Como un espejo en el que mirarse, los vecinos de la comunidad de propietarios de la calle Castillo de Benisanó, 5 de València, en el barrio de Nou Moles de L'Olivereta, aplauden la decisión del Ayuntamiento de València de paralizar las obras para construir un apartahotel para 125 turistas en un edificio de viviendas del barrio de Benicalap. Para ellos supone una ventana de oportunidad, ya que siguen denunciando a la empresa que ha abierto puertas y ventanas en sus zonas comunes y creen que esta decisión municipal podría beneficiarles. Su halo de esperanza viene de la decisión de la concejalía de Urbanismo, que lo anunció el martes, de paralizar las obras de Benicalap después que el Servicio de Licencias haya tomado esta decisión tras las inspecciones de la Policía Local y de los técnicos municipales.
El Ayuntamiento de Paterna sorprendió a promotores y constructores en una subasta pública de suelo y se hizo con unos terrenos de 15.000 metros cuadrados ubicados en el barrio de Santa Rita de la localidad. Los aspirantes esperaban lograr un chollo en forma de bolsa de suelo en este término municipal, pero el consistorio pujó por encima de los otros 10 candidatos y se hizo con unas parcelas que se compromete a destinar a la construcción de viviendas de protección pública.
Hace apenas unos días, el pasado 14 de octubre, el parque urbano inundable La Marjal de la Playa de San Juan de Alicante obtuvo el premio de la Nueva Bauhaus Europea al mejor proyecto en la categoría de Circularidad, Sostenibilidad e Innovación. ¿Un parque? ¿Y qué relación tiene eso con las riadas? La hay, porque la Marjal, además de su aportación estética, de suponer un oasis para vecinos y aves -razón por la cual está vedado a los perros- ha evitado, desde su apertura en marzo de 2015, numerosas inundaciones en una zona particularmente sensible a ellas. Por ejemplo, retuvo 15.500 m³ durante las lluvias históricas de marzo de 2017 y 22.000 m³ en agosto de 2019, protegiendo completamente las zonas urbanas circundantes de los daños causados por las aguas. El proyecto, que tuvo un coste de 3,67 millones de euros, resultó rentable, puesto que costó casi cuatro veces menos que una alternativa tradicional de depósito subterráneo de aguas pluviales.
Nada provoca tanta desafección en los ciudadanos como la percepción de que el Gobierno es incapaz de garantizar su seguridad. Hablamos de seguridad física, de la certeza de que, tanto en la prevención como ante una emergencia, sus vidas están protegidas. Confían en que los gestores de este Estado compuesto han adoptado todas las medidas necesarias, con los recursos que proporcionan la tecnología, la experiencia y la profesionalidad, para evitar, por ejemplo, accidentes ferroviarios, muertes por inundaciones o la propagación de un virus. Pero cuando ese mismo Estado no ofrece la protección exigible, se resquebraja el “contrato social” y aflora un malestar que casi siempre desemboca en ira contra quienes lo gestionan.
La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana de 2024 considera que la situación de aquel 29 de octubre y los acontecimientos que se iban produciendo "exigían el control constante de las fuentes de riesgo", así como que la vigilancia y seguimiento de los barrancos y sus crecidas "con todo tipo de recursos" era "exigible" incluso desde la víspera.
Así lo explica en un auto hecho público este jueves, segundo aniversario de aquellas riadas, en el que se acuerda solicitar al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para que, en el plazo de cinco días, se remita para unirse a la causa los registros operativos, partes de servicio, comunicaciones, informes, mediciones o incidencias, emitidos o recibidos, por las Unidades de bomberos forestales designados para la vigilancia o medición de escalas.
El auto hace referencia a las consideraciones plasmadas en el informe del Consorcio que partía de las medidas recogidas en el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones, que "convierte el control de los barrancos, en la Comunidad Valenciana, en una función del Centro de Coordinación de Emergencias; y en esa función se hizo uso de los recursos que suponen los bomberos forestales", pero "se debía haber extendido al mayor número posible de recursos humanos".
La jueza de Catarroja detalla que la situación 1 de emergencia se declaró a las 7:45 en la Ribera Alta ante "los registro de lluvia acumulada", con incidencias y rescates por parte del Consorcio, con aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral sur, en todo el litoral y en el litoral norte, así como con una alerta hidrológica activa en el río Magro (a las 11:45) y en el barranco del Poyo (12:20 horas).
Del mismo modo las crecidas exigían "una vigilancia permanente por los funcionarios integrantes de los diversos cuerpos que podían movilizarse desde el Centro de Coordinación de Emergencias".
También se ha analizado la participación de los recursos y "no se hizo uso de los agentes medioambientales, ni de las Unidades de Prevención de Incendios (UPIs)", así como las informaciones que se recibieron en el Cecopi que "evidenciarían un avance en el desbordamiento de los cauces de los barrancos de forma claramente alarmante".
Sin embargo, para la movilización de escalas, ante las llamadas recibidas de desbordamientos e inundaciones, "se movilizaron exclusivamente dos unidades de bomberos forestales", insiste la instructora.
Todo esto "exigía el control constante de las fuentes de riesgo" y "se podía y debía efectuar atendiendo a la disponibilidad del mayor número de recursos", que además "están expresamente previstos en el Plan" y entre los cuales "no solo figura la Confederación Hidrográfica del Júcar o los ayuntamientos, sino también los bomberos forestales, los agentes medioambientales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", agrega.
Se hace mención, por otra parte, del informe del Consorcio, del jefe de guardia del día 29, en el que se explica que se movilizaron recursos a las 13.05 para realizar lecturas a nivel de agua en escalas en el barranco del Poyo en Ribarroja y
Cheste, con una desmovilización a las 14:43 horas y una movilización al río Magro
Se envió además por SMS al grupo permanente, del cual formaba parte Emilio Argüeso (entonces secretario autonómico de Emergencias) y Salomé Pradas (entonces consellera de Justicia e Interior), la información de los bomberos que detallaba que "el barranco del Poyo y el río Magro debían vigilarse de forma específica".
Así, según el auto, "es difícilmente comprensible que, si se remitió un mensaje de WhatsApp por Argüeso a las 14:44 h del 29 de octubre de 2024, en el chat de Conselleria de Servicios Sociales, diciendo que 'Los barrancos están a punto de colapsar', mientras el mismo se encontraba en Carlet, se omitiera el control permanente de cualesquiera recursos utilizados en su vigilancia, entre los que se encontraban los bomberos forestales, desplegando el mayor número de funcionarios en dicha tarea".
Marcado en el calendario, nadie esperaba tener que conmemorar el segundo aniversario de la tragedia de la dana de Valencia con otro luto oficial. Banderas a media asta ondean en los edificios públicos de un territorio que hoy se despertaba haciendo memoria y que con el pesar por la tragedia de ayer en Urda y Los Yébenes arrastra todavía con más dolor la pena colectiva.
El segundo aniversario de la dana está marcado este jueves por otra tragedia, esta vez en Toledo. Las instituciones valencianas, así como numerosos pueblos afectados, tenían programados sus respectivos minutos de silencio, homenajes y marchas en recuerdo de las 233 víctimas mortales que dejó la riada.
En el caso del minuto convocado por la Generalitat Valenciana a las puertas del Palau -al que también se ha sumado la Diputación provincial con su presidente, Vicente Mompó, y diputados- se ha hecho de manera conjunta por la dana y por el accidente ferroviario de Toledo, pese a que la tarde anterior ya se sumaron al convocado por el Ayuntamiento de Valencia en la fachada consistorial.
El Gobierno municipal también ha guardado este jueves otro minuto de silencio por la dana a las 12.00 horas, y previamente la alcaldesa se ha desplazado a la pedanía de Castellar-l’Oliveral -afectada por la dana- para hacer lo propio también allí junto a sus vecinos.
En otros municipios afectados también se ha recordado a las víctimas. Torrent lo ha hecho en silencio y con una ofrenda floral en el monumento conmemorativo de la rotonda del Mas del Jutge, uno de los espacios más castigados por las inundaciones. En el caso de Catarroja han sido tres los minutos de silencio, y también ha habido ofrenda floral.
Entre Cheste y Chiva, una marcha silenciosa ha partido desde el punto donde confluyen tres barrancos: el Poyo, el Grande y Cueva Morica. Esta ha estado encabezada por una pancarta con el lema «Nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. Asesinos».
Paterna ha homenajeado a las víctimas preservando la Senyera con barro de Paiporta que el alcalde del municipio, Juan Antonio Sagredo, llevó al Senado días después de la dana como símbolo de unión y solidaridad del pueblo valenciano. Precisamente el Ayuntamiento de Paiporta ha realizado un minuto de silencio junto al monumento en homenaje a las víctimas, situado en Villa Amparo, donde recordaron que las pérdidas "siguen doliendo".
Todo ello en un día marcado por las imágenes del accidente de tren de Urda (Toledo), y la huelga de maquinistas, que ha provocado numerosas incidencias durante la jornada dejando intranquilos a los pasajeros.
Este jueves no era un buen día para viajar en tren, pero no siempre hay alternativa. Con prudencia y con el nervio en el cuerpo cientos de viajeros se han embarcado esta mañana en la aventura de coger un tren de alta velocidad. Cristina ha sido una de las valientes. Su objetivo: volver a Valencia a pasar unos días con su familia para completar un trayecto que ya es habitual en su vida.
El tren Iryo salió a las 11.55 de la mañana, con más de una hora de retraso y poco después de arrancar se ha quedado parado en la estación técnica de Camino de Seseña. El motivo, un tren, esta vez un Oiugo que realizaba el trayecto entre Murcia y Valladolid con destino a Madrid-Chamartín, se ha detenido bruscamente en el punto kilométrico 65,200, entre Valdemoro y Villarrubia de Santiago (cerca de Ontígola). El incidente se ha producido tras escucharse un fuerte impacto y un chasquido provocado por el enganchón y rotura de la catenaria, lo que dejó al vehículo sin suministro eléctrico.
Este incidente ha agravado ya la precaria situación de una red ferroviaria en la que se encuentra desde el terrible accidente de Urda. A esta situación hay que sumar la huelga de maquinistas de Renfe convocada para este jueves.
El resultado es que cinco trenes de la línea Madrid- Comunitat Valenciana han resultado afectados con retrasos medios de entre 70 o 90 minutos.
Los pasajeros se han armado de paciencia para sobrellevar esta situación, incluso se les ha autorizado a salir fuera para rebajar la tensión aunque ni siquiera había suficiente comida para todos. De hecho, los bocadillos han "volado" de la cafetería en cuestión de minutos, aunque Cristina ha logrado conseguir una bolsa de papas y una Fanta después de hacer la cola de la cafetería que atravesaba un vagón entero.
Son las 14.54. El tren se ha detenido a las 12.30. La estación técnica de Seseña cuenta con un pequeño andén de apenas dos metros de ancho o poco más. Al final, las puertas del convoy se han abierto y han permitido bajas a los viajeros que querían. Pronto se han formado corrillos de fumadores alrededor de las puertas. Al menos el pitillo aliviaba algo la tensión. Otros paseaban y contemplaban la ristra de trenes parados en el mismo punto. Hasta cinco se han detenido.
Cuando el reloj rozaba las tres de la tarde ha sonado de nuevo el "viajeros al tren" y la marcha ha reemprendido sobre las 15 horas, mas de dos horas después de la de llegada, que estaba prevista a las 12.45 en la Estación Joaquín Sorolla. Y aun estaban casi a 300 kilómetros de Valencia. Al menos, algo les consuela: ellos no se pararon dentro del túnel, como el de Oiugo. No hay situación mala que no sea susceptible de empeorar.
A las 16.45 horas el tren ha llegado, por fin a Valencia. Cuatro horas tarde.
El expresidente de Les Corts y de la Diputación de Alicante por el PP, Julio De España, ha sido condenado a año y medio de cárcel por un delito de agresión sexual a una paciente durante una exploración, pero ha sido absuelto de otro por hechos similares y de dos delitos de trato degradante.
Según la sentencia, hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los jueces le obligan a indemnizar a la víctima a la que agredió sexualmente con 12.000 euros por los daños y perjuicios sufridos, además de prohibirle acercarse o comunicarse con ella por cualquier medio durante tres años.
Asimismo, la sentencia le ha impuesto dos años de libertad vigilada y cuatro de inhabilitación para ejercer cualquier actividad, profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad.
Así lo ha decidido un tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante en una sentencia que se ha dado a conocer este jueves y contra la que cabe interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ.
Los magistrados han considerado probado que el facultativo incumplió la "lex artis" médica -regla del buen hacer- al tocar los genitales a una paciente, que además era enfermera, durante una exploración a la que se sometió en una clínica privada en agosto de 2023 y a la que la mujer había acudido para pedir una valoración y un análisis de la intolerancia que tenía a ciertos alimentos, que le provocaba digestiones pesadas e inflamación intestinal.
De España le realizó un tacto rectal justificado desde el punto de vista médico, según la Audiencia, previo a los tocamientos.
La paciente se quedó paralizada y en shock y, a consecuencia de ello, sufrió un trastorno de estrés postraumático agudo y le ha quedado como secuela un trastorno de ansiedad en grado moderado e intermitente.
Otra denunciante
En cuanto a la segunda denunciante, una paciente diagnosticada con colon irritable y que quería solicitar pruebas de intolerancia a alimentos, fue atendida también por el expolítico en 2021.
Al finalizar la prueba, le espetó que los heterosexuales “tenían que mantener relaciones sexuales anales porque era sano para las enfermedades”.
La Audiencia ha considerado que no hubo un delito de agresión sexual, ya que existían síntomas digestivos y antecedentes médicos que "llevaron al procesado a indicar la exploración ano-rectal".
"A cuatro patas"
En ambos casos, las denunciantes afirman que De España les dijo que se pusieran "a cuatro patas", como si estuvieran "castigadas" para que adoptaran la posición genupectoral.
Los magistrados han estimado que no existió trato degradante dado que esta posición "es una de las admitidas médicamente para realizar la exploración".
Asimismo, han calificado de "impropios" y "absolutamente desafortunados" los comentarios, pero matizan que "carecen de la relevancia y la gravedad para ser conceptuados como constitutivos de un ilícito penal".
El expresidente de Les Corts y de la Diputación de Alicante, Julio de España, del PP, a su llegada a la Audiencia Provincial de Alicante; la imagen es de archivoes
El tribunal le impone una pena de año y medio de prisión al considerar delito que este médico, especialista en aparato digestivo, palpara su zona genital tras pedirle que se pusiera "a cuatro patas, mirando a la pared". Leer
El tribunal le impone una pena de año y medio de prisión al considerar delito que este médico, especialista en aparato digestivo, palpara su zona genital tras pedirle que se pusiera "a cuatro patas, mirando a la pared".
El exsenador (2007-2015) y expresidente de las Cortes Valencianas (2003-2007) Julio de España, médico especialista en el aparato digestivo, ha sido condenado a un año y medio de cárcel por un delito de agresión sexual contra una paciente a la que realizó tocamientos en la clínica privada HLA Vistahermosa de Alicante, en 2023. La condena, fallada en la Audiencia Provincial de Alicante, impone a De España una pena de dos años de libertad vigilada posterior a la privativa y le obliga a indemnizar con 12.000 euros a su victima, que es enfermera de profesión. De España queda absuelto también de otro delito idéntico por el que le había acusado otra de sus pacientes.
El expresidente de Les Corts Valencianes y de la Diputación de Alicante, Julio de España (PP), a su llegada al juicio por un delito de agresión sexual el pasado mes de mayo.
La defensa de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, ha cargado duramente contra el que fuera su subordinado en la Conselleria y responsable de Emergencias, el secretario autonómico Emilio Argüeso, después de éste presentara un recurso contra una auto de la jueza en la que responsabilizaba tanto a Argüeso como a Pradas de las muertes en La Torre (Valencia), y en el citado recurso Argüeso tratara de achacar toda la responsabilidad a Pradas "tras la activación de la situación 2 y la constitución del CECOPI", ya que según afirmaba "la dirección superior y el mando de la emergencia correspondían de forma exclusiva a la consellera, Dña. Salomé Pradas Ten".
Considera la defensa de la exconsellera que "es jurídicamente inadmisible atribuir a Salomé Pradas la responsabilidad por la gestión de la emergencia como si la dirección del Plan hubiera correspondido exclusivamente a la Consellera desde las primeras horas del 29 de octubre de 2024", y recuerda que el Plan prevé que, durante las preemergencias y las emergencias declaradas en situaciones 0 y 1, la dirección se delegue, para mejorar la operatividad, en la persona titular de la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias", es decir, en Emilio Argüeso.
Además, la defensa hace una minutaje exhaustivo de las diversas situaciones de la emergencia y dice que la situación 2, que es aquella en la que la consellera asume el mando, solo se dio en la provincia de Valencia a partir de las 19 horas. Antes, solo se había dado a las 15 horas en Utiel-Requena, y a las 18.45 en las dos Riberas.
La defensa también niega otra afirmación de Argüeso relativa al "monopolio" del envío del Es Alert que aquel atribuye Pradas. Y explica que tal y como se ha visto en ocasiones posteriores, el envío del Es-Alert no depende de la declaración de la situación 2 de emergencia. "La utilización del sistema en numerosas ocasiones durante la preemergencia demostraría que su empleo no está necesariamente condicionado a la previa declaración de situación 2. En consecuencia, debe descartarse la inferencia automática de que Salomé Pradas era la única persona que podía promover o impulsar una alerta durante las fases anteriores", señala el escrito de oposición además de recordar que no existe un protocolo específico y completo para el envío de la alerta a los móviles: "La ausencia de una regulación específica completa significa que no puede presumirse, sin identificar una norma o instrucción concreta, que existía una obligación automática de emitir el ES-Alert en una hora determinada y que dicha obligación correspondía exclusivamente a Salomé Pradas".
También dice el abogado de Pradas que fue Argüeso quien convocó el Cecopi y lo destaca porque en el recurso presentado por el secretario autonómico se afirmaba que éste carecía de competencias relacionadas con la convocatoria del Cecopi.
Por ello, la defensa de la exconsellera afirma que "la eventual rectificación de una valoración judicial relativa a la conducta del Sr. Argüeso no requiere atribuir la responsabilidad a Salomé Pradas".
Concluye el escrito que "la situación 2 se declaró progresivamente y no alcanzó a toda la provincia de Valencia hasta las 19:00 horas, por lo que la atribución de competencias debe realizarse atendiendo al territorio, la hora y la situación efectivamente declarada". Y reitera que Salomé Pradas no ostentaba un monopolio exclusivo sobre la emisión de ESAlert y su utilización anterior a la situación 2 provincial no dependía necesariamente de una decisión personal suya, debiendo examinarse la normativa, las instrucciones y las funciones de cada órgano".
La portavoz adjunta de Compromís en Las Corts y candidata al Senado, Isaura Navarro, presentó el pasado martes, 27 de octubre, una denuncia ante la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana (AVAF) contra el President de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, en la que se detalla la información recogida en el conocido dosier supuestamente remitido a la dirección nacional del PP.
La denuncia pone de manifiesto un conjunto de irregularidades graves que afectan tanto su etapa como alcalde de Finestrat como su actual mandato al frente del Consell y sustenta su denuncia en artículos de prensa que también aporta.
Compromís pide investigar posibles conflictos de intereses, la ocultación de patrimonio en la declaración oficial de bienes, adjudicaciones al entorno de personas investigadas o condenadas por corrupción y los incumplimientos de la normativa de transparencia.
La denuncia se fundamenta en qué Pérez Llorca podría haber intervenido directamente en resoluciones urbanísticas que revalorizan de forma significativa el patrimonio familiar. Entre las que destaca la reurbanización de la Avenida Benidorm y la tramitación del Plan General Estructural de Finestrat, firmado solo 28 días antes de tomar posesión como presidente. Estas actuaciones se calcula que generarían plusvalías estimadas de centenares de miles y hasta 4,1 millones de euros a favor de sociedades y propiedades familiares, siempre según informaciones de prensa.
La denuncia de Compromís también señala una presunta ocultación sistemática de bienes en la declaración oficial de patrimonio presentada ante las Corts, donde Pérez Llorca declara no poseer inmuebles y valora sus participaciones societarias en menos de 100.000 euros, mientras que las empresas familiares gestionan activos superiores a los 4,3 millones de euros.
Así mismo, se incluye entre los hechos denunciados que la residencia habitual de Pérez Llorca en Finestrat está en una construcción con piscina y otros elementos ejecutados de forma irregular en suelo rústico no urbanizable protegido. También se denuncian para que sean investigadas las adjudicaciones de contratos municipales a empresas vinculadas a investigados por corrupción, en concreto un contrato de 190.000 euros para el suministro de combustible a Zarcar SL, empresa de un empresario acusado en el caso Erial y única licitadora, y un contrato de asesoría jurídica de 192.000 euros, en 2024, al despacho de David Serra, exdiputado condenado en el caso Gürtel. Este mismo despacho defiende las empresas hoteleras de la familia del presidente en un litigio mercantil.
Finalmente, Compromís denuncia que el portal de transparencia de la Generalitat no publica el coste de los viajes del presidente ni sus gastos de caja fija, tal como exige la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana.
Cómo explica Navarro “pedimos a la AVAF que abra un procedimiento de investigación y que requiera al Ayuntamiento de Finestrat los expedientes de la avenida Benidorm, del Plan General Estructural, de los contratos denunciados y sobre la disciplina urbanística de la vivienda del President. También que solicite la colaboración de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses y de las Corts, y que el Registro de la Propiedad certifique la titularidad de las fincas afectadas. Creemos que hay indicios de conflicto de intereses, infracciones muy graves en materia de transparencia y omisión deliberada en la declaración de bienes que la Agencia tiene que investigar y, en su caso, trasladar las actuaciones a la Fiscalía”, ha concluido Navarro.
Este dosier, que el PP dijo que había sido realizado por "Mortadelo y Filemón" es el mismo que el portavoz parlamentario del PSPV, José Muñoz, anunció que llevaría a la Fiscalía Anticorrupción. Este anuncio se realizó el pasado 30 de septiembre y, de momento, no consta que lo hayan llevado aún.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestima íntegramente el recurso contencioso-administrativo presentado por Berlin Invest Trade S.L. contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benidorm de 27 de marzo de 2024 por el que se aprobó definitivamente la versión final del Plan Parcial del sector 1/1 Ensanche Levante.
La sentencia número 512, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, rechaza todos los motivos con los que la mercantil solicitaba la nulidad o anulación del acuerdo municipal y del instrumento de planeamiento, y condena a la mercantil recurrente, Berlin Invest Trade, S.L., al pago de las costas procesales.
La resolución supone un nuevo respaldo judicial a la tramitación de uno de los principales desarrollos urbanísticos previstos para la expansión de Benidorm, cuyo Plan Parcial establece una edificabilidad de 292.600 metros cuadrados útiles y contempla como usos básicos el hotelero y el residencial.
Competencia municipal y delimitación del sector
Entre las cuestiones analizadas, el tribunalrechaza que el Plan Parcialnecesite una homologación autonómica por haber modificado elementos de la ordenación estructural del Plan General.
La Sala concluye que el documento aprobado por el Ayuntamiento no modifica la delimitación del sector ni la clasificación del suelo, y respetó el marco fijado por las normas urbanísticas del Plan General vigente. Como consecuencia, el TSJCV concluye también que la competencia para formular, tramitar y aprobar definitivamente el Plan Parcial corresponde al Ayuntamiento de Benidorm, al afectar a la ordenación pormenorizada, y destaca que la propia Administración autonómica mantuvo ese mismo criterio durante la tramitación.
El uso hotelero y residencial se ajustan al Plan General
Otro de los argumentos del recurso cuestionaba la definición del uso predominante del sector. El tribunal recuerda que el Plan General ya establece como usoscaracterísticos básicos el hotelero y el residencial y considera conforme a la normativa que el Plan Parcial optara por asignar la condición de uso dominante el terciario hotelero, manteniendo el residencial como compatible.
La gestión del Plan Parcial avanza
Este pronunciamiento supone el aval judicial a la aprobación de un Plan Parcial cuya tramitación ha requerido casi 7 años de complejos trámites, contando con el informe favorable de decenas de administraciones y entidades implicadas.
La Agrupación de Interés Urbanístico que integra a la mayoría de las personas propietarias del sector confía en que esta decisión supondrá un impulso decisivo al Programa de Actuación Integrada y el Proyecto de Urbanización, en tramitación desde 2025, y se espera que la aprobación definitiva llegue antes de final de año.
En España últimamente parece que no ganamos para disgustos. Este martes se vivió en Toledo la segunda tragedia ferroviaria de un mismo año. La primera fue en Adamuz el 18 de enero. Y además un día después del accidente de Urda, en Valencia se conmemora este jueves el segundo aniversario tras la dana del 29 de octubre, que dejó 233 fallecidos y daños incalculables. A todo ello se suma, además, la huelga ferroviaria durante toda la jornada.
Los ánimos en las estaciones de alta velocidad del país no están por las nubes, y la estación Joaquín Sorolla de Valencia es buena prueba de ello, con rostros serios y voces bajas. Pero la vida sigue, y los pasajeros que tenían un billete para este día deben continuar su camino y subirse al tren. Siempre y cuando no se haya cancelado por la huelga, claro, como algunos que ya lucen así en los paneles informativos de la estación.
Es el caso de Pepi y Vicenta. Son primas hermanas, valencianas, y en la mañana de este jueves se dirigen hacia Galicia para darle una sorpresa a la hermana de una de ellas. Son de las pocas personas que permanecen en la estación Joaquín Sorolla de Valencia en torno a las 11.30 horas. En una conversación con este periódico, aseguran que lo ocurrido no les frena, aunque "no tiene ni pies ni cabeza".
Sobre el accidente de Urda, creen que "no podemos pensar que nos va a pasar algo a nosotras porque entonces no saldríamos de casa". "Yo ni pienso en lo que pasó ayer, porque no tiene ni pies ni cabeza, es una sin razón", añade Pepi.
Ellas se encuentran esperando a su tren, primero con destino Madrid para después subirse a otro tren en dirección Galicia. Una vez descartado el miedo por los accidentes recientes, sí que miran con recelo las pantallas que indican los trenes con retraso o cancelados por la huelga. "Hemos visto que no nos afecta, que también es muy importante", apuntan.
Han tenido suerte, porque las incidencias en el servicio de Renfe por la huelga de maquinistas sí que afectan a las conexiones Madrid-Valencia y Castellón-Madrid, así como servicios con origen o destino en Alicante, con la supresión de un 22% de los trenes de alta velocidad y un 20% de Euromed.
Renfe ha informado de que se registran cancelaciones y supresiones de servicios mínimos por la huelga, y en los servicios comerciales -AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity- se ha registrado un 12,5% de supresiones en los servicios mínimos: 6 de las 48 circulaciones programadas.
Con algo más de incertidumbre se encuentran José y Pilar en las estación. Ellos, también valencianos, tienen un viaje de turismo a Zamora. Para llegar a su destino primero deben coger un AVE hasta Madrid, y después enlazar con otro tren que les lleva hasta su lugar de vacaciones. Pero no saben si la huelga se lo permitirá.
"Todavía no está confirmado si se ha cancelado o no. Hemos preguntado pero tampoco lo saben", explican. Y añaden: "Nos han dicho que podemos cancelar o cambiar el billete pero claro, el precio sería más alto y me han dicho que igual luego lo podría reclamar". Lamenta que nadie les dé una solución firme.
A estos interrogantes por la huelga se suma, además, su miedo a coger un tren tras el reciente accidente de Toledo: "No existe la seguridad que teníamos antes. Íbamos más tranquilos y ahora ves que la seguridad falla".
Subraya José que, a su parecer, lo ocurrido "es un desastre total", algo "bestial" que no entiende cómo puede ocurrir en un país "desarrollado": "Parece tercermundista", añade.
Afecciones
La circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Levante se encuentra afectada este jueves por retrasos debido a una incidencia técnica en el pantógrafo y la catenaria entre Valdemoro (Madrid) y Villarrubia de Santiago (Toledo), según ha informado Adif en su cuenta de la red social X.
La catenaria es el cable eléctrico aéreo fijo que transmite la energía a lo largo de las vías, mientras que el pantógrafo es el brazo mecánico móvil instalado en el techo del tren para recoger esa electricidad.
Según ha informado Renfe también en X, el origen de la incidencia es una avería de un tren Ouigo que afecta al suministro eléctrico.
Como consecuencia, la circulación por la vía I entre Valdemoro y Villarrubia de Santiago se encuentra interrumpida.
El Ayuntamiento de Valencia impulsa la homogeneización estética del mobiliario de las terrazas de hostelería de la plaza del Ayuntamiento con una moción que se ha aprobado este jueves en la Junta de Gobierno Local. La iniciativa establece criterios comunes de diseño, materiales, acabados, dimensiones y colores para favorecer una imagen ordenada y coherente de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, respetando su valor histórico, arquitectónico y patrimonial.
La homogeneización se aplicará a todas las terrazas de hostelería autorizadas en la plaza del Ayuntamiento en el momento de la entrada en vigor del acuerdo, así como a las que se autoricen posteriormente. En los establecimientos que dispongan de varias zonas de terraza autorizadas, cuando una de ellas se encuentre en la plaza, los requisitos serán aplicables a todas sus zonas autorizadas.
Las terrazas que ya cuenten con autorización dispondrán de un plazo de un año, desde la entrada en vigor del acuerdo, para adaptar su mobiliario y comunicar al Ayuntamiento que cumplen las condiciones establecidas. Para ello, deberán presentar una comunicación electrónica dirigida al Servicio de Ocupación del Dominio Público Municipal, acompañada de fotografías que permitan comprobar la adecuación del mobiliario.
Las nuevas terrazas deberán ajustarse a los requisitos desde el momento de su autorización. El Ayuntamiento realizará las inspecciones correspondientes para verificar el cumplimiento de las condiciones y podrá iniciar los trámites previstos en la ordenanza en caso de incumplimiento.
La propuesta, impulsada desde las delegaciones de Turismo y Espacio Público, busca compatibilizar la actividad hostelera y comercial con la protección del entorno monumental, evitando la actual heterogeneidad del mobiliario y favoreciendo una mayor integración de las terrazas en el paisaje urbano.
La concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet, ha destacado la importancia de avanzar hacia un modelo que permita armonizar la actividad económica con la conservación del patrimonio. «La plaza del Ayuntamiento es uno de los espacios más representativos de València y merece una imagen a la altura de su valor histórico y arquitectónico. Con esta iniciativa queremos que las terrazas se integren de forma ordenada y respetuosa en el entorno, con criterios de calidad, durabilidad y coherencia estética, sin renunciar a la actividad hostelera que forma parte de la vida de nuestra ciudad», ha señalado.
La moción da continuidad al trabajo técnico desarrollado por el Servicio de Turismo e Internacionalización y cuenta con el dictamen favorable de la Comisión Técnica de Patrimonio, emitido el 17 de julio de 2026. El estudio elaborado para definir la homogeneización de las terrazas analizó tres líneas estéticas —clásica, contemporánea y sostenible—, de las que se seleccionó la opción clásica por su mayor compatibilidad con el entorno.
Un diseño común y compatible con el entorno monumental
La iniciativa establece unas características técnicas de obligado cumplimiento para el mobiliario de las terrazas, sin imponer marcas ni modelos comerciales concretos. De este modo, podrán utilizarse productos disponibles en el mercado siempre que cumplan los requisitos establecidos.
Las sillas deberán ser apilables, ligeras y de líneas estilizadas, aptas para uso intensivo en exteriores y con condiciones adecuadas de estabilidad, resistencia y facilidad de mantenimiento. Su estructura será íntegramente metálica, mediante armazón tubular continuo, con respaldo y asiento resueltos mediante varillas verticales paralelas. No presentarán aristas cortantes, salientes peligrosos ni elementos publicitarios o decorativos. El acabado será mediante pintura en polvo epoxi/poliéster, polimerizada al horno, resistente a la abrasión, los arañazos y la corrosión. Los colores admitidos serán negro grafito o gris antracita, ambos en acabado mate. Podrán incorporar un cojín extraíble de asiento en color beige, con tejido apto para exteriores y fácil mantenimiento. Las dimensiones serán: ancho de 51 a 54 cm, fondo de 52 a 55 cm, altura total de 75 a 85 cm y altura del asiento de 44 a 46 cm.
Por su parte, las mesas deberán presentar un diseño sencillo, funcional y estable, adecuado para uso exterior. La base será de pie central metálico, con tres o cuatro apoyos dispuestos en cruz o estrella, e incorporará un sistema abatible lateral del tablero que permita su plegado y almacenamiento seguro. La estructura será de color negro grafito o gris antracita, en acabado mate. El tablero será de compacto fenólico (HPL) o porcelánico de alta resistencia, con canto recto de 10 a 12 mm, en color blanco roto. Las superficies deberán ser resistentes a la humedad, las manchas y la radiación solar, y facilitar su limpieza y conservación. Los tableros circulares tendrán un diámetro de 60 a 80 cm y los cuadrados, lados de 60 a 80 cm. La altura total de las mesas estará comprendida entre 74 y 76 cm.
Además, cada terraza dispondrá, como mínimo, de una mesa accesible con un espacio libre inferior de al menos 70 cm de altura y 80 cm de anchura. Su tablero podrá superar las dimensiones generales establecidas cuando sea necesario para garantizar dicho espacio, manteniendo la tipología, los materiales y los acabados previstos. En todo caso, prevalecerá la normativa vigente en materia de accesibilidad.
Las sombrillas deberán disponer de mástil central telescópico de aluminio lacado mate, en negro grafito o gris antracita, con un diámetro de 48 a 55 mm. La lona será de tejido acrílico técnico de 300 g/m², hidrófugo y con protección frente a la radiación ultravioleta, en color blanco roto. No se permitirán faldones, volantes, cenefas, estampados ni publicidad. La base será de hormigón, revestida de polipropileno mate o material equivalente, y deberá garantizar la estabilidad del conjunto sin necesidad de anclajes al pavimento. Las dimensiones de la lona serán de 3,00 × 3,00 m o 4,00 × 4,00 m, siempre que el vuelo quede dentro de la superficie autorizada. La altura libre bajo la lona será de al menos 2,20 m. No se admitirán sombrillas machihembradas ni sistemas de unión que puedan ocasionar resaltes, deteriorar el pavimento o generar riesgos para los peatones.
De esta forma, todas las estructuras metálicas de una misma terraza, incluidas sillas, bases de mesas y mástiles de sombrillas, deberán presentar un único color, a elegir entre negro grafito y gris antracita, ambos en acabado mate. Esta uniformidad se mantendrá también en las reposiciones o incorporaciones posteriores, evitando diferencias apreciables de tonalidad y acabados.
Los separadores, cuando se autoricen, serán modulares, móviles, no anclados al pavimento y de diseño ligero, aptos para exteriores. Sus dimensiones deberán ajustarse a la Ordenanza reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal, y su instalación quedará íntegramente dentro de la superficie autorizada. La estructura será de aluminio lacado y, en su caso, anodizado, en color blanco roto, con acabado mate. El panel será transparente, de metacrilato o vidrio de seguridad, con el fin de preservar la visibilidad del espacio público. Podrá incorporar una jardinera integrada en color blanco roto, siempre que no comprometa la estabilidad ni invada las zonas de paso. La sustentación se resolverá mediante una base móvil con ruedas y freno, sin fijaciones permanentes al pavimento. Los elementos deberán garantizar la estabilidad, facilitar la limpieza y no obstaculizar los itinerarios peatonales ni las condiciones de accesibilidad.
Asimismo, la iluminación de las terrazas deberá ser de proximidad, con luminaria regulable, temperatura de luz cálida no superior a 2.700 K, iluminancia máxima de 50 lux en mesa, fuente de luz no visible desde el espacio público, acabado dentro de la paleta cromática y sin tendido de cables por el suelo.
Por lo que respecta a los elementos generadores de calor y frío, cabe destacar que constituyen un elemento opcional y de uso estacional. Las estufas únicamente se admitirán en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo Fuera de dichas fechas no podrán ocupar la vía pública. Deberán ser estufas de gas, sin tendido de cables por el suelo, que cumplan con las condiciones fijadas en la Ordenanza reguladora de la Ocupación del Domino Público Municipal, en color negro grafito acabado mate.
Asimismo, se prohíbe la instalación de pérgolas, tanto fijas como bioclimáticas, y de toldos cerrados en todo el ámbito regulado. Esta medida responde a la necesidad de preservar la permeabilidad visual del entorno protegido y garantizar las condiciones de acceso y operatividad de los servicios de emergencia, especialmente durante acontecimientos multitudinarios como las Fallas.
Cuando ayer se conoció la noticia del accidente de los trenes en Urda, el grupo de WhatsApp de la Asociación de Víctimas del Metro de València se volvió a activar. “El sentir general es que no se comprende cómo se vuelve a repetir, cómo vuelve a suceder”, explica Rosa Garrote, su presidenta, que amablemente atiende por teléfono a La Vanguardia tras un suceso que a la sociedad valenciana le remite a aquel 3 de julio en el que murieron 43 personas y a ellos, inevitablemente, les agita de nuevo. Cuenta que su primer pensamiento, tras atender a las primeras hipótesis que apuntan a un "error humano", es para con ese último eslabón de la cadena sobre el que recae tanta responsabilidad.
El gobierno valenciano ha ejecutado su reestructuración tras la salida de la consellera Elena Albalat, cabeza de lista del PP al Congreso por Castellón. Como estaba previsto, se ha creado la nueva Conselleria de Servicios Sociales y Justicia, tal y como publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Este departamento se convierte en el tercer departamento con más presupuesto del Consell.
La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación pasa a denominarse de Servicios Sociales y Justicia, tras asumir las competencias de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia por el cese de Elena Albalat para ser la cabeza de lista del PP al Congreso por Castellón en las elecciones generales.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este jueves el decreto del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por el que se adecua la organización de la Administración del Consell a la nueva distribución de responsabilidades.
De esta forma, el Consell pasa a estar formado por once departamentos, que son la Presidencia de la Generalitat y diez Consellerias, una menos que hasta ahora después de que el president haya optado por no nombrar un nuevo conseller o consellera, sino que la titular de Justicia, Nuria Martínez, asuma las competencias de Albalat.
Según el decreto, se asignan a la Conselleria de Servicios Sociales y Justicia las competencias en materia de políticas de prestación social, servicios sociales, dependencia, mayores, personas con discapacidad, familias, infancia y adolescencia, adopciones, cooperación al desarrollo y voluntariado social.
También gestiona las competencias en materia de justicia y de gestión de las competencias en materia de consultas populares, autogobierno, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado, protección de datos, transparencia de la actividad pública, buen gobierno y participación ciudadana.
Asimismo, hoy entra en vigor otro decreto del president de la Generalitat por el que se reorganizan las secretarías autonómicas del Consell, ya que las que estaban adscritas a las Consellerias de Servicios sociales y de Justicia, respectivamente, quedan integradas en la Conselleria de Servicios Sociales y Justicia, con sus mismas denominaciones.
En consecuencia, la Conselleria de Servicios Sociales y Justicia cuenta con cuatro secretarías autonómicas: la de Servicios Sociales, Familia e Infancia; la del Sistema Sociosanitario; la de Justicia y Autogobierno; y la de Transparencia y Participación, respectivamente.
Un tercer decreto publicado este jueves dispone el cese de Nuria Martínez como consellera de Justicia, Transparencia y Participación y su nombramiento como consellera de Servicios Sociales y Justicia, con efectos a partir de mañana.
Compromís llevará al Pleno ordinario de mañana una moción para detener la modificación del Plan General que abre la puerta a reabrir el Sidi Saler y, si el gobierno de María José Catalá la publica, la formación valencianista la recurrirá ante los tribunales. Así lo ha anunciado la portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, que considera que para “salvaguardar el Parque Natural” hay que evitar las “maniobras sospechosas” que permitirían la rehabilitación del hotel, a día de hoy fuera de ordenación.
“El Sidi Saler no tendría que existir”, ha explicado Papi Robles, que recuerda que la modificación del PGOU permitiría mantener seis plantas de hormigón en primera línea de playa, dentro del Parque Natural de l’Albufera y encima del cordón dunar de la Devesa, cuando el planeamiento solo admite actualmente dos. El hotel lleva más de una década cerrado, y las sentencias 225/2024 y 39/2025 avalan la denegación de las licencias porque, tal como recuerda la portavoz, un edificio así, en ese lugar, “afecta a las dunas” y “afecta a un espacio natural protegido”.
El 16 de julio, dos fondos buitre vendieron el hotel a un grupo empresarial que pretende reabrirlo. Siete días después, el 23 de julio, el gobierno de Catalá daba luz verde a una modificación de las normas urbanísticas del Plan General. Compromís per València señala que el texto expuesto al público en octubre del año pasado dejaba fuera de ordenación un edificio con exceso de volumen como este, mientras que la versión de julio hace desaparecer ese exceso y, donde antes solo se podía mantener el edificio, ahora permite hacer obras de consolidación. “Una semana de diferencia. Que cada uno saque sus conclusiones. Nosotros ya las hemos sacado: esto es un plan a medida”, sostiene Papi Robles, que recuerda que todo esto llega después de un verano en que la Devesa sufrió un grave incendio y dejó a la vista la fragilidad del espacio. “Entre el Parque Natural y el negocio, ha elegido el negocio”, lamenta la portavoz sobre la alcaldesa Catalá.
En contra del criterio de Devesa-Albufera
Robles ha revelado que en un informe del 28 de enero de 2025, el Servicio de la Devesa-Albufera propuso que el régimen de fuera de ordenación recogiera los edificios manifiestamente incompatibles con el planeamiento por su nivel de afección a valores patrimoniales protegidos o a espacios naturales protegidos, tal como consta en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 25 de julio de 2025. Compromís per València considera que el cambio que ahora se quiere publicar va en contra de ese criterio, porque el exceso de volumen que en octubre del año pasado dejaba el edificio fuera de ordenación ha desaparecido del texto.
La moción que Compromís lleva al Pleno pide detener la modificación en la redacción actual porque supone un retroceso en la protección de los espacios naturales, mantener el régimen urbanístico que han avalado los tribunales sin autorizar ninguna obra de rehabilitación estructural, y priorizar la recuperación ambiental del entorno, con el derribo del Sidi Saler y la restauración de las dunas. La modificación todavía no está en vigor, pero solo le falta la publicación. “Tan pronto como se publique, Compromís la llevará a los tribunales con un recurso contencioso-administrativo”, anuncia Papi Robles.
La concejala de Compromís ha situado la otra mitad del problema del Sidi Saler en Madrid. “Necesitamos acabar con el Algarrobico valenciano”, ha reclamado. El hotel ocupa dominio público marítimo-terrestre por una concesión del Estado otorgada en 2018, cuya cláusula duodécima obliga a abrir el expediente de caducidad si pasa más de un año sin actividad ni autorizaciones. La sentencia de febrero de 2025 dice que el hotel lleva años sin actividad, que no consta ninguna prórroga y que corresponde iniciar el procedimiento. Han pasado más de veinte meses y el Ministerio para la Transición Ecológica no ha movido un papel. “Uno abre la puerta y el otro no la cierra. Y el resultado es el mismo: el Sidi Saler sigue vivo para el negocio”, denuncia Robles, que señala que las dos candidatas de los grandes partidos a la provincia, Catalá desde la alcaldía y Pilar Bernabé desde la Delegación del Gobierno, tenían en sus manos resolverlo.
Papi Robles ha ligado la defensa de las dunas con el riesgo que ya sufre la costa valenciana. “Las dunas son la defensa de nuestra costa”, advierte, y añade que, con un Mediterráneo cada vez más caliente y temporales más violentos, mantener un hotel a pie de playa pone en riesgo a las personas. Compromís exige al Gobierno de España que incoe de manera inmediata el expediente de caducidad, a pesar de estar en funciones, y se compromete a reclamar que el Estado financie el derribo y la restauración dunar.
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