Andalucía rechaza seguir la estela de Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco, esta última desde el próximo enero, para gravar con una tasa a los millones de turistas que cada año suben los gastos de las principales ciudades, ahogados para afrontar las facturas de limpieza, seguridad y patrimonio. La región fue la más visitada del país el año pasado, con casi 38 millones de turistas. Las capitales de provincia, con Sevilla y Málaga a la cabeza, insisten a la Junta para que les permita imponer el tributo, pero la Consejería de Turismo, en manos de Vox, se niega a legislar y dice que debe ser el Gobierno central a través de la Ley de Haciendas Públicas, la que les permita recaudar nuevos fondos. “Ni abro ni cierro la puerta a la tasa. Todavía no he escuchado a ningún alcalde decir que la empleará en la recogida de residuos o los problemas derivados del turismo, y la tasa debe ser finalista”, dispara el consejero andaluz de Turismo, Manuel Gavira, líder del partido ultraderechista en la región.

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Los ingresos por impuestos siguen creciendo a tasas sostenidas: el alza fue del 10% en los tres primeros trimestres del año, hasta los 248.326 millones de euros, según los datos publicados este viernes por la Agencia Tributaria. Salvo en agosto, que se vio afectado por efectos de calendario, la recaudación ha crecido todos los meses a tasas de doble dígito. El ritmo se ha mantenido incluso con el desplome del impuesto sobre hidrocarburos, cuya recaudación cayó un 13% en el periodo y un 25% solo en septiembre. Esta fuerte corrección se debe a las rebajas fiscales aprobadas para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo, que en su conjunto han restado unos 3.000 millones a las arcas públicas hasta el noveno mes del año.

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La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha lanzado este viernes un mensaje muy pesimista sobre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En su opinión, este organismo atraviesa “la peor crisis de su historia” y corre el riesgo de dejar de existir tal y como fue concebido en 1992. Durante el XXXVI Congreso de la asociación, celebrado este jueves y viernes en Toledo, el colectivo ha denunciado la pérdida de prestigio e independencia de la entidad, que atribuye a las injerencias del poder político, las filtraciones de datos reservados y una política de comunicación defensiva que, a su juicio, la han dejado desprotegida. Para revertir esta situación, los inspectores reclaman una refundación integral de la agencia mediante la aprobación urgente de su Estatuto, pendiente de desarrollo desde hace más de tres décadas.

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