La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que provoca la muerte de las motoneuronas. Poco a poco, las células del sistema nervioso dejan de funcionar, por lo que el cerebro no puede enviar órdenes a los músculos y se produce una parálisis. Esta afección es irreversible, por lo que, cuando a Andrés Hermosilla le diagnosticaron, decidió explicar al mundo cómo era su día a día.
Así, su idea fue componer una canción que pudiera llegar a todo el mundo. Sin embargo, no podía lograrlo solo. Así, Samuel, su vecino, le pidió ayuda a Daniel González, un cantautor de Vigo. Juntos, crearon Mente de bolboreta (que se traduciría al castellano como Mente de mariposa), en al que narraron cómo es vivir con ELA.
Lanzar la canción no fue sencillo. Los tres hombres comenzaron a trabajar a través de videollamada. "Cuando Andrés escuchó la canción, se emocionó mucho. No pensaba que pudiera sacar el proyecto adelante, pero llegó un momento en el que Andrés me conmovió tanto y me caló tan hondo que no pude no hacerlo", explicó el intérprete a Informativos Telecinco.
El tema saldrá en plataformas el próximo 20 de noviembre, aunque, como así explicó el cantante, hubiera preferido esperar un tiempo. "Está un poco verde, pero Andrés tiene muchas ganas de verla ya publicada", confesó. De hecho, el tema se creó en menos de dos semanas.
Como así confesó, él mismo no conocía la enfermedad hasta que conoció a Andrés. De hecho, el tema nace de un poema suyo, por lo que a pesar de que el músico creó la melodía, las palabras son de su compañero. "Le he hecho coautor para que él pueda hablar del tema y sea suyo. Al fin y al cabo, yo no haría la canción si no fuese por Andrés", recalcó.
En las bodas, cada detalle está medido al milímetro. Para muchos, dar el 'sí, quiero' es uno de los momentos más importantes de sus vidas y cada preparación debe estar a la altura. Sin embargo, lo que tenía que haber sido una sesión de fotografías de ensueño acabó convirtiéndose en un recuerdo divertido e insólito a partes iguales.
Todo ocurrió en la playa de Bósforo, Estambul. La novia había pedido decenas de globos para hacer una sesión fotográfica, pero no tuvo en cuenta el tiempo que había. Así, mientras ella posaba alegre en la costa, el viento comenzó a ganar fuerza. Tanta que sujetar su 'ramo' de globos se convirtió en toda una misión.
Sin embargo, la futura novia no dejaría que su idea se desvaneciera. Con gran fuerza de voluntad y actitud, se aferró a los globos. Pero el viento era mucho más fuerte que su empeño. Tanto que incluso la joven estuvo a punto de "salir volando" con los globos.
Mientras el fotógrafo se alejaba para encontrar el encuadre perfecto, ella se vio arrastrada. Sin embargo, lo que la novia no sabía era que cada vez se acercaba más a una valla del paseo marítimo. Por ello, rápidamente el fotógrafo corrió en su ayuda para evitar el desastre. Todo ello mientras que varias personas paseaban y se quedaban sorprendidas al verles.
Así, finalmente, la joven decidió rendirse y soltar los globos. Y es que incluso el fotógrafo necesitó la ayuda de un joven para que el 'ramo' no acabara escapando. "La gente piensa que ser fotógrafo es solo apretar el botón de la cámara", bromeó Sasha, el fotógrafo, a través de su perfil de Instagram.
Christine Lagarde ha elegido un momento especialmente complejo para abandonar el Banco Central Europeo. La presidenta de la institución pone fin a meses de especulaciones sobre sus planes políticos y abre la carrera para sucederla al frente de una de las instituciones más poderosas de Europa. Su decisión llega en una coyuntura especialmente delicada para la eurozona, con la inflación impactada por la guerra en Oriente Próximo, los mercados de deuda bajo presión por el deterioro de las cuentas públicas de algunas grandes economías europeas, con Francia en el centro de las preocupaciones, y el creciente desafío de financiar el aumento del gasto en defensa e infraestructuras.
La cúpula de la Guardia Civil incoó y prosiguió con informaciones reservadas en contra de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por presuntas filtraciones de informaciones sensibles para el Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de que el propio Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, ya tenía un conocimiento «fehaciente» de que las fugas de información no procedían de la unidad investigadora del Instituto Armado.
En un nuevo atestado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, y que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la UCO detalla que las conversaciones filtradas eran de 2023 y que en su poder solo disponían de material incautado hasta octubre de 2021.
La cúpula de la Guardia Civil abrió tres informaciones reservadas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 contra miembros de la unidad por orden, según explicó Llamas en sede judicial, del ministro Fernando Grande-Marlaska y de Mercedes González.
La segunda de ellas se abrió el 12 de mayo de 2025, después de que El Mundo publicara chats entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos, que supuestamente estaban incluidos en dispositivos de Koldo García intervenidos por la UCO.
Los investigadores detallan también que hay un WhatsApp enviado el 14 de mayo de 2025 por el general jefe de Policía Judicial al entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, en el que le comunica: «Me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO».
En el informe, los agentes reconstruyen las comunicaciones internas que comenzaron el 10 de mayo de 2025, después de que trascendieran las conversaciones entre Ábalos y Sánchez en la prensa. Ante las peticiones de información de sus superiores, los responsables de la UCO explicaron que los mensajes publicados no figuraban entre las evidencias analizadas por la unidad.
También añadieron que, en un supuesto caso de que fuera así, la información estaba en un disco «encriptado» del que todavía no se había efectuado análisis alguno y, por tanto, «no se podía acceder» al contenido por «ninguna fuente de la investigación» porque la desencriptación se produjo a finales de diciembre de 2024, meses después de las filtraciones de las conversaciones en la prensa.
«Este extremo hacía materialmente imposible que los mensajes filtrados estuvieran contenidos en el disco duro, y corroboraba lo ya informado: que en el análisis de ese dispositivo y de los demás no existía ningún mensaje de similares características y que, de haber existido, el mismo procedimiento de estudio de evidencias los habría detectado. Al no concurrir este acaecimiento, se podía concluir que la filtración no provenía de la UCO», expone el informe.
Según se explica, ninguno de los jefes de grupo era «conocedor» de esos mensajes entre Ábalos y Sánchez, sencillamente, porque no estaban incluidos en las evidencias incautadas. «Nosotros esos mensajes no los hemos visto en ningún dispositivo. Aún así estamos revisando», escribió un agente al jefe de la unidad, el teniente coronel Antonio Balas.
Este último trasmitió, de hecho, todos estos detalles al superior de la UCO, Rafael Yuste, desde la mañana del domingo 11 de mayo para corroborar que las filtraciones nunca procedieron de la unidad. Según se expone, le explicó, «de manera reiterada» que, efectivamente, el dispositivo incautado seguía en las dependencias policiales, que no se había entregado a los investigados y que esta circunstancia «jamás» tuvo lugar, permaneciendo aún, a fecha de hoy, todas las evidencias intervenidas en el poder de la UCO.
El informe añade que, pocos días antes, las jefaturas de Información y Policía Judicial habían trasladado al DAO dos notas de despacho en las que se describía una supuesta campaña para perjudicar el prestigio de la UCO desplegada por las «cloacas del PSOE».
La tesis de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Santiago Pedraz es que la apertura de informaciones reservadas se activó de manera coordinada y en momentos coincidentes con el avance de causas judiciales especialmente sensibles, con el posible propósito de presionar a los agentes de la UCO, a quienes se les ordenó, supuestamente, «que se pusieran de perfil».
La filial española de la compañía de seguros QBE Europe ha informado a la juez que investiga el accidente de Adamuz (Córdoba) que consigna un millón de euros más para resarcir a las víctimas del siniestro que provocó la muerte de 46 personas. Se da la circunstancia de que la aseguradora contratada por Adif remitió el escrito este miércoles, el mismo día que se produjo el mortal siniestro de Urda (Toledo) que deja un balance, por el momento, de 68 personas fallecidas.
En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la compañía explica que ha cursado "la orden de transferencia y pago" por importe de 816.952 euros, aunque no aporta justificante de la operación porque, dice, todavía no lo tiene. Se trata de la quinta entrega de fondos que, en total, suman 27,62 millones de euros "en favor de las víctimas y perjudicados por el accidente ferroviario del pasado 18 de enero".
La aseguradora, que en febrero pidió al juzgado el listado de pasajeros que viajaban en los trenes siniestrados, carga este monto a la póliza de responsabilidad civil suscrita por el Administrador de la Infraestructura Ferroviaria (ADIF). No obstante, avisa que estos desembolsos "no suponen asunción de responsabilidad alguna". "QBE deja constancia expresa de la reserva de cualesquiera derechos y acciones, totales o parciales, que pudieran corresponderles frente a cualesquiera terceros que pudieran resultar responsables del accidente, derivados del pago de esta cantidad", recalca.
27 millones para las víctimas
De esta forma, se desvincula de la gestión de Adif en el marco de esta investigación que, casi diez meses después de su arranque, indaga la responsabilidad penal del accidente que se produjo, según las principales hipótesis, por una rotura de la vía como consecuencia del fallo de una soldadura. Ello provocó el descarrilamiento del tren Iryo que viajaba desde Málaga a Madrid y el posterior impacto con un tren Alvia que circulaba en sentido contrario.
En su notificación al juzgado, la aseguradora de Adif remite un listado de los familiares de las víctimas resarcidas "sin perjuicio de continuar avanzando en la identificación de los perjudicados". Además, también ha indemnizado a las más de 200 personas que resultaron heridas en el fatal accidente y que están personadas en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro.
Las cantidades, explica, se han establecido teniendo en cuenta idénticos criterios de gravedad basados en el tiempo de hospitalización, estancia en UCI, tiempo estimado de incapacidad para el trabajo y tiempos estimados de curación de las lesiones, en los casos más leves. "Los pagos se realizan sin exigencia de renuncia alguna, y sin asunción de responsabilidad por parte de mi mandante ni de su asegurado, quedando pendiente la determinación de dicha responsabilidad", precisa la aseguradora.
La sombra de Adif
Los investigadores mantienen en el foco la gestión de Adif, especialmente después de que la Guardia Civil advirtiera a la juez Cristina Pastor en los inicios de esta causa penal que personal de esta empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes retiró material de las vías apenas días después del siniestro, sin autorización judicial. Un responsable de Adif confirmó a la Policía Judicial que recibió una orden verbal del jefe de área para que recogiera parte del material clave para la investigación y lo trasladara a la base de mantenimiento de Adif.
Este hecho propició que la juez instructora ordenara la "restitución inmediata" del material sustraído y que se abstrajeran de realizar cualquier operación en el lugar de los hechos, donde todavía se encontraban los convoyes siniestrados. De hecho, les apercibió con incurrir en responsabilidad penal si desobedecían a la autoridad judicial. Cabe recordar que en aquellos primeros compases de la investigación el ministro del ramo, Óscar Puente, negó cualquier responsabilidad de Adif e incluso puso en tela de juicio los informes de la Guardia Civil sobre el estado de las soldaduras, llegándolo a calificar de "bulo".
Además, en estos meses, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha advertido de "incongruencias" en los informes aportados por Adif a la causa sobre las labores de mantenimiento y control de las vías. El equipo investigador alertó de una posible manipulación de firmas y alteración del contenido de los documentos que pone en entredicho la veracidad de los mismos.
La consignación de la aseguradora de Adif se produce, casualmente, el mismo día que tuvo lugar el segundo gran accidente de la alta velocidad en España. El siniestro que se produjo a primera hora de la mañana de este martes en la localidad de Urda (Toledo) y que ha dejado un balance provisional de 74 muertos, acorrala al departamento de Puente por la falta de seguridad de la red de alta velocidad en España en lo que va de año.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone contra las cuerdas al exdirector general Leonardo Marcos y al Director Adjunto Operativo (DAO) Manuel Llamas. La unidad que investiga las principales causas de corrupción que afectan al Gobierno ha informado al magistrado Santiago Pedraz que recibieron órdenes expresas para que se negara cualquier irregularidad en los correos incautados en la causa contra David Sánchez. En concreto dijo que había que concluir que "no había nada".
La UCO así lo explica en respuesta al requerimiento del magistrado de las cloacas del PSOE que trata de esclarecer si las investigaciones internas abiertas a la Policía Judicial por filtraciones escondían, en realidad, presiones para neutralizar los procedimientos que acechan a Pedro Sánchez y a su partido. En concreto, el juez solicitó a la UCO que se pronunciara sobre las informaciones reservadas abiertas a la Policía Judicial.
Una de ellas se impulsó para investigar la filtración en prensa de "datos personales" de terceros ajenos a la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. En concreto, para esclarecer la publicación del correo de Begoña Gómez en dos medios de comunicación en octubre de 2020. En su respuesta, la UCO se retrotrae a meses antes del episodio investigado, "para una mejor comprensión de la información requerida".
Los correos, la prueba estrella del caso
Según explica, el 12 de julio de ese año (dos meses después de que la juez Beatriz Biedma abriera causa contra David Sánchez) el entonces director general de la Guardia Civil reunió en la sede del Instituto Armado al DAO Manuel Llamas, al entonces jefe de la UCO Rafael Yuste y al general jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo. En el encuentro les enseñó una información publicada el 12 de julio en ABC relativa a la incautación de correos en la Diputación de Badajoz para investigar el enchufe del músico en el ente pacense.
Marcos apuntó entonces a una filtración de los agentes, a pesar de que ya existía un auto de la juez notificado días antes a las partes encargando dicha diligencia. Además, "de manera vehemente", manifestó que el oficio policial que pedía incautar los correos de la Diputación era "malintencionado y prospectivo". Igualmente, reza la respuesta de la UCO, "ordenó que el informe debería estar finalizado el siguiente viernes y que, además, tenía que concluir 'que no había nada'". Se trata de unas órdenes que Antonio Balas, el coronel jefe que dirige dichas pesquisas, trasladó "con preocupación" a sus jefes de grupo.
Cabe recordar que el análisis de todos los correos incautados a los empleados de la Diputación que participaron en el enchufe, incluidos los de su entonces presidente Miguel Ángel Gallardo, se consolidaron como una prueba determinante para llevar a los imputados al banquillo de los acusados. Muchas de estas comunicaciones pusieron de manifiesto las directrices para agilizar con la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios pacenses en 2016. Además, consta una comunicación intercambiada entre los directores de conservatorios que reconocieron que la plaza iba a ser para el "hermanísimo". El mensaje se envió el 19 de mayo de 2017; mismo día que se publicaron las bases de la plaza pública.
"Las causas de componente político"
Sin embargo, el entonces director general de la Guardia Civil quiso sentenciar este asunto y que la UCO concluyera que no había ningún indicio de delito en estas comunicaciones, tal y como ahora se recoge en el oficio al que ha tenido acceso LA RAZÓN. De hecho, añaden que se produjo una segunda reunión el 16 de julio en la que el DAO, "por orden" de Leonardo Marcos, mandó "acelerar la investigación penal y poder finalizarla lo antes posible". Nadie les explicó la urgencia de la medida.
En dicha cita, Llamas les pidió que no lideraran la investigación en los procedimientos "de componente político"; esto es, en la causa contra Begoña Gómez, contra el entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, o en el "caso Koldo". De hecho, incluso les trasladó que se estaba utilizando a la Guardia Civil como "ariete contra el Gobierno". Pero el coronel Rafael Yuste declaró en junio que se les dio la orden de ponerse de perfil en todas las causas que afectan de lleno al partido socialista.
El DAO, sin embargo, negó la mayor en su declaración como investigado y dijo que las tres informaciones reservadas se abrieron por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Además, negó que se impulsara una cacería contra la Policía Judicial que dirige estas causas de corrupción y dijo que cree que le acusan por su mala relación con los jefes de la unidad.
Sin embargo, Anticorrupción investiga si todo esto tiene algo que ver con la presunta organización criminal que se impulsó en el seno del PSOE para boicotear estas causas judiciales.
Consta acreditado que la actual directora general (también imputada en el procedimiento) se reunió en varias ocasiones con Leire Díez. Del mismo modo, también ha trascendido que la juez que investigó al "hermanísimo" fue víctima de acosos y seguimientos por parte de la cloaca en los meses clave de la instrucción.
La muerte de Komanche supuso un duro golpe para la comunidad hispana de Twitch. El joven, que sufría depresión, falleció el 25 de octubre en su casa de México. El streamer fue el centro de diferentes polémicas por las que fue víctima de acoso en redes sociales. "El bullying a cualquier escala no es un juego", destacó su mánager en Instagram tras anunciar la trágica noticia.
Rápidamente Internet se llenó de mensajes de apoyo a la familia, tanto de fans anónimos como de compañeros de profesión. Aunque también hay quien comenzó a buscar a los supuestos culpables, entre los que destacó FernandaVaal. La influencer culpó a Komache de abusar de ella el pasado mes de septiembre.
"Me tocó callar cuando este creador de contenido abusó de mí cuando yo quería entrar a los Squid Games 2, (...) me manosearon, me levantaron la falda", explicó en un directo. Según relató, sin llegar a dar el nombre del culpable, todo ocurrió mientras intentaba participar en el programa de Minecraft.
Aconsejada por otro creador de contenido, Westcol, Fernada explicó qué sucedió. La joven destacó que ella no había sido la única con una experiencia así, por lo que procedería legalmente contra esta persona. Ella no desveló su identidad, pero sus fans señalaron directamente a Komache y este se vio obligado a hacer un directo explicando todo.
Mostrando conversaciones privadas, se defendió asegurando que todo había sido consensuado. Por ello, tras la muerte del salvadoreño, la joven se convirtió en el centro de las acusaciones. "No escribo esto para invalidar el duelo de su familia ni los sentimientos de quienes lamentan su pérdida. Su dolor merece respeto. Pero el mío también", respondió en su canal de Instagram.
"Una tragedia no debería convertirse en una razón para borrar la experiencia de otra persona, justificar los ataques en su contra o convertirla en el blanco de todo el odio. No voy a aceptar que se utilice mi apariencia, mi forma de expresarme o mi historia para descalificarme. Tampoco voy a asumir una culpa que no me corresponde ni a guardar silencio únicamente para que otras personas se sientan cómodas", continuó.
Así, en su carta, señaló la hipocresía de algunas personas. "La salud mental no debería importarnos únicamente después de una tragedia", señaló. Por su parte, otros creadores, como Westcol, quien le apoyó en un primer momento, recalcó recientemente que él nunca llegó a culpar a Komanche: "Yo nunca dije que era un abusador, jamás. Es más, yo dije que le diera el beneficio de la duda".
Por el momento la causa sigue abierta. "No me importa si hay personas que no me creen. Las únicas personas que conocerán toda la verdad y las pruebas serán las autoridades y la Fiscalía. Voy a presentar mi denuncia y daré todo lo que esté en mis manos para que se haga justicia. Por ahora, mi prioridad es seguir el proceso legal. Gracias a quienes me han acompañado con respeto.", escribió en su perfil de X la joven.
El Centro de Integración de Datos (CID) alerta de que familiares de las posibles víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) están recibiendo mensajes de textos y llamadas de personas que se hacen pasar por la Guardia Civil informando de la identificación de los cuerpos de sus familiares.
"Ante la falsedad de dichos mensajes, se comunica públicamente que el procedimiento de comunicación de las identificaciones de los fallecidos a sus familias se realiza de manera presencial y personal por la Guardia Civil, y nunca por llamada telefónica", ha precisado el CID. Al hilo, ruega a los afectados que no den veracidad a los mensajes ni tampoco a las llamadas que están recibiendo.
Las labores de autopsia e identificación de las personas fallecidas, dice el CID, "continúa ininterrumpidamente desde ayer con el mayor rigor y celeridad posibles". El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado que el balance de víctimas mortales por el siniestro que tuvo lugar ayer asciende a 69 personas.
Los trabajos artesanales se están perdiendo en pro de los sistemas más rápidos y baratos de las máquinas. Sin embargo, aún queda quien prefiere la calidad propia de un trabajo hecho a mano. Algo que para una familia de EEUU que vive en España es todo un orgullo.
A través de Instagram, Jess y Eric comparten su día a día en Logroño y, en su último vídeo, hablaron sobre un taller de zapatería de la ciudad. "Cuanto más tiempo llevamos viviendo en España, más valoramos negocios como este. Pensaba que estos pequeños establecimientos solo se dedicaban a arreglar zapatos, pero luego me contasteis que vuestros zapateros también han reparado cremalleras, bolsos y corchetes de abrigos", comenzaron a explicar.
De hecho, un gran punto a favor para este tipo de negocios es que pueden contar con el respaldo de los trabajadores. Por ello tienen "muchas ganas de entrar y preguntar qué otras cosas pueden arreglar". Y es que, a diferencia de otra tienda, en esta son los propios artesanos los que les aconsejan y ayudan.
Pero, de la misma manera que quedaron fascinados por la zapatería, también quieren conocer otros negocios. Como así explicaron, son conscientes de que otros establecimientos han cerrado, por lo que su intención es apoyar en la medida de lo posible. "Estoy aún más agradecido de que todavía tengamos estos negocios en Logroño, España", escribieron.
Tal es su empeño que incluso animaron a sus seguidores a seguir sus pasos. "Ayudemos a la gente a encontrarlos y seguir usándolos. Cuéntanos el nombre y la ciudad de tu tienda de reparación de zapatos favorita, en España o dondequiera que vivas", pidieron para crear una red de apoyo en los comentarios.
Así, rápidamente, cientos de personas compartieron sus anécdotas con zapateros. Porque, si algo quedó claro, fue la importancia de este trabajo. "Me duran muchísimo más y son más cómodos", "mi abuelo fue zapatero, no sólo arreglaba zapatos, los hacía", "voy al zapatero cada vez que compro tacones para que le ponga suela de goma antideslizante" o "solo se valora cuando cierran y no hay manera de encontrar uno cerca", fueron algunos de los mensajes más destacados.
Un sacerdote de Brasil se ha convertido en el centro de todas las miradas gracias a su belleza. Solo le hicieron falta unos segundos delante de la cámara para ganarse el cariño de millones de personas a lo largo de todo el mundo. João Paulo Gonçalves de Carvalho quiso animar a los feligreses a unirse a una celebración en la parroquia donde ejerce, pero lo que no sabía era que sus esfuerzos superarían todo tipo de expectativas.
Ataviado con la típica sotana, se podía ver el buen aspecto físico del padre. Su figura, unida a una simpática sonrisa y un elegante porte, fue todo lo que necesitó el cura de 33 años. En su vídeo, el cura recordó las celebraciones que tendrían lugar a comienzos de octubre, por un lado, la novena del día dos y, por otro, la fiesta de Nuestra Señora Aparecida, para el 12 de octubre.
Aunque sus seguidores no le prestaron atención a lo que decía. La publicación se hizo viral y en lugar de poner en el mapa la Parroquia Nossa Senhora Aparecida, ubicada en la ciudad de Varginha, João se convirtió en toda una estrella. En apenas horas, el vídeo se llenó de todo tipo de comentarios jocosos e incluso alguna que otra propuesta indecente, pero no solo eso.
También hubo quien compartió otras imágenes del cura. Cada una de las publicaciones en las que aparecía se hizo extremadamente famosa. Por ello, finalmente desde la parroquia decidieron cerrar los comentarios y eliminar todos los mensajes anteriores en Instagram. Y es que, si bien lo que el joven cura pedía era seguir el camino de Dios, algunas personas le animaban a pecar.
El padre Gonçalves de Carvalho nació el 4 de julio de 1993 en Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. Durante toda su vida, la religión fue un aspecto fundamental y, finalmente, el 28 de mayo de 2022 fue ordenado sacerdote.
Desde allí no solo lidera la parroquia, sino que también es director de la Radio Diocesana FM 100.3, un medio ligado a la Diócesis de Campanha, preside la Fundación Educativa Diocesana Nossa Senhora do Carmo y asesora a la Pastoral de Comunicación de la diócesis. Un trabajo por el que fue condecorado en abril de 2026 por la Cámara Municipal de Varginha con la Comenda del Mérito Eclesiástico Padre Victor.
La juez que investiga el accidente ferroviario de Adamuz abre la veda a investigar las "incongruencia" denunciadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre la gestión de Adif en los hechos.
Nueve meses después del accidente, los investigadores tratan de esclarecer las causas del siniestro que se cobró la vida de 46 personas y, muy especialmente, las incoherencias detectadas por la CIAF y la Guardia Civil en la documentación sobre la revisión de las soldaduras de las vías que aportó Adif al procedimiento.
De hecho, la titular del Juzgado número 2 de Montoro (Córdoba) que investiga estos hechos, Cristina Pastor, acaba de dar traslado a las partes de un informe del equipo investigador que recopila cuatro incongruencias de Adif. Las mismas pivotan sobre cuatro informes de soldaduras aluminotérmicas del puesto de banalización de Adamuz.
Cambio de versiones
La juez ha ordenado que se imprima y notifique esta documentación que aporta, además, notas aclaratorias sobre los informes. Así, en un primer documento se detecta un cambio de versiones sobre el estado de las soldaduras que llamó la atención de la Guardia Civil. La segunda versión se modificó el 1 de febrero, apenas una semana después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tildara de bulos las informaciones que apuntaban ya entonces al mal estado de las soldaduras como responsable como la causante del descarrilamiento del tren Iryo que descarriló e impactó contra un tren Alvia que circulaba de Madrid a Huelva.
Del mismo modo, se alertó de modificaciones sobre el "nforme final de soldaduras alumnitérmicas del PB Adamuz" toda vez que el mismo no contenía "ninguno de los documentos incluidos" en una versión previas.
En su tercera notificación se advirtió de la existencia de "multitud de firmas" que no estaban manuscritas ni eran electrónicas, lo que generó "dudas en cuanto a su validez". De hecho, apuntaron a una posible manipulación de las mismas. En cuarto y último lugar se advirtió de que una de las notas aclaratorias sobre el estado de las vías se realizó "con posterioridad al suceso".
La declaración de la investigadora
"Contradice otra que existía previamente. Genera dudas acerca de cuál de las dos es la que contiene información real", expuso la CIAF. Ahora el documento, que se realizó en febrero, queda en manos de las partes para que pidan las diligencias de investigación que consideren oportunas.
De hecho, la acusación popular –que litiga bajo la dirección letrada de Vox– ha pedido sin éxito que declare en la causa Isabel López, la investigadora que detectó las incoherencias de Adif. En su escrito, el partido que lidera Santiago Abascal explicó que su declaración era clave para conocer "los hechos y las comprobaciones que determinaron su comunicación al presidente de la CIAF".
Sin embargo, la juez que instruye la causa ha declinado la petición a la espera de analizar la documentación que obra en las actuaciones. Se trata de un criterio compartido por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), que cree que la comparecencia de la investigadora es "prematura" y que podría incluso afectar a las diligencias que se están llevando a cabo.
Nuevas fotografías del tren
La juez, que circunscribe la investigación a la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, quiere aclarar primero si, como denunció la CIAF, sus superiores les ordenaron modificar el sentido de los informes sobre el estado de las soldaduras. Al respecto, la Dirección General de la Guardia Civil ha remitido al procedimiento las fotografías realizadas por el equipo de la CIAF a los vagones siniestrados.
Se trata de decenas de instantáneas, a las que ha tenido acceso este medio, de los vagones número 6, 7 y 8 del tren Iryo accidentado y que se realizaron el 29 de septiembre. En su oficio, la Guardia Civil advirtió de que los vagones se mantienen "precintados y depositados" en la localidad de Adamuz.
Cabe recordar que la juez reprendió a Adif en marzo tras advertirle la Guardia Civil de que se había llevado piezas del siniestro sin la debida autorización judicial la madrugada del 22 al 23 de enero. La togada avisó al ente que depende de Transportes que tenía que restituir el material sustraído del lugar de los hechos de manera inmediata.
La Guardia Civil tuvo conocimiento de este hecho insólito tras tomar declaración al responsable de la base de mantenimiento AVE de Adif en el municipio cordobés de Hornachuelos. El testigo confesó que recibió "orden verbal del jefe de área de Adif" para que retiraran cupones de rail, entre las que hay soldaduras, y lo trasladaran a la base de mantenimiento de Adif. Además, confesó que se habían realizado ensayos sobre los rieles en los rieles que iba a estudiar la CIAF, aunque negó que se destruyeran fuentes de prueba claves para la investigación penal.
La segunda tasación encargada por el magistrado José Luis Calama sobre las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero afianza la tesis de que las piezas son piedras preciosas. De acuerdo con el peritaje elaborado por la Joyería Yanes, el valor del material incautado en la caja fuerte de su despacho alcanzaría los 1.023.320 euros.
El informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, determina que «resulta incoherente» el hecho de que los rubíes, esmeraldas y zafiros (valorados en 938.500 euros) no estén acompañados de sus estuches originales «para su debida conservación y protección». Igualmente, el perito escogido por el magistrado del «caso Plus Ultra» resalta que carecen de la documentación que acredita la calidad e identidad que normalmente acompañan a «las joyas ostentosas».
«Cuando se adquieren este tipo de joyas, se hace en joyerías conocidas, con certificaciones, con estuchería y con marcas trazables que identifiquen al fabricante y a la firma comercial», determina Yanes.
"Falta de certificaciones"
Del mismo modo, explica que la valoración técnica de joyería refuerza la hipótesis de que son piezas de fabricación comercial y de «muy probable origen asiático». El peritaje destaca un «elemento importante» relacionado con el punzonazo que se identifica en las piezas de mayor valor. Al respecto, expone que el hecho de que no aparezca la firma del joyero «demuestra que el conjunto no ha sido adquirido de una marca de alta joyería de reconocido prestigio». «Llama la atención la falta de certificaciones y la ausencia de packaging de alta joyería», matiza el perito.
Zapatero explicó que recibió las joyas incautadas por la Policía Nacional de manos del rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz, ya fallecido. Según dijo, se trató de un obsequio «personal» que el monarca le entregó en La Moncloa con motivo de un viaje oficial realizado los días 18 y 19 de junio de 2007 y que las aceptó «por deferencia y como muestra de agradecimiento».
Sin embargo, el magistrado pidió un peritaje de las piezas ante las dudas generadas por su procedencia. Tras una primera valoración encargada a la joyería Ansorena (que valoró el lote en más de 1,3 millones de euros) volvió a ordenar este nuevo peritaje para esclarecer extremos que no se conocían hasta el momento, como es el relativo a la antigüedad de las joyas incautadas.
Delito de malversación
Además, encargó a Patrimonio que informara de todos los regalos recibidos por el expresidente del Gobierno en aras a esclarecer si figuraba este lote. El ente ya ha respondido al requerimiento judicial entregando un listado de todos los obsequios que recibió mientras estuvo en La Moncloa.
En el mismo no aparece este regalo. La Fiscalía Anticorrupción (que junto con el juez se opone a librar una comisión rogatoria a Arabia Saudí por estos hechos) apunta que Zapatero podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos al aceptar joyas «de muy significativo valor» por parte de Arabia Saudí y no haberlas entregado a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos. Además, la fiscal del caso avisa que este nuevo delito no estaría prescrito.
El Tribunal de instancia de Orgaz plaza número 2 asume la investigación judicial por el accidente de tren ocurrido este miércoles a la altura de Los Yébenes y que ha dejado, hasta el momento, más de 60 personas fallecidas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha indica que la titular del juzgado contará con refuerzo para agilizar las diligencias judiciales, entre las que se encuentra el levantamiento de cadáveres.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha acordado activar el Protocolo Nacional de actuación Médico-Forense y de Policía Científica, ante la magnitud del suceso. Aristea Afroditi, quien tomó posesión de este juzgado a principios de año, asume la causa por encontrarse en funciones de guardia en el momento del accidente. La Sala de Gobierno ha acordado que le apoye en esta investigación la jueza de la plaza número 1 de los mismos juzgados.
A ella se suman también las titulares de las plazas número 2 y 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Toledo en su condición de expertas en gestión de emergencias y catástrofes. Además, se ha nombrado como magistrado coordinador al titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Se crea el Centro de Atención de Víctimas
Así pues, en total cinco togados asumen la derivada judicial del accidente para agilizar en las diligencias a practicar tras las primeras horas del siniestro. Según explica el TSJ, el objetivo del refuerzo es "colaborar en la dirección y la tramitación de diligencias judiciales derivadas de la catástrofe". En concreto, en el levantamientos de cadáveres, las autorizaciones judiciales, la coordinación institucional y el resto de actuaciones que resulten necesarias.
Además también se han designado a cinco letrados de la Administración de Justicia comisionados y han aumentado el número de funcionarios para agilizar la investigación. En concreto, se han creado cinco equipos compuestos por magistrado, letrado y forense. También se ha constituido el Centro de Atención a víctimas, familiares y profesionales en el Tribunal de Instancia de Orgaz y se ha habilitado este teléfono: 925 317 020. Se ha acordado también la habilitación de un correo electrónico específico para canalizar la atención a víctimas, familiares y profesionales
A las actuaciones judiciales se incorporará el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, para proceder a la recogida de muestras biológicas y realizar todas las periciales necesarias para identificar a las víctimas mortales.
Luis Sáenz de Tejada, el exjuez investigado en la causa de las cloacas del PSOE, ha explicado este miércoles en su declaración como investigado que nunca contactó con clanes de la droga para amedrentar a Beatriz Biedma, la magistrada que investigó al hermano del presidente del Gobierno. Tejada, imputado en la causa por cuatro delitos, ha especificado que quiso "eliminarla judicialmente" y que su única cruzada es luchar contra la corrupción en los juzgados de Badajoz.
Durante su comparecencia, en la que se ha negado a contestar a las acusaciones Sáenz de Tejada ha reconocido sus reuniones con Leire Díez -la conocida como "fontanera" de Ferraz- aunque ha negado que tuvieran como objeto diseñar actuaciones contra Biedma. Según confirman fuentes presentes en su interrogatorio a LA RAZÓN, el investigado ha explicado que accedió a reunirse con ella tras contactarle Joaquín Parra.
Este empresario extremeño le contactó para que se pusiera en contacto con Javier Pérez Dolset, también investigado en esta causa. Según ha relatado Dolset le invitó a verse con Leire Díez, de quien le dijo que era periodista y que le ayudaría en su cruzada con la lucha contra la corrupción. Este encuentro se produjo mucho tiempo después del primer contacto y, según ha explicado, no se habló de actuar contra Biedma.
"Niego rotundamente lo que se está publicando"
El exjuez así lo ha confirmado también tras declarar ante Santiago Pedraz. "Niego rotundamente todo lo que se ha estado publicando. Condeno si hay algún hecho contra la señora Beatriz Biedma", ha explicado a preguntas de los periodistas. Además, ha dicho que ha denunciado el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que contiene la testifical de Cintia Rocho en la que asegura que Tejada le llamó para decir que Biedma "era un grano en el culo" y que había que "eliminarla"
"Las declaraciones son falsas. Jamás he tenido contacto y jamás me he dirigido a ella. Todo lo que se ha publicado en prensa de mi actuación respecto de ello será denunciado", ha respondido. Al hilo, ha tildado de "bulo" estas informaciones periodísticas y ha precisado que su lucha ha sido contra la corrupción en los juzgados de Badajoz. De hecho, ha precisado que hay una juez de instrucción condenada pese al "silencio sepulcral". Tejada se ha presentado como un denunciante de casos de corrupción asegurando además que se ha reunido con muchos periodistas y también con políticos como Enrique Santiago.
En sede judicial no se le ha preguntado por el presunto episodio de seguimiento en coche que denunció Biedma en una comisaría de Policía pero, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que "niega absolutamente" ese extremo. Cabe recordar que Biedma denunció que, el mismo día que declaró como víctima de la Audiencia Nacional, cuando aterrizó en Badajoz, su hija (menor de edad) identificó a Sáenz de Tejada en el interior de un vehículo que se puso a su altura en la carretera. Tejada lo ha negado todo.
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El magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López ha defendido este martes durante la presentación de su libro "El Estado del Estado" (Ediciones Deusto) en LA RAZÓN el papel de la Constitución y la importancia de la defensa de las instituciones para mejorar la vida de las personas.
López ha reconocido durante su intervención que el libro nace de su preocupación por el "deterioro de la vida pública", aunque ha evidenciado su esperanza de que se pueda recuperar la confianza en las instituciones. "Hay algo que me preocupa especialmente: la facilidad con la que podemos acostumbrarnos al deterioro. Una anomalía se repite, después se encuentra una justificación y acaba formando parte del paisaje", ha apuntado.
El jurista hizo hincapié en que en los últimos años se han producido una serie de hechos que "no deberían haber pasado nunca y que no deberían volver a ocurrir". En concreto se refirió a la derogación del delito de sedición o también a las protestas que han sacudido las calles de Barcelona y de Bilbao en los últimos días. Al respecto dijo que nos enfrentamos a situaciones callejeras "para las que el Código Penal ha sido absolutamente desarmado".
Por ello, el magistrado ha apelado a la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y de reconocer el "valor" de la Carta Magna. "Cuando hablo del Estado y de sus instituciones pienso en experiencias concretas (...). A veces hablamos de la separación de poderes y de la independencia judicial como si fueran cuestiones reservadas a juristas y políticos, pero de ellas depende una parte esencial de nuestra vida", ha apostillado.
"Los límites del poder importan"
Al hilo, ha defendido que una democracia necesita "buenas leyes e instituciones, pero también responsabilidad, honestidad y ciudadanos comprometidos". En ese sentido, alertó de que le preocupa que cualquier discrepancia se convierte en nuestros días en "una descalificación personal". "Los límites del poder importan, y mucho, cuando quien gobiernan considera que sus propósitos justifican ampliar sus márgenes de actuación", ha asegurado López.
Tras su intervención, se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado el magistrado del Tribunal Supremo instructor del "procés", Pablo Llarena; el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza y el director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda. En su intervención, Zaragoza recogió el guante de López y advirtió del deterioro de las instituciones, cuya fortaleza, recalcó, «se basa principalmente en la independencia del Poder Judicial».
Para Zaragoza, el libro de López le evoca los principios del regeneracionismo de finales siglo XIX y principios del XX, y, a este respecto, ha destacado que la regeneración democrática y el objetivo de "reconstruir un proyecto integrador y común" en España "no pasa por controlar a los medios de comunicación ni por colonizar el Poder Judicial".
Llarena: "El esfuerzo de intentar alejarse de la política de partidos"
Llarena, por su parte, ha asegurado que el libro responde a la "experiencia vital de Enrique López y a su dedicación pública desde distintos puestos de responsabilidad" –fue vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) además de magistrado del Tribunal Constitucional, entre otros destinos que jalonan su prolija actividad pública–.
Y al hilo de las reflexiones de la obra ha agradecido a su autor "el esfuerzo de intentar alejarse de la política de partidos». "No se queda en la independencia de la Justicia, que es la que mejor conoce, sino que aborda también los grandes desafíos sociales e internacionales" ha puesto en valor. A Llarena también le parece relevante que López partiera de la "diversidad del Estado y de la necesidad de preservarla" en su defensa por la unidad de España. Además, ha ponderado el afán del autor por desarrollar "cómo debe conducirse la ética pública desde la moderación y, también desde la ética del deber".
Llarena también se ha referido a la preocupación que mostró López sobre la pérdida de confianza de la ciudadanía en lo político. "Reflexiona mucho sobre la polarización y sobre cómo lo rompe todo: la credibilidad institucional, la unidad social, incluso la legitimación de gobierno y la propia unidad entre españoles", apunta el magistrado del Tribunal Supremo.
Marhuenda: "El Gobierno se ha alegado de la centralidad"
Por último, el director de LA RAZÓN ha precisado que López ha escrito el libro en el marco de una legislatura que ha calificado de "atropellada" y con un Gobierno "que se ha alejado absolutamente de la centralidad". Al hilo ha recordado que, en el contexto actual, "se cuestiona al Poder Judicial" desde un Ejecutivo que, "por primera vez gira hacia un radicalismo extremo y rompe los puentes con la oposición".
Marhuenda ha enfatizado que entre los retos pendientes a los que alude López en el libro se encuentra el de "garantizar la independencia de la Fiscalía y que la Abogacía del Estado lo sea del Estado, no del Gobierno". "Es un libro muy recomendable", ha destacado, en la medida en que incorpora "reflexiones de un servidor público que ha estado en varios puestos de responsabilidad sirviendo a la sociedad".
En el acto han ejercido como anfitriones el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras; el presidente de LA RAZÓN, Mauricio Casals; el consejero delegado, Andrés Navarro; y Francisco Marhuenda.
Además, López ha estado arropado, entre otros, por el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández; el presidente de la Sala de lo Penal de este órgano, Alfonso Guevara; los magistrados del Tribunal Constitucional César Tolosa y Concepción Espejel; el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado; la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gema Espinosa; el expresidente del Consejo Vicente Guilarte; los fiscales de la Audiencia Nacional Marcelo Azcárraga y Carlos García Berro y reputados letrados como Carlos Bautista, Jesús Mandri o Javier Gómez Bermúdez, entre otros. También acudieron los exministros José Manuel Soria y Ángel Acebes.
El magistrado que investiga el caso de las cloacas, Santiago Pedraz, ha pedido que el coronel Antonio Balas siga al frente de la Policía Judicial designada en esta causa penal. El instructor pide la prórroga de su nombramiento como jefe de la unidad que actúa en la causa y que se mantenga con carácter "permanente" pese a su ascenso a coronel de la Guardia Civil. El objetivo del magistrado es que Balas siga al frente de la unidad de la UCO designada en esta causa, en el marco de la cual se investiga, entre otras aristas, el asedio de las cloacas del PSOE a la UCO.
En un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Pedraz solicita que se mantenga al mando "dado el interés general y las necesidades de servicio". Además, matiza que se trata de una causa de "extraordinaria complejidad" y de "especial trascendencia institucional y jurídica" que hace necesaria garantizar su continuidad al frente de la unidad de la UCO que investiga estos hechos.
"Resulta evidente que esta investigación presenta características que aconsejan preservar la estabilidad de su dirección operativa, evitando alteraciones organizativas que pudieran introducir factores de perturbación, discontinuidad o riesgo en el normal desenvolvimiento de las actuaciones", indica el magistrado. Precisamente el coronel Balas fue uno de los objetivos de la presunta organización criminal investigada en estas diligencias que llegó a decir que lo querían "muerto", en referencia a su necesidad de anular las investigaciones de la Guardia Civil que afectaban al entorno de presidente del Gobierno.
Balas, el objetivo de las cloacas
El entonces teniente coronel fue blanco de la "fontanera" Leire Díez que, en sus reuniones con terceros, se refirió a este mando de la Guardia Civil que investigaba asuntos especialmente perjudiciales para el PSOE, tales como el caso Koldo, la causa contra Begoña Gómez, contra el hermano de Pedro Sánchez y contra Álvaro García exfiscal general del Estado. En su objetivo por boicotear estos procedimientos Díez pidió trapos sucios de Balas y otros mandos de la Guardia Civil, además de jueces y de fiscales.
Se trata de hechos que se investigan en estas diligencias de la Audiencia Nacional, después de que las asumiera Pedraz procedentes de un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla. Estas pesquisas arrancaron por presunto tráfico de influencias de Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández. En concreto, se indagó su influencia en entidades públicas (como la propia SEPI, Mercasa o Forestalia, entre otros)para conseguir adjudicaciones para terceros a cambio de una comisión.
Sin embargo, las pesquisas iniciales han terminado asumiendo las maniobras de la fontanera para acabar con las causas penales arriba mencionadas. Ambas líneas de investigación las instruye la UCO; en concreto, el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, cuya jefatura recae en Balas. Precisamente, en el marco de esta causa se ha abierto la puerta también a investigar presiones a la Policía Judicial para evitar que siguieran adelante con las causas que afectan a Sánchez.
Las directrices del DAO
El magistrado imputó a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al Director Operativo Adjunto (DAO) Manuel Llamas, por sus presuntos vínculos con las cloacas de Ferraz. Pedraz ha puesto el foco en posibles injerencias en el trabajo de la UCO por parte de mandos superiores. En concreto, se indaga si, como desveló el general Rafael Yuste, se les pidió que "se pusieran de perfil" en investigaciones penales como la que se siguió contra David Sánchez.
En su comparecencia como investigado, Llamas negó estas acusaciones y dijo que las informaciones reservadas que se abrieron contra agentes de la UCO tenían como objetivo investigar la filtración en prensa de la dirección de correo de Begoña Gómez. De hecho, dijo que abrió la investigación interna a tenor de una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y de la directora general, a quien rindió cuentas del devenir de las pesquisas.
Con todo, el juez sospecha que se produjeron presiones para abortar estas causas. En ese sentido, consta que Beatriz Biedma (la juez que instruyó la causa del hermano) relató en sede judicial que los agentes de la UCO recibieron presiones y así se lo trasladaron a ella. Biedma (que litiga como perjudicada de las cloacas) expuso que en plena investigación penal los agentes le trasladaron que Balas se tuvo que poner como instructor de los atestados para preservar la investigación.
Además, la juez desveló que los mandos superiores pedían a los agentes tener acceso a los informes antes de que se entregaran al juzgado; hecho que propició que la magistrada les dijera que estaba "terminantemente prohibido" que facilitaran los atestados a alguien que no fuera la autoridad judicial. "Me dijeron que lo que estaban viviendo no lo habían vivido nunca. Eso de incoarle expedientes personales no había pasado nunca", reza el audio de su comparecencia al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Las revueltas que se están sucediendo en las últimas horas en las calles de Barcelona y de Bilbao están dejando decenas de detenidos, muchos de ellos menores de edad. A diferencia de las responsabilidades penales que se le pueden atribuir a los adultos arrestados por estas barricadas, a los menores se le aplica un régimen jurídico especial que busca no tanto el castigo, sino una "responsabilidad sancionadora", tal y como estipula la Ley del Menor.
Fuentes fiscales consultadas por LA RAZÓN precisan que el futuro procesal de los menores detenidos es muy distinto en función del tipo de delito que se les atribuye. En principio, y a falta de que avancen las investigaciones en relación con la verdadera naturaleza de los disturbios, se les aplicaría desórdenes públicos, actos vandálicos y, en algunos casos, delito de atentado contra agentes de la autoridad.
Con todo, las investigaciones abiertas pueden acabar atribuyéndoles daños agravados por el saqueo y destrozo de mobiliario público o pertenencia a grupos violentos en caso de que se demuestre que actuaron bajo unas directrices y de manera organizada en estas algaradas. Si las investigaciones penales abiertas en los juzgados consideraran que hay indicios de delito de terrorismo (escenario poco probable a día de hoy), todas ellas se derivarían a la Audiencia Nacional, por ser el órgano competente para su investigación. En cualquier caso, ante este tipo de escenarios donde hay menores detenidos y también adultos de edad, lo habitual es que el Fiscal de menores y el juzgado se coordinen para unificar criterios.
Las modalidades de internamiento
Tras las detenciones practicadas por los agentes en los disturbios de los últimos días, la Fiscalía de Menores asume la investigación de los detenidos que no alcanzan la mayoría de edad y, además, solicita las medidas que considera más adecuadas para cada uno de ellos. Así, el fiscal puede solicitar al juez de menores que imponga un abanico de medidas cautelares que van desde la libertad vigilada al régimen de internamiento.
Esta última medida implica que al menor se le tiene que hacer un seguimiento de su actividad para comprobar si acude al colegio, al centro de formación profesional o a sus lugares de trabajo, según recoge la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores. No obstante, si el juez considera que los hechos son especialmente graves puede acordar su internamiento.
El mismo también es gradual y varía en función de si es en régimen cerrado (como se ha acordado para tres menores de edad detenidos en los disturbios del fin de semana en Barcelona), en régimen semiabierto o en régimen abierto. En el primero de los casos se acuerda el ingreso del menor en un centro (nunca en la prisión), mientras que el segundo escenario se les permite realizar actividades formativas fuera del mismo. El régimen abierto, por su parte, implica que los detenidos pueden realizar todas las actividades fuera del centro pero residen en el mismo como domicilio habitual y duermen en él.
¿Se puede obligar a los menores a pagar los destrozos?
Las fuentes consultadas explican que el juez también puede acordar internamiento terapéutico para aquellos que presenten problemas de salud mental o de drogadicción y alcoholismo, entre otros. En cualquier caso, es importante precisar que el Código Penal rechaza que se puede juzgar a un menor de 14 años por la vía penal, como si de un adulto se tratara. La prisión queda excluida en estos supuestos, a no ser que el menor condenado a internamiento en régimen cerrado alcance la mayoría de edad sin haber cumplido con las medidas impuestas.
En esos casos se podría sustituir lo que reste por un tiempo de prisión, si bien es un escenario que no suele darse. Las fuentes consultadas precisan que las medidas acordadas para estos menores están individualizadas. Si los detenidos son menores con una vida familiar y personal normal, no se les suele imponer restricciones férreas.
Del mismo modo, tampoco se les puede obligar al pago de una multa por todo el daño al mobiliario urbano ocasionado. La Ley establece que la Fiscalía tiene la potestad para exigir la responsabilidad civil, que se estudia en una pieza separada del procedimiento. Si el responsable de los hechos es una persona menor de 18 años, serán los padres o los tutores los que respondan por los daños y perjuicios causados. Si son extranjeros o menores no acompañados, entonces tendría que asumir la responsabilidad civil el gobierno autonómico de turno.
La mano extranjera de las revueltas
En el caso de las protestas ocurridas el sábado en Barcelona, se han contabilizado 128 detenidos, 72 de los cuáles son menores de edad. Los arrestados (que pasaron a disposición judicial este fin de semana) saquearon una treintena de comercios. Por su parte, la Ertzaintza detuvo este lunes a 14 personas en Bilbao, por los incidentes ocurridos durante una concentración de jóvenes que protestaban contra un acto de Vito Quiles.
Tal y como ha informado LA RAZÓN, la Policía Nacional investiga ahora quién está detrás de la convocatoria de estas protestas. Los agentes han puesto el foco en los perfiles de las redes sociales de los usuarios que hicieron un llamamiento a convocar en estas protestas. Estas convocatorias se mantienen vigentes y ya se han detectado llamamientos para sacudir las calles el próximo fin de semana, coincidiendo con la festividad de Halloween.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reafirma la necesidad de seguir investigando el papel que jugaron las supuestas "cloacas del PSOE" en el acoso a la magistrada Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez y sentó en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno.
Para el togado, existen indicios suficientes para investigar "la posible intervención" de Leire Díez, la conocida como "fontanera del PSOE" a la que, con Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización, Ferraz financió sus actividades, algunas de las cuáles se pergeñaron en un "piso franco" en el centro de Madrid para reuniones con el resto de investigados, entre ellos el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, que contactó con clanes de la droga de Badajoz para actuar contra Biedma, llegando a trasladar a una de sus interlocutoras, Cintia Rocho, del "clan de los Rochos", que había que "eliminar" a la juez porque era un "puto grano en el culo".
Pedraz se expresa en esos términos en la resolución en la que desestima el recurso de Leire Díez contra su decisión de aceptar la personación de Biedma en el procedimiento en calidad de perjudicada, hasta el momento por ser víctima de un posible delito de calumnias.
No es una causa prospectiva
El juez niega también que la investigación que dirige sea prospectiva, como mantiene Leire Díez, pues según señala "los hechos relacionados con la magistrada ya aparecen incorporados al material obtenido durante la investigación principal y guardan relación con el objeto de la causa, por lo que su examen forma parte natural de la instrucción".
Según pone de relieve el juez del "caso cloacas" en ese auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, "para reconocer la condición de perjudicada no es necesario demostrar ya que exista un delito consumado, ni que concurran todos los elementos objetivos y subjetivos de una eventual calumnia". A este respecto matiza que "basta con apreciar una vinculación directa y razonable entre los hechos investigados y el perjuicio alegado".
Y recuerda que contra Biedma "se presentaron denuncias atribuyéndole hechos de naturaleza claramente delictiva" que fueron archivadas. No obstante, matiza, ese carpetazo judicial "no resuelve por sí mismo si existió o no una actuación calumniosa", pues determinar este hecho "corresponde a la instrucción".
Biedma sí es perjudicada
Pedraz asegura que dado que en la providencia del pasado 28 de septiembre recurrida por la defensa de Díez -en la que aceptó la personación de Biedma- no se la menciona, "ni siquiera sería necesario dar respuesta a lo planteado".
Pero, en todo caso, le aclara que "existen elementos que justifican investigar" su "posible intervención" en la "promoción o impulso de aquellas denuncias, más allá de que estuvieran formalmente firmadas por Luis José Sáenz de Tejada", el exjuez apartado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia de género en un procedimiento que instruyó la propia Biedma y que la convirtió en el objetivo de sus ataques en su canal de YouTube "Magistrado Anticorrupción".
Para el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la condición de perjudicada de Biedma por la supuesta trama para desbaratar las causas judiciales que atosigan al Gobierno de Pedro Sánchez y al propio PSOE no está en cuestión por el hecho de que las denuncias contra ella terminaran archivándose. "Aunque las denuncias fueran archivadas, el eventual daño al honor nace de la propia imputación de delitos y no depende de que la denuncia prospere o alcance el resultado pretendido", reza el juez.
Interrogatorios pendientes
En su recurso, la fontanera expuso que no existe "el más mínimo indicio" de la comisión del delito de calumnias por su parte y que "una denuncia archivada" no podía constituir este tipo penal. Se refiere la defensa de Díez a la batería de denuncias que la cloaca interpuso contra la juez tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su objetivo por intentar apartarla del caso del "hermanísimo".
"Todo procedimiento judicial incoado contra ella a instancia del Sr. Sáenz de Tejada ha resultado archivado, por lo que no ha resultado dañada su honorabilidad ni profesionalidad, máxime cuando las recusaciones presentadas contra ella no han sido aceptadas ni ha sido apartada de su puesto de Magistrada titular", argumentó la defensa letrada. Del mismo modo recordó que este tipo de acciones se atribuyen a Sáenz de Tejada, sin que ella tuviera nada que ver en el asunto.
Así pues, Pedraz sigue adelante con esta investigación en el marco de la cual interrogará el próximo 28 de octubre a Saénz de Tejada. El magistrado le imputó por cuatro delitos, entre ellos el de organización criminal, tras la comparecencia en sede judicial de Biedma. El instructor le preguntará por la campaña de acoso que denunció la juez en su comparecencia en sede judicial.
En dicha declaración, Biedma explicó que durante el tiempo que instruyó la causa contra David Sánchez sintió mucha "angustia" por la cacería a la que se vio sometida. Además, confesó que personas desconocidas se hicieron pasar por su hermano (que no tiene ) o su secretario en el colegio de sus hijas. También le enseñaron vídeos que se habían grabado de las menores, algo que le asustó especialmente.
El mismo día de su comparecencia en sede judicial, por la tarde, habría sido víctima de seguimientos por parte de propio Sáenz de Tejada. Biedma denunció en una comisaría de Policía Nacional que en el trayecto de vuelta del aeropuerto a su domicilio un coche blanco se puso a la altura del suyo y que, según su hija menor, en el mismo iría el exjuez ahora imputado. Dicha denuncia se ha adherido al procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional si bien el propio Sáenz de Tejada ha remitido un escrito explicando que él no era porque ese mismo día a esa hora estaba en Ciudad Real y no en Badajoz.
Beatriz Biedma, la jueza que llevó el caso David Sánchez: "He sentido temor por mis hijas. Había padres preocupados por tener a sus hijos en el mismo colegio que las mías"
La Diputación de Badajoz se opone a que el Tribunal de Cuentas actúe para que David Sánchez devuelva los más de 340.000 euros percibidos por el puesto de alta dirección que ostentó entre 2017 y 2025. El ente que preside la socialista Raquel del Puerto explica al máximo órgano fiscalizador que "no existe un concreto menoscabo en los fondos públicos" con los pagos al hermano del presidente del Gobierno y tampoco a Luis María Carrero, exasesor de Moncloa a quien el músico enchufó en el ente.
Así consta en la nueva documenta a la que ha tenido acceso LA RAZÓN y que se ha adherido a las diligencias abiertas para recuperar los fondos que ambos percibieron del ente tras la condena de la Audiencia Provincial de Badajoz. El procedimiento contable arranca con el impulso de Abogados Cristianos, al que se suman Hazte Oír, Vox e Iustitia Europa; entes todos ellos que ejercieron la acusación popular en la causa penal. La sentencia de los magistrados abrió la puerta a que se reclamara la responsabilidad civil de ambos, toda vez que resultaron condenados por un delito de prevaricación.
Sin embargo, la Diputación de Badajoz ya avisa que no hay menoscabo del dinero público. La sucesora de Miguel Ángel Gallardo (condenado en esta causa a 18 años de inhabilitación) avisa que la eventual existencia de "irregularidades administrativas" no basta determinar la responsabilidad contable de los condenados. Además, avanza que solo tienen legitimidad para pedirla la propia Diputación (por ser la que efectuó los pagos a David Sánchez y a su "hermanito") y la Fiscalía. Se da la circunstancia de que la primera de ellas se opone a recuperar el dinero que habría percibido de manera irregular.
En manos de la Diputación y la Fiscalía
De hecho, el ente pacense explica que la legitimación para reclamar los 340.000 euros pagados a David Sánchez y los cerca de 87.000 percibidos por Carrero corresponde "en exclusiva" a la "entidad local pagadora de las retribuciones" (esto es, a ellos mismos) o, "alternativamente", a la Fiscalía. Se trata de un extremo que ya contempló la Audiencia Provincial de Badajoz que en su sentencia expuso que no iba a entrar en el análisis de la responsabilidad civil de los condenados (entre los que se encuentran exaltos cargos de la Diputación) porque ello corresponde al Tribunal de Cuentas.
El Ministerio Público (que declinó acusar en el procedimiento penal) no se opone a que se practiquen las diligencias necesarias, de acuerdo con un escrito remitido al departamento segundo de enjuiciamiento, que dirige la consejera Elena Hernáez. En concreto, el fiscal pide que se ponga en marcha el proceso contable "para que se practiquen las diligencias" que contempla la ley.
La Diputación pacense, sin embargo, se niega a ello pese a ser la que desembolsó las cuantías irregularmente percibidas. Según indica, las retribuciones devengadas a Carrero y al hermano del presidente del Gobierno "guardaron correspondencia con los servicios efectivamente prestados y con las funciones desarrolladas". Cabe recordar que Sánchez obtuvo la plaza pública como coordinador de los conservatorios pacenses en 2017 aunque esa misma plaza derivó luego en jefe de la Oficina de las Artes escénicas. La juez que instruyó estas diligencias, Beatriz Biedma, entendió que se trató de un ascenso encubierto toda vez que modificó sus prestaciones iniciales sin que la plaza saliera a concurso.
Sin perjuicio para las arcas de la Diputación
Sin embargo, el ente que en el momento de los hechos presidía Miguel Ángel Gallardo expone que queda acreditado que los condenados prestaron los servicios por los que lograron sus cargos públicos, por lo que no cabría abrir el proceso contable para reintegrar los más de 400.000 euros que abonó la Diputación. Además, dicen que la sentencia de la Audiencia de Badajoz del pasado 14 de julio no es firme y que habría que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura resuelva los recursos para actuar.
El dictamen que firma la presidenta de la Diputación se apoya en un informe previo de la Intervención General en el que se avisa que, para impulsar el proceso contable, se exige que el menoscabo sea "real y efectivo". "La ilegalidad del procedimiento seguido para la creación de un puesto o la selección de personal no determina por sí sola la existencia de daño cuando los pagos respondan a una contraprestación efectivamente realizada", avisa la Intervención.
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