Pedro Sánchez ha vuelto a incidir en que el accidente ferroviario de Urda, que deja de momento 69 fallecidos, cuestiona una infraestructura que hasta hace poco era un símbolo de modernidad, con el impacto que supone para la imagen del Estado. “Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad en nuestro país y la labor del Gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia de esta magnitud, como ayer dijo el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no vuelva a suceder”, ha afirmado en una comparecencia sin preguntas junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en Toledo.

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Con un saldo insoportable de vidas rotas, la tragedia ferroviaria de Toledo nos devuelve de golpe a la más cruda realidad: no podemos normalizar que viajar en transporte público se convierta en un acto de fe frente a fallos evitables y cadenas de negligencias. Confiamos en una red que, ante la primera brecha, delega toda la responsabilidad en el factor humano bajo presiones incomprensibles. La modernidad de un país no se mide solo por la velocidad de sus trenes, sino por la firmeza con la que prioriza la seguridad por encima de cualquier urgencia operativa. Exigir transparencia y responsabilidades hasta el final no es solo una deuda con las víctimas y sus familias, sino la única manera de rescatar la confianza en unas infraestructuras públicas que hoy nos duelen en el alma.

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Cómo, por qué y que no vuelva a suceder. Este ha sido el mensaje que Felipe VI ha querido transmitir tras el choque de trenes de ayer en Urda (Toledo) que ha causado al menos 69 fallecidos.

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El fatídico accidente ferroviario sufrido en la línea Madrid-Sevilla, el segundo en lo que va de año, ha vuelto a poner el foco en el mantenimiento de la red ferroviaria de alta velocidad. Con la cifra de fallecidos y heridos aún sin cerrar y las circunstancias del suceso aún por aclarar, ingenieros y académicos reclaman una revisión de la gestión de la red. Esta ha multiplicado su tráfico mientras la conservación quedaba en un segundo plano: España ha preferido estrenar kilómetros de alta velocidad antes que cuidar la solidez de las vías, la señalización y los sistemas en los corredores ya operativos, coinciden varios de los expertos consultados. Entre 2018 y 2022, España dedicó a mantener su red de alta velocidad unos 240 millones de euros al año, el 16% de lo que gastó en ella; los otros 1.240 millones se fueron a obra nueva, según la Comisión Europea. En Francia y Alemania, lo destinado a mantener, renovar y mejorar las líneas existentes ronda un tercio del gasto total.

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