Andalucía rechaza seguir la estela de Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco, esta última desde el próximo enero, para gravar con una tasa a los millones de turistas que cada año suben los gastos de las principales ciudades, ahogados para afrontar las facturas de limpieza, seguridad y patrimonio. La región fue la más visitada del país el año pasado, con casi 38 millones de turistas. Las capitales de provincia, con Sevilla y Málaga a la cabeza, insisten a la Junta para que les permita imponer el tributo, pero la Consejería de Turismo, en manos de Vox, se niega a legislar y dice que debe ser el Gobierno central a través de la Ley de Haciendas Públicas, la que les permita recaudar nuevos fondos. “Ni abro ni cierro la puerta a la tasa. Todavía no he escuchado a ningún alcalde decir que la empleará en la recogida de residuos o los problemas derivados del turismo, y la tasa debe ser finalista”, dispara el consejero andaluz de Turismo, Manuel Gavira, líder del partido ultraderechista en la región.

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