeia ha destacado con un repunte cercano al 2% tras presentar un aumento del 9,2% en sus ventas trimestrales y del 8% en su beneficio neto, superando las previsiones del consenso de analistas. Por el contrario, la parte baja ha estado liderada por Banco Santander, que se ha desplomado un 6%; a pesar de mostrar avances en su ratio de eficiencia y firmeza en su margen de intereses, el mercado ha castigado la debilidad de su negocio en Brasil, donde el beneficio neto cayó más de un 20%, la flojedad en banca de inversión y las dudas sobre las perspectivas ante la victoria de Lula y las tensiones crediticias. En una línea similar, Acciona y Acciona Energía se han dejado alrededor de un 4% al hablarse de la retirada de los interesados en comprar la filial renovable, lo que borra la prima de cotización acumulada. Asimismo, Mapfre ha registrado retrocesos notables debido al deterioro de su negocio brasileño, caracterizado por una caída del 4% en las primas, un incremento del ratio combinado por el área de autos y una pérdida de casi cuatro puntos en su ROE, en un mercado estratégico que aporta más del 20% del beneficio de su negocio asegurador.

En el plano macroeconómico europeo, destaca el repunte de los precios del gas natural, que han superado los 100 euros por MWh por primera vez desde 2022. La inestabilidad en Oriente Medio y los roces con Rusia sugieren que estos elevados costes persistirán, dejando a Europa a la espera de un invierno templado ante unas reservas de gas que se sitúan al 75% a nivel continental y en torno al 60% en Alemania. En este contexto, los principales índices del continente han mantenido una postura más moderada que la española, con el DAX alemán subiendo un 0,4% y el CAC francés cerrando plano.

En Estados Unidos, la atención se centra en la reunión de la Reserva Federal, donde se prevé que los tipos de interés permanezcan sin cambios pero se escrutará si Kevin Warsh respalda una postura restrictiva para sostener la credibilidad del organismo. En el ámbito empresarial estadounidense, los inversores aguardan los informes financieros de Microsoft y Alphabet, con especial interés en la evolución del flujo de caja libre y las inversiones en capex.

Finalmente, el petróleo ha vuelto a rebotar con fuerza tras un nuevo ataque de los hutíes contra una refinería en Arabia Saudí, evidenciando que las tensiones geopolíticas en Oriente Medio continúan marcando el sentimiento del mercado y el flujo del suministro global.

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Hay acontecimientos que cambian la vida en un segundo. El accidente ferroviario de este miércoles en Toledo es uno de ellos. A treinta y dos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez se ha encontrado con una tragedia que ha obligado al Gobierno a tirar a la basura el guion de campaña. La prioridad es atender a las víctimas, acompañar a sus familias y esclarecer las causas del siniestro.

Pero las consecuencias políticas ya se han empezado a dibujar. En Moncloa saben que estas tragedias no solo ponen a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones. También someten a examen la gestión de quienes las dirigen. Los socialistas habían diseñado una estrategia para llegar a las urnas a golpe de sonrisas, bailes y besos con la política social como banda sonora. Los sucesivos Consejos de Ministros hasta el día de los comicios debían servir para recuperar la iniciativa política. Para que los españoles, en definitiva, votaran sobre dos modelos de país y no sobre la acumulación de controversias que ha acompañado al Ejecutivo.

Pero el accidente lo ha cambiado todo. Como ocurrió en enero en Adamuz, los españoles vuelven a poner a su Ejecutivo ante el espejo de su propia gestión en uno de los ámbitos más sensibles para cualquier gabinete: la seguridad de las infraestructuras públicas. El propio presidente admitió este miércoles que no es «asumible» para España encadenar dos accidentes ferroviarios de extrema gravedad en menos de un año.

Sánchez suspendió su agenda y se desplazó a Urda, en Toledo, para respaldar a los equipos de emergencia y trasladar su apoyo a los afectados. La actividad institucional del país entró este miércoles en el congelador. Pero una vez superados los primeros días tras la tragedia, volverán las preguntas sobre el estado de la red ferroviaria, los sistemas de seguridad, los protocolos de circulación y la supervisión de las infraestructuras. En definitiva, se volverá a apuntar hacia el Palacio de la Moncloa, donde son plenamente conscientes de que ya se ha reabierto el debate sobre su gestión material de la realidad y de que ha adquirido, irremediablemente, una dimensión electoral.

Toda la presión recae ahora sobre el Ministerio de Transportes. Su titular, Óscar Puente, se encuentra en una situación crítica que demandará explicaciones técnicas diarias, transparencia y una coordinación constante con los organismos responsables de la investigación. Todo lo que ya hizo hace nueve meses, pero con la tensión política disparada. Su departamento recibirá todos los golpes de la oposición. Y el presidente tendrá que decidir hasta qué punto asume personalmente una crisis que afecta a una infraestructura estratégica del país. También tendrá que decidir si termina tirando por la borda a su ministro antes de que se abran las urnas.

Tanto Sánchez como Puente decidieron centrarse en la gestión inmediata de la tragedia y evitaron ancipar futuras responsabilidades políticas. Aunque hasta sus socios de Frente Amplio las empezaron a pedir este miércoles.

En Moncloa saben que cada nueva información sobre las circunstancias del siniestro tapará por completo cualquier mensaje de campaña. El deterioro del transporte ferroviario, la crisis de Ceuta, la movilización por la vivienda, la huelga general y los disturbios registrados en varias ciudades habían servido en bandeja al PP y a Vox nuevos argumentos contra la gestión de Pedro Sánchez. Entretanto, el PSOE había desplegado una ofensiva electoral frenética para recuperar la iniciativa y alimentar las expectativas de remontada. Una estrategia que, al menos, había logrado contagiar cierto optimismo a sus filas, pese a que las encuestas privadas coincidían en pronosticar una holgada mayoría parlamentaria de las dos formaciones de derechas. Pero esa euforia se volatilizó este miércoles a primera hora de la mañana.

El ministro Óscar Puente queda fuera de combate. El exalcalde de Valladolid era el principal ariete del presidente contra la oposición. Pero el accidente le ha sacado de la contienda política. Es prácticamente imposible que Puente llegue a recuperarse antes del 29N. Es más, nadie a estas alturas descarta que se vea obligado a dimitir para intentar salvar al partido.

Él mismo evitó pronunciarse este miércoles sobre su hipotética renuncia. Preguntado por la posibilidad de poner su cargo a disposición del presidente, Pedro Sánchez, el ministro de Transportes aseguró que su única preocupación es esclarecer lo ocurrido. «En este momento lo que estoy pensando es en esclarecer y tratar de resolverlo, no estoy pensando en mí», respondió en su primera comparecencia tras el accidente. Tampoco quiso detenerse en cómo está viviendo personalmente la tragedia, la segunda que le golpea al frente del departamento.

En Ferraz también bajan los brazos. Las fuentes consultadas admiten que solo toca «gestionar el horror» de la manera más digna posible de aquí a que se abran las urnas.

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La polémica sobre la utilización electoral de la denominada ley de nietos ha terminado por convertirse en un serio revés judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. A poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Ejecutivo ha tenido que reconocer que únicamente 901 de los 163.355 nacionalizados afectados por la suspensión cautelar del Tribunal Supremo han acreditado hasta ahora su condición de descendientes de exiliados. La consecuencia es que 162.454 personas no disponen de la certificación exigida para poder participar en las elecciones, después de que el alto tribunal haya intervenido para impedir que una ampliación potencialmente irregular del censo pueda afectar al proceso electoral.

La cifra resulta especialmente significativa porque pone de manifiesto la enorme distancia entre el número de personas incluidas en el procedimiento de nacionalización cuestionado y aquellas que han conseguido justificar documentalmente los requisitos establecidos por el Supremo. El Ejecutivo había defendido la legalidad del procedimiento, pero la intervención judicial ha obligado a revisar los expedientes y a identificar a los afectados antes de la celebración de los comicios.

Los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores entregaron ayer al Tribunal Supremo la relación nominal de los 163.355 nacionalizados, después de que los magistrados advirtieran de la posibilidad de imponer sanciones si el Gobierno incumplía el plazo establecido. La documentación debía presentarse antes de las tres de la tarde y contiene una cifra ligeramente superior a los 163.020 afectados inicialmente comunicados por el Ejecutivo.

El origen de la controversia está en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que abrió una vía para conceder la nacionalidad española a descendientes de personas que tuvieron que abandonar España por razones políticas, ideológicas o de persecución. Sin embargo, una instrucción posterior del Gobierno introdujo una presunción de exilio para quienes salieron del país entre julio de 1936 y diciembre de 1955, sin exigir en esos supuestos una acreditación individualizada de las razones políticas de su marcha.

Esta interpretación administrativa es precisamente la que ha desencadenado el conflicto judicial. Vox e Iustitia Europa denunciaron el riesgo de que miles de personas se incorporaran al censo electoral de residentes ausentes sin haber acreditado las circunstancias que justificaban su acceso a la nacionalidad por esta vía.

El Supremo consideró que existían motivos suficientes para intervenir cautelarmente y suspender los efectos electorales de las inscripciones afectadas. La decisión no supone retirar la nacionalidad española a sus beneficiarios, sino impedir temporalmente que puedan votar en las próximas elecciones generales mientras se resuelve la controversia.

El Gobierno sostiene, sin embargo, que la incidencia electoral de estos nacionalizados sería reducida. Según sus cálculos, si se aplican los niveles habituales de participación de los españoles residentes en el extranjero, los 163.355 potenciales electores representarían menos de 14.000 votos efectivos, distribuidos entre las 52 circunscripciones. Una cifra equivalente a menos del 0,06 % de los sufragios emitidos en las generales de 2023.

Este argumento no resuelve, sin embargo, la cuestión de fondo: la obligación de garantizar que el censo electoral se ajusta a la legalidad. En un sistema como el español, en el que determinados escaños se deciden por diferencias reducidas, la distribución territorial de los sufragios puede tener más relevancia que su peso sobre el conjunto nacional. Eso no significa que se haya acreditado una alteración del resultado electoral, pero sí explica la importancia de que los tribunales despejen cualquier duda antes de la votación.

La actuación judicial también ha puesto bajo presión a los ministerios dirigidos por Félix Bolaños y José Manuel Albares, responsables de facilitar la documentación requerida. Exteriores ha tenido que coordinar una revisión de expedientes a través de la red consular, mientras Justicia remitió previamente una relación parcial de 76.600 personas identificadas en el Registro Civil digital.

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La Fiscalía de Menores solicitó ayer seis internamientos en régimen cerrado y 46 libertades vigiladas para los menores detenidos a raíz de los altercados que se produjeron el pasado sábado en Barcelona. Para los menores para los que se ha interesado la libertad vigilada, la autoridad pública solicitó medidas cautelares que incluyen la prohibición de asistir o aproximarse a menos de un kilómetro de manifestaciones. «Esto nos permitirá articular toda una serie de medidas preventivas que serán claves para evitar incidentes y proteger a algunos menores de que se puedan ver arrastrados a participar en este tipo de acciones vandálicas», aseguró la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, en la Comisión de Interior en el Parlament.

Lo hizo junto a la comisaria jefa de la policía catalana, Sílvia Catà, y el director general de los Mossos d’Esquadra, Ferran López, quien reconoció que no se «atinó» a la hora de calibrar «el grado de violencia» de la protesta anónima de Blocus. «No teníamos un precedente histórico de eso y condicionó el dispositivo», afirmó, a pesar de que el cuerpo de seguridad tuvo constancia de las primeras convocatorias un día más tarde de que se engendraran en las redes sociales. Es decir, a partir del 21 de octubre. «Durante días tuvo muy poca actividad y se convirtió en una amenaza en muy poco tiempo», explicó Catà sobre la gestación y la evolución de la movilización en las plataformas digitales.

Según ella, esta surgió el martes 20 de octubre, cuando se crearon los primeros grupos de Whatsapp: un día después la comisaría general de información detectó en TikTok un perfil con 102.000 seguidores que difundía un cartel Blocus que emplazaba a congregarse el día 24 de octubre en la Plaza Cataluña a las 19:00 horas. «Ese mismo día, detectaron un segundo grupo de whatsapp con 164.000 seguidores que enlazaba con una comunidad de otros seis grupos», señaló Silvia Catà.

Tras los incidentes, el último balance del ejecutivo catalán es de 300 identificados, 133 detenidos —de los cuales, 85 son menores y la mayoría sin antecedentes penales previos— y aproximadamente una treintena de negocios saqueados. Unos episodios que reflejan un comportamiento «anómalo» por parte de los participantes, según Parlon. La Generalitat, además, entiende estos «trascienden el ámbito puramente policial y judicial».

Catà, en este sentido, detalló que el precedente «más significativo» en cuanto a la participación de menores en episodios de desorden público se registró en 2021 por la protesta de Pablo Hasél, con 17 detenidos. «El pasado sábado fueron cinco veces más», apuntó. Ferran López, con todo, negó que los altercados cogieran «desprevenidos» a los Mossos y al dispositivo desplegado, ya que era «adecuado a la información que teníamos», según valoró. El director general del cuerpo de seguridad autonómico destacó que se movilizaron hasta 400 agentes, pero que «lo que no se previó era el perfil extremadamente joven de los participantes, algunos de 12 años, y la rapidez con la que se comenzaron a producir conductas extremadamente violentas».

Sobre quién hay detrás de estas movilizaciones, los Mossos aún no están «en condiciones» de explicarlo, a pesar de que han afirmado que lo acabarán sabiendo. Además, están llevando a cabo una investigación que todavía está en curso, mientras realizan labores de análisis y monitorización para «prevenir posibles escenarios que puedan tener incidencia en la seguridad pública». Catà, al respecto, apuntó que ya se han cerrado dos grupos de Telegram, de más de 2.000 miembros cada uno, que animaban a jóvenes a participar en nuevos altercados este sábado, 31 de octubre.

De cara a esta fecha, hay varios elementos que preocupan a los Mossos d’Esquadra a la hora de minimizar estas concentraciones como son el anonimato de los promotores, la difusión viral pública de las mismas, la participación notable de menores de edad y el traslado posterior a canales privados «con la dificultad para identificar una estructura organizativa clara».

No obstante, la consellera de Interior, Núria Parlon, incidió en que el Govern pondrá «todos los medios que tenemos a nuestro alcance» para combatir estos fenómenos y defendió que «están preparados para dar la mejor respuesta». Aunque la titular de Interior advirtió de lo siguiente: «El día 31, desgraciadamente, nos tendremos que enfrentar de nuevo a un episodio parecido».

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El absentismo laboral tiene ya un coste de 92.000 millones en España, lo que supondría la tercera partida más importante de los Presupuestos Generales del Estado, tras las pensiones y la sanidad, y estaría 20.000 millones por encima del importe que se destina anualmente a la educación pública. Así lo ha advertido la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) en su 'Observatorio de Absentismo Laboral', elaborado por Marlex y Umivale Activa, que advierte que este fenómeno crece casi cinco veces más rápido que en la Unión Europea (UE) y tiene una de las tasas más altas a escala mundial.

Y las cifras les dan la razón. Entre 2018 y 2024, el absentismo por incapacidad temporal aumentó un 44%, registrando 4,9 semanas perdidas por enfermedad por trabajador y año, la cifra más elevada de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un incremento del 69% desde 2018, frente al 15% de media, y con el agravante de que un 16,2% concentra el 69,3% de las bajas y el 62,6 % de los días perdidos por incapacidad temporal.

Entre los grupos de población, el de menos de 35 años se ha convertido en el que encabeza la lista de los que más procesos de incapacidad temporal (IT) inician (52%). La incidencia aumentó un 152% en este grupo, hasta 41 procesos por cada 1.000 trabajadores. Por el contrario, han descendido las bajas solicitadas por los mayores de 55 años un 27%, de 33,8 a 24,6 procesos, si bien la duración medida alcanza los 80,2 días (20,9 los menores de 35). El informe también identifica un aumento de las bajas de larga duración. Entre 2018 y 2024, la prevalencia de procesos de incapacidad temporal superiores a 365 días creció un 95%, mientras que, a cierre de 2024, el 17,4% de los procesos que seguían activos superaba los doce meses, frente al 12,6% registrado en 2018. Aunque estos procesos representan el 2,4% de las bajas finalizadas, concentran el 34,1% de los días de trabajo perdidos.

El análisis, que no detalla el coste global por sectores, sí indica que, en el caso de las empresas de gran consumo, hay tasas "notables" de absentismo por incapacidad temporal del 7,56% en logística, del 7,15% en la industria de la alimentación, del 6,48% en el transporte terrestre y del 6,15% en el comercio minorista, por encima del 5,94% de la media nacional. Esta tasa aumentó un 44% en el conjunto de España, ante lo que la asociación sostiene que "no responde a un repunte coyuntural, sino a una tendencia sostenida que afecta, sobre todo, a actividades intensivas en empleo y con una elevada dependencia de la disponibilidad y presencialidad de sus plantillas".

Aecoc denuncia que la evolución de este "problema" compromete la competitividad de las empresas, la creación de empleo de calidad, la mejora de los salarios y la sostenibilidad del Estado de bienestar. Para el director general de Umivale Activa, Héctor Blasco, la repetición de procesos de incapacidad en un grupo reducido de trabajadores, la larga duración de las bajas médicas y las patologías de más difícil objetivación (problemas musculoesqueléticos y salud mental) explican el incremento de la incapacidad temporal en los últimos años. "No podemos abordar todas las bajas de la misma manera. Necesitamos entender mejor la repetición, intervenir antes de que los procesos se prolonguen y prestar especial atención a las patologías que concentran la mayor parte del crecimiento, con el objetivo de orientar mejor las reformas normativas que se requieren, los esfuerzos, los recursos necesarios y, finalmente, mejorar la gestión de la IT".

La patronal apunta directamente a las listas de espera del sistema sanitario como "uno de los principales factores que prolongan las bajas" -como las demoras en Atención Primaria, las dificultades para acceder a pruebas diagnósticas y las esperas para determinadas intervenciones quirúrgicas- y reclama la mejora de la coordinación entre los servicios públicos de salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las organizaciones. Como medidas para mejorar estos resultados señalan la utilización de servicios médicos propios o externalizados, el seguimiento de los procesos de incapacidad temporal, la cobertura sanitaria privada complementaria y los programas de apoyo psicológico.

El presidente de Aecoc, Ignacio González, ha insistido en que es el absentismo es un problema sostenido que afecta especialmente a actividades intensivas en empleo y que "requiere soluciones en colaboración con los trabajadores y las administraciones". Su diagnóstico señala a las listas de espera del sistema sanitario como uno de los principales factores que prolongan las bajas, además de "las dificultades para acceder a pruebas diagnósticas y las esperas para determinadas intervenciones quirúrgicas", que pueden alargar los procesos de IT.

Por eso plantea una estrategia compartida entre Administraciones Públicas, mutuas, sindicatos y empresas y propone crear un espacio "estable" de colaboración público-privada que permita "identificar buenas prácticas, evaluar medidas y avanzar hacia soluciones coordinadas". En el ámbito institucional, plantea implementar medidas destinadas a reforzar la atención sanitaria pública y reducir los tiempos de espera en consultas, pruebas e intervenciones; mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información, ampliar gradualmente el papel de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, modernizar el marco regulatorio y reforzar el diálogo social y la negociación colectiva.

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El veterano juez federal Alvin K. Hellerstein, que supervisaba en Manhattan el proceso judicial contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha fallecido este miércoles a los 92 años. Después de media vida presidiendo juicios mediáticos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, cargo para el que fue nombrado por el presidente Bill Clinton en 1998, su muerte deja en un limbo el futuro juicio a Maduro y su esposa, acusados de cargos relacionados con el narcoterrorismo y la tortura de adversarios políticos. El tribunal ya ha informado que asignará por sorteo a un nuevo juez para el caso de Maduro.

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Pocas horas después del accidente que se ha registrado en Urda (Toledo), que se ha cobrado ya la vida de 68 personas, Alberto Núñez Feijóo ha querido reaccionar con una declaración institucional desde la sede del PP en la madrileña calle Génova. Allí, pese a que ha querido evitar entrar a asignar “responsabilidades políticas”, sí ha ha apostado por pedir explicaciones al Gobierno y Pedro Sánchez. “Exigiremos saber en qué se gastó cada euro”, ha señalado el líder del PP, en referencia a la necesidad de saber a dónde va destinado el dinero de un Ministerio de Transportes que está en el punto de mira por los casos de corrupción y por los problemas en el mantenimiento de la red ferroviaria tras las incidencias de los últimos tiempos y el accidente de Adamuz (Córdoba) de enero, que dejó 46 fallecidos.  

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La llegada del frío y el cambio de hora avecinan que quedan unas semanas para que la Navidad llegue a nuestro país. Movistar Plus se prepara para celebrar una de las festividades más importantes de nuestro calendario con un canal pop dedicado al cine familiar y en especial a las películas cuya temática central es la Navidad. Además, Leo Harlem volverá a ser protagonista tanto el 24 como el 31 de diciembre con dos monólogos especiales festivos e 'Ilustres Ignorantes' realizarán un programa especial de Navidad que estará disponible en Movistar Plus el día de Nochebuena.

Leo Harlem e 'Ilustres Ignorantes', protagonistas de los especiales navideños

La Navidad también se vive frente al televisor y Movistar Plus vuelve a apostar por una programación especial para estas fiestas, con cine para todos los públicos y propuestas de entretenimiento. El canal Navidad por M+, disponible en el dial 15 del 12 de diciembre al 12 de enero, reunirá una selección de títulos navideños y familiares, mientras que el especial bajo demanda estará disponible desde el 4 de diciembre. La oferta incluirá más de un centenar de películas de distintos géneros, desde comedias y aventuras hasta acción, fantasía y animación. Entre los clásicos navideños figuran 'Solo en casa', 'Polar Express', 'Gremlins', 'Elf', 'El Grinch', 'Last Christmas', 'Noche de fin de año', 'Los fantasmas atacan al jefe', 'Un padre en apuros' y 'La Navidad en sus manos'. La selección familiar también contará con películas como 'Garfield: La película', 'Cazafantasmas: Imperio helado', 'Wonka', 'Menudas piezas', 'Godzilla y Kong: el nuevo imperio', 'Dune: parte dos', 'Dungeons & Dragons: honor entre ladrones' y 'Buffalo Kids', además de las sagas 'Transformers', 'Los juegos del hambre', 'Jumanji' y 'Regreso al futuro'. El humor tendrá un papel destacado en la programación con tres propuestas protagonizadas por Leo Harlem y el equipo de 'Ilustres Ignorantes'. El 24 de diciembre llegará un especial del programa presentado por Javier Coronas, Pepe Colubi y Javier Cansado, grabado en Espacio Movistar, en el Edificio Telefónica, y con dos invitados sorpresa. Ese mismo día se estrenará 'Esta noche es Leo Harlem', un espectáculo grabado en la sala Florida Park en el que el cómico repasará algunos de sus mejores chistes con su particular estilo narrativo. La oferta se completará el 31 de diciembre con 'Feliz Año Leo', una nueva actuación en la que Harlem despedirá el año con más humor desde la misma sala madrileña, vestido de esmoquin y en un escenario vinculado históricamente a las galas televisivas de Nochevieja.

© Movistar Plus

De enero a septiembre de 2026, las sociedades de garantía recíproca (SGR) que operan en España facilitaron financiación por valor de 2.457 millones de euros a pymes y autónomos de todo el país, a partir de 18.370 avales formalizados. Este dato supone un incremento del 10% en el importe concedido con respecto al mismo periodo de 2025, manteniéndose un crecimiento de la actividad de las SGR en términos interanuales.

Asimismo, los avales formalizados por las SGR en lo que va de año han generado una inversión en la economía de 3.194 millones de euros, lo que refuerza su papel como impulsoras de la actividad empresarial. Por su parte, los créditos y préstamos que mantienen activos las SGR (riesgo vivo) alcanzan un valor de 8.872 millones de euros, representando un crecimiento del 7% con respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma, la financiación facilitada por las SGR ya beneficia a 191.228 pymes, autónomos y emprendedores y contribuye al mantenimiento de más de 1,2 millones de puestos de trabajo.

En los primeros nueve meses del año, las sociedades de garantía han reafirmado su papel como instrumento clave para el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, que siguen viéndose afectadas por un escenario de incertidumbre económica marcado por el aumento de los costes derivado de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. De hecho, según CEPYME, el impacto está siendo mayor en las empresas de menor tamaño y en los sectores más intensivos en consumo de energía, como el químico, siderúrgico, cementero o el primario, que se están viendo afectados por los elevados precios del gasóleo y de los fertilizantes y fitosanitarios. “En este complejo escenario para las pymes, las sociedades de garantía seguimos al frente de la financiación empresarial, impulsando proyectos viables de pymes que generan riqueza en nuestra economía”, asegura José Pedro Salcedo, presidente de SGR-Cesgar.

En la inyección económica realizada por las SGR, sigue teniendo un papel clave el reaval de CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento), entidad que también ha contribuido a que las sociedades de garantía hayan participado en la canalización de los Fondos Next Generation EU. Y es que, desde 2021, las SGR han canalizado 11.743 millones de euros procedentes de estos fondos a cerca de 50.400 pymes y autónomos, impulsando especialmente proyectos vinculados a la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de la competitividad empresarial.

Tipos de avales, sectores y tamaño

Entre enero y septiembre de 2026, los avales financieros siguieron representando la mayor parte de la actividad de las sociedades de garantía, con el 88,5% del total. Dentro de estos, los avales destinados a inversión han sido los más demandados, suponiendo el 48,5% del importe formalizado. En segundo lugar, se sitúan los utilizados para financiar el circulante, con el 37,1% del importe concedido. Ambos datos se mantienen en línea con los recogidos en el mismo periodo del año anterior, lo que confirma el interés preferente de las empresas por invertir para impulsar y mejorar sus negocios.

Con respecto a la distribución sectorial, el sector Servicios lideró de nuevo el número de operaciones, con un 49,2 por ciento del importe concedido, lo que supone un incremento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (46,7%). Por su parte, los avales facilitados al Comercio representan un 17,9 por ciento de la financiación facilitada, muy similar a la destinada al sector Industrial, con un 17,5% del importe concedido. Mientras, la financiación otorgada a la Construcción y al sector Primario suponen el 9,5 y 5,8 por ciento de las operaciones realizadas, respectivamente.

Cabe destacar también la diferencia por tamaño empresarial en la financiación facilitada. Las micropymes siguen suponiendo la mayor parte de la actividad, representando el 74% del total de empresas beneficiadas por los avales de las sociedades de garantía. Este porcentaje asciende si se suman todas las empresas con menos de 50 trabajadores, situándose en el 94,5%. Por último, es también reseñable el creciente apoyo al emprendimiento por parte de las SGR, ya que los emprendedores ya suponen el 20,2% de las compañías beneficiadas.

© CESGAR

El Gobierno ha cumplido este miércoles el ultimátum del Tribunal Supremo. Después de siete semanas de controversia judicial sobre la aplicación de la denominada [[LINK:INTERNO|||Article|||6ae0af85d5fe5e0007d255fd|||«ley de nietos»]], el Ejecutivo ha entregado la relación nominal de 163.355 españoles que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Moncloa ha remitido el listado en el último día del plazo concedido por los magistrados, que habían advertido personalmente a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares de la posibilidad de imponerles multas reiterativas de hasta 1.000 euros e incluso exigirles responsabilidades penales si no facilitaban la documentación.

La cifra remitida supera en 335 personas los 163.020 afectados a los que se refería el requerimiento judicial del pasado 23 de octubre. Fuentes gubernamentales confirman que la documentación se ha entregado dentro del plazo establecido por el Alto Tribunal. No han precisado, sin embargo, a qué obedece la diferencia de cifras.

La entrega no ha puesto fin a la controversia. La Abogacía del Estado ha solicitado a la Sala Tercera del Supremo que declare reservado el listado al considerar que contiene datos personales sensibles. Moncloa teme que las organizaciones personadas en el procedimiento puedan utilizar esa información con fines ajenos al proceso judicial.

El Ejecutivo señala expresamente a Vox y a otras asociaciones que identifica con la extrema derecha, a las que atribuye el impulso de las medidas que podrían desembocar en la suspensión del derecho al voto de buena parte de los afectados.

El Gobierno sostiene que ha trabajado desde el principio para cumplir las resoluciones judiciales. Según la cronología facilitada por fuentes oficiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió la notificación de las medidas cautelares el 14 de septiembre y envió el primer telegrama con instrucciones a los consulados al día siguiente.

Desde entonces, el departamento de Albares ha coordinado la revisión de los expedientes en las oficinas consulares y ha autorizado las contrataciones de asistencia técnica solicitadas para completar el trabajo.

Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes remitió el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral una primera relación de 76.600 personas inscritas en el Registro Civil digital, conocido como DICIREG. Se trataba, según el Ejecutivo, de toda la información disponible en ese departamento. La Oficina del Censo trasladó posteriormente esos datos al Supremo el 21 de octubre.

Esta cronología es la que esgrime Moncloa para rechazar que haya existido inactividad administrativa durante las últimas siete semanas. El Ejecutivo insiste en que las dificultades obedecían a la necesidad de recabar información dispersa entre distintas oficinas consulares.

La Abogacía del Estado había llegado a alegar que resultaba «materialmente imposible» revisar individualmente los expedientes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Sin embargo, el requerimiento exigía la identificación nominal de los afectados, una tarea distinta de la comprobación individual de sus circunstancias.

El Gobierno también ha aprovechado la entrega para cuestionar las consecuencias de las medidas cautelares. Defiende que los afectados adquirieron legalmente la nacionalidad española conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a una instrucción administrativa que reconocía la presunción de exilio.

Según Moncloa, se trata de requisitos semejantes a los aplicados tras la Ley de Memoria Histórica de 2007, durante cuya vigencia se celebraron numerosos procesos electorales sin que se cuestionara su aplicación.

Además, el Ejecutivo trata de rebajar la trascendencia electoral del litigio. Sus cálculos apuntan a que, aplicando los niveles habituales de participación exterior, la eventual exclusión de los 163.355 nacionalizados tendría un impacto inferior a 14.000 votos repartidos entre las 52 circunscripciones. Esa cantidad equivaldría, según el Gobierno, a menos del 0,06 % de los sufragios emitidos en las elecciones generales de 2023.

Moncloa subraya que se trata de una estimación máxima y que la incidencia real sería todavía menor, puesto que la relación nominal incluye a personas que no forman parte del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), entre ellas menores de edad y ciudadanos fallecidos.

Con la documentación ya en poder del Supremo, el foco se desplaza ahora a la decisión que adopten los magistrados sobre la situación electoral de los afectados. El Gobierno ha evitado el incumplimiento del ultimátum, pero mantiene abierto el enfrentamiento jurídico sobre el alcance de unas medidas cautelares que podrían impedir votar el 29 de noviembre a miles de españoles nacionalizados por la «ley de nietos».

© EUROPAPRESS

HBO Max prepara el regreso de 'Los pájaros', la historia de terror que Alfred Hitchcock convirtió en un referente del cine en 1963. La plataforma ha adquirido los derechos para desarrollar una serie limitada protagonizada por Sarah Snook, conocida internacionalmente por interpretar a Shiv Roy en 'Succession'. El proyecto recuperará el universo de la novela de Daphne du Maurier, aunque con una nueva trama adaptada a la televisión. El guion del episodio piloto correrá a cargo de Tom Spezialy, que ya trabajó en producciones como 'Watchmen' y 'The Leftovers'. La ficción llevaba más de un año en desarrollo en Universal Global Television antes de llegar a HBO, que participará en la producción junto a la compañía. David Heyman, Danny Samit, Jennifer Gabler Rawlings, Spezialy y la propia Snook figuran entre los productores ejecutivos de esta nueva apuesta.

 

La historia tendrácomo protagonista, según explica Deadline, a Myra Massey, una mujer que regresa a su localidad natal con su hija pequeña después de escapar de una disputa por la custodia. Su vuelta estará marcada por la investigación secreta de la desaparición de una amiga de la infancia, un caso que se complicará por la presencia de un asesino que sigue en libertad y por una amenaza inesperada. Los ataques de pájaros violentos y mortales, relacionados de manera inexplicable con el crimen, pondrán en peligro a ambas. La producción supone un nuevo intento de llevar este relato a la pantalla después de que otros proyectos anunciados en 2007 y 2017 no llegaran a materializarse. Sarah Snook, ganadora de un Emmy por 'Succession' en 2023 y de un premio Tony por su trabajo teatral en 'El retrato de Dorian Gray', encabezará así una adaptación que combinará suspense, misterio y terror.

© La Razón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se está desplazando este miércoles a Urda (Toledo), donde dos trenes de alta velocidad han colisionado a primera hora de la mañana en un accidente que ha provocado al menos 64 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. El jefe del Ejecutivo ha decidido acudir personalmente al lugar de la tragedia para respaldar a los equipos de emergencia y trasladar su apoyo a los afectados y sus familias, según ha comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación. El presidente comparecerá a las 15.00 junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

«La prioridad es atender a las víctimas y garantizar la máxima coordinación entre administraciones», ha señalado el Gobierno, que ha situado la atención a los heridos y la asistencia a los familiares en el centro de su respuesta institucional.

El accidente se ha producido poco antes de las nueve de la mañana, cuando un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo en la línea Madrid-Sevilla, según los primeros indicios trasladados por fuentes del Ministerio de Transportes. El impacto ha provocado el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales han caído por un terraplén a la altura de Urda. La circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía ha quedado interrumpida.

El balance de víctimas continúa evolucionando a medida que avanzan las tareas de rescate. Las informaciones difundidas durante la mañana han elevado la cifra de fallecidos hasta varias decenas y apuntan a más de 150 heridos, aunque las autoridades siguen actualizando los datos. Los equipos de emergencia trabajan sobre el terreno mientras los servicios sanitarios han movilizado recursos para atender a los afectados.

Sánchez ha suspendido su agenda institucional y ha mantenido contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Este último también ha cancelado todos sus compromisos y se ha desplazado a la zona del accidente. Puente, por su parte, ha explicado que se encuentra desde las 9.40 horas en el centro de control ferroviario, recabando información sobre lo sucedido.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado el siniestro de «accidente muy grave» y ha confirmado la movilización de recursos hospitalarios, incluidos servicios de cuidados intensivos, ante la posibilidad de recibir a numerosos heridos. También ha realizado un llamamiento urgente a la donación de sangre.

La tragedia ha provocado una cascada de reacciones políticas y ha interrumpido la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El PSOE, el Partido Popular, Frente Amplio y Podemos han suspendido sus actos previstos para este miércoles. El PP ha anunciado la cancelación de su agenda electoral en todo el país, mientras que la coalición de izquierdas ha trasladado su solidaridad a los afectados.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha declarado «muy preocupado» por las informaciones sobre el accidente y ha reclamado que todos los esfuerzos se concentren en atender a las víctimas y acompañar a sus familiares. El presidente del PP también ha contactado con García-Page y con el alcalde de Urda, Manuel Galán Moreno, para ofrecerles su apoyo.

La reacción de Vox ha sido diferente. Santiago Abascal ha decidido mantener sus compromisos electorales y ha vinculado políticamente el accidente con lo que considera una «degradación de las infraestructuras y de las instituciones en España». El dirigente ha defendido que el luto no debe impedir exigir responsabilidades y ha anunciado que su partido ha iniciado actuaciones para solicitar la conservación de las pruebas. Por el momento, las causas del siniestro no están determinadas.

También se han pronunciado los Reyes, que han expresado su consternación y preocupación por lo sucedido, así como el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que ha ofrecido los recursos de su comunidad para colaborar en la asistencia a los afectados.

La magnitud de la tragedia ha tenido consecuencias institucionales inmediatas. La Junta General del Principado de Asturias ha suspendido su sesión plenaria y ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. En Andalucía también se han cancelado comparecencias y convocatorias parlamentarias.

© EUROPAPRESS

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El avión en el que viajaba el senador brasileño y excandidato presidencial ultraderechista Flávio Bolsonaro y su familia aterrizó este miércoles en Miami (Florida), donde el gobierno estadounidense les proporcionó visados de entrada al país. El jet privado, un Gulfstream IV, partió de Argentina en absoluto secretismo e hizo una escala en Ecuador antes de volar hacia Estados Unidos. 

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¿En qué momento exacto dejaste de ponerte sandalias este año? Casi nadie lo decide. Un día amanece con la acera mojada y el pie pide algo cerrado. Para ese día, las Nike Vomero 18 son ahora mismo el mejor argumento que tiene Amazon.

No son las únicas Nike que salen ahora a cuenta, aunque no todas por lo mismo. Hay rebajas de verdad y hay precios que simplemente ya eran buenos. No es lo mismo, pero las dos cosas pueden valer la pena cuando el armario de verano se cierra.

Zapatillas de running Nike Vomero 18 para mujer, en negro y crema

Las Vomero 18 son las zapatillas de Nike para rodar muchos kilómetros con el pie mullido. Son las de las tiradas largas del domingo y las de los días en que las piernas llegan cansadas a la segunda vuelta al parque.

Están pensadas para asfalto y llevan dos capas de espuma en la entresuela: una muy blanda arriba y otra con más rebote debajo. En la práctica pisas blando, pero sin esa sensación de hundirte cuando empujas para avanzar. La suela tiene un dibujo pensado para que el paso ruede del talón a la punta sin tirones.

Ahora están un 49% más baratas y nunca habían costado tan poco en Amazon. Es la rebaja grande del día, y en unas zapatillas de este tipo de amortiguación no es algo que se vea a menudo.

El color también juega a favor en esta época. El negro con suela blanca y toques crema aguanta el barro de octubre mucho mejor que los tonos claros del verano. Si lo tuyo son las series rápidas en pista, buscarás algo más seco, pero para sumar kilómetros a ritmo cómodo cumplen como un diez.

Zapatillas de entrenamiento Nike Air Max Alpha Trainer 6 en negro y antracita

Correr y levantar peso piden calzado distinto, y quien hace las dos cosas con el mismo par acaba notándolo en los tobillos.

Las Air Max Alpha Trainer 6 son de sala. Sujetan el pie y lo mantienen estable en sentadillas, saltos y circuitos, que es justo donde unas zapatillas de correr blandas se tambalean. La parte de arriba es de malla, así que respiran cuando la clase del jueves aprieta.

Bajan un 40% y es lo más barato que han estado en los últimos tres meses. Para alguien que va al gimnasio tres tardes por semana, es de esas compras que vas a hacer igual tarde o temprano. En negro con gris antracita, además, se disimulan con unos vaqueros a la salida.

Zapatillas de running Nike Pegasus 41 en negro y blanco

Si las Vomero son para ir despacio y lejos, las Pegasus 41 son las de todos los días: 5 o 10 kilómetros antes de trabajar sin pensar mucho en lo que llevas en los pies. Llevan dos cápsulas de aire, una delante y otra en el talón, que dan una pisada con algo más de chispa.

Aquí no hay chollo que contar. Rondan su precio habitual de los últimos meses y entran porque se quedan por debajo de los 100 euros. Para unas Pegasus, que llevan tantas versiones como indica su número, es un buen sitio donde estar.

Zapatillas Nike Court Vision Lo en negro y blanco

Para cuando no toca correr. Las Court Vision Lo beben del baloncesto de los ochenta. Tienen piel y piel sintética que se ablanda con el uso, piezas de ante y perforaciones en la puntera para que el pie no se cueza en la oficina.

En negro con blanco van con vaqueros, chinos y casi todo lo que saques del armario en noviembre. Se quedan por menos de 55 euros, lo más barato del último mes.

La que se lleva el otoño

Si corres y solo vas a comprar un par, que sean las Vomero 18: ahora cuestan menos que las Pegasus y son las que te dejan el pie mullido en las tiradas largas. Y si no corres, las Court Vision son el par que vas a gastar de lunes a domingo hasta que vuelvan las sandalias.

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Las Cortes de Castilla y León han trasladado sus condolencias a familiares y allegados de los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, a través de una declaración institucional leída por el presidente de la cámara autonómica, Francisco Vázquez, tras la reunión de la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces celebrada en el Palacio de Isla de Burgos.

Vázquez, acompañado por los miembros de la Mesa de las Cortes y los portavoces de los grupos parlamentarios, ha transmitido el "profundo pesar por el trágico accidente ferroviario", y ha trasladado la solidaridad y el apoyo a todos los afectados por el siniestro ocurrido en la línea Madrid-Sevilla.

"La Institución se une al dolor de las familias y les hace llegar todo su afecto y cercanía en estos momentos difíciles", recoge la declaración consensuada por los grupos, en la que también se agradece el trabajo de los servicios de emergencia, sanitarios y todos los implicados en atender a las víctimas.

Las Cortes de Castilla y León han celebrado este miércoles 28 de octubre en el Palacio de la Isla de Burgos las habituales reuniones de Mesa de Cortes y Junta de Portavoces para la preparación del pleno autonómico previsto para la próxima semana.

El accidente ferroviario se ha conocido minutos antes de iniciarse las reuniones y, por respeto a las víctimas, los grupos parlamentarios han acordado suspender las intervenciones posteriores en las que, habitualmente, analizan el contenido del pleno y la actualidad política autonómica.

Tras la lectura de la declaración institucional, los miembros de la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces han guardado un minuto de silencio a las puertas del Palacio de la Isla.

Nuevo calendario

Ademas, las Cortes de Castilla y León han suspendido la actividad parlamentaria toda esta semana ante el previsible luto oficial por el “trágico" accidente ferroviario registrado en la provincia de Toledo. Esta medida afecta a las comparecencias de los consejeros de la Junta ante la Comisión de Economía y Hacienda para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 y al calendario de tramitación de las cuentas.

Según informan fuentes parlamentarias, la Mesa y la Junta de Portavoces, reunidas en el Palacio de la Isla de Burgos, han acordado suspender la comparecencia prevista para esta tarde de la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, así como las de mañana de los titulares de Sanidad y Bienestar Social y Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Alejandro Vázquez y Joaquín Antonio Pino.

Asimismo se han cancelado también las comparecencias de este viernes de los consejeros de Educación, María Valle Ares, y Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico. Las nuevas sesiones, según precisan desde las Cortes, se convocarán “oportunamente” a partir de la próxima semana, inicialmente los días 5, 6 y 9 de noviembre, ya que el próximo martes y miércoles se celebrará un pleno ordinario.

Por otra parte, las Cortes han indicado que se reajustará el calendario de tramitación del proyecto de presupuestos y la ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, que lo acompañan. Cabe recordar que el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad finalizaba el día 4 de noviembre, ya que el pleno reservado para su debate y votación estaba fijado para el 10 de noviembre.

© Cortes CyL

Los depósitos de las familias crecieron en septiembre respecto a hace un año un 3,1 %, y se situaron en 1.103,4 billones de euros, mientras que los de las empresas crecieron un 8,5 % respecto a septiembre de 2025. Las familias españolas apenas redujeron en 1.000 millones de euros el dinero que tenían depositado en los bancos en el mes de septiembre respecto a agosto, tras la vuelta del verano, y ante el aumento de los gastos destinados a educación en septiembre y el aumento del coste de la vida.

Según los datos publicados este miércoles por el Banco de España, en el último año los depósitos de clientes de la banca española han pasado de 1.069,7 billones a los 1.103,4 billones actuales, lo que supone un 3,15 % más. Se trata del tercer mes consecutivo en el que las familias han reducido sus depósitos, después de que el pasado mes de junio llegaran a situarse en 1.114,2 billones el pasado mes de junio. El gasto de la época estival ha obligado a las familias a tener que disponer de parte de sus ahorros para hacer frente a las facturas.

Respecto a las empresas, los datos muestran un aumento del 8,5 % respecto a septiembre del año pasado, que se traducen en 378.150 millones.

© EUROPAPRESS

En febrero de 2026, Silvia Bronchalo participó en '¡De viernes!', el programa de crónica social de Telecinco presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. La entrevista se dividió en dos entregas: la primera se emitió el 6 de febrero y la segunda, una semana después, el 13 de febrero. El pasado viernes 23 de octubre, la madre de Daniel Sancho volvió a participar en el espacio de Telecinco en el que abordó la llamada filtrada con su hijo en las últimas semanas, aclaró cuál es su situación actual en la cárcel de Tailandia y explicó cómo es su relación con el padre de Daniel, el actor Rodolfo Sancho, con quien mantiene un distanciamiento. Una semana después, Silvia Bronchalo volverá a participar este viernes en el programa de Mediaset y lo hará en directo, desde el plató, sienda la primera vez en tres años que Silvia Bronchalo pisa uno.

 

No se conoce por el momento el resto de invitados de la entrega. '¡De viernes!' ocupa el prime time de los viernes en Telecinco, después de la emisión de 'First Dates', y comienza habitualmente en torno a las 22:55 horas.

Netflix convierte el caso Daniel Sancho en una miniserie de ficción

Netflixprepara una miniserie de ficción inspirada en el caso de Daniel Sancho, protagonizada por Martiño Rivas y producida por Bambú Producciones, responsable de 'El caso Asunta', con Ramón Campos como productor ejecutivo. Según ha publicado en LA RAZÓN nuestro compañero Adrián Cámara, el rodaje comenzará próximamente y tendrá localizaciones en España y Tailandia. La producción todavía no tiene título ni fecha de estreno y la plataforma tampoco ha desvelado qué personaje interpretará Rivas ni quién completará el reparto. La historia tomará como referencia el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023 en la isla tailandesa de Koh Phangan. Sancho fue condenado a cadena perpetua por asesinato premeditado, además de por ocultar el cadáver y destruir el pasaporte de la víctima. El pasado 25 de septiembre, la Justicia tailandesa confirmó la condena en apelación y la defensa ha acudido al Tribunal Supremo para intentar que revise la resolución. La nueva ficción se suma a la apuesta de Netflix y Bambú por adaptar a la pantalla casos reales de gran repercusión mediática.

© De viernes

© Netflix

El exjuez Luis Sáenz de Tejada ha declarado este miércoles como investigado en el caso Leire Díez. Ante Santiago Pedraz, el ahora abogado Sáenz de Tejada ha negado “rotundamente” haber contactado con la presunta jefa de un clan de narcotraficantes de Badajoz, Cintia Rocho, para proponerle atentar contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Sáenz de Tejada ha atribuido su imputación en la Audiencia Nacional a una represalia por sus denuncias de “prevaricación judicial en Badajoz”, a lo que se une el momento de “campaña electoral” y el intento por perjudicar al PSOE. El exjuez está imputado por pertenecer presuntamente al grupo de Leire Díez en una de las maniobras de la exmilitante del PSOE, consistente en intentar apartar a Beatriz Biedma del caso de David Sánchez.

La investigación contra Sáenz de Tejada surge de noticias periodísticas que han seguido los agentes de la UCO, “un bulo” de un periodista de un medio madrileño, ha explicado el investigado al salir de su declaración. Rocho declaró en televisión que Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella y le comentó que había que “eliminar” a Biedma.

Este miércoles, el exjuez ha asegurado que nunca ha hablado con Rocho y que si se ha referido a “eliminar” a la jueza en algún otro foro ha sido en el sentido de apartarla de una causa judicial, como ya logró el mismo en el procedimiento que instruía Biedma contra él por violencia de género. Biedma fue apartada por anticipar la condena a Sáenz de Tejada en un escrito.

Sáenz de Tejada compartía un chat con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el expresidente del Badajoz Joaquín Parra en el que supuestamente se habría abordado la corrupción judicial en la ciudad extremeña y las maniobras para apartar a Biedma. Sáenz de Tejada ha dicho este miércoles a los medios, tras declarar durante casi hora y media, que quien creó y tenía auténtico interés en ese chat era Parra, asediado por varias causas judiciales. Recientemente ha sido condenado a 10 años por un fraude de hidrocarburos.

El exjuez ha negado que trasladara sus quejas a la Fiscalía General del Estado por indicación de Leire Díez y que todo lo que habló con ella fue facilitándole información de la supuesta corrupción en Badajoz, como ha hecho con periodistas y políticos locales y nacionales.

Igualmente, Sáenz de Tejada ha insistido en la falsedad de que siguió en su coche a Beatriz Biedma el día de su declaración en la Audiencia Nacional y ha precisado que hay tres testigos y su geolocalización de que se encontraba a 450 kilómetros del lugar de los supuestos hechos.

Las principales cadenas de televisión han modificado sus contenidos habituales para seguir en directo el accidente ferroviario registrado este miércoles entre Los Yébenes y Urda, en Toledo. La 1, Antena 3, laSexta, Telecinco y Cuatro han desplegado coberturas especiales para informar de la última hora, con conexiones desde los puntos afectados y testimonios de pasajeros. En TVE, 'Mañaneros 360', con Javier Cintora, ha ofrecido imágenes del siniestro y conexiones en directo desde la estación de Atocha. Por su parte, 'Espejo Público', presentado por Susanna Griso en Antena 3, también ha seguido la evolución de la noticia e incluso ha hablado con viajeros afectados por el choque. Además ha alargado su emisión hasta las 15:00, por lo que hoy no se retrasmitirá las emisiones de 'La Ruleta de la Suerte' y 'Cocina Abierta con Karlos Arguiñano'. Antena 3 también suspende la emisión de 'El hormiguero' esta noche por el accidente ferroviario y ofrecerá en su lugar un especial informativo.

 

 

La cobertura se ha extendido al resto de las cadenas. En laSexta, 'Al rojo vivo' está dedicando parte de su emisión a informar del accidente, mientras que 'El programa de Ana Rosa', en Telecinco, ha entrevistado al periodista de Onda Cero Roberto Gómez, que viajaba en uno de los trenes implicados y ha relatado la violencia del impacto.

 

La cadena de Mediaset prolongará 'El programa de Ana Rosa' hasta las 13:30 horas y reubicará 'El tiempo justo' en la franja de tarde, de 15:50 a 19:00 horas. Estos cambios implican la cancelación de 'La tarde se mueve' y 'El diario de Jorge'. La cobertura continuará por la noche con Informativos Telecinco a las 21:00 horas, con Ángeles Blanco desplazada a Toledo y Carlos Franganillo desde el plató de Madrid, que darán paso a un especial informativo hasta las 23:15 horas

En Cuatro, 'En boca de todos' ha desplazado a un reportero hasta la zona de Urda para ofrecer información sobre el terreno. 'Todo es mentira', con Risto Mejide, ampliará su horario hasta las 20:00 horas, cuando comenzará 'Noticias Cuatro 2', con Diego Losada y Mónica Sanz. Además, la cadena emitirá una edición especial de 'Horizonte', con Iker Jiménez y Carmen Porter, desde las 21:10 horas hasta la una de la madrugada.

 

Además, laSexta ha anunciado una programación especial con ediciones de 'laSexta Noticias' a las 14:20 y las 20:00 horas, 'Más Vale Tarde' a las 15:30 y un especial de 'El Objetivo' a las 21:30.

 

Las distintas cadenas mantienen así el seguimiento informativo de un suceso que ha alterado la programación televisiva de la jornada.

© Antena 3