La discusión en torno al uso de la inteligencia artificial en la producción editorial se centraba hasta hace unos meses en el ámbito de habla hispana en la regulación de su uso para la confección de portadas, de textos de contraportada, o en su empleo en traducciones y en audiolibros. Los contratos entre editoriales y autores, a menudo supervisados por agentes literarios, han tratado de asegurar que, tras la automatización, implícita en el uso de la nueva y cambiante herramienta, siempre había un humano que revisaba y firmaba el trabajo, que asumía la autoría en los aspectos formales de ese artefacto llamado libro. “Nuestra postura ha sido contraria al uso de IA en portadas o contraportadas o audiolibros y hemos incluido cláusulas en este sentido en los contratos”, explica Mónica Martín de la agencia MB. “Con nuestros autores tenemos una relación de confianza, con frecuencia revisamos varios borradores de una misma obra. No tenemos nada estipulado contractualmente con ellos sobre la IA”.

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Ante la tozudez de la realidad, habrá que colegir que la gestión gubernamental de los intereses públicos solo ha destacado, si es que se puede utilizar ese término, en la exacción fiscal de empresas y trabajadores y en unas políticas clientelares, que la propaganda oficial denomina «sociales», que, como ejemplifica el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), es uno de los factores de la cronificación de la pobreza que se sufre en amplias capas de la población. De hecho, ante las tragedias ferroviarias de Adamuz y de Urda, sucedidas en menos de diez meses y en la misma línea de Alta Velocidad, la que va de Madrid a Sevilla, que es la más antigua de la red, podría decirse que son el compendio de una gestión política negligente y no exenta de soberbia, pecado capital del sanchismo que condiciona cualquier asunción de la responsabilidad y, por lo tanto, el reconocimiento del yerro y la voluntad de corrección. En el tiempo transcurrido entre las dos catástrofes de Adamuz y Urda, la acción del Gobierno, cuyo máximo representante en el ámbito concernido es el todavía ministro de Transportes Óscar Puente, se ha caracterizado por el ocultamiento de las causas, la insistencia en mantener operativa la red del AVE por encima de las limitaciones que aconsejaba el estado de la vía afectada y de unos sistemas de seguridad en el final de su vida útil, la total displicencia con que se despachaban los avisos y advertencias de los mejores profesionales del ferrocarril y, finalmente, el despliegue masivo de la propaganda para disimular lo que experimentaban en el día a día los usuarios, como si el mantenimiento de la minería electoral fuera el único denominador común del Ejecutivo sanchista. Pero si esta descripción de la acción gubernamental corresponde a los últimos nueve meses, es obligado señalar que no se ha llegado a este punto de deterioro de la red ferroviaria en un tiempo corto, sino que ha sido el resultado de ocho años de infrafinanciación del servicio, reducción presupuestaria de los trabajos de mantenimiento y revisión, contratos en baja temeraria de unos sistemas de seguridad modernos para la línea Madrid-Sevilla que tenían que haber entrado en servicio a primeros de este año, pero que siguen en proceso de instalación, y, sobre todo, la implementación de una política laboral en la que se ha primado la vinculación a las distintas familias socialistas de los altos dirigentes de Adif y Renfe por encima de la aptitud profesional para unos cargos con mucha exigencia técnica. Y todo ello, por cierto, cuando ningún otro gobierno de la reciente historia de la democracia española había disfrutado de unos ingresos fiscales de récord, los más altos del periodo, y de las enormes aportaciones de los fondos de recuperación de la Unión Europea. El déficit de inversión en las infraestructuras es, por supuesto, una realidad sangrante frente a la pesada carga impositiva impuesta a los ciudadanos, que machaca a las clases medias y trabajadoras, y el crecimiento imparable de la deuda pública que está experimentando España. Nos hallamos ante el inevitable acto final de un gobierno negligente, que no tiene más asideros que la propaganda, pero que pretende seguir dando lecciones.

Trascurridos nueve meses desde la tragedia de Adamuz, todavía no se han hecho públicas las conclusiones sobre las causas que provocaron el descarrilamiento de uno de los convoyes y la posterior colisión con otro tren, pero, ayer, cinco horas después de una nueva tragedia sucedida, además, en la misma vía, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se consideraba autorizado para señalar un culpable, uno de los trabajadores del centro de control de Atocha, con la clara intención de que el «fallo humano» le exonere de su responsabilidad directa, como máxima autoridad en la gestión de la infraestructura ferroviaria. No debe ser así, máxime cuando hablamos de un ministro que se permitía hace apenas una semana bromear en un programa de humor sobre los accidentes de trenes, porque ya no nos hallamos ante un hecho excepcional, sino ante la confirmación de los peores temores. La confirmación de que el déficit de mantenimiento de la red de Alta Velocidad, reflejado en la continúa sucesión de averías en los convoyes, catenaria, agujas y el propio carril, que se venían traduciendo en retrasos y suspensión de servicios, ha llegado a un punto de no retorno, que es el de la desconfianza del usuario en su propia seguridad. La tragedia de Urda no puede disociarse de la avería general de los sistemas de seguridad y señalización que habían paralizado la circulación en la vía Madrid-Sevilla, con la detención de seis trenes, ni de la falta de respuesta posterior del sistema anticolisión que debería haber funcionado en el AVE que chocó por alcance con el Iryo. Con toda seguridad, y a expensas del resultado de la investigación oficial, más que de un fallo humano deberíamos hablar de un «error inducido» por el deterioro de las condiciones de funcionamiento de la red. En cualquier caso, creemos que ha llegado la hora de asumir las responsabilidades políticas por parte de un gobierno como el actual, con un presidente, Pedro Sánchez, que nunca ha reclamado cuentas por sus actos a sus subordinados, tal vez, para no tener que asumir las suyas propias, en lugar de montar el enésimo relato exculpatorio, cada vez peor aceptado por la opinión pública. Entre otras razones, porque hasta el propio Ejecutivo, conocido por su difícil relación con la verdad, entiende que a sus trucos de prestidigitación se les ve el cartón y ha llegado al final abrupto de la legislatura sin más triunfos en la manga. Podríamos citar muchos ejemplos del uso de la propaganda como parapeto de la incompetencia gubernamental, pero vamos solo a referirnos a ese discurso que sitúa parte de la culpa de lo sucedido en la liberación comercial de los servicios del AVE, con la multiplicación del número de convoyes que circulan por las vías, cuando la realidad, que es tozuda, nos dice que España tiene una de las redes ferroviarias menos utilizadas del mundo, con 35 trenes diarios por cada kilómetro de red, mientras que en Alemania circulan 79 trenes, en Japón los hacen 97, y la media europea es de 55. No. Se acerca mucho más a la verdad la denuncia de la falta de mantenimiento integral de la red que, no es posible obviarlo, está directamente gestionada por dos organismos oficiales, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que dependen directa y jerárquicamente del Ministerio de Transportes, que tiene entre sus funciones marcar las prioridades presupuestarias. Por último, pero a nuestro juicio no menos importante, advertir de que el deseable rechazo al uso torticero de una terrible tragedia que se ha llevado la vida de, al menos, 68 personas, y causado graves lesiones a más de un centenar, más en medio de una campaña electoral, no anula el derecho de los ciudadanos a exigir explicaciones convincentes a quienes gestionan los servicios públicos ni exime al Gobierno de su responsabilidad. Porque, en el fondo, la cuestión, lo que hay que dilucidar, es si se ha priorizado mantener la operatividad del AVE a costa de la seguridad, lo que son palabras mayores y conducen directamente a los tribunales.

La izquierda, con el Gobierno al frente, arrancó este periodo preelectoral con un discurso en el que justificaba y comprendía los escraches y los altercados contra los partidos de la oposición y especialmente contra algunos de sus dirigentes más destacados como Isabel Díaz Ayuso. Se esgrimió desde el poder una pose colaboracionista con aquellos que emplearon la violencia de mayor o menos intensidad, pero violencia al fin y al cabo, para acosar al adversario y que no pudiera desarrollar su agenda política en libertad. Hasta el punto de haber consentido la ocupación ilegal de espacios públicos como el de la Puerta del Sol con las voces sanchistas alentando estas conductas antisistema contra la convivencia. La agitación y la propaganda son características en la tradición de la izquierda para tensionar escenarios políticos y electorales desfavorables y pescar en la revuelta lo que no consigue con un desempeño limpio y propositivo. La historia más reciente está repleta de estas operaciones de desestabilización profundamente antidemocráticas. Ni la polarización ni el muro son elementos sobrevenidos, sino la parte esencial de los planes de Sánchez para dividir a los españoles y vencer al precio que sea y con los medios que resulten precisos. Y es exactamente lo que está ocurriendo en estos días en distintas ciudades de nuestro país, sometidas a una virulenta embestida que solo se entiende desde la entera responsabilidad del Ejecutivo que, primero, actuó para crispar el clima ante el 29N y ahora no quiere o no puede garantizar el orden público, la libertad en las calles, el patrimonio público y la propiedad particular. El relato, porque siempre hay un relato para cada crisis con este régimen, se limita, como es habitual, a culpar a la derecha y en concreto a Núñez Feijóo de los estallidos violentos en las calles como si fuera una personalidad influyente entre los embozados reconocibles por no ser recién llegados. En este punto, hay que tener siempre presente que los ministros y los cargos socialistas que sueltan estas simplezas no cuidan la vergüenza ni el respeto por la inteligencia de la gente. El monopolio de la violencia en una democracia corresponde a las autoridades y no hay excusas para que el ciudadano que paga religiosamente sus impuestos sea abandonado y desprotegido por la incompetencia o el tacticismo electoral, o ambos, del Ejecutivo y sus cómplices. Ni Sánchez ni sus coaligados quieren una campaña limpia y por esa razón no hay propuestas sobre la mesa ni se abordan los problemas de la gente. Se vuelcan en señalar a la derecha como los partidos del odio en contraposición con el partido sanchista del amor. Odio es la palabra con la que el presidente adjudica etiquetas morales, abre trincheras y se permite la infamia de dividirnos entre buenos y malos españoles. La izquierda juega con fuego. Veremos si no termina quemándose.