La propuesta lanzada por el ministro de Transportes para cortar del todo la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras se hacen obras exhaustivas en la infraestructura pivota sobre razones de seguridad, pero la contundencia de la medida no despierta consensos. En Cataluña, el Colegio de Ingenieros de Caminos acepta que las obras convienen pero reclama que no bloqueen “completamente” un corredor ferroviario que cubre una demanda de más de 40.000 viajeros diarios. “Si cierras la línea, las harás (las obras) más rápido, pero con la trascendencia y la ocupación que ha tenido durante estos años, no sé si podemos permitirnos cerrarla completamente”, ha dicho en una atención a los medios el decano de la institución, Pere Calvet. La idea de restringir el paso de trenes de alta velocidad la ha verbalizado este viernes el propio ministro Óscar Puente, muy cuestionado tras el trágico accidente de trenes en Toledo.

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Vox ha sido el único partido que no ha suspendido la precampaña electoral tras la tragedia ferroviaria del pasado miércoles en Urda (Toledo) y, desde entonces, no ha perdido la oportunidad de arremeter contra el Gobierno. El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha indicado en declaraciones a los medios en Barcelona que el accidente de trenes pone de manifiesto que el Estado es “incapaz de gestionar el bienestar de los españoles”. “Tenemos unos servicios, unas infraestructuras y una red del Estado que no funcionan y cada vez fallan más”, ha asegurado Figaredo, que no solo ha culpado al Ejecutivo del accidente sino que ha atribuido responsabilidades penales: a su juicio, el ministro de Transportes, Óscar Puente, es “un criminal que debería ponerse a disposición judicial”.

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Los trágicos accidentes ferroviarios ocurridos en un periodo de diez meses en Adamuz (Córdoba) y ahora en Urda (Toledo), ambos en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, pueden marcar un antes y un después en la obra pública española y también en el servicio que utilizaron 14,3 millones de ciudadanos en 2025. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido este viernes en rueda de prensa que su departamento, también el gestor de la infraestructura Adif, barajan suspender el uso de la línea Madrid-Barcelona para acometer la remodelación completa prevista y cuyo inicio está fijado en 2027. Es una seria opción sobre la mesa.

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Óscar Puente descarta dimitir, al menos de momento. Y lo hace respaldado por Pedro Sánchez, que según explicó el ministro, le ha pedido que siga pese a las enormes presiones de todo tipo de sectores para que dimita. El ministro opta así por seguir al frente de su departamento tras el segundo accidente mortal de la alta velocidad en nueve meses. Puente ofreció una larga comparecencia en la que las preguntas sobre su dimisión eran constantes, y a todas respondió de manera similar: él cree que su obligación ahora es quedarse e intentar averiguar bien qué ha pasado y poner en marcha medidas para que no pueda volver a pasar. Puente tiene además una comparecencia este miércoles en el Congreso, y todo indica que al menos hasta ese momento seguirá.

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El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha descartado dimitir tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Ha admitido que la presión es fuerte, pero subraya que su “forma de asumir la responsabilidad es dar la cara”. “Mi obligación es resolver el problema y ofrecer explicaciones”, ha dicho en una comparecencia en el Ministerio en la que ha revelado que el sistema de seguridad LZB, que se cayó dando origen al accidente, ha fallado este año 170 veces, “dentro de la normalidad europea”. Esta mañana, el PP ha pedido por primera vez su dimisión abiertamente. La portavoz del PP, Ester Muñoz, considera que si no dimite por el accidente, debería ser cesado. “No debería llegar al martes”, ha asegurado. Por la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que “la confianza en el sistema de alta velocidad está quebrada” y que ahora es labor del Gobierno no solo investigar las causas del siniestro sino “ofrecer soluciones para que una tragedia como esta no se repita”. Ha dicho que el Estado trabaja en ello. Junto a él, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que se rebaja a 1 el nivel de emergencia, lo que significa la retirada de parte de los efectivos desplegados en el lugar del accidente, que han llegado a ser 1.300.

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Los audios de las conversaciones entre el centro de mando de la estación de Atocha y los maquinistas de los trenes siniestrados este miércoles cerca de Urda (Toledo), apuntan, como había señalado desde el primer momento el Ministerio de Transportes, a un error humano. Pero un análisis pormenorizado con expertos, entre ellos, maquinistas, de esas grabaciones y la compleja jerga de siglas y acrónimos que manejan, hablan de un fallo mucho más extendido, que alude directamente al sistema.

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La presión es enorme y va a crecer mucho en cuanto acabe el duelo oficial por los muertos en el accidente de Urda. Todo indica que la petición de dimisión de Óscar Puente, ministro de Transportes, será uno de los ejes de la campaña de PP y Vox en las próximas semanas. Pero no solo ellos apuntan a uno de los hombres clave del sanchismo, decisivo en la campaña socialista. También algunos socios importantes del PSOE, como el PNV o el Frente Amplio, están apuntando a su responsabilidad y rechazando la idea de que el accidente pueda explicarse simplemente con el argumento del “fallo humano”.

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Escuchas a alguien dar una noticia, con el móvil en la mano, mientras estás haciendo algo apetecible, a una temperatura casi perfecta, lejos de casa, y lo que sujetas en la mano no es un café con leche. Te has dejado el teléfono en el bolso un par de plantas más abajo, las ojeras con las que amaneciste se han apaciguado y das las gracias por no sentir las vibraciones de siempre emitidas por ese dispositivo del que ahora depende tu vida más que la cartera. Te dices que todo puede esperar.

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Los dos se encontraban dentro de la cabina de un modelo de tren que amaban desde pequeños, el AVE. Uno era el maquinista principal y el otro todavía se encontraba en prácticas, pero solo se llevaban cinco años de diferencia. Sus biografías eran muy coincidentes. Se criaron en ciudades del sur de Madrid, eran de familias trabajadoras, y en algún punto de sus vidas habían vivido y disfrutado Barcelona. Soñaban con hacerse viejos sobre raíles, pero la muerte les esperó el miércoles durante 17 minutos, el tiempo que pasó entre que recibieron una llamada de control de Atocha y se estrellaron contra un tren parado en medio de la vía en Urda.

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La investigación sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que el pasado miércoles les costó la vida a, al menos, 69 personas está aún en una fase muy inicial. Aunque los indicios apuntan a un supuesto error humano ―recalcado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su primera comparecencia a la prensa horas después del siniestro―, la Guardia Civil aún considera que quedan numerosos interrogantes por despejar para determinar qué ocurrió y por qué. Entre ellos, las circunstancias en que se produjo, precisamente, ese fallo “inverosímil”, como lo tildó Puente, que llevó a un operario del Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif en Madrid-Puerta de Atocha a autorizar al tren AVE de Renfe continuar la marcha “con normalidad” pese a que había otro convoy parado en la misma vía unos kilómetros más adelante y contra el que terminó chocando.

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Alberto Núñez Feijóo eleva el tono y exige “responsabilidades políticas” por el accidente ferroviario de Urda, que deja de momento 69 fallecidos y alrededor de 200 personas que resultaron heridas, tan solo nueve meses después de la tragedia de Adamuz (46 víctimas mortales y 292 heridos). El líder de la oposición no ha pedido explícitamente la dimisión o cese de Óscar Puente como ministro de Transportes, pero ha recalcado que la asunción de responsabilidades no puede demorarse. “Yo sé lo que haría si fuera el presidente del Gobierno. Las responsabilidades políticas no son opcionales, son imprescindibles desde el punto de vista ético y moral”, ha aseverado en el municipio de Urda después de su visita al Puesto de Mando Avanzado levantado en la zona cero de la catástrofe, que se encuentra a unos 12 kilómetros de la localidad de 2.500 habitantes gobernada por el PP.

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El fatídico accidente ferroviario sufrido en la línea Madrid-Sevilla, el segundo en lo que va de año, ha vuelto a poner el foco en el mantenimiento de la red ferroviaria de alta velocidad. Con la cifra de fallecidos y heridos aún sin cerrar y las circunstancias del suceso aún por aclarar, ingenieros y académicos reclaman una revisión de la gestión de la red. Esta ha multiplicado su tráfico mientras la conservación quedaba en un segundo plano: España ha preferido estrenar kilómetros de alta velocidad antes que cuidar la solidez de las vías, la señalización y los sistemas en los corredores ya operativos, coinciden varios de los expertos consultados. Entre 2018 y 2022, España dedicó a mantener su red de alta velocidad unos 240 millones de euros al año, el 16% de lo que gastó en ella; los otros 1.240 millones se fueron a obra nueva, según la Comisión Europea. En Francia y Alemania, lo destinado a mantener, renovar y mejorar las líneas existentes ronda un tercio del gasto total.

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La campaña ha dado un vuelco. La tragedia ferroviaria de Toledo ha irrumpido como un cisne negro en la precampaña electoral cambiándolo todo. El accidente, que dejó al menos 69 fallecidos y 77 heridos, el segundo mortal en la alta velocidad española en apenas nueve meses, ha dado una sacudida al tablero cuando faltan solo 31 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. Nada será igual ya después del siniestro, admiten en las cúpulas de todos los partidos políticos, obligados a recalcular sus estrategias y sus agendas para adaptarse a la catástrofe. El Gobierno, el principal responsable de la red ferroviaria, está en shock por una tragedia que se le sitúa en el peor escenario político posible en plena contienda electoral y que pone en el punto de mira al ministro de Transportes, aunque Pedro Sánchez mantiene de momento el apoyo a Óscar Puente. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo ayer un tono institucional y evitó pedir dimisiones por respeto a las víctimas, pero la presión irá en aumento. Vox se lanzó al ataque señalando a Sánchez como responsable y hasta Frente Amplio endureció el tono pidiendo responsabilidades políticas.

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