Tres asociaciones y casi 70 particulares figuran ya como afectados en el procedimiento del Tribunal Supremo que ha derivado en la suspensión del voto para los nacionalizados por la ley de nietos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo emplazó a personarse el pasado 12 de octubre a los más de 163.000 nuevos españoles a los que ha retirado el derecho al sufragio, y, una vez terminado el plazo de cinco días abierto por el tribunal y examinadas todas las solicitudes, los jueces han aceptado la personación de 69 particulares y de la Asociación de Extranjeristas en Red, el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Para todos ellos ha abierto un nuevo plazo de tres días para que presenten alegaciones sobre el procedimiento.

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El Tribunal Supremo estudiará si suspende también el derecho al voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos a los que se ha retirado el sufragio para el 29-N. La Sala de lo Contencioso-Adiministrativo descarta adoptar esta medida por la vía urgente, pero en una resolución dictada este viernes, ha dado tres días a las partes para que se pronuncien sobre la petición formulada por Iustitia Europa, que reclama que la medida adoptada por los jueces para más de 163.000 nacionalizados como hijos o nietos del exilio se extienda a su vez a los descendientes de estos, nacionalizados por otro apartado de la Ley de Memoria Democrática que no está afectado por la suspensión del voto acordada por el Supremo. Según los datos de Exteriores incorporados al procedimiento por la Abogacía del Estado, por ese supuesto se han nacionalizado más de 189.000 personas que ya están inscritas en el censo de extranjero.

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El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo la lista con las identidades de los nacionalizados por la llamada ley de nietos que le reclamó el pasado viernes. Aunque la Abogacía del Estado cifró en 163.020 personas los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) afectados por la suspensión del derecho al voto decretada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fuentes del Gobierno señalan que la relación final, tras repasar todos los expedientes, contiene un total de 163.355 nombres, de los que hay 901 cuyos expedientes acreditan la condición de exilio, que ha sido certificada por los cónsules. Según la orden dictada por el Supremo, solo estos podrán votar en las elecciones del 29-N.

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