Los derechos y libertades están en retroceso en África occidental. Ocho años después de su abolición, Burkina Faso acaba de reinstaurar la pena de muerte para delitos como la alta traición, el terrorismo o actos de espionaje. Hace un año, incluyó a la homosexualidad en la categoría de delitos con pena de cárcel, mientras su vecino Senegal endurecía hasta los ocho años de prisión los castigos contra los gais. Tanto en Burkina Faso como en Malí y Níger, el arresto y encarcelamiento de periodistas y activistas se ha convertido en moneda corriente. Hace apenas una década, esta región presumía de ser la excepción democrática de África. En la actualidad, nada menos que seis de sus 15 países están gobernados por militares o viven bajo regímenes autocráticos.
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El pasado 16 de octubre, en el marco del proceso Fit for the Future, la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, anunció, tras meses de suspense, la supresión de doce comisiones del COI. En lugar de ellas se crearán grupos de trabajo constituidos ad hoc, más flexibles y sin ningún ánimo de permanencia temporal. En principio, la medida resulta razonable: menos burocracia, más agilidad y un ahorro nada despreciable para las arcas del COI. Hasta aquí, todo parece correcto. Sin embargo, conviene analizar en detalle lo que hay detrás del discurso de la eficiencia.
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La presidenta peruana, Keiko Fujimori, anunció este jueves en El Salvador que construirá nuevas cárceles inspiradas en el modelo de mano dura de Nayib Bukele y que pretende adoptar algunas de sus severas medidas de aislamiento y control de los reclusos. El anuncio se produjo después de que la mandataria recorriera el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel convertida en símbolo de la política de encarcelamiento masivo con la que Bukele ha combatido a las pandillas. Fujimori busca incorporar parte de esa estrategia a su ofensiva contra el crimen organizado en el Perú.
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