Ouigo ha decidido anular la circulación de todos sus trenes de Alta Velocidad para este viernes, 30 de octubre, y el próximo lunes, 2 de noviembre, después de que la Audiencia Nacional haya dado la razón al Sindicato de Maquinistas y haya anulado los servicios mínimos que le aprobó el Ministerio de Transportes para mantener el 71% de su servicio en estos dos días de huelga.

"No podemos garantizar qué trenes circularán y nos vemos obligados a cancelar todos nuestros trenes del 30/10 y 2/11 para evitar confusión en las estaciones", ha informado la operadora francesa mediante redes sociales y a los pasajeros tras el fallo judicial que lleva a no saber si los maquinistas del 71% de los trenes que en principio estaban previsto que circulasen por los servicios mínimos irán a trabajar o pararán.

Con ello, tratan de evitar el "caos" que creen que se generaría en las estaciones si cientos de pasajeros cuyos trenes en principio iban a salir acuden y los trenes están parados.

Según informa Ouigo, los trenes para el sábado y el domingo del Puente de Todos los Santos, el 31 de octubre y 1 de noviembre- "se mantienen programados con normalidad", puesto que a estos dos días no les afecta la convocatoria de huelga de maquinistas para hasta seis jornadas de tre puentes de aquí a diciembre.

En este de Todos los Santos, los paros convocados eran totales y para ello el Ministerio de Transportes autorizó a Ouigo a operar el 71% de sus circulaciones en servicios mínimos, lo que significaba anular 12 trenes este viernes y otros 10 el lunes.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha fallado a favor del recurso de la Semaf contra los servicios mínimos -normalmente, suele hacerlo si, como en este caso, existen otros operadores que puedan hacer los mismos trayectos-, de manera que Ouigo no puede saber qué trenes funcionará o cuáles no. Ante esta tesitura, ha decidido suspenderlos todos los del 30 de octubre y el 2 de noviembre.

Por otra parte Semaf ha convocado otras cuatro jornadas de paros parciales el 6 y 9 de noviembre, en pleno Puente de la Almudena en Madrid, y el 4 y 8 de diciembre, afectando así al Puente de la Constitución. Los maquinistas de Ouigo pararán estos días entre las 6 y las 12 de la mañana y entre las seis de la tarde y la medianoche.

Semaf ha convocado esta huelga en protesta por el "reiterado incumplimiento continuado" del convenio colectivo de Ouigo que les obliga a hacer "jornadas excesivas" que tienen un impacto en "la fatiga del trabajador", con "abuso de los turnos de disponibilidad sin compensar debidamente las horas extras generada.

Los maquinistas de Renfe pararán otros dos días: 10 y 12 de noviembre

Los paros han sido convocados por Semaf, el mismo sindicato convocante de la huelga de maquinistas de Renfe de este jueves, que un día después del accidente de Urda, está teniendo un seguimiento muy superior a otras ocasiones, que ha obligado a parar la circulación de cuatro líneas de Cercanías en Madrid por ausencia de conductores y que el sindicato cifra en un seguimiento del "100%" de los maquinistas.

Esta organización sindical ha convocado otras dos jornadas de huelga de maquinistas de Renfe, el 10 y 12 de noviembre. El primero será un parto total y el segundo habrá paros parciales a lo largo de la jornada.

Como este jueves, Semaf explica que el motivo de la huelga es "el bloqueo de los compromisos de seguridad ferroviaria" que adquirieron la compañía y el Ministerio de Transportes para desconvocar la huelga de febrero, justo después del accidente de Adamuz, en el seno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, un hecho que hace que Renfe considere que esta huelga no es contra un incumplimiento de la compañía. Sin embargo, Semaf también denuncia que no se han cumplido otros acuerdos sobre contratación y formación de maquinistas, para reducir la "desprotección del personal ante arrollamientos", por la "inexistencia" de procedimientos operativos en Renfe ante fenómenos meteorológicos extremos y por "deficiencias técnicas y seguridad" en los trenes.

Alto seguimiento de la huelga de Renfe de este jueves

De acuerdo con la información proporcionada por Renfe a media tarde de este jueves sobre los servicios públicos de Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia han registrado un 17% de servicios mínimos suprimidos y un 29% de circulaciones sin salida.

Además el sindicato convocante, Semaf, ha adelantado que seguirá convocando nuevos paros para reclamar medidas para que no puedan volver a producirse accidentes como el de Urda o Adamuz.

En cuanto a los Servicios Comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), se ha registrado un 12,5% de supresiones en los servicios mínimos: 6 de las 48 circulaciones programadas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, solicitará comparecer a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones del accidente ferroviario de Urda, ocurrido este miércoles y que se ha cobrado al menos 74 víctimas mortales y más de 100 heridos. Puente hace este movimiento después de que a lo largo de la mañana de este jueves Sumar, ERC y Podemos le reclaman acudir de forma urgente a la Cámara Baja y de que se generalizase entre políticos y sindicatos la exigencia de su dimisión, algo que fuentes del Gobierno aseguran que en estos momentos no está sobre la mesa.

De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su confianza y respaldo al ministro sin ambages, porque considera, según han señalado a 20minutos fuentes de Moncloa, que el accidente ferroviario nada tiene que ver con su gestión.

Fuentes del Ministerio de Transportes han informado de su intención de informar en el Congreso sobre el accidente de tren después de que a lo largo de este jueves se sucedieran las peticiones por parte de partidos de izquierda para que compareciera de forma urgente. Así lo han exigido Sumar, ERC y Podemos. El ministro acudirá al Congreso el próximo martes, 3 de noviembre, segun han informado fuentes parlamentarias.

Antes, este viernes, Puente ofrecerá otra rueda de prensa para "seguir informando con máxima transparencia" sobre este nuevo siniestro ferroviario, que se ha cobrado ya 74 pasajeros fallecidos y más de 100 heridos.

Estos dos movimientos hacen descartar que el ministro vaya a dimitir, algo que en estos momentos es mucho más lejano a lo que parecía este miércoles. En su primera comparecencia en el centro de Adif de Atocha horas después del accidente, Puente evitó contestar si lo haría con una frase críptica. "Estoy tratando de esclarecer esto, no estoy pensando en mí", dijo.

Este jueves, le han exigido la dimisión CCOO, CSI-F o el Sindicato de Circulación Ferroviaria por cargar todas las culpas al regulador de la circulación. Desde el PP y también desde la izquierda al PSOE, también el Frente Amplio, se piden "responsabilidades políticas" después esta nueva tragedia ferroviaria, nueve meses después del accidente de Adamuz. Por su parte, Vox ha presentado una querella contra Puente por homicidio imprudente mientras que la sensación de que no puede seguir siendo ministro de Transportes después de los dos graves accidentes también empieza a extenderse dentro del PSOE y también ha reflexionado sobre ello el propio presidente, Pedro Sánchez, que este martes afirmó que, tras Adamuz, el nuevo accidente de Urda no es "asumible" y prometió actuar con "contundencia".

Al margen de que sea una posición definitiva o solo temporal, fuentes del Gobierno indican que la dimisión de Puente no está en estos momentos sobre la mesa, como demuestra su petición para acudir al Congreso.

La segunda tasación de las joyas intervenidas a José Luis Rodríguez Zapatero en su despacho de Madrid introduce nuevos elementos en una de las líneas de investigación que rodean al expresidente del Gobierno. El informe pericial gemológico, joyero y económico encargado por el juez José Luis Calama a la joyería Yanes sitúa en 1.023.320 euros el valor de reposición del conjunto, una cifra inferior a los 1.323.915 euros que había estimado inicialmente la joyería Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español (IGE).

Infobae ha tenido acceso al informe, de 138 páginas, entregado al juzgado el 28 de octubre. El documento examina las piezas intervenidas y aborda cuestiones que el magistrado había considerado necesario esclarecer: su composición, calidad, marcas identificativas, posible procedencia geográfica, antigüedad aproximada y valor económico.

Tres juegos concentran casi todo el valor

El informe de Yanes distribuye las piezas en cuatro lotes. Los tres primeros corresponden a los conjuntos de mayor valor, integrados cada uno por un collar, unos pendientes, una sortija y un brazalete. El cuarto reúne el resto de las joyas intervenidas, consideradas de menor relevancia económica a efectos de la tasación.

La valoración queda repartida de la siguiente manera:

• Lote 1. Esmeraldas y diamantes: 373.100 euros.
• Lote 2. Gemas rojas y diamantes: 203.000 euros.
• Lote 3. Zafiros y diamantes: 362.400 euros.
• Lote 4. Resto de las piezas: 84.820 euros.

Los tres primeros lotes suman 938.500 euros, aproximadamente el 91,7% del valor total calculado por las peritos. El resto de las joyas representa los 84.820 euros restantes.

El conjunto de esmeraldas es el más caro, seguido por el de zafiros. El informe describe las piedras preciosas de los principales lotes como naturales, aunque con tratamientos y características que condicionan su valoración. Las esmeraldas presentan una calidad que las expertas califican de muy comercial y unas características compatibles con Zambia, sin que ello equivalga a una identificación concluyente de su yacimiento. Los zafiros, también naturales, han sido sometidos a calentamiento para mejorar su color y transparencia y presentan características compatibles con explotaciones tailandesas, como las de Chanthaburi o Kanchanaburi.

Las piedras rojas del segundo lote constituyen uno de los detalles más significativos del análisis. Las peritos concluyen que no pueden denominarse rubíes, ya que se trata de corindones naturales con relleno de vidrio de plomo y no se cumple la proporción necesaria para clasificarlos como tales. El tratamiento y la composición de estas gemas, según el informe, demeritan el conjunto.

Eso no significa que las piedras sean necesariamente falsas. El dictamen distingue entre su naturaleza, los tratamientos recibidos y su calidad comercial, tres aspectos diferentes a la hora de determinar el valor de una joya. Los diamantes que acompañan a las piezas son naturales, con tallas brillantes y pesos individuales que oscilan aproximadamente entre 0,02 y 0,20 quilates. Las expertas estiman un color G-H y una pureza VS-SI.

En aquel primer informe de Ansorena destacaban un collar de oro blanco de 18 quilates con diamantes y dos esmeraldas naturales de Zambia, valorado en 278.000 euros; un collar con trece zafiros, tasado en 220.000 euros, y una pieza con bandas de diamantes y cinco rubíes naturales, cuyo importe se situaba en 155.000 euros.

Una fabricación común y de posible origen asiático

Uno de los apartados más relevantes del dictamen es el relativo a la identificación de las joyas. Las peritos encuentran elementos comunes en los tres principales conjuntos: el metal empleado, el estilo, la aleación, el engaste y los acabados.

Esas similitudes las llevan a considerar que las piezas podrían haber sido realizadas por un mismo orfebre y fabricadas de manera simultánea. Sin embargo, advierten de que no pueden determinar el año concreto, puesto que responden a un estilo clásico y atemporal, ajeno a modas o tendencias que permitan situarlas en un periodo preciso.

La conclusión técnica es que se trata de joyas de fabricación comercial y de muy probable origen asiático. El documento menciona como posibles áreas de fabricación India, Tailandia, China o países de Asia central, entre otros, pero no identifica un país ni un taller concreto.

Las marcas tampoco permiten cerrar esa incógnita. Todas las piezas presentan un punzón rectangular de extremos redondeados, con una T mayúscula de diseño particular en el centro, el número 18 a un lado y la letra K al otro. Las expertas interpretan que el número y la letra hacen referencia a la ley del metal, oro de 18 quilates, mientras que la T podría constituir una pista para identificar al fabricante. El informe considera que una investigación internacional sobre ese punzón podría ayudar a localizar su origen. No obstante, la marca, por sí sola, no permite atribuir las joyas a una firma o a un país determinado.

Las peritos sostienen que la ausencia de una firma reconocible y las características de los punzones permiten descartar como hipótesis más probables determinados mercados con sistemas de identificación más exigentes, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos y los países árabes. En contraposición, apuntan a mercados asiáticos donde, según el dictamen, los requisitos de identificación pueden ser menos estrictos. Se trata, en todo caso, de una hipótesis técnica sobre el posible origen, no de una trazabilidad acreditada de las piezas.

La incógnita de 2007

La antigüedad es otro de los puntos que aborda el informe. Las expertas no fijan una fecha de fabricación, pero incorporan una conclusión cronológica basada en la composición del metal. Tras analizar la aleación de varias piezas, detectan un contenido de oro compatible con la ley de 750 milésimas, correspondiente al oro de 18 quilates. En la composición también aparecen cobre, níquel, zinc, rubidio, plata y germanio, además de un recubrimiento superficial de rodio.

El contenido relativamente bajo en níquel lleva a las peritos a formular una inferencia temporal. Las joyas no se habrían fabricado antes de la entrada en vigor del Reglamento REACH, el marco europeo para el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias químicas, que comenzó a regir el 1 de junio de 2007.

La hipótesis cobra relevancia por la explicación que ha ofrecido Zapatero sobre el origen de los conjuntos. El expresidente sostiene que las joyas le fueron entregadas por el entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al Saud, como regalo estrictamente personal durante la visita oficial del monarca a España en junio de 2007.

La posibilidad de una fabricación posterior a 2007, si llegara a acreditarse, sería relevante para reconstruir la historia de las joyas, pero el dictamen no permite dar ese extremo por probado.

Sin certificados, estuches originales ni firma reconocible

Las expertas llaman también la atención sobre una circunstancia que consideran llamativa. El informe señala que los principales conjuntos carecen de sus estuches originales, certificados de calidad y documentación que permita identificar al fabricante o a la firma comercial. “Resulta incoherente el hecho de que piezas de este valor no estén acompañadas de sus estuches originales para su debida conservación y protección”, apuntan las peritos, que destacan que este tipo de joyas suele adquirirse en establecimientos conocidos y contar con certificados, marcas trazables y una presentación acorde con su categoría.

El documento tampoco identifica una firma de alta joyería de reconocido prestigio. Las expertas describen, además, irregularidades en numerosos engastes y una fabricación de carácter comercial. Algunas soluciones técnicas, como la utilización de varias piedras pequeñas en determinadas formas en lugar de una gema única, contribuyen a explicar la valoración asignada.

En sus conclusiones, las peritos definen la pedrería como homogénea y de calidad comercial, y señalan expresamente que las gemas rojas desmerecen el conjunto.

España enfrenta nuevas preguntas sobre la seguridad de su sistema ferroviario tras un tercer accidente de tren en lo que va de 2026. El siniestro ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, se suma a las tragedias de Adamuz, en Córdoba, y Gelida, en Barcelona, que dejaron decenas de víctimas mortales. La sucesión de accidentes vuelve a poner bajo escrutinio una red ferroviaria reconocida internacionalmente por su desarrollo y su infraestructura de alta velocidad. ¿Se trata de episodios aislados o existen problemas de seguridad que deben investigarse a fondo? Lo analizamos en El Debate de France 24.

El dolor y la incertidumbre de las familias que buscan a sus seres queridos tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se han visto acompañados por la difusión de mensajes fraudulentos que simulan comunicar la identificación de las víctimas mortales. El Centro Integrado de Datos (CID), constituido para coordinar las labores médico-forenses y de Policía Científica tras la tragedia, ha alertado este jueves de que familiares de posibles fallecidos están recibiendo SMS en los que supuestamente la Guardia Civil les informa de que los cuerpos de sus seres queridos han sido identificados.

El organismo ha desmentido la autenticidad de estas comunicaciones y ha recordado que la notificación de las identificaciones a los familiares se realiza exclusivamente de manera presencial y personal por parte de la Guardia Civil, nunca mediante llamadas telefónicas. Ante esta situación, ha pedido a los posibles afectados que no den veracidad ni a los mensajes de texto ni a las llamadas que reciban con ese supuesto contenido.

“Se ha tenido noticias de que familiares de las posibles víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda están recibiendo mensajes vía SMS en los que supuestamente la Guardia Civil informaría de la identificación de los cuerpos de sus familiares”, recoge la comunicación difundida por el CID, que ha trasladado la advertencia a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).

Por el momento, el CID no ha precisado cuántos familiares han recibido estos mensajes, quién está detrás de su difusión ni si los SMS contienen enlaces, solicitudes de información personal o peticiones económicas. Tampoco ha detallado si se ha abierto una investigación específica para determinar el origen de las comunicaciones fraudulentas.

Las identificaciones continúan

La advertencia se produce mientras los equipos médico-forenses y de Policía Científica prosiguen con las autopsias y los trabajos para determinar la identidad de las personas fallecidas en el accidente. El Centro Integrado de Datos ha asegurado que estas labores continúan “ininterrumpidamente desde ayer con el mayor rigor y celeridad posibles”, en un proceso que requiere extremar las comprobaciones antes de comunicar cualquier identificación.

El CID se constituyó el miércoles, tras la activación del protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, puesto en marcha a raíz del siniestro ferroviario. Este dispositivo permite articular las actuaciones necesarias para el examen de los cuerpos, la recogida y el cotejo de muestras y la identificación de los fallecidos, así como la comunicación de los resultados a sus familiares.

En este contexto, la Guardia Civil mantiene el procedimiento de comunicación personal y presencial para trasladar a los allegados las identificaciones confirmadas. La advertencia difundida este jueves busca evitar que las familias confundan los mensajes recibidos con una notificación oficial en un momento especialmente delicado.

El accidente ferroviario de Urda ha dejado, según el último balance, 69 fallecidos. Mientras avanzan las labores de identificación, las autoridades han reclamado prudencia ante cualquier información que no proceda de los canales oficiales y han insistido en que las familias no deben considerar auténticas las comunicaciones telefónicas que anuncien la identificación de sus seres queridos.

Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou apenas había tenido tiempo de familiarizarse con su primer juzgado cuando el azar de las guardias la colocó ante una de las investigaciones más complejas que puede afrontar un órgano de instrucción. Sobre ella ha recaído la tarea esclarecer por qué dos trenes de alta velocidad chocaron en Urda (Toledo) y reconstruir una cadena de decisiones cuyo desenlace fue una catástrofe.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz se convirtió el miércoles 28 de octubre en la jueza instructora del siniestro ferroviario. Ortiz Tiliakou pertenece a la 74.ª promoción de la Carrera Judicial y tomó posesión de su destino el pasado febrero, después de superar un proceso selectivo que se prolongó durante años y de completar su formación en la Escuela Judicial. No es, por tanto, una jueza que haya llegado a la instrucción sin preparación previa, aunque sí una titular que se enfrenta, en los primeros meses de su carrera, a un procedimiento de una dimensión muy distinta a la de los asuntos ordinarios de su juzgado.

Nueve años hasta la toga

El camino de Ortiz Tiliakou hacia la judicatura no comenzó con su nombramiento, sino mucho antes. Una de las primeras referencias documentales que permiten seguir sus pasos se remonta a 2017, cuando figuraba entre los aspirantes admitidos a las oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. En 2019 ya aparecía en las relaciones de candidatos a las carreras Judicial y Fiscal. También concurrió a convocatorias posteriores, incluida la de 2021, antes de conseguir superar definitivamente las pruebas de acceso a la judicatura.

La culminación llegó con la convocatoria de 2022. En diciembre de 2023, su nombre figuraba en la relación de aspirantes aprobados, en el puesto número 17 y con una calificación de 73,37 puntos. Detrás de ese resultado había quedado una sucesión de convocatorias y años de preparación, hasta franquear el acceso a una carrera profesional en la que el ingreso exige superar un proceso selectivo especialmente competitivo.

En enero de 2024 ingresó en la Escuela Judicial, donde completó la formación necesaria para ejercer. Formaba parte de una promoción de 121 nuevos jueces, integrada por 85 mujeres y 36 hombres, una mayoría femenina que también caracteriza a las últimas incorporaciones a la Carrera Judicial.

La formación no terminó con las oposiciones. Antes de recibir un destino definitivo, los nuevos jueces atraviesan un periodo de preparación práctica que les permite conocer el funcionamiento cotidiano de los órganos judiciales, desde la tramitación de procedimientos hasta la dirección de actuaciones jurisdiccionales. En el caso de Ortiz Tiliakou, esa primera experiencia profesional la llevaría hasta Cantabria.

La primera experiencia, en Torrelavega

Antes de instalarse en Castilla-La Mancha, la instructora del accidente de Urda pasó por los tribunales cántabros. El 27 de junio de 2025 juró como jueza sustituta ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, después de superar la fase de prácticas tuteladas de su promoción.

A partir del 2 de julio, comenzó a ejercer en el Tribunal de Instancia de Torrelavega, donde se le asignó la plaza número 6. Su nombramiento, junto al de otra jueza en prácticas, formaba parte de la fase de refuerzo y sustitución prevista para los integrantes de la 74.ª promoción, que se extendía inicialmente hasta el 30 de noviembre de aquel año.

La experiencia en Cantabria le permitió asumir funciones jurisdiccionales antes de su incorporación definitiva a la carrera. No era todavía su primer destino como titular, pero sí una etapa en la que comenzó a desenvolverse en el ejercicio efectivo de la jurisdicción, con las responsabilidades que implica tomar decisiones judiciales y dirigir procedimientos.

El 12 de enero de 2026, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó su nombramiento como jueza titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz. El acuerdo, publicado en el BOE, la situó en su primer destino definitivo.

El 3 de febrero recibió su despacho en Barcelona, en el acto de entrega a los nuevos integrantes de la Carrera Judicial presidido por Felipe VI. Tres días después, el 6 de febrero, juró su cargo en Castilla-La Mancha.

Orgaz, una localidad toledana desde la que se atienden asuntos de su partido judicial, debía ser el lugar en el que consolidase sus primeros pasos como titular. La plaza combina competencias civiles y de instrucción penal, con las guardias que permiten atender las diligencias urgentes y las actuaciones que no pueden esperar al funcionamiento ordinario de los juzgados. Y fue precisamente esa obligación de guardia la que alteró el curso de su primer año.

Una investigación extraordinaria para una jueza recién llegada

El accidente ferroviario de Urda ha colocado a Ortiz Tiliakou ante una investigación que exige mucho más que reconstruir las circunstancias inmediatas de una colisión. El procedimiento deberá determinar cómo se produjo el choque, qué información manejaban los responsables de la circulación, qué órdenes se transmitieron y si se respetaron los protocolos de seguridad, además de esclarecer, en su caso, las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos.

La jueza se encontraba de guardia cuando se produjo el siniestro, una circunstancia que explica que su juzgado haya asumido las diligencias. La dimensión de la tragedia obligó desde el primer momento a reforzar los medios del órgano instructor. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acordó que la titular de la plaza número 1 de Orgaz, Mónica Iniesta Sampayo, colaborase en la dirección y tramitación de las actuaciones, junto con otros magistrados y profesionales especializados.

Se han constituido equipos de trabajo con magistrados, letrados de la Administración de Justicia y médicos forenses, además de activar los mecanismos de coordinación para la identificación de las víctimas y la atención a sus familiares. La estructura de apoyo pretende agilizar las diligencias sin alterar las competencias de la jueza responsable de la instrucción.

Las primeras decisiones adoptadas por Ortiz Tiliakou ofrecen ya algunas claves sobre el rumbo de las pesquisas. La instructora ha acordado preservar el escenario del accidente, restringir el acceso a la zona afectada e impedir la retirada de elementos o la difusión de imágenes, con el objetivo de proteger las pruebas.

También ha ordenado la incautación y custodia de las cajas negras de los trenes siniestrados por parte de la Policía Judicial de Toledo, para su posterior análisis. Entre las diligencias figura, asimismo, la obtención de información del centro de control de Atocha sobre la circulación ferroviaria y la identificación de las personas encargadas del mando en el momento del accidente.

La Policía Judicial deberá recabar también documentación de Adif sobre los protocolos de actuación aplicables en los minutos previos, durante el siniestro y después de este. La jueza ha decretado, además, el secreto de las actuaciones, una medida que limita el acceso al contenido de la investigación y que no equivale a anticipar ninguna conclusión sobre las causas del choque.

La investigación judicial del accidente ferroviario de Urda ha comenzado por reconstruir las decisiones que se tomaron en el centro de control de Adif en Atocha durante los minutos que precedieron a la colisión. La jueza que dirige las diligencias, Aristea Afroditi Ortiz, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), ha ordenado recabar los registros de circulación de los trenes afectados, identificar a los responsables que estaban al frente del mando y reunir los protocolos que debían regir la actuación ante la incidencia que alteró el tráfico ferroviario.

La primera línea de investigación conduce así hasta quienes tenían encomendada la regulación de la circulación y las instrucciones que transmitieron cuando el sistema de seguridad LZB dejó de funcionar con normalidad. La documentación requerida a Adif deberá permitir contrastar las comunicaciones entre el puesto de mando y los trenes con los datos registrados sobre sus movimientos, las órdenes impartidas y los procedimientos aplicables en una situación de funcionamiento degradado. De esa reconstrucción dependerá, en buena medida, que los investigadores puedan establecer qué información manejaban los responsables de la circulación y en qué condiciones se autorizó la reanudación de la marcha.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que desde el centro de control se había autorizado al AVE de Renfe a continuar la marcha después de la incidencia, pese a que el Iryo que circulaba por delante seguía ocupando la vía. El propio ministro calificó de “inexplicable” esa decisión, aunque la explicación definitiva de lo ocurrido y la eventual existencia de responsabilidades corresponden a las investigaciones abiertas.

Las comunicaciones y los registros, bajo examen

La instructora ha oficiado a la Policía Judicial para que acuda al centro de control de Atocha y recabe los datos relativos a la circulación en la zona del accidente, así como un informe de la comisión de investigación de Adif que identifique a las personas encargadas del control de mando en el momento del siniestro. En otra resolución, ha solicitado a la Policía Judicial de Toledo que obtenga de la compañía los protocolos de actuación correspondientes a los minutos anteriores, simultáneos y posteriores al accidente.

La documentación deberá servir para reconstruir no solo qué órdenes se transmitieron, sino también el marco en el que se adoptaron. La investigación tendrá que comprobar qué procedimiento estaba previsto para responder al fallo del LZB, qué instrucciones recibieron los maquinistas y cómo evolucionó la incidencia hasta desembocar en la colisión. La secuencia tendrá que establecerse a partir de los registros y de las declaraciones, sin que las hipótesis que circulan sobre el origen del accidente puedan sustituir el análisis de las pruebas.

En paralelo, la jueza ha ordenado la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren, con vistas a su posterior análisis. A sus datos se sumarán los elementos que puedan recuperarse en la vía, cuyo examen resulta necesario para completar la reconstrucción de los movimientos y las circunstancias del impacto.

La preservación del escenario ha llevado a la instructora a prohibir el acceso de personas ajenas a un perímetro de dos kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en ambos sentidos, así como la retirada de cualquier elemento y la toma y difusión de imágenes de la zona afectada. La restricción deja el acceso reservado a las fuerzas de seguridad, los equipos de salvamento y sanitarios y el personal judicial, con el propósito de evitar que se alteren los vestigios antes de que puedan ser examinados.

Una investigación judicial y otra técnica

Las primeras actuaciones se desarrollan en paralelo al trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que debe esclarecer las causas técnicas del siniestro y formular, en su caso, recomendaciones para evitar que se repita. Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la CIAF ya han interrogado al operario del centro de control de Adif que regulaba el tráfico en el momento del accidente, una actuación que forma parte de las pesquisas técnicas y que no debe confundirse con las diligencias judiciales.

La causa judicial, que permanece bajo secreto de sumario, cuenta con un dispositivo extraordinario de apoyo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha activado el protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica para sucesos con víctimas múltiples, con la intervención del Instituto de Medicina Legal de Toledo y el apoyo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid en las tareas de identificación, recogida de muestras biológicas y análisis genéticos. La organización judicial se ha reforzado asimismo para atender las diligencias, los levantamientos de cadáveres y las necesidades de coordinación derivadas de la emergencia.

El accidente, que dejó 68 muertos, ha abierto también una disputa sobre la eventual responsabilidad penal de quienes participaron en la gestión de la circulación y de los sistemas ferroviarios. Vox ha presentado una querella contra responsables por determinar de Adif, en particular contra los operadores del puesto de mando de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha, sus superiores y quienes tuvieran atribuidas funciones sobre los procedimientos de operación degradada y la seguridad. La formación plantea posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes y solicita, entre otras diligencias, la identificación de los trabajadores que estaban de servicio y la conservación de las grabaciones y registros.

Manos Limpias ha presentado, por su parte, una denuncia contra Adif, Renfe e Iryo, además de contra las personas que pudieran resultar responsables de la gestión, supervisión o mantenimiento del material y de la infraestructura. Las iniciativas de ambas acusaciones deberán seguir su propio recorrido procesal y no suponen, por sí mismas, que exista una atribución judicial de responsabilidad.

Hoy arranca un parón de 24 horas en todas las empresas del Grupo Renfe, y dirigida a todo el personal de conducción. Mañana se reproducirá en la francesa Ouigo Leer

La tarde del 29 de octubre de 2024, mientras el agua anegaba municipios enteros de Valencia, las autoridades autonómicas trataban de coordinar una respuesta a una emergencia que desbordaba los medios disponibles. El mensaje masivo que debía advertir a la población de la gravedad de la situación no llegó a los teléfonos móviles hasta las 20.11 horas. Para entonces, el barranco del Poyo ya se había desbordado y la riada había convertido calles, garajes y plantas bajas en trampas mortales.

Dos años después, aquella secuencia de decisiones continúa bajo investigación judicial. La causa abierta en Catarroja no ha determinado todavía las responsabilidades penales por la gestión de la emergencia que dejó 233 muertos. La jueza Nuria Ruiz Tobarra trata de reconstruir qué sabían los responsables autonómicos, cuándo lo supieron y qué hicieron con esa información. En el centro de las pesquisas están la demora del Es-Alert, las decisiones adoptadas durante la reunión del Cecopi y las comunicaciones que mantuvieron los integrantes del Gobierno valenciano en las horas críticas.

La investigación tiene dos protagonistas procesales: Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, su número dos en el área de Emergencias. Ambos están investigados por su actuación durante la catástrofe. Carlos Mazón, que presidía la Generalitat aquella jornada, quedó fuera de la causa principal después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara la petición de la instructora para investigarlo. La magistrada, sin embargo, continúa recabando pruebas y ha conseguido que la reconstrucción de aquella tarde avance por una vía que ya no depende únicamente de las versiones ofrecidas por los responsables políticos.

Reconstruir una tarde decisiva

La instrucción comenzó con una pregunta aparentemente sencilla, pero de enorme complejidad jurídica: si las autoridades responsables de gestionar la emergencia podían haber adoptado medidas que evitaran algunas de las muertes. Para responderla, la jueza debía reconstruir la sucesión de acontecimientos y determinar qué información llegó a cada responsable, qué competencias tenía y cuánto margen de actuación conservaba cuando la situación empeoró.

La investigación se ha centrado en buena medida en el funcionamiento del Cecopi, el centro de coordinación que reunió a los responsables de las distintas administraciones durante la emergencia. La hora de su constitución, las propuestas que se debatieron y la redacción del mensaje de alerta se convirtieron en piezas fundamentales para establecer cómo se respondió al riesgo.

Uno de los hallazgos relevantes llegó en diciembre de 2025, cuando la jueza obtuvo el primer borrador del Es-Alert que se había descartado aquella tarde. A diferencia del mensaje que finalmente se envió, aquel texto incluía una orden de confinamiento de la población. La alerta definitiva, remitida a las 20.11 horas, se limitó a recomendar que se evitaran los desplazamientos.

La diferencia entre ambos mensajes dio una nueva dimensión a la investigación. Ya no se trataba únicamente de explicar por qué la alerta había llegado cuando las inundaciones estaban en marcha, sino también de esclarecer por qué se descartó una formulación que contemplaba una medida de protección más restrictiva. La instructora ha examinado la intervención de Pradas en la elaboración del aviso y las decisiones tomadas durante la reunión de coordinación.

Las advertencias previas y las comunicaciones del entorno de Mazón

A medida que avanzaron las pesquisas, la reconstrucción dejó de limitarse a las horas del Cecopi y se extendió a los días anteriores a la catástrofe. La investigación trata de esclarecer qué advertencias habían recibido las administraciones y si la información disponible permitía anticipar la magnitud del temporal.

El 19 de octubre de 2026, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, declaró ante la jueza que el 112 había enviado al Ayuntamiento avisos sobre el riesgo meteorológico los días 25 y 28 de octubre de 2024. Según su testimonio, el municipio había activado su plan local de inundaciones antes de la jornada de la tragedia. La declaración aporta un nuevo elemento para contrastar las advertencias recibidas por las autoridades locales con la información que manejaban los responsables autonómicos.

La cuestión es especialmente relevante porque la Generalitat y los dos exaltos cargos investigados han sostenido que la falta de información procedente de organismos estatales dificultó la respuesta. La instrucción, sin embargo, ha incorporado distintas comunicaciones que permiten examinar qué avisos circularon y qué decisiones se tomaron a partir de ellos. El testimonio de Silvent obliga a precisar qué información se transmitió, a quién llegó y si resultaba suficiente para adoptar medidas adicionales.

Otro de los frentes de la causa son los mensajes intercambiados entre Pradas y José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete de Mazón. Entre ellos figura una comunicación en la que Cuenca escribió a la exconsellera: “Salo, de confinar nada”. El mensaje se produjo mientras se debatían las medidas que debían adoptarse para proteger a la población. Cuenca ha defendido que sus comentarios no constituían órdenes vinculantes, mientras que la investigación trata de aclarar su contexto y el posible alcance de las indicaciones transmitidas desde Presidencia.

Las comunicaciones de Cuenca siguen siendo una de las incógnitas que la jueza quiere despejar. La magistrada ha mantenido las gestiones para intentar recuperar los mensajes de WhatsApp del día de la riada, una información que podría ayudar a completar la secuencia de contactos entre el entorno del presidente y los responsables de Emergencias. La obtención de esos datos no está garantizada, pero la instructora considera que todavía existen vías que merece la pena agotar.

La jueza aprecia indicios de que algunas muertes podrían haberse evitado

La evolución de la instrucción ha llevado a la magistrada a formular conclusiones cada vez más concretas sobre la actuación de los responsables de Emergencias. En un auto del 14 de octubre de 2026, la jueza sostuvo que existían claros indicios de que algunos fallecimientos en la pedanía valenciana de La Torre podrían haberse evitado si Pradas y Argüeso hubieran ejercido sus funciones. La resolución puso el foco en los errores relacionados con el conocimiento de sus competencias y con la elaboración del Es-Alert.

La magistrada debe examinar las circunstancias de cada fallecimiento y establecer si existe una relación causal entre las decisiones investigadas y el resultado. En una causa de esta naturaleza, la gravedad de la tragedia no sustituye la obligación de probar los elementos de cada posible delito. El análisis judicial debe precisar qué podía hacer cada responsable, qué omitió y qué consecuencias tuvo esa conducta.

El intento de investigar a Mazón y la decisión del TSJCV

La investigación llegó hasta Carlos Mazón el 24 de febrero de 2026, cuando la jueza elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que valorase investigarlo por su actuación durante la DANA. La magistrada consideró que existían indicios de una posible negligencia en la gestión y coordinación de la emergencia y puso el foco en las comunicaciones mantenidas por su entonces jefe de gabinete con Pradas, así como en la ausencia del presidente de los centros de decisión durante las horas críticas. Mazón conservaba su condición de diputado autonómico y, por tanto, estaba aforado ante el tribunal superior valenciano. Era ese órgano, y no el juzgado de Catarroja, el competente para decidir si los indicios expuestos justificaban abrir una investigación contra él.

El TSJCV rechazó por unanimidad asumir la causa el 16 de marzo y mantuvo su decisión el 27 de abril. Los magistrados entendieron que los hechos descritos por la instructora no proporcionaban un fundamento sólido y objetivo para atribuir al expresidente un delito. También consideraron que su cargo no lo convertía automáticamente en garante penal de la seguridad de los ciudadanos y que no había indicios suficientemente sólidos de su participación directa en la decisión de enviar el Es-Alert.

Una causa que seguirá abierta en 2027

El 14 de septiembre, la jueza acordó prorrogar la instrucción seis meses más a partir del 30 de octubre de 2026, con el apoyo de la Fiscalía. La magistrada justificó la decisión por la complejidad de la causa, la gravedad de los hechos y la necesidad de practicar nuevas diligencias. Quedan declaraciones de perjudicados y testigos, informes médico-forenses y gestiones para intentar recuperar las comunicaciones de Cuenca.

La prórroga sitúa el siguiente horizonte procesal en abril de 2027, aunque no significa que la investigación vaya a concluir necesariamente en esa fecha. La jueza deberá valorar las pruebas pendientes y decidir si procede cerrar la instrucción, acordar nuevas diligencias o avanzar hacia la siguiente fase del procedimiento.

Dos años después de la DANA, la investigación ha permitido reconstruir parte de la cadena de decisiones que precedió al envío del Es-Alert, incorporar testimonios sobre las advertencias previas y examinar las comunicaciones entre los responsables autonómicos. También ha delimitado las posiciones judiciales sobre Pradas, Argüeso y Mazón, aunque sus situaciones procesales son distintas. Lo que todavía no ha establecido es una conclusión definitiva sobre quién debe responder penalmente por la gestión de la emergencia.

Carlos Mazón sigue ocupando un escaño en Les Corts Valencianes, aunque hace casi un año que dejó de presidir la Generalitat. Es una presencia discreta en el Parlamento autonómico, pero con una trascendencia que va más allá de la política. Mientras conserve su condición de diputado, el expresidente permanece aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Un privilegio procesal que determina qué tribunal puede investigarlo y que, a medida que se aproximan las próximas elecciones autonómicas, amenaza con convertirse en una de las principales incógnitas de su futuro.

El calendario electoral y el judicial empiezan a cruzarse. El Partido Popular debe decidir cómo afronta las elecciones autonómicas de 2027, con una dirección renovada en Valencia y una etapa política que aspira a dejar atrás la gestión de la DANA. Mazón, mientras tanto, se enfrenta a una pregunta que todavía no tiene respuesta: qué lugar le reserva su partido y qué ocurrirá con su situación judicial si deja de ser diputado.

Según adelanta El Independiente, el PP no prevé incluir a Carlos Mazón en sus listas para las elecciones autonómicas de 2027, una decisión que podría marcar el final de su etapa en Les Corts Valencianes y abrir un nuevo escenario en torno a su aforamiento. El diario apunta, no obstante, a la posibilidad de que el partido mantenga al expresidente en la Diputación Permanente para prolongar su condición de diputado hasta la constitución de las nuevas Cortes.

Mazón dimitió como presidente de la Generalitat en noviembre de 2025, después de que su gestión de la catástrofe, las explicaciones sobre aquella jornada y la presión de las víctimas erosionaran su posición política. Su salida abrió una nueva etapa en el PP valenciano, que quedó bajo una gestora presidida por Juanfran Pérez Llorca. La sucesión permitió al partido sostener el Consell, pero no borró el coste político de la tragedia.

Ahora, con las próximas listas en el horizonte, el expresidente ocupa un espacio cada vez más difícil de encajar. Su presencia podría reabrir el debate sobre las responsabilidades políticas de la emergencia en plena campaña electoral. Pero su eventual exclusión tampoco resuelve por sí sola qué hacer con un dirigente que conserva un acta parlamentaria y cuya situación judicial sigue bajo escrutinio.

La posibilidad de que el PP aparte a Mazón de la primera línea no implica necesariamente que vaya a desaparecer de la política. Una eventual recolocación en el Senado, en otra responsabilidad institucional o en un puesto orgánico permitiría al partido alejarlo de la contienda valenciana sin exigirle una retirada completa. Por ahora, sin embargo, no hay una decisión acreditada sobre un destino alternativo. Tampoco está demostrado que exista una negociación para ofrecerle un escaño en la Cámara Alta. Su futuro puede depender tanto de la estrategia de Génova como de la voluntad del propio Mazón, cuya continuidad en las listas y sus aspiraciones no deben darse por resueltas sin una confirmación expresa.

El escaño que lo mantiene fuera de Catarroja

La relevancia judicial de esa decisión se entiende al retroceder al origen de la causa. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la investigación sobre la gestión de la DANA en Catarroja, elevó el 24 de febrero de 2026 una exposición razonada al TSJCV al apreciar indicios de una posible responsabilidad penal de Mazón.

La magistrada apuntó a una “absoluta negligencia” en la gestión y coordinación de la emergencia y a un posible nexo causal entre esa actuación y las muertes producidas por la falta de avisos. Entre los elementos que examinó figuraban las comunicaciones de José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete de Mazón, con la exconsellera Salomé Pradas durante las horas críticas del 29 de octubre de 2024.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechazó por unanimidad, el 16 de marzo, asumir la investigación. Consideró que la exposición razonada no contenía un fundamento sólido y objetivo para atribuirle un delito y que no se habían acreditado indicios suficientemente consistentes sobre una eventual intervención del expresidente en el envío de la alerta Es-Alert. Los magistrados también descartaron que su conducta pudiera encajar, con los elementos aportados, en un homicidio imprudente por comisión por omisión. La resolución subrayó que la responsabilidad penal no podía derivarse únicamente del cargo que ocupaba ni de una valoración política o moral de su comportamiento.

El rechazo no supuso el cierre de la causa de Catarroja, que continuó respecto de otros investigados. Tampoco convierte en inevitable una futura imputación de Mazón. La eventual aparición de nuevas pruebas podría alterar el escenario, pero el pronunciamiento del TSJCV constituye un precedente que cualquier nueva actuación deberá tener en cuenta.

Qué cambiaría si pierde el aforamiento

El aforamiento no es una protección frente a cualquier investigación, sino una regla que determina el órgano judicial competente. El artículo 23 del Estatuto de Autonomía atribuye al TSJCV la competencia sobre la responsabilidad penal de los diputados autonómicos en los términos previstos legalmente. Si Mazón deja de ser parlamentario y no conserva otro título de aforamiento, la eventual causa correspondería, en principio, a los tribunales ordinarios competentes.

Eso abriría la posibilidad de que la jueza de Catarroja volviera a intervenir, pero no implicaría que pudiera imputarlo automáticamente. La pérdida del escaño no aporta indicios nuevos ni elimina los argumentos jurídicos con los que el TSJCV rechazó investigarlo. La eventual reapertura de esa vía dependería de las pruebas disponibles, del alcance de la resolución anterior y de las reglas procesales aplicables.

El calendario añade otra incógnita. La disolución de Les Corts prevista para las elecciones de 2027 podría situar el momento decisivo antes incluso de la votación. El mandato parlamentario y el régimen de prerrogativas no deben confundirse, sin embargo, con la mera convocatoria electoral. El Estatuto y el Reglamento de la Cámara regulan la finalización del mandato y el funcionamiento de la Diputación Permanente, cuyo papel resulta determinante para interpretar el escenario.

Según la información de El Independiente, el PP contempla la posibilidad de mantener a Mazón en ese órgano hasta la constitución de las nuevas Corts, lo que prolongaría su aforamiento. La viabilidad de esa fórmula dependerá de las reglas de composición y designación y de la situación efectiva de su escaño. No es, por ahora, una garantía de continuidad ni una decisión formalmente adoptada.

Una cuenta atrás que no resuelve la causa

La instrucción de la DANA, prorrogada hasta abril de 2027, coincide ya con el tramo previo a las elecciones. La jueza mantiene abiertas diligencias y sigue reconstruyendo las decisiones adoptadas durante una emergencia que dejó 230 víctimas mortales. El proceso judicial y la disputa política avanzan así sobre calendarios distintos, pero cada vez más próximos.

Para el PP, la incógnita es cómo cerrar la etapa de Mazón sin reabrir las heridas de la catástrofe en plena campaña. Para el expresidente, la cuestión es si conservará un lugar en la política valenciana o si su salida de Les Corts terminará por modificar también el escenario judicial.

Dos años después de la DANA, su escaño sigue siendo mucho más que una posición parlamentaria. Es el vínculo que mantiene a Mazón dentro de una institución de la que ya salió su principal responsable político y, al mismo tiempo, la pieza que puede determinar dónde se dirime una eventual investigación penal.

Um estudo apontou que em 1986, o Brasil tinha 2,35 milhões de fragmentos de vegetação nativa, com uma área média de 287 hectares. Os fragmentos são pedaços de vegetação nativa que foram desmembradas ou ‘espalhadas ‘por áreas como pastagens, lavouras e áreas urbanas. Os números foram divulgados, nesta quarta-feira (28), pelo MapBiomas, em meio a COP17 da Biodiversidade, que acontece na Armênia. 

Já em 2024, eram 3,41 milhões de fragmentos, com área média de 163 hectares. Os dados apontam que em 38 anos, o país perdeu vegetação nativa e o que sobrou ficou ainda mais fragmentado. O número de fragmentos aumentou em 45%, enquanto a área média diminuiu 43%. 

Os estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, São Paulo e Paraná concentram 49% dos 3,41 milhões de fragmentos. A região Norte ainda apresenta as maiores extensões contínuas de vegetação nativa no país.  

 

Quanto aos biomas, a Mata Atlântica e o Cerrado são os biomas com o maior número de fragmentos. A Mata Atlântica apresenta 1,38 milhão de fragmentos e o Cerrado 957 mil.  

As informações inéditas disponibilizadas e atualizadas sobre a fragmentação da vegetação nativa no Brasil são estratégicas para entender a dimensão do problema, evitar seu agravamento e inclusive orientar ações de restauração na busca de maior conectividade ecológica, por sinal um dos temas que estão sendo tratados desde o dia 19 de outubro na reunião da COP 17, da Convenção sobre Diversidade Biológica, em Yereván, capital da Armênia.

Eduardo Vélez, pesquisador da GeoKarten e membro do grupo de Degradação do MapBiomas

As áreas de borda, o que corresponde de 37 milhões e 102 milhões de hectares de vegetação nativa, são espaços de contato entre a vegetação nativa e as áreas vizinhas já modificadas e são ambientes mais expostos aos impactos negativos. Esses números de área de borda representam de 7% a 18% da vegetação nativa brasileira. 

A perda da vegetação nativa e a fragmentação desses espaços resultam em uma questão ambiental crítica, a redução da biodiversidade. A questão sobre essa situação é que à medida que uma área contínua de vegetação é dividida, a fragmentação aumenta, o que resulta na perda de conexão entre os espaços que ainda resistem. 

 

 

*Sob supervisão de Thiago Félix

 

Mergulhadores da Marinha do Brasil e da Polícia Federal apreenderam mais de 30 kg de cocaína, nesta última terça-feira (27), em um compartimento submerso de um navio que estava atracado no Porto de Santos, litoral paulista.  

Os agentes das duas organizações acessaram os compartimentos do Navio Mercante “Omicron Atlas” e retiraram os 33 kg de cocaína que estavam ocultos em tabletes com a substância.  

Em nota, a Polícia Federal destacou que após a localização do entorpecente, foram realizados os procedimentos de polícia judiciária e os exames periciais necessários, que confirmaram a natureza da substância.  

Com todo o material apreendido, será instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência, para identificar os responsáveis e para verificar eventual vínculo com organizações criminosas voltadas ao tráfico internacional de drogas. 

Segundo a Marinha, a apreensão foi realizada após a embarcação chegar da Índia e antes de sua partida, rumo ao próximo destino em Singapura.  

A Força Naval explicou que os Navios Mercantes são frequentemente utilizados como forma de transporte de substâncias ilícitas por organizações criminosas. O órgão ainda reforçou a importância das ações interagências.  

*Sob supervisão de André Rigue.