“La presión del momento, evidentemente, es muy grande. Pero mi obligación ahora no es dedicarme a hablar de mi continuidad, sino resolver el problema, esclarecer lo sucedido y ofrecer explicaciones claras y, sobre todo, aportar soluciones”. Con estas palabras, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado por ahora su dimisión, tras el siniestro ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que ya suma 69 víctimas mortales, después del que hace nueve meses se produjo en Adamuz (Córdoba), que se cobró la vida de 46 personas.
“Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad en nuestro país”, ha admitido Pedro Sánchez este viernes, tras participar por segundo día consecutivo en Toledo en la reunión del centro de coordinación que atiende el accidente ferroviario que se produjo el pasado miércoles en Urda, y que ha provocado por ahora 69 víctimas mortales, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
“Estamos absolutamente devastados”, admitió el miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su primera comparecencia pública apenas unas horas después de que se produjera el accidente de la alta velocidad en Urda (Toledo), que ya suma 69 víctimas mortales.
“Todas las instituciones que pertenecemos al Estado, desde el pequeño municipio hasta el Gobierno de España, estamos trabajando día y noche para dar una respuesta a los familiares de las víctimas y para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder”, ha asegurado Pedro Sánchez este jueves desde Toledo, donde ha participado en una reunión del centro de coordinación que atiende a esta nueva tragedia ferroviaria en la línea de alta velocidad que se ha producido en Urda, y que ya suma 69 víctimas mortales, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
La nueva tragedia ferroviaria que se ha producido este miércoles en la provincia de Toledo, con al menos 68 víctimas mortales –apenas nueve meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba) que causó 46 fallecidos, en el mismo corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía–, ha sacudido el escenario político y deja en suspenso la precampaña del 29-N. El coste político del accidente para Pedro Sánchez se dirimirá en las urnas. Pero, por lo pronto, la continuidad en el cargo del ministro de Transportes, Óscar Puente, se ve muy comprometida y está en el aire.
“Vamos a llegar hasta el final, y si ha habido negligencias se sabrá, y si ha habido fallos en el sistema de seguridad se responderá con total contundencia”, ha advertido Pedro Sánchez en unas breves declaraciones, este miércoles, desde el puesto de mando avanzado en Urda (Toledo) al que se ha desplazado junto con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Porque es evidente que hemos sufrido dos terribles tragedias en un mismo año en la alta velocidad”, ha resaltado, ya que hace apenas nueve meses del accidente de este miércoles, que ya se ha cobrado la vida de 68 personas, se produjo el siniestro ferroviario en Adamuz (Córdoba), que provocó 46 víctimas mortales.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha atribuido a una “decisión errónea” del centro de control de Adif en Atocha el siniestro ferroviario que este miércoles ha provocado por ahora el fallecimiento de 68 personas, con medio centenar de heridos, al colisionar un tren de alta velocidad de Renfe, al que se le había autorizado la marcha, con otro de Iryo que se encontraba en ese momento parado, poco antes de las 9 de esta mañana, entre los municipios de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo.
El siniestro ferroviario que se ha producido en la mañana de este miércoles entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, tras la colisión de dos trenes de alta velocidad de Renfe e Iryo, tendría como principal causante un “error humano” de un operador de la empresa pública Adif -el gestor de las infraestructuras ferroviarias, dependiente del Ministerio de Transportes-, según han confirmado a La Vanguardia fuentes del Gobierno central.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo pugnan cada día, en una batalla estratégica sin cuartel, por intentar imponer el marco en que discurre la precampaña del 29-N. Y esta semana el pulso trata de dirimir el peso que tendrá en la carrera electoral la seguridad ciudadana tras los actos vandálicos registrados en Barcelona o Bilbao, a imagen y semejanza de los de París o Milán.
“El PP y Vox pretenden que cambie el clima de la campaña electoral, después de tres años esparciendo odio. Quieren llevar ahí la campaña, pero no se lo vamos a permitir. Y, sobre todo, no se lo va a permitir la ciudadanía”, advierten en la Moncloa, después de que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal hayan responsabilizado a Pedro Sánchez de instigar los episodios de violencia y saqueos que se han producido en Barcelona y en Bilbao ya en plena precampaña electoral del 29-N.
Ante la amenaza para el derecho de las mujeres a la libre interrupción del embarazo que, a juicio de Pedro Sánchez, supondría que el Partido Popular y la ultraderecha llegaran al Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el presidente del Gobierno había reafirmado su propósito de blindar el aborto en la Constitución. Pero este lunes, en el mitin que ha protagonizado en Gijón, el líder del PSOE ha lanzado un nuevo compromiso de reforma constitucional: incluir también en la Carta Magna la revalorización de las pensiones conforme a la inflación, como ya determina la ley, para evitar los “recortes” de las prestaciones que, según denuncia, incorporan los programas electorales ocultos del PP y Vox.
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