El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) se seguirá situando en el 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) en el 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,90%, en un alto de la política monetaria que no descarta próximos incrementos.

La entidad europea ha optado por pausar la tasa de referencia después de la subida acometida en septiembre y la previa del mes de junio, en un escernario internacional marcado por el repunte de la inflación al 3,8%, niveles no vistos en los últimos tres años.

"Los precios de la energía han continuado subiendo, lo que plantea riesgos al alza para las perspectivas de inflación y a la baja para las perspectivas de crecimiento. Aunque los efectos de la perturbación energética aún no se han materializado plenamente, la inflación subyacente se ha mantenido en general estable hasta ahora y los salarios no muestran una respuesta sustantiva en esta fase", ha destacado la institución.

No obstante, desde el Banco Central Europeo han insistido en que vigilarán de cerca la transmisión del encarecimiento de la energía al resto de bienes y servicios. La preocupación es que el repunte inicial de los precios energéticos termine trasladándose a otros componentes de la cesta de consumo, presionando la inflación de forma más generalizada y persistente, tal y como sucedió tras la invasión rusa en Ucrania.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones vuelve al centro del debate político en plena campaña electoral. Mientras el Gobierno defiende que las prestaciones están garantizadas, la oposición reclama que, aunque sea un sistema viable, necesitará reformas en el futuro. Por su parte, Vox va más allá y plantea semiprivatizarlas. Sin embargo, más allá de las valoraciones de los partidos, los últimos movimientos presupuestarios también ponen el foco en la financiación del sistema. En apenas siete días, el Consejo de Ministros ha aprobado dos operaciones que suman casi 12.100 millones de euros al presupuesto de la Seguridad Social.

Primero, un préstamo de 10.000 millones

Según publicó El Confidencial, el pasado 20 de octubre el Estado transfirió 10.003,08 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante un préstamo destinado a atender los pagos de las pensiones. Es decir, como los ingresos del sistema no son suficientes para contener los gastos, el Estado debe intervenir aportando capital adicional.

De hecho, esta operación se repite cada año desde 2023 en el mes de octubre. Con ella se permite dotar al Ministerio que dirige Elma Saiz de tiempo con el que planificar el pago de las pensiones de los meses de noviembre y diciembre, incluyendo la paga extra. No obstante, no se trata de un cheque en blanco; tiene condiciones de devolución. Se trata de un préstamo sin intereses que la Seguridad Social debe devolver al Estado en un plazo máximo de diez años, contados desde el año siguiente al de su concesión.

Segundo, una transferencia de casi 2.100 millones

Pese a esta inyección de recursos, este martes —tan solo siete días después del préstamo—, el Ejecutivo ha aprobado una segunda operación, esta vez por un importe de 2.090 millones de euros. Según recoge la referencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda quiere dar respuesta a una necesidad de "carácter ineludible e inaplazable", con la que pretende "dar cumplimiento al compromiso de aportaciones del Estado por el Pacto de Toledo".

Además, en esta ocasión sí que se especifica en qué partidas concretas se destinará el capital: financiará "los gastos de naturaleza no contributiva". En el sistema de la Seguridad Social conviven dos tipos de prestaciones. Las contributivas se reconocen, por regla general, en función de las cotizaciones que una persona ha realizado durante su vida laboral. Las no contributivas, en cambio, están destinadas a proteger a quienes carecen de recursos suficientes y no han cotizado, o no lo han hecho durante el tiempo necesario, para acceder a una pensión contributiva.

Es el caso del Ingreso Mínimo Vital, las pensiones de orfandad o las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que garantizan unos ingresos a personas que cumplen los requisitos establecidos, aunque no hayan cotizado lo suficiente para generar derecho a una pensión contributiva. Y también existen otros gastos que, aunque están relacionados con prestaciones contributivas, se financian con recursos del Estado, como los complementos a mínimos que elevan determinadas pensiones hasta la cuantía mínima establecida.

¿Cómo va el presupuesto de 2026?

Los últimos datos disponibles del presupuesto de la Seguridad Social son hasta agosto. Pues bien, en los primeros ocho meses del presente año, los ingresos ascienden hasta algo más de 171.000 millones y los gastos hasta los 164.000 millones: unos 144.000 millones del lado contributivo, otros 17.000 del no contributivo y unos 3.000 millones en gastos internos como el pago de la plantilla o el mantenimiento de las infraestructuras.

Es decir, el sistema cuenta con un superávit de 7.000 millones. ¿Entonces para qué necesita más capital del Estado? Por un lado, para poder prever el pago de los meses que quedan, y por otro, porque no es oro todo lo que reluce.

El desglose de los ingresos ayuda a entender esta dependencia de los recursos públicos. Las cotizaciones sociales suman unos 126.000 millones de euros, frente a los cerca de 144.000 millones que asciende el gasto contributivo. Es decir, las aportaciones de trabajadores y empresas no bastan para cubrir por sí solas las prestaciones contributivas y la diferencia debe compensarse con otras fuentes de financiación, entre ellas las transferencias del Estado, que se acercan a los 44.000 millones de euros.

Pero hay una segunda cuestión: el presupuesto también debe hacer frente a los gastos no contributivos, que hasta agosto rondan los 17.000 millones. Y hay otra mala noticia. Los presupuestos están prorrogados desde 2023 y lo que revela la segunda referencia del Consejo de Ministros es que la Seguridad Social no puede hacer frente al pago de esta parte del sistema con los mismos recursos de los que disponía en 2023. Es decir, necesita más dinero y por ello ha tenido que ampliar el crédito destinado a cumplir este compromiso en casi 2.100 millones adicionales.

El mercado laboral español pone a prueba el relato de fortaleza que defiende el Gobierno. El Ejecutivo presume de una economía que, pese a la guerra en Irán, crecerá un 2,6% en 2026, casi el triple que la zona euro (0,9%). Sin embargo, detrás de estas cifras hay un modelo de crecimiento que depende de tres factores clave, sin que ninguno implique por sí mismo una mejora de la productividad, la innovación o los salarios, lamentablemente. El turismo es uno de ellos: las previsiones apuntan a que España podría alcanzar este año los 100 millones de visitantes internacionales, un hito que hasta ahora solo ha logrado Francia. A ello se suma el respaldo de los fondos europeos, que inyectan financiación en la economía, y el aumento del empleo asociado a la llegada de población extranjera, que amplía la fuerza laboral, impulsa el consumo y contribuye a elevar la recaudación. Pues bien, la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), da una primera señal de alarma.

El tercer trimestre coincide con el final de la campaña de verano, por lo que el ritmo de creación de empleo suele moderarse una vez superado el periodo de mayor actividad turística. Además, desde la pandemia se ha ido apreciando una desaceleración gradual en el ritmo de contratación: desde las 570.000 personas del tercer trimestre de 2020, a las 387.000 en 2021, las 138.000 en 2022, 188.000 en 2023, 138.000 en 2024 y 118.000 en 2025. Sin embargo, el incremento de 73.600 ocupados nuevos entre julio y septiembre de este año es un dato más bajo de lo normal. Solo se compara con el de 2019, cuando se crearon 69.400 empleos.

Se destruye empleo en el sector privado; no pasaba desde 2012

De hecho, la señal de debilidad no está solo en el volumen de empleo creado, sino también en su composición. En 2019, el aumento de la ocupación estuvo repartido entre el sector público y el privado, que sumaron 34.200 y 35.300 trabajadores, respectivamente. En cambio, en el tercer trimestre de 2026, el empleo público aumentó en 89.900 personas, mientras que el privado retrocedió en 16.300. Es decir, los 73.600 ocupados nuevos sólo se explican por el avance del empleo público, que compensó la caída del privado.

Si bien es cierto que la desaceleración del empleo privado venía de antes, también lo es que no se registraban valores negativos, es decir, destrucción de puestos de trabajo. Sus avances habían pasado de 377.000 ocupados en el tercer trimestre de 2021 a 83.000 en 2022, 176.000 en 2023, 155.000 en 2024 y 107.000 en 2025. Sin embargo, este año el signo ha cambiado: el sector ha destruido empleo. De hecho, para encontrar una caída igual o mayor en un tercer trimestre, hay que retroceder hasta 2012, cuando se perdieron 37.000 ocupados, en un contexto muy distinto, marcado por los años más duros de la crisis financiera de 2008.

Lorenzo Amor, presidente de ATA: "La EPA refleja la dura realidad de los autónomos"

El retroceso del empleo privado se explica por la pérdida de trabajadores por cuenta propia, mientras que los asalariados del sector apenas variaron en el tercer trimestre. Concretamente, desaparecieron 15.500 autónomos entre julio y septiembre, hasta situarse en 3,17 millones. Además, el descenso se concentra en los autónomos sin asalariados a su cargo, cuyo número se redujo en 43.000 personas, mientras que aumentaron en 17.500 los autónomos que sí emplean a otros trabajadores. La caída afecta así a los más vulnerables, aquellos que desarrollan su actividad sin poder generar empleo, frente al avance de quienes tienen trabajadores contratados.

Tras conocer las cifras, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, concluyó que "la EPA refleja la dura realidad de los autónomos. No necesitamos huelgas ni pantomimas electorales. Los autónomos lo que necesitamos son menos trabas y burocracia, menos impuestos, menos cotizaciones y más protección social".

El espejismo del mercado laboral: la regularización de inmigrantes

Además, al desglosar los 73.600 nuevos ocupados por nacionalidad, se observa que el empleo aumentó en 75.400 personas extranjeras y en 148.500 con doble nacionalidad, mientras que entre los españoles descendió en 150.300. Sin embargo, estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta el impacto del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. En este sentido, Valentín Bote, director de Randstad Research, ha explicado este miércoles que, ahora sí, la realidad económica es "coherente con lo que esta EPA nos está diciendo".

En los últimos meses se estaba produciendo una divergencia entre la evolución de la economía y el número de afiliados a la Seguridad Social: mientras el crecimiento del PIB se moderaba, la afiliación aceleraba su ritmo de avance, algo que, según ha señalado, "no tenía ninguna lógica" con la marcha actual de la actividad. Por ello, finalmente, en la EPA se resuelve esta aparente contradicción. El investigador concluye que la divergencia solo se entendía si "teníamos en cuenta el hecho de que se estaban regularizando cientos de miles de inmigrantes en situación irregular" y que este proceso era el que estaba detrás de la aceleración del empleo.

La tasa de paro se aleja del objetivo de pleno empleo, comprometido por el Gobierno al final de esta legislatura

Como es habitual en un tercer trimestre, el número de parados ha crecido, concretamente en 95.900 personas, hasta alcanzar los 2.591.200 desempleados. Se trata del mayor incremento registrado entre julio y septiembre desde 2020, en plena pandemia. Con ello, la tasa de paro ha repuntado hasta el 10,18%, tres décimas más que en el trimestre anterior.

Aunque es la más baja para un tercer trimestre desde 2007, el desempleo continúa por encima del 10%, lejos del objetivo de pleno empleo que el Gobierno se había marcado. La entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, defendió durante la campaña electoral de 2023 que "nuestro objetivo para la próxima legislatura tiene que ser lograr el pleno empleo". Sin embargo, el repunte aleja las perspectivas de que esto suceda.

De hecho, según las previsiones del Gobierno, España cerrará 2026 con una tasa de paro del 9,9%. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en sus proyecciones publicadas en mayo, es todavía más pesimista. Anticipa una reducción más lenta y sitúa la tasa por encima del 10% en 2026 y 2027.

El presidente de Ryanair, Michael O’Leary, advirtió la semana pasada que los billetes de avión podrían encarecerse hasta un 20% en Europa durante 2027 por el encarecimiento del combustible. La guerra en Irán ha disparado los precios energéticos y, según ha explicado este martes el presidente de ALA, Javier Gándara, las compañías aéreas han repercutido parte del incremento del queroseno en el precio de los billetes durante 2026, aunque también han absorbido una parte del sobrecoste a costa de sus márgenes empresariales.

No obstante, durante la presentación de las perspectivas del sector para la temporada de invierno (que empieza en octubre y termina en marzo), el presidente de la patronal de las aerolíneas ha advertido que las aerolíneas afrontarán el próximo verano con una cobertura frente a las fluctuaciones sobre el precio del combustible significativamente menor. Mientras que las grandes compañías europeas tenían cubierto "entre el 60% y el 80% de sus necesidades para la temporada actual, de cara al verano de 2027 esa proporción se situará entre el 15% y el 40%".

Estas coberturas han permitido a las aerolíneas fijar por adelantado el precio de una parte del combustible que han necesitado en 2026, lo que les ha protegido frente a las subidas del mercado. Sin embargo, como señala el presidente de ALA, el margen de protección se reducirá a la mitad en la próxima temporada.

El queroseno, entre los factores coyunturales y estructurales

El precio del combustible de aviación no depende únicamente de la cotización del petróleo. Aunque el barril de Brent se situaba antes del conflicto en torno a los 70 dólares y ha llegado a alcanzar los 115 dólares, el queroseno se ha encarecido todavía más, hasta aproximarse a los 190 dólares por barril equivalente. El diferencial responde a que el coste del queroseno no solo está condicionado por el precio del petróleo, sino también por los costes de refino, transporte y de las alteraciones en las rutas de suministro.

Además, desde ALA también advierten de que el impacto sobre el sector no dependerá únicamente de cuándo termine la guerra. Gándara ha señalado que habrá que distinguir entre los efectos coyunturales de la guerra y los daños estructurales sobre infraestructuras energéticas que puedan prolongar el encarecimiento una vez que remita el conflicto. Por tanto, los daños en la capacidad de refino de la región podrán mantener la presión sobre el queroseno incluso si el precio del crudo comienza a bajar.

Las aerolíneas programan un 5,5% más de plazas para el invierno

Además, para la temporada de invierno 2026-2027, que comenzó este domingo y se prolongará hasta finales de marzo, las aerolíneas han programado 146 millones de asientos, un 5,5% más que los previstos en la misma fecha del año pasado. Aunque desde ALA advierten de que la cifra puede variar en los próximos meses y, además, no descartan que las compañías retiren capacidad si la evolución del combustible les obliga a revisar sus planes.

Sin embargo, la distribución geográfica es muy heterogénea. Mientras que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas destaca con cerca de un 10% más de plazas programadas, en otros grandes aeropuertos el avance se modera: al 1,9% en Barcelona-El Prat y al 1,5% en Alicante. Asimismo, en Andalucía se supera el 5% de crecimiento y en Baleares se registra un 4,4% (con el aeropuerto de Ibiza registrando una caída del 1%), mientras que Canarias apenas aumenta un 0,1%.

La reforma del sistema de pensiones de 2023, implementada por el entonces ministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introdujo penalizaciones económicas de hasta el 30% sobre la cuantía de la pensión final para desincentivar el retiro de los trabajadores antes de la edad ordinaria de jubilación y favorecer carreras laborales más largas. El objetivo de fondo era aliviar la presión que ejercerá sobre las cuentas de la Seguridad Social la jubilación masiva de la generación del baby boom, que ya ha comenzado a retirarse. Es decir, retrasar la edad efectiva de jubilación para contener el aumento del gasto en pensiones que afrontará el sistema durante las próximas décadas.

Sin embargo, los datos acumulados de 2026 hasta agosto traen malas noticias. Las jubilaciones demoradas (aquellas en las que el trabajador sale del mercado laboral con más de 65 años si ha cotizado 38 años y 3 meses o con más de 66 años y 10 meses si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses) representan el 12% sobre el total de personas que se han jubilado en los primeros ocho meses del año. Concretamente, casi 28.800 trabajadores optaron por esta modalidad respecto a las 247.200 altas del sistema.

Las optimistas proyecciones del Gobierno

Durante los años previos a la reforma, los jubilados que optaban por esta modalidad apenas representaban menos del 5% sobre el total. Sin embargo, desde que se introdujeron los desincentivos económicos, esta proporción ha ido escalando gradualmente: del 5,4% de 2022 al 8,1% en 2023, seguido del 9,3% en 2024, el 10,9% en 2025 y el 11,6% entre enero y agosto de 2026.

No obstante, estas cifras distan mucho de los cálculos estimados por el Gobierno. En 2023, el Ministerio que dirigía José Luis Ecrivá remitió a la Comisión Europea el documento con sus Proyecciones del gasto público en pensiones hasta 2050, a fin de recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos. Pues bien, en estas proyecciones, el entonces ministro de Seguridad Social apuntó que en 2026 se registrarían alrededor de 285.000 jubilaciones demoradas sobre un total de 345.000 altas, es decir, tendrían que haber representado el 83% del total en vez de un 11,6% como finalmente ha ocurrido.

Impacto económico de la sobreestimación

La cuestión no es solo que la estimación sea inexacta, sino también sus repercusiones económicas sobre el gasto público. El documento enviado a Bruselas calculaba que, como consecuencia del impacto de los nuevos incentivos a la jubilación demorada, se podría reducir el gasto un 0,14% sobre el PIB en 2025 y un 0,17% en 2026. En euros contantes y sonantes supondrían unos 2.300 y 2.900 millones de euros menos, respectivamente.

Sin embargo, dado que sus estimaciones no se han cumplido, este ahorro ha sido menor. Según cálculos de El Independiente, si se aplica de forma orientativa la proporción observada a las estimaciones del Gobierno, los 2.300 millones de euros que la Seguridad Social esperaba reducir del gasto en pensiones en 2025 se quedarían en unos 300 millones, mientras que los 2.900 millones proyectados para 2026 bajarían a alrededor de 400 millones.

De hecho, la desviación optimista no se limita a las jubilaciones demoradas, sino que también se ha producido sobre las previsiones globales. La reforma contemplaba más medidas, además de los desincentivos a retrasar la jubilación (como el incremento de los ingresos a través del refuerzo de las cotizaciones sociales o la elevación anual de la edad ordinaria de jubilación, entre otras), para reducir el gasto público.

Sin embargo, sus proyecciones apuntaban a que el gasto en pensiones contributivas se situaría en el 11,22% del PIB en 2025 gracias a la reforma, frente al 12,27% que habría representado sin ella. Dado que se disponen de los gastos del sistema sobre este ejercicio, las cifras revelan que el desembolso final ha sido superior incluso a la estimación del escenario previo a la reforma: casi 212.400 millones de euros, equivalentes al 12,6% del PIB.

Los sindicatos mayoritarios de los empleados públicos se han reunido este martes con el Ministerio de Función Pública para confirmar que se mantienen las subidas salariales pactadas en noviembre de 2025, pese al adelanto electoral. El acuerdo contempla un incremento salarial del 5% en 2027, la mayor subida anual del siglo.

Aunque el Gobierno no ha trasladado a los sindicatos la fecha de la aporbación de la subida, el alza salarial ha vuelto a colocar las retribuciones de los funcionarios en el foco del debate público. Pero, ¿cuánto cobran los empleados públicos?, ¿cómo se distribuyen sus salarios si se comparan con los sueldos del sector privado? Y, otra pregunta relevante, ¿cómo ha evolucionado su poder adquisitivo desde el inicio del siglo?

Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —CSIF, CCOO y UGT— se reunieron este martes con el Ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, para garantizar la subida salarial acordada en noviembre de 2025 para los próximos años. El acuerdo contemplaba un incremento del 4,5% en 2027, al que se sumará otro 0,5% adicional correspondiente a 2026, ya que la inflación se ha disparado por encima del 1,5% previsto inicialmente.

De esta forma, en conjunto, los funcionarios verán cómo aumentan sus salarios un 5% en 2027, el mayor incremento anual del siglo. Además, la subida tiene un coste adicional para las arcas públicas de alrededor de 9.000 millones de euros, que se incorporará de forma estructural al gasto de las Administraciones, al consolidarse los incrementos salariales en las nóminas de los próximos ejercicios. Es decir, supondrá un gasto público fijo que no podrá ser utilizado para financiar otras partidas presupuestarias. Por ello, la reunión ha vuelto a poner en el foco del debate público las retribuciones de los empleados públicos y su evolución respecto a los salarios privados.

La brecha salarial supera los 1.000 euros

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, el salario bruto medio mensual de los asalariados del sector público alcanzó los 3.232 euros en 12 pagas, frente a los 2.182 euros del sector privado. Una diferencia que supera los 1.000 euros mensuales.

La brecha también se aprecia en la distribución por tramos salariales: el 45% de los trabajadores del sector público percibía más de 3.200 euros brutos mensuales en 12 pagas, frente al 14% de quienes se empleaban en el sector privado.

Además, si se rebaja el umbral hasta los 2.000 euros, la diferencia persiste y se ensancha: el 82% de los empleados públicos cobraba por encima de esta cantidad, frente al 35% de los asalariados privados. De hecho, este umbral también permite verlo de otra manera: más de la mitad de los trabajadores del sector privado —el 65%— no alcanzaba los 2.000 euros brutos mensuales, frente al 18% del sector público.

La paradoja del poder adquisitivo: los funcionarios pierden y en el sector privado ganan

No obstante, la comparación cambia cuando se analiza la evolución acumulada de los incrementos salariales y se descuenta la inflación. Es decir, cuando se estudia la variación del poder adquisitivo. Pues bien, los cálculos realizados por El Independiente a partir de las series de subidas pactadas desde 2001 y hasta 2026 apuntan a que las retribuciones públicas han aumentado casi un 50%, frente a un incremento acumulado de los precios del 78%. Un resultado que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos.

Por su lado, la evolución de los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos privados ofrece un resultado distinto. Según la Estadística de convenios colectivos elaborada mensualmente por el Ministerio de Trabajo, las subidas acumuladas desde 2001 alcanzan aproximadamente el 86%, por encima de la inflación registrada durante el mismo periodo. Es decir, los trabajadores privados han mejorado su poder adquisitivo (al menos, una parte de ellos, ya que hay 'truco' en esta estadística).

La fuente de datos del Ministerio de Trabajo no mide la evolución del salario medio de todos los trabajadores privados, sino las subidas acordadas para quienes están cubiertos por estos convenios. Aunque la estadística permite aproximarse a la evolución de los salarios pactados en el sector privado, sus resultados no son directamente extrapolables al conjunto de los trabajadores.

Los convenios registrados afectan a unos nueve millones de empleados (una cifra que se mantiene estable desde 2001), frente a los 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, el incremento acumulado del 86% refleja la evolución de las subidas salariales acordadas en los convenios, pero no permite generalizar que el conjunto de los asalariados privados haya ganado poder adquisitivo.

Asimismo, también es relevante señalar por el lado de los funcionarios que, incluso si la inflación se situara en el 0% tanto en 2027 como en 2028, los empleados públicos seguirían sin recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2001. En este escenario hipotético, si se aplicasen las subidas salariales pactadas del 5% en 2027 y del 2% en 2028, el incremento acumulado de sus retribuciones rondaría el 60%, frente al encarecimiento del 78% registrado por los precios en el periodo. De hecho, este escenario sería un supuesto especialmente favorable, dado que la guerra en Irán continúa y las tensiones en los mercados energéticos garantizan unos precios al alza en los próximos años.