Govern y Comuns no consiguen un pacto para la ley contra la compra especulativa de viviendas
El Govern y los Comuns no han logrado un acuerdo para modificar la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda que el Consell de Garanties Estatutàries cuestionó en agosto, cuyo plazo para las enmiendas finaliza este viernes, han confirmado fuentes de la negociación y avanzó 'Público'.
Por este motivo, y a pesar de las negociaciones de las últimas semanas con el objetivo de enmendar conjuntamente la proposición de ley, los Comuns han anunciado este viernes en un comunicado que presentarán sus propias enmiendas al texto "para garantizar su constitucionalidad".
Fuentes del Govern, por su parte, han insistido en que mantienen el objetivo de "evitar la especulación con la vivienda", pero de hacerlo con seguridad jurídica, por lo que el grupo parlamentario de PSC-Units presentará las enmiendas que sean necesarias para ello, en solitario.
Si no hay movimientos a última hora, los grupos enmendarán por separado el texto, y con ello la norma podría decaer si los socialistas no validan la norma y las enmiendas de los Comuns, y los Comuns hacen lo propio con las enmiendas del PSC.
Durante la ponencia de la norma tienen margen para llegar a un acuerdo, antes de que llegue finalmente a votación en el Pleno del Parlament. Además, para que saliera adelante la proposición de ley sería necesario también el apoyo de ERC, formación con la que no se ha cerrado ningún acuerdo sobre esta cuestión por el momento.
Condición para los Presupuestos
La limitación de la compra especulativa de vivienda era una de las principales condiciones que pusieron los Comuns para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat, que Salvador Illa y Jéssica Albiach pactaron en febrero y rubricaron de nuevo en mayo, cuando el Govern ató también el 'sí' de ERC.
El objetivo, anunciaron entonces, era que la norma estuviera en vigor "antes de verano", y la propuesta que acordaron pasaba por prohibir la compra de vivienda en zonas de mercado tensionado excepto si la compra era para residencia habitual, y habilitando a los ayuntamientos a elaborar planes especiales de urbanismo para aplicarlo.
Enmiendas al texto
Las enmiendas de los Comuns pasan por clarificar la diferencia entre pequeño tenedor de vivienda (hasta cuatro viviendas en propiedad) y gran tenedor (a partir de 5), cuestión que no estaba recogida en la ley, porque se negoció posteriormente a que los Comuns la registraran.
También han concretado que las herencias estarían limitadas solo para los grandes tenedores (que si reciben una vivienda en herencia estarían obligados a destinarla a residencia habitual y permanente).
Con ello, han asegurado que buscan robustecer la norma y que sea más "sólida", aunque desde el principio los de Jéssica Albiach han defendido que la ley sí que es constitucional y que no comparten el dictamen que hizo el CGE.
Tras el revés del CGE, que cuestionaba varios aspectos jurídicos de la norma que pactaron ambas partes, los socialistas han defendido que quieren impulsar una regulación sobre esta norma, pero que en todo caso debía hacerse con "seguridad jurídica".
De esta forma, la propuesta del Ejecutivo y que se traducirá en las enmiendas del PSC iría en la línea de limitar el uso de las propiedades que se compren para que se destinen a uso residencial y habitual, pero sin prohibir la posibilidad de compra, algo que creen que el CGE deja claro que no es viable jurídicamente.
Informe de CGE
En agosto, el Consell de Garanties Estatutàries resolvió los recursos que presentaron Junts y el PP a la norma, y concluyó en su informe que la norma vulneraba el derecho a la propiedad privada y a la herencia establecidos en la Constitución, así como los artículos referidos a la libertad de empresa.
El órgano señaló también "falta de suficiente certeza y previsibilidad" en la norma y afectación al principio de seguridad jurídica, y que el texto vulneraba el Estatut en relación a la competencia en materia de derecho civil e invadía la competencia exclusiva del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales.
El informe del órgano estatutario, que no es vinculante, también cuestionaba el procedimiento de tramitación, puesto que el Govern y los Comuns acordaron que tramitarían por lectura única la norma, y recomendó una tramitación ordinaria de la proposición de ley.









