El periodista Rafa Latorre ha comenzado su monólogo de hoy en Más de uno (Onda Cero) contando una experiencia personal durante el viaje de regreso de Urda. En su coche, una aplicación gratuita le avisó de una reducción repentina de la velocidad y, unos 800 metros después, encontró un atasco. “Yo en mi coche particular y con una aplicación gratuita, tan perfectamente avisado de lo que venía un poquito más adelante y resulta que un maquinista al mando de un convoy de cuatrocientas toneladas y con más de trescientos pasajeros a bordo tiene que ir a ciegas veinticinco kilómetros y sin saber que hay otro tren parado en la vía”, ha afirmado.

El periodista considera difícil de aceptar que un conductor particular pueda recibir avisos anticipados mientras un maquinista tenga que recorrer kilómetros sin conocer una situación de ese tipo. En ese contexto, ha cuestionado que la responsabilidad se esté situando sobre los trabajadores de la sala de control. Según Latorre, esa es “la versión que el gobierno pretende instalar en la opinión pública”.

Su crítica se extiende al sistema de seguridad ferroviaria. El periodista ha recordado que el LZB protege a los viajeros de la línea Madrid-Andalucía desde 1992 y sostiene que el problema no puede analizarse sólo desde el funcionamiento de los trenes. “España tiene unos trenes fastuosos. Tecnología de 2026 y comodidades de 2026. Trenes que funcionan como un sistema de 1965”, afirma.

Latorre ha distinguido entre las inversiones visibles, como los propios trenes y aquellas menos perceptibles, como los sistemas que deben garantizar la seguridad. A su juicio, estas últimas reciben menos atención porque no se aprecian hasta que se produce una catástrofe. También ha recordado que “es un sistema seguro, pero, al parecer, era obsoleto para los trenes Iryo que ahora están circulando” y ha advertido que “de eso dio aviso el consejero delegado de la compañía”.

El periodista sostiene que el Ejecutivo está intentando atribuir lo ocurrido a los controladores y evitar que los responsables políticos asuman responsabilidades. “Hace unas horas, Pedro Sánchez hacía saber a una serie de periodistas que, al menos por ahora, esta catástrofe se va a gestionar como todas las anteriores. Como el apagón, como Adamuz, como Ceuta”. Según Latorre, en esos episodios se fueron planteando distintas explicaciones y posibles responsabilidades sin que se produjeran consecuencias políticas de relevancia. Recuerda que en el caso de Adamuz se habló del peso de los vagones Hitachi, se habló de la liberalización, se habló de Iryo... Se dijo que nunca se sabría la causa de tan compleja que era”.

El periodista ha criticado también a quienes defendieron la gestión de Óscar Puente tras el anterior accidente y reprocharon a quienes pedían explicaciones que

actuaban movidos por el resentimiento o por un sesgo poco analítico. A su juicio, la sucesión de catástrofes y la ausencia de responsabilidades políticas dibujan un problema más profundo.

“En todas estas catástrofes, en todos estos desastres, se ha evidenciado una gestión nefasta”, sostiene. Latorre ha reconocido que podría tratarse de una concatenación de circunstancias, pero afirma que empieza a percibir una sensación de pura decadencia. En su análisis, el problema es que los fallos parecen haberse normalizado y que no se exige una respuesta política proporcional a su gravedad.

El periodista lleva esa reflexión al funcionamiento cotidiano de los servicios públicos y a la idea de España como una sociedad previsible. Aquella en la que, al pulsar un interruptor, se enciende la luz y en la que coger un tren significa que lo probable es llegar al destino no solo vivo, sino a tiempo.

Latorre repasa las tres etapas que, según su exposición, ha atravesado el Ministerio de Transportes durante el mandato. La primera, con José Luis Ábalos al frente, “en la que una organización criminal se incrustó en el ministerio y en la que se colocaron amantes del ministro en empresas públicas”. Después llegó la etapa de Raquel Sánchez, que el periodista describe como más anodina. La tercera es la de Óscar Puente, a quien dedica sus críticas más duras. “Una en la que se normalizó que un ministro insultara con tuteo falangista desde, al líder de la oposición, a cabeceras de prensa”. También ha cuestionado la auditoría realizada en Transportes, al considerar que no detectó irregularidades en la contratación de Jessica Rodríguez y recuerda que Puente calificó el accidente de Adamuz de inexplicable y el de Urda de “inverosímil”.

“Ayer hubo un run run en la redacción. Se decía que hoy dimitiría el ministro porque hay una comparecencia convocada”. Latorre ha desmentido enseguida ese rumor al aparecer las crónicas de “el presidente respalda a Puente”. El periodista sostiene que la decisión sobre su continuidad no dependerá de una evaluación moral de su gestión, dependerá de la conveniencia política. “Se decidirá con los asesores de campaña y en función del puro interés electoral”, ha afirmado.

Latorre rechaza que el debate deba limitarse a si el ministro presenta o no su dimisión tras el accidente. En su opinión, la cuestión es anterior y afecta a su propio nombramiento. Por eso concluye el monólogo con una de las afirmaciones más contundentes de su intervención. “No es que Oscar Puente tenga que dimitir. Es que nunca debió ser ministro”.

El periódico opositor ruso Nóvaya Gazeta, conocido por sus investigaciones sobre la corrupción y cuyo exeditor jefe Dmitri Murátov fue galardonado con el Nobel de la Paz en 2021, anunció este viernes el fin de su existencia ante las extremas presiones de las autoridades de Rusia.

"Nos han matado. El 9 de noviembre apagaremos la luz en nuestra casa, donde vivimos 30 años, apagaremos los servidores y nos marcharemos. El periódico ya no existe. Las autoridades y los servicios secretos rusos obligaron a la redacción a detener su trabajo", escribió el medio en su portal oficial.

Los redactores de Nóvaya Gazeta, que fue privado en 2022 de su licencia para publicar materiales de forma impresa o en la red, pese a lo cual continuaban trabajando para apoyar un digital de características similares en el extranjero, señalaron que, tras más de 30 años de andadura "junto al país y sus ciudadanos", han sido "echados a la calle, sin medios de subsistencia, bajo la amenaza constante de represiones".

"Vivimos años de felicidad, colmados de creatividad y esperanzas, lectores, amigos, textos, películas. Pero por momentos, estos años también fueron terriblemente amargos. Amargos porque fue justamente durante el actual régimen, y no en los años 90 de la mafia, cuando fueron asesinados por motivos políticos, por cumplir con su deber profesional y cívico varios compañeros nuestros", señaló el periódico.

Además de expulsar a Nóvaya Gazeta de su sede, las autoridades rusas "inhabilitaron el sistema de donaciones" que les "permitía recibir contribuciones de los lectores".

"Nos privaron de fondos. Completamente. Se trata de una acción coordinada (...) por agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) que se han infiltrado en todas las organizaciones", denunciaron.

La redacción acusó al Gobierno ruso de reintroducir la censura, bloquear el medio por todas las vías, confiscar su imprenta y obstaculizar cualquier posibilidad de publicación.

"Nuestro editor jefe, el premio Nobel de la Paz Dmitri Muratov, fue atacado, quedando casi ciego. No se presentaron cargos penales, a pesar de que conocían a los autores. Entonces, nuestros periodistas comenzaron a ser etiquetados como 'agentes extranjeros'", añadió.

Según Nóvaya Gazeta, esta no es solo su "historia personal". "Es la historia de un país y una sociedad que están siendo aniquilados exactamente de la misma manera. Esto lo están haciendo el FSB, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y otros que privatizaron el Estado y usurparon el poder", convirtiéndose en "una dictadura militar".

"Dicen que defienden el orden constitucional. Pero no, es un orden inconstitucional. Porque la Constitución ha sido violada, golpeada y amordazada", indicaron, al concluir que "el asesinato de Nóvaya Gazeta es una prueba más de ello".

“Podría haber sido cualquiera de nosotros”. La frase se repite en bucle estos días entre los vecinos de Trappes tras el atentado racista en Francia, que dejó heridas a cinco personas, entre ellas una niña de 12 años, y se cobró la vida de Pengo Bossio Wangi, un hombre de 26 años. Algunos ya no salen de casa por miedo. Otros se sobresaltan cada vez que un vehículo pasa cerca. Casi todos sienten que llevan una diana en la espalda por el simple hecho de ser de origen africano o magrebí. Mientras lloran la pérdida de Bossio Wangi, un joven deportista muy querido en esta ciudad multicultural de la periferia de París —donde crecieron, entre otros, el actor Omar Sy o el futbolista Nicolas Anelka―, los vecinos se preguntan: ¿cuánto odio tiene que albergar una persona para disparar ocho veces a una niña solo por el color de su piel? La hipervigilancia como secuela del atentado los tiene agotados. Pero sobre todo sienten rabia contra quienes dan altavoz al odio en prime time, un día tras otro: medios de extrema derecha como CNews y canales de información continua de corte sensacionalista como LCI o BFM, cuyos platós se han convertido en escenarios de banalización de las ideas racistas.

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