La Ley 32107, aprobada en 2024, impuso límites de prescripción al caso de esterilizaciones forzadas y benefició al senador Alejandro Aguinaga junto a otros 51 investigados.
El embajador sudafricano enfatizó en el devastador impacto humanitario del cerco energético y económico, exigiendo a Washington el cese inmediato de las medidas coercitivas.