El Grupo Volkswagen empieza a sentir que el tiempo corre en su contra, que el riesgo de desangrarse más rápido de lo previsto se acelera y debe actuar cuanto antes para detener la hemorrgia. Las pérdidas de Volkswagen urgen a adoptar medidas cuanto antes. Así lo ha asegurado el director fianciero y de operaciones del Grupo, Arno Antilitz durante la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre, que "no podemos perder más tiempo y debemos actuar con rapidez y decisión" en la aplicación del plan de reestructuración.

La afirmación la hizo después de presentar unas pérdidas netas el tercer trimestre del año de 4.648 millones de euros, cerca de diez veces más que hace un año. El Grupo Volkswagen cuenta actualmente con cerca de 650.000 rabajadores y plantea recortes de plantilla de hasta 100.000 empleados, además del cierre de plantasen Alemania. Antlitz apela ahora a la necesidad de acelerar en el proceso de ajustes. En plan contempla reducr a la mitad la gama de modelos de producción, reducir sus estructuras, optimizar los costes de los vehículos y reducir gastos de funcionamiento.

Porche lastra sus resultados

Actualmente Volkswagen cuenta entre sus marcas con Skoda, Seat, Cupra, Audi y Porsche. Es precisamente esta última marca la que más está lastrando las pérdidas del grupo. A ello se suma, según ha señalado hoy, la debilidad del negocio del grupo en China, donde las ventas se han recortadeo en un 30%. Junto a estas dificultades, la evolución económica del grupo alemán ha estado lastrada por los aranceles en los EEUU y el coste que está teniendo la reestructuracion del Grupo.

Hasta septiembre la pérdida neta atribuida ha sido de 2.074 millones de euros. Un resultado que contrasta con los beneficios de 3.523 millones de euros que se registarron en el mismo periodo del año pasado.

En cuanto al beneficio operativo, de enero a septiembre apenas alcanzó los 71 millones de euros, muy alejados de los 5.408 millones que se generaron hace ahora un año. El descenso en el resultado operativo se debió principalmente a resultados extraordinarios por valor de 8.700 millones de euros, de los cuales 7.800 millones correspondieron al tercer trimestre.

Porsche lastra el resultado del grupo VW

Los cargos por deterioro del fondo de comercio de Porsche de 6.400 millones de euros, depreciaciones de activos de sociedades consolidadas en China de 1.000 millones de euros y gastos de la venta de la fábrica de Volkswagen en Osnabrück (norte de Alemania). Las dificultades en China, que durante años fue su mayor mercado único, la presión sobre los precios y la competencia a escala mundial lastran los resultados.

El mayor peso de los vehículos eléctricos en las ventas totales también esta perjudicando el resultado del Grupo, ya que su margen de beneficio es significativamente menor que los vehículos de gasolina o diésel: "El éxito comercial de nuestros vehículos eléctricos ejerce una presión adicional sobre nuestros beneficios, ya que actualmente obtenemos menos ganancias con los vehículos eléctricos que con los vehículos de motor de combustión", dijo Antlitz.

La facturación del grupo descendió un 6,3 % en el tercer trimestre, hasta unos 75.280 millones de euros, y en los nueve primeros meses un 2,2 %, hasta 233.378 millones.

Los vehículos eléctricos representan el 40 % de la cartera de pedidos del grupo Volkswagen. La familia de vehículos urbanos eléctricos, con 150 000 pedidos, contribuye de forma significativa a esta cifra.

La rentabilidad operativa sobre las ventas fue negativa en el tercer trimestre, del -7,8 %, por cada 100 euros que Volkswagen genera en ingresos, pierde 7,80 euros. Antes de extraordinarios se situó en los nueve primeros meses del ejercicio en el 3,8 %, una cifra que Antlitz calificó de "demasiado baja" para seguir invirtiendo con fuerza en su futuro.

Volkswagen prevé en 2026 un margen de rentabilidad operativa sobre las ventas del 1 % (2,8 % en 2025) con una facturación de unos 315.000 millones de euros.

Caen las ventas y beneficios de la gama alta 

El grupo redujo las entregas de turismos y vehículos comerciales en los nueve primeros meses un 9 %, hasta 6 millones de vehículos. La caída se produce sobre todo en las marcas VW (-13,7 %), Audi (-11,4 %), Bentley (-17,5 %) y Porsche (-16 %) porque venden mucho menos en China.

La única marca de turismos que sube las ventas es la checa Skoda (6,1 %). La marca VW obtuvo hasta septiembre un beneficio operativo de algo más de 800 millones de eurs, Skoda de más de 1.900 millones y las marcas españolas Seat y Cupra de 6 millones. Las marcas Audi, Lamborghini, Bentley y Ducati obtuvieron un resultado operativo de 1.150 millones de euros (-26 % que un año antes). Porsche obtuvo un beneficio operativo de 1.735 millones de euros (40 millones un año antes).

Tienen pérdidas operativas la filial de software Cariad, de algo más de 1.300 millones de euros, y la de baterías, de 1.050 millones.Reportan beneficio la división de camiones, de 1.655 millones de euros, y los servicios de movilidad, de 2.690 millones.

La multinacional energética Naturgy obtuvo unos beneficios de 1.758 millones de euros hasta septiembre, un 5,4 % más que en los nueve primeros meses de 2025. Con este resultado, la gasista ha revisado al alza sus estimaciones para 2026, ya que prevé cerrar el ejercicio con unas ganancias récord de 2.200 millones de euros.

Según ha comunicado este jueves a la CNMV, el supervisor bursátil español, Naturgy logró un beneficio operativo o ebitda de 4.380 millones, un 3,9 % superior al del mismo período de 2025, mientras que la facturación del grupo se elevó hasta los 15.374 millones, un 5,4 % más.

Al igual que en el caso del beneficio neto, Naturgy también ha modificado al alza sus previsiones de ebitda para el cierre de 2026 y estima que el beneficio operativo será superior a los 5.600 millones, mientras que augura que su deuda neta se quedará por debajo de los 13.000 millones -hasta septiembre estaba en 12.307 millones-.

Dividendo a cuenta de 0,6 euros el 5 de noviembre

Con estos resultados y con la mejora de las previsiones de cierre para este ejercicio, el consejo de administración de Naturgy ha dado luz verde a un segundo dividendo a cuenta. El beneficio en forma de dividendo para sus accionistas será de 0,6 euros por acción, que se abonará el próximo 5 de noviembre.

La compañía reafirma así su política de dividendos, de forma que la remuneración total al accionista con cargo al actual ejercicio será de 1,80 euros por acción.

En un comunicado, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha resaltado que la multinacional sigue cumpliendo con los compromisos adquiridos con el mercado y garantizando seguridad de suministro a sus clientes.

Entorno "volátil" en los mercados

Por negocios, el de redes de distribución aportó 2.354 millones al ebitda, un 12,8 % más, el de mercados energéticos reportó 2.068 millones, un 4,3 % menos, y el resto de actividades restaron 42 millones al ebitda.

Naturgy destaca el "sólido desempeño" de la compañía en un entorno "volátil", marcado por el conflicto en Oriente Medio y sus efectos sobre las cadenas de suministro de petróleo y gas, las infraestructuras de gas natural licuado y rutas de transporte de relevancia global como el estrecho de Ormuz.

Ratifica que dispone de 12.000 millones para operaciones

Si el anterior trimestre cifró en entre 10.000 y 12.000 millones de euros la capacidad financiera de la que dispone para afrontar hipotéticas adquisiciones, este jueves ha ratificado que dispone de hasta 12.000 millones de "capacidad financiera" para abordar "potenciales operaciones corporativas".

Con todo, Naturgy supedita un eventual uso de estos fondos "al cumplimiento de criterios mínimos de rentabilidad y a la preservación del rating".

"La compañía mantiene como principio priorizar la creación de valor frente al tamaño", insiste Naturgy, que subraya que cualquier oportunidad de crecimiento inorgánico deberá cumplir el principio de "disciplina financiera, sin que el aumento del tamaño constituya un objetivo por sí mismo", apostilla.

Ya a finales de abril, la compañía avanzó que analizaba compras para reforzarse, principalmente en electricidad, en mercados como Europa Occidental y EEUU.

Presentará nuevo plan estratégico en 2027

Por otra parte, la compañía ha detallado que está cumpliendo con los compromisos de su plan estratégico actual y que presentará su próximo plan estratégico hasta 2030 el próximo año.

En cuanto a las inversiones hasta septiembre, Naturgy precisa que se situaron en 1.281 millones, principalmente en redes de distribución y proyectos de generación renovables.

De esta forma, la capacidad de generación renovable operativa de la multinacional supera los 8,6 GW y se prevé que más de 500 MW adicionales entren en operación en el cuarto trimestre de 2026, "lo que acercará la capacidad operativa total a los 10 GW a final de año".

Naturgy detalla que en renovables y almacenamiento prevé poner en servicio 1 GW de capacidad adicional durante 2026 y otros 2,1 GW entre 2027 y 2030, de los que 1,2 GW corresponderán a baterías.

El año 2026 está siendo un buen ejercicio para los mercados de petróleo, con su cotización en máximos. Los resultados de compañías como Repsol lo reflejan. En los nueve primeros meses de este año la compañía ha multiplicado por cuatro sus beneficios y ha logrado por primera vez rebasar los 5.000 millones de beneficio neto, frente a los 1.177 del mismo periodo del año pasado. La crisis del petróleo que ha disparado su precio se ha reflejado en un mayor margen para la compañía tanto en la comercialización del crudo como del refino.

Según los resultados presentados hoy por la petrolera que lidera Josu Jon Imaz, Repsol obtuvo hasta el pasado mes de septiembre un beneficio neto de 5.006 millones de euros, lo que supone un incremento del 325 % respecto al mismo periodo del año anterior. El buen comportamiento lo explica la compañía por el efecto patrimonial positivo que refleja la subida de los precios del crudo y derivados sobre el valor contable de las existencias almacenadas.

Recompra y dividendo

Los buenos resultados se dejarán notar en los dividendos y politica de retribución de la compañía. Repsol tiene como objetivo destinar entre el 30 y el 40 % del flujo de caja de las operaciones a retribuir a sus accionistas, incluyendo dividendos y recompra de acciones hasta 2028. Así, ha lanzado un tercer programa de recompra de acciones con una inversión máxima neta de 950 millones, que está previsto que se ejecute antes de que finalice el año.

El pasado lunes concluyó el segundo programa de recompra de acciones propias por importe de 500 millones de euros, que se suma al ya ejecutado de 350 millones de euros, elevando el importe total de recompra de acciones para amortización hasta 850 millones de euros.

Para 2026, el dividendo en efectivo asciende a 1,051 euros brutos por acción, un aumento aproximado del 8 % respecto a 2025. La compañía abonó en enero el primer dividendo en efectivo previsto, de 0,5 euros brutos por acción; y el segundo, en julio, de 0,551 euros por acción.

También prevé un pago en enero de 2027 de otros 0,56 euros brutos por acción entre sus accionistas mediante el reparto de 0,53 euros brutos con cargo a reservas libres ya aprobado por la junta general de accionistas y un dividendo de 0,03 euros brutos a cuenta de los resultados del ejercicio 2026. En lo que va de año, la actividad de Repsol generó una contribución fiscal de 10.500 millones de euros, el 72 % en España (7.500 millones).

3.700 millones para asegurar el suministro

La energética española ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un resultado neto ajustado de 5.419 millones en los nueve primeros meses del año, un 184,2 % más que un año antes. En el informe de resultados se detalla que el beneficio neto incorpora un efecto patrimonial positivo valorado en 943 millones de euros, frente al impacto negativo de 478 millones sufrido en el mismo periodo del año previo.

Ante unas condiciones de mercado muy complejas, derivadas de los conflictos en Oriente Medio y en Ucrania, Repsol ha destinado cerca de 3.700 millones de euros en estos nueve primeros meses de 2026 a incrementar sus existencias y asegurar la continuidad del suministro. Asimismo, ha destinado cerca de 100 millones en descuentos adicionales para clientes en estaciones de servicio.

Evolución del negocio por áreas

Respecto a la evolución del negocio por áreas, el resultado neto ajustado de exploración y producción ('upstream') alcanzó los 1.088 millones de euros hasta septiembre, un 28,6 % más que en los nueve primeros meses de 2025. En el caso del beneficio neto ajustado de industrial, este fue de 3.668 millones de euros, impulsado por los mayores márgenes de refino, frente a los 540 millones registrados en el mismo periodo de hace un año cuando fue impactado negativamente por los apagones eléctricos.

El negocio de cliente, que representa el 11 % del resultado neto ajustado, registró un incremento interanual del 4,6 %, hasta 613 millones de euros y el área de generación baja en carbono obtuvo un resultado neto ajustado de 43 millones, un 23 % más. El área de exploración y producción ha alcanzado una producción media de 557.000 barriles equivalentes de petróleo al día (bepd) entre enero y septiembre.

Repsol apunta que en Venezuela las prioridades de la compañía siguen enfocadas en contribuir al aumento de producción del país, así como a monetizar los volúmenes producidos por la compañía, con progresos relevantes en Petroquiriquire, Petrocarabobo y Cardón IV y en lo que va de año.

Además, Repsol señala que ha monetizado tres cargamentos de crudo procedente de Venezuela como pago por el gas producido y espera recibir dos más en el año.

Proyectos de 11.500 millones hasta 2030

Ante el contexto de incertidumbre global, Repsol destaca que redobla su compromiso con España con 11.500 millones en proyectos hasta 2030.

De esta cifra, el 60 %, unos 7.000 millones de euros, serán iniciativas que se situarán en los entornos de los actuales centros industriales, entre las que destacan nuevas plantas de producción de hidrógeno renovable y una tercera planta de combustibles de origen 100 % renovable, que se sumará a las ya operativas de Cartagena y Puertollano, y a las que se han destinado 400 millones de euros, aproximadamente.

En el área de generación baja en carbono, Repsol prevé seguir desarrollando proyectos, principalmente eólicos y de almacenamiento energético, como la ampliación de la central hidráulica de bombeo reversible de Aguayo, en Cantabria.

Es un mercado que no deja de crecer. Lo hace mientras la industria busca la fórmula para abaratar precios de los vehículos nuevos y aumentar la oferta a precios asequibles de modelos electrificados. Pero en España, el mercado de coches de segunda mano no para de aumentar. Y lo hace, cada vez más, buscando coches baratos y a precios asequibles. Ambas condiciones están provocando que la venta de vehículos con más de 15 años de antigüedad se haya disparado en los últimos años hasta rozar las 900.000 unidades al año actualmente.

Según los datos aportados por la patronal GANVAM, Faconauto y la DGT, este mercado de coches de ocasión ha ido en aumento de modo importante desde hace al menos cinco años. En este lustro las ventas de coches de segunda mano se ha incrementado un 20%, al pasar de 727.000 turismo vendidos en 2021 a 885.000 el año pasado. Y la evolución sigue al alza este año, cuando se espera cerrar el ejercicio con algo más de 910.000 unidades con más de 15 años de antigüedad vendidas.

La mayoría de estas operaciones de vehículos de mayor antigüedad o transacciones se hacen entre particulares. Los precios en estos casos suelen estar por debajo de los 4.000 euros. En el mercado de segunda mano este tipo de modelos rondan los 2.000 a 3.000 euros.

Un 30% de coches con más de 20 años de antigüedad

Los turismos con más de tres lustros representan cuatro de cada diez ventas del mercado de ocasión. Cada año se transfieren algo más de 2 millones de vehículos de segunda mano, de las que el 40% de unidades vendidas superan los tres lustros de antigüedad.

Más aún, cerca de un 10% del mercado de segunda ocasión, más de 200.000 coches de ocasión superan los 20 años de antigüedad.

Este año la supremacía del mercado de ocasión frente al mercado de vehículos nuevos se sigue reforzando. El ratio es de 1,8 coches de segunda mano vendidos frente a la matriculación de un vehículo nuevo. Así, según datos de Anfac, entre enero y septiembre de este año se han vendido 1,64 millones de vehículos de ocasión, -de segunda mano-, frente a 912.000 nuevos.

Segunda mano: un 90% de diésel y gasolina

Una realidad que supone un retroceso en el intento de descarbonizar la movilidad. No en vano, en el mercado de ocasión cerca del 90% de las ventas corresponden a coches de combustión: diésel (52%) y gasolina (37%). Menos de un 10% de las ventas de ocasión corresponde a turismo con algún tipo de movilidad electrificada.

En cambio, en las ventas de unidades nuevas el 37% han sido híbridos no enchufables. Otro el 31% ha correspondido a los turismos con motor de gasolina, el 7% a híbridos enchufables, el 5,9% eléctricos y el 8,5% a unidades diésel.

La renta disponible de los consumidores a la hora de adquirir un vehículo es la razón que está determinando el comportamiento al alza del mercado de segunda mano. Según reconocía este martes la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM), la edad media del parque móvil español ha pasado de 9,2 años en 2010 a los 14,6 años de antigüedad el año pasado. O lo que es lo mismo, de los cerca de 37 millones de vehículos de todo tipo que conforman nuestro parque móvil, más del 62% supera los diez años y otro 30% incluso rebasa los 20 años.  

Ventas del mercado de ocasión

Más aún, si se analiza la renovación y modernización de nuestro parque móviel, GANVAM recuerda que apenas un 17,8% de los vehículos que circula por nuestras carreteras tiene menos de 4 años. La patronal recama que se ponga en marcha un Plan Nacional de Renovación del parque que recupere medidas fiscales como los incentivos al achatarramiento para favorecer así la retirada de los vehículos más antiguos y contaminantes. Además, reclaman que se faciliten planes de apoyo a la compra de coches de segunda mano con una antigüedad inferior a cinco años.

Según sus datos, en los últimos siete años la apuesta por modelos de ocasión ha aumentado por el encarecimiento de los modelos nuevos que se ofertan en el mercado. Entre 2018 y 2025 el precio final estimado de un coche nuevo, una vez aplicados los descuentos y añadido los impuestos pasó de 21.000 a 29.000 euros, lo que supone un encarecimiento medio del 40%.

Un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) revela que el sector de la venta y reparación de vehículos representa cerca del 7% del PIB español. Supone una facturación anual que alcanza ya los 110.000 millones de euros y emplea a alrededor de 390.000 personas, un 18% más que hace ocho años.

El refuerzo empieza a ser una factura costosa y un lastre para muchas plantas renovables. El incidente del 28 de abril de 2025 encendió las alertas en el operador de la red eléctrica, que optó por blindarse. Lo hizo activando el llamado ‘modo reforzado’, con el que se está recurriendo a fuentes de control de tensión más sólidas como los ciclos combinados y perjudicando con ello a sistemas con menor capacidad de control como la fotovoltaica y la eólica. La situación empieza a alargarse demasiado en el tiempo y sin fecha aún de retornar a la normalidad.

Por ello, sectores como el fotovoltaico alzan ya la voz para exigir al operador Red Eléctrica que vaya desescalando este modo de operar, que está suponiendo pérdidas económicas e inestabilidad para su sector y un sobrecoste en la factura de hogares e industria. El director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, reclama que se den nuevos pasos para evitar este mecanismo de operación de la red eléctrica que obliga, en gran medida, a limitar la generación de energía limpia en aras de un mejor control de la tensión y la inercia. UNEF recuerda además que el llamado ‘modo reforzado’ en realidad no existe como estado de operación en los procedimientos aprobados y que su falta de regulación específica lo sitúa en un escenario excepcional sin fecha de conclusión.

Desde el sector fotovoltaico recuerdan que esta fórmula y los ajustes técnicos que se están aplicando en los últimos meses están provocando que se disparen no solo los periodos en los que se les obliga a detener o limitar su producción, sino que la falta de capacidad de almacenamiento energético está impidiendo aprovechar mucha de la energía que se genera y finalmente no se puede aportar al sistema, obligando a vertidos forzosos de energía. A este respecto el responsable patronal insistió en criticar las trabas burocráticas que paralizan el avance del almacenamiento energético en el ámbito administrativo. Donoso considera "inadmisible" que los trámites institucionales continúen dilatándose entre seis y siete meses, una demora que impide acelerar las soluciones técnicas en un momento en que el sistema sigue registrando precios elevados en las horas en las que se pone el sol.

Sobrecoste en las facturas: 783 millones

La patronal fotovoltaica insiste en que la energía fotovoltaica cuenta ya con capacidad técnica suficiente para aportar soporte de tensión y estabilidad a la red. El sector recuerda que la madurez técnica de las plantas permite ya gestionar la estabilidad del sistema sin castigar la generación de energía limpia, como ahora se hace. Recuerdan que las restricciones técnicas están obligándoles a detener su generación y sin que al mismo tiempo se esté favoreciendo una extensión de sistemas de almacenamiento ni el refuerzo de la red, actualmente colapsada en gran parte de su infraestructura.

Hasta ahora Red Eléctrica ha reconocido que aplicar el modo reforzado le ha supuesto un coste directo que estima en 783 millones de euros. El año pasado fueron 516 millones y entre enero y agosto de este año han alcanzado los 267 millones de euros. Una factura que pagan los consumidores, hogares y empresas, a través de su factura.

En su última aparición en el Congreso, la directora de operaciones, Concepción Sánchez, aseguró que ya se ha comenzado a rebajar el ‘modo reforzado’ iniciado en mayo de 2025. Sin embargo, por ahora Red Eléctrica se resiste a avanzar cuándo lo suspenderá por completo y retornará a la situación anterior a la crisis de abril. En este tiempo transcurrido se han programado más centrales síncronas, principalmente de gas, con las que se ha buscado dotar de mayor estabilidad a la red y evitar riesgos de sobretensión.

Restricciones técnicas disparadas

Sin embargo, más allá de las medidas propias del modo reforzado, en los últimos años las restricciones técnicas para operar la red han sido cada vez mayores y más costosas. Si en 2021 suponían un coste de 724 millones de euros, en 2026 rozaban en agosto los 3.600 millones, un 34% más que los ocho primeros meses del año anterior.

Otro de los cambios que se activó tras la alerta en el sistema fue la modificación del sistema de control dinámico de la tensión en la red. Hasta entonces no se permitía que las plantas de generación solar o eólica pudieran participar de este mecanismo con el que se controla la tensión y por el que las plantas participantes son remuneradas. Tras aquel episodio, la CNMC aprobó la modificación de la normativa y se abrió la puerta a que plantas renovables, previa homologación, pudieran sumarse a este mecanismo hasta ahora limitado a plantas como los ciclos combinados, las instalaciones hidráulicas o las nucleares.

Sin embargo, la apertura de este mecanismo avanza a un ritmo mucho más lento del esperado. En la práctica, se ha generado un cuello de botella técnico y administrativo: menos del 10% de la potencia renovable peninsular ha completado las exigentes pruebas de campo para homologar sus controladores de planta y operar en tiempo real bajo consignas de Red Eléctrica. Actualmente cerca de un centenar de proyectos siguen atascados en fases de tramitación.

Bajo incentivo económico

A este retraso operativo se suma la falta de atractivo económico que denuncia el sector. A pesar de que la CNMC aprobó un marco retributivo específico -fijando pagos de 0,7 €/MW-día por disponibilidad y 2 €/Mvarh por energía reactiva aportada-, para muchas instalaciones medianas y pequeñas la compensación apenas cubre el coste de certificar y adaptar sus equipos, lo que desincentiva la inversión voluntaria y perpetúa el recurso al gas en los nudos críticos.

Durante su XIII Foro Solar, Donoso también apeló a las ventajas del autoconsumo como "motor para la industria, pero también para los ciudadanos", que se benefician con "más de 2.700 millones de euros menos de costes que no se cargan sobre las facturas de los consumidores". Recordó que se trata de una tecnología que permite tener "una energía un 80% más baja que si no tuvieras fotovoltaica": "Con la fotovoltaica ganamos todos, igual que con el autoconsumo, que se quiere presentar como algo para ricos, pero no es verdad. Más del 50% es industria, es un motor para la industria y también una manera de que todos paguemos la energía más barata".

La Universidad de Deusto ha anunciado que cerrará el acceso a su campus universitario en Bilbao y que suspenderá su actividad docente a partir de las 14.00 horas de este mediodía ante el riesgo de incidentes con motivo de la llegada del activista de extrema derecha, Vito Quiles, a la capital vizcaína.

El acto, que estaba anunciado en el entorno del centro universitario, ha sido contrarrestado con varias concentraciones de rechazo y que podrían derivar en incidentes. Por ello, la Universidad, que aclara que se trata de "un acto ajeno a la institución, que no organiza ni respalda", ha anunciado que cerrará su campus a partir de las 15.00 horas.

A través de una nota, la institución universitaria ha asegurado que está en coordinación con la Ertzaintza, que también ha anunciado que desplegará un operativo para evitar incidentes y respetar la libertad de expresión de la ciudadanía. Además, ha afirmado que la Universidad rechaza "las actuaciones y los mensajes que deterioran la convivencia o incitan a la violencia": "Son incompatibles con nuestro compromiso con el respeto a las personas y con la construcción de una sociedad plural, basada en el diálogo respetuoso y el debate riguroso, en un entorno de libertad y seguridad".

El acto que bajo el lema "Mafia o patria" ha organizado al agitador de extrema derecha se inició el pasado 15 de octubre en Pamplona y continuó en Barcelona y Zaragoza. Esta tarde, en torno a las 19.00 horas, está previsto que llegue a Bilbao. El 'Tour combativos II' visitará una decena de ciudades más hasta el 19 de noviembre.

Poco después de conocer la decisión de la Universidad de Deusto, Vito Quiles ha denunciado la gravedad de la decisión del centro universitario de cerrar sus puertas "por miedo a la violencia de los proetarras y radicales de extrema izquierda". Ha asegurado que en torno a las 15.00 horas anunciará si reubica su acto o si finalmente "por seguridad de los asistentes" decide desconvocar el acto previsto.

Además de colectivos afines a la izquierda abertzale, también organizaciones como las juventudes del PSE se han posicionado en contra del "discurso ultra" de Quiles y a no "normalizar" sus mensajes: "No es bienvenido. No lo vamos a normalizar".

La incertidumbre y el miedo son malos consejeros. Más aún en la economía. En estos días, ambas sobrevuelan los mercados del petróleo. Lo hacen a medida que las tensiones se acentúan en el Golfo y las amenazas de que el conflicto pueda volverse a agravar en cuestión de días se intensifican. Este viernes, el barril de crudo alcanzó el precio más alto desde que se inició la guerra de Irán el pasado mes de febrero: 117 dólares por barril. La cifra supone un encarecimiento de nada menos que el 60%.

Parecía que la situación podía reconducirse, pero los últimos acontecimientos han demostrado que el escenario es demasiado incierto y frágil como para confiar. Los últimos ataques hutíes contra objetivos de Arabia Saudí, entre ellos refinerías, han sido el revés que ha vuelto a cuestionar el suministro de petróleo.

Ataques a refinerías del Golfo

La refinería de Yanbu, punto clave del oleoducto Este-Oeste -que conecta el área de producción saudí con el mar Rojo y por el que se estaba evitando el tránsito por el estrecho de Ormuz-, ha sido un duro golpe para los mercados, al anular la principal vía alternativa de transporte y disparar inmediatamente los costes de los fletes marítimos y los seguros de los petroleros.

Esta parálisis logística no solo ha interrumpido el flujo de materia prima, sino que también ha afectado a la capacidad global de procesar derivados. Los ataques a las plantas del Golfo están disparando los márgenes de refinado y encareciendo de forma importante los productos finales como el diésel, el queroseno de aviación y la gasolina, cuyos precios escalan a un ritmo incluso superior al del propio barril de crudo.

Miedo a un ataque tras las elecciones en EEUU

Tampoco ha ayudado a estabilizar los mercados la información publicada por algunos medios de los EEUU en las que se asegura que Trump e Israel estarían preparando un nuevo ataque contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.

En el estrecho de Ormuz el tráfico de buques continúa siendo moderado. Por ahora, Trump descarta cualquier tipo de negociación con Irán que pueda reconducir la situación y prefiere advertir de que el escenario podría cambiar pronto. El presidente de los EEUU prefiere esperar a que se celebren las elecciones y acusar a Irán de encarecer el precio del petróleo como arma electoral contra el partido Republicano.

Caída de reservas e impacto en la inflación

La Agencia Internacional de Energía (AIE) ya ha advertido en su boletín de octubre que la recuperación del suministro es por ahora frágil. En su informe de septiembre constató que las existencias mundiales de barriles en el mercado habían caído en 506 millones respecto a febrero y que el envío de productos refinados desde Oriente Medio aún no se había recuperado. A esta escasez de inventarios se suma la duda sobre si la OPEP+ o EEUU estarán dispuestos a liberar reservas estratégicas de emergencia para aliviar la presión sobre los mercados.

En este contexto, la prima de riesgo se ha incrementado. El sobreprecio preventivo incide directamente en los contratos de futuros y amenaza con un impacto económico global severo. Un barril de Brent en los 117 dólares encarece el transporte y los costes industriales, reavivando con ello el temor a un repunte de la inflación.

El precio de la luz no es la única razón. Ni siquiera es la más relevante. En el incremento de las facturas energéticas que pagan hogares, empresas e industrias, el factor que está provocando un sobrecoste 'invisible' es el funcionamiento de la red eléctrica. Lo hace de modo especial desde el apagón del 28 de abril del año pasado. Asegurar no solo un correcto suministro, un necesario ajuste de oferta y demanda, y una operativa segura de la red está conllevando en los últimos años un coste cada vez más disparado. En lo que llevamos de 2026 el incremento es ya del 41%. El encarecimiento de estos servicios para operar la red, los llamados 'servicios de operación' -que los consumidores pagan en sus facturas- suponen ya más del doble que hace solo dos años.

El 'Observatorio del coste de los servicios de Operación', que agrupa a algunas de las principales asociaciones del sector y agentes empresariales y energéticos, estima que el año 2026 se cerrará con un coste que rondará los 6.000 millones de euros. Supone una cifra que duplica los 2.695 millones de euros que se pagaron por los servicios de operación en 2024 o los 2.400 millones de 2023. Solo entre enero y septiembre de este año el coste ha alcanzado los 4.360 millones de euros, lo que supone un encarecimiento del 41%. Sólo en los primeros quince días de octubre la factura por estos servicios ha alcanzado los 260 millones de euros.

El 'modo reforzado' tras el apagón, uno de los factores que dispara la factura

Desde el Observatorio -al que están adheridas entidades como Aelec, AEGE, Cepyme o ACIE, entre otras- denuncian que el encarecimiento se ha acelerado en poco tiempo. El coste del conjunto de actuaciones técnicas y de gestión para operar correctamente y con garantías la red que lleva a cabo Red Eléctrica se ha disparado. Si en 2024 el coste medio por MWh era de 11,62 euros, en la primera quincena de este mes alcanzaba ya los 25,95 euros el MWh.

Unos costes disparados que se soportan con el pago que los consumidores hacen en sus facturas y que en el caso de los hogares representan ya el 8% del total del pago, pero que en la pequeña empresa es del 11% de su factura eléctrica y en la industria electrointensiva supone ya el 16%.

Los costes para operar el sistema eléctrico se han incrementado tanto que desde el Observatorio aseguran que en algunos momentos ha alcanzado incluso “niveles superiores al propio precio de la energía”. Aseguran que el incremento se ha agravado sin duda por la aplicación del llamado modo reforzado de operación que se acordó tras el apagón: “Este mecanismo se ha intensificado de forma notable, provocando un aumento sustancial de los costes que soportan hogares y empresas”. Subrayan que esta realidad no solo encarece el propio suministro eléctrico, sino que supone un impacto negativo para la competitividad de las empresas que deben asumir una factura mayor por los costes eléctricos de su actividad.

Petición a la CNMC para frenar el impacto en la industria

Para contribuir a una reducción de estos costes y rebajar el perjuicio a la competitividad de las empresas, desde el Observatorio se reclama una mayor transparencia y desglose de los costes que tiene operar el sistema: “Es imprescindible que la CNMC refuerce la fiscalización de estos costes, especialmente los de la operación reforzada, cuya eliminación generaría importantes ahorros a los consumidores”, señalan. Reclaman además la publicación detallada y periódica de todos los costes y fijar un calendario para poner fin al uso del modo reforzado de operación de la red.

Se propone evaluar “soluciones regulatorias” que permitan asegurar la financiación de los servicios necesarios, pero sin penalizar a la industria y logrando un equilibrio entre estabilidad de suministro y competitividad industrial. Recuerdan que en la vecina Portugal recientemente el regulador “incluyó un porcentaje, el 40% de los costes del servicio de ajuste, en la tarifa”: “Es lo que estamos proponiendo el sector, que de algún modo, se busque un componente regulado para intentar solventar estos costes. De algún modo, socializa ese coste entre más consumidores y hace que la industria no tenga tanta tensión”.

Junto a ellos plantean avanzar “hacia un marco fiscal estable y coherente con los objetivos de descarbonización, competitividad industrial y autonomía estratégica”. Señalan que la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial a la Electricidad, entre otras, “debe consolidarse de forma permanente, evitando la introducción de costes adicionales que encarecen artificialmente la electricidad”.

Fue uno de los símbolos de la lucha contra ETA. En su entrada figura un panel con los cerca de un centenar de agentes de la Guardia Civil que murieron por atentados de la banda en Gipuzkoa. Su lista de detenciones y comandos de la banda desarticulados es larga. Es el lado brillante de su historia. Pero el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián también esconde un lado oscuro: la ‘guerra sucia’ contra ETA. En algunas de sus estancias se practicaron torturas y se vivieron algunos de los episodios de vulneración de la ley más graves de los duros años 80 y 90 de violencia terrorista.

Ahora, el Gobierno vasco quiere que el emblemático cuartel que el general Enrique Rodríguez Galindo lideró durante muchos años con mano de hierro se convierta en símbolo de tortura y de vulneración de derechos. Pero no solo Intxaurrondo. La Comisión de Valoración de Víctimas de Motivación Política, vinculada a la Consejería de Justicia del Ejecutivo, quiere que un cuartel más de la Guardia Civil y dos comisarías de la Policía Nacional también engrosen esa lista de ‘memoria’ de la tortura.

Se trata del cuartel de La Salve de Bilbao y de las comisarías de Indautxu, en la capital vizcaína, y la comisaría de Amara, en San Sebastián. La comisión que evalúa denuncias de posibles torturas y excesos policiales cometidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza entre 1978 y 1999 quiere que los cuatro centros policiales se conviertan en símbolo de la lucha al margen de la ley que también se practicó durante años en la batalla contra el terrorismo. "Venimos constatando que hay determinados centros de detención que aparecen y reaparecen, una y otra vez, como lugares en que se practicó la tortura de una severa gravedad. Son torturas que responden en muchos casos a patrones que se repiten por cuerpo policial, momento histórico y lugar concreto de detención", señala el informe.

305 víctimas de tortura y abusos policiales reconocidas

La petición la lanzó la presidenta de la Comisión, Juana Balmaseda, durante la presentación del último informe de este organismo que ya ha reconocido a 305 personas como víctimas de torturas y excesos policiales. En este último informe se incluye el reconocimiento de 60 casos más. A todas ellas se sumarán más, ya que aún restan 284 expedientes por resolver. Además, los responsables de la comisión recordaron que existen otras 416 peticiones para ser analizadas que no se han incluido por presentarse fuera de plazo al inicio de los trabajos de este organismo. La Comisión de Valoración estima que para el año 2028 concluirá de manera definitiva el análisis de los expedientes pendientes.

Un reconocimiento de víctimas que incluye en muchos casos el pago de una indemnización económica. Los 60 nuevos casos conllevan unos pagos indemnizatorios por un montante total de 993.000 euros. Las víctimas a las que se ha dado por acreditado que sufrieron malos tratos por parte de agentes o funcionarios públicos recibirán en su conjunto algo más de 618.000 euros. Una de las víctimas acreditadas percibirá casi 35.000 euros por haber recibido el impacto de una pelota de goma y los casos de heridos o fallecidos por arma de fuego supondrán un desembolso de las arcas públicas de casi 334.000 euros.

Abusos sexuales y maltratos mortales

En la lista de víctimas reconocidas por la Comisión figuran algunas personas relacionadas con ETA que fueron maltratadas, así como miembros vinculados a la izquierda abertzale o del entorno de las familias de presos de ETA, el Partido Comunista o el sindicato LAB.

El informe destaca los numerosos casos de mujeres que sufrieron amenazas y violencia de carácter sexual. Uno de los casos más relevantes es el del médico de Oiartzun, Esteban Murutagoiena, quien fue detenido el 16 de marzo de 1982 en San Sebastián. Posteriormente fue trasladado a la Dirección General de la Policía en Madrid, donde permaneció incomunicado nueve días. El informe sostiene que durante su detención fue torturado y humillado, no le dieron de comer durante tres días ni le permitieron descansar, además de ser amenazado con la violación de su mujer y de su hija, entre otros malos tratos. Finalmente fue puesto en libertad, pero con claros signos de deterioro por el trato recibido; a los tres días falleció. Otro de los casos mortales está relacionado con un miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que falleció por disparos de la Guardia Civil mientras su comando era perseguido por los agentes tras un atentado en Aretxabaleta (Gipuzkoa).

El líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, está convencido de que no existe la más mínima posibilidad de que los atentados terroristas vuelvan a Euskadi. Preguntado por la detención de dos personas a las que la Ertzaintza acusa de un posible delito de terrorismo y que han sido trasladadas a la Audiencia Nacional para ser interrogadas, el dirigente de EH Bildu ha asegurado hoy que no contempla «ni en un 0,1 % de posibilidades» una eventual vuelta de la violencia.

En el día en el que se cumplen 15 años del cese definitivo de la actividad criminal de ETA, Otegi ha afirmado que necesita «más datos» para conocer las circunstancias en las que han sido arrestadas estas dos personas, a las que la Ertzaintza acusa de tener información de guardias civiles, policías y ertzainas, así como de contar con la geolocalización de un zulo en el que podría haber armas.

"Sí hay nostálgicos, de Franco"

Para Otegi, en declaraciones a Radio Popular, «la vuelta hoy de formas de violencia armada en el País Vasco es una hipótesis que nosotros no contemplamos ni en el 0,1 % de posibilidades, pero vamos a ser prudentes». El líder independentista vasco ha subrayado que han transcurrido 15 años «en los que no ha habido ningún tipo de acción armada por parte de ETA»: «No sé si hay nostálgicos que piensan que el país era mejor antes, pero nosotros no somos de esos, y sí creo que hay nostálgicos que piensan que con Franco se vivía mejor, y me preocupan bastante más».

Precisamente a los dos arrestados se les vincula con movimientos críticos con la izquierda abertzale y con la manera en la que se gestionó el proceso final de la banda. Hoy Otegi ha hecho valer la aportación que, en su opinión, realizó la izquierda abertzale para favorecer ese desenlace.

Tras décadas de apoyo al entorno de la organización y de aliento a la banda terrorista por parte de la izquierda abertzale, Otegi ha destacado hoy que la suya fue «una contribución decisiva y determinante a que el país viva el momento que está viviendo». Ha recordado la Conferencia Internacional de Paz de Aiete que impulsó y que se convirtió en la «pista de aterrizaje» para que ETA formalizara su final. Otegi ha recordado que aquel encuentro concluyó instando a la banda a abandonar la actividad terrorista, y que tres días después anunció el cese definitivo de su actividad armada.

El "conflicto político continúa"

El líder de EH Bildu ha señalado que, tras todo ello, «el conflicto político» continúa: «Aiete puso encima de la mesa una hoja de ruta para solucionar el problema de los presos, los deportados y los refugiados», aún pendiente a su entender, e indicó que tampoco se ha resuelto «nuestro derecho a decidir nuestro futuro».

Otegi ha recordado que la izquierda abertzale reconoció que la violencia de ETA «nunca debió ocurrir» y ha instado a «reconocer la violencia del Estado y que se ha torturado a miles de personas, reconocer que se ha hecho guerra sucia y tantas barbaridades contra el independentismo vasco», pero «no como contrapartida a lo que nosotros hicimos», sino como «aportación a la paz que todavía está pendiente».

El frío y la lluvia comienzan a dar forma al otoño. Es cuando el menor número de horas de luz obliga a iluminar antes los hogares y empresas y cuando la bajada de temperatura reactiva el encendido de calefacciones. Hacerlo en el escenario energético actual ha comenzado ya a disparar la factura de la luz. Este lunes nuestro país tocó techo en el precio de la luz y hoy volverá a rozarlo. En realidad, la última semana el gráfico de precios de mercado oscila en los niveles más altos. El incremento del precio del gas está detrás de este repunte que ha hecho que encender los interruptores se pague esta semana un 15% más cara que hace solo siete días.

La luz alcanzó ayer máximos anuales con un precio medio de 215 euros/MWh, según OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía), incluso con picos que llegaron hasta los 296 euros/MWh. Para hoy, los precios se moderan levemente, pero continúan estando entre los niveles más elevados del año: 195 euros/MWh y picos de 278 euros/MWh a las 20:00 horas de esta tarde. El constraste volverá a producirse a las 16:00 horas, cuando el precio caerá hasta los 58,1 euros el MW/h, según avanza el OMIE.

Tarifa regulada (PVPC) y mercado libre

El comportamiento al alza del precio de la luz, con máximos durante los tramos más caros que rozan los 300 euros el MW/h, no afectará por igual a todos los consumidores. El impacto será más directo en quienes cuentan con una tarifa regulada (PVPC). El precio del kilovatio hora (kWh) cambia cada hora de cada día en función de la oferta y la demanda del mercado eléctrico. Se determina sumando el coste de la energía en el mercado mayorista -pool eléctrico- más los peajes de acceso, costes de transporte, cargos regulados por el Gobierno y el margen para la comercializadora de referencia. Actualmente el cálculo combina el precio diario con una cesta de precios a plazos -mercados de futuros a un mes, tres meses y un año-. De este modo, las subidas repentinas del mercado diario impactan con menor fuerza en el recibo final. En esta modalidad se encuentran 9,7 millones de hogares en nuestro país.

En cambio, en la opción del mercado libre, los consumidores no se ven tan condicionados por los incrementos de precios diarios. El precio no cotiza de forma directa hora a hora para el cliente. La compañía fija un precio y propone un acuerdo cerrado al consumidor. En esta opción, a la que se acogen la mayoría de hogares y empresas de nuestro país, 20,4 millones de usuarios, el precio del kWh se establece por periodos acordados entre la comercializadora y el cliente. En este caso se puede establecer un precio fijo durante las 24 horas o precios por tramos horarios.

La razón de este encarecimiento se encuentra en el gas. El índice TTF de referencia en Europa ayer cotizaba a 88 euros el MWh. Supone un 180% más que en febrero de este año, cuando se inició el conflicto en Irán y el gas cotizaba a algo menos de 32 euros. A ello se suma el descenso en la producción de energía solar fotovoltaica que se produce en este periodo otoñal y la disminución en la producción eólica que se ha registrado estos días. Factores todos ellos que obligan a tirar del gas para generar energía y con ello a encarecer el proceso.

Claves de ahorro para la factura de la luz

El 'mix energético' español requiere cada vez más del gas para generar electricidad. El modo reforzado que se impuso tras el apagón de abril de 2025 ha elevado el peso de los ciclos combinados para poder casar oferta y demanda en el sistema. El gas supone entre un 17% y 21% del peso de las fuentes de energía empleadas.

El escenario no parece que vaya a mejorar. Con el gas en niveles de los precio más elevados desde 2022, seguirá disparando la generación de electricidad, que estos días ha rondado en un coste medio de entre 160 a 215 euros el megavatio hora.

Para controlar el encarecimiento de las facturas ante esta escalada de precios, la estrategia que aconsejan las asociaciones de consumidores pasa por adaptar el tipo de contrato al modo de consumo en cada caso. Contar con una tarifa regulada (PVPC) requiere optimizar el consumo concentrando el empleo de electrodomésticos de mayor gasto en las horas valle, más económicas y que habitualmente se producen en los tramos centrales del día. Es en esas franjas de mediodía donde la aportación de energía renovable se dispara y reduce notablemente el coste por kWh.

En el caso de los clientes del mercado libre, es solo en el momento de renovar los contratos cuando se deben analizar de nuevo las condiciones para evitar que las comercializadoras trasladen a la nueva oferta posibles sobrecostes anteriores.

Son cientos. La mayoría hace tiempo que peina canas. Su aspecto poco se parece al que mostraron años atrás en las fichas policiales. Se pasean por los municipios vascos. Se les puede ver comprando o tomando vinos. La mayoría se ha alejado del foco social y apuesta sumergirse en el anonimato. Unos pocos, en cambio, han optado por seguir 'luchando' formando parte de listas electorales o integrándose en la política activa. A casi todos, sólo les queda el apoyo discreto de los más afines, de los que les aplaudían cuando sembraron el rastro de dolor que partió a la sociedad vasca en dos. La mayoría se enteró en la cárcel del final de la tragedia que habían alimentado. El 20 de octubre de 2011, hace hoy 15 años, ETA anunció el “cese definitivo” de sus acciones criminales. Desde entonces, alrededor de 600 miembros de la banda terrorista han salido en libertad.

Cuando los tres encapuchados de ETA proclamaron el inicio de “un nuevo ciclo” y la apuesta por las vías exclusivamente políticas, en las prisiones españolas cumplían condena cerca de 700 terroristas de la organización. Tres lustros después, son algo menos de un centenar: 93 presos de ETA, según el colectivo de familiares Etxerat. En esa contabilidad no se incluye al puñado de presos críticos con el colectivo ‘oficial’ de presos, el EPPK, afín a la izquierda abertzale que lidera Arnaldo Otegi.

Ese cupo se reduce aún más si se analiza la situación penitenciaria de ese escaso centenar de presos. Son apenas 36 los que cumplen condena sin salir de prisión, en régimen ordinario. El resto lo hace saliendo de la cárcel y regresando a prisión solo a dormir gracias a progresiones a tercer grado o a la concesión del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esta fórmula, previa al tercer grado, permite flexibilizar la situación del interno y le permite salir para trabajar o cooperar en una ONG.

Cuando los tres encapuchados -David Pla, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka- difundieron el vídeo del final de ETA la tarde del 20 de octubre de 2011, la banda aún tenía una última baza con la que negociar: su disolución y desarme. La demoraría aún ocho años. En ese periodo, ETA siguió existiendo como organización, presionando con la posibilidad de revertir la situación si no se le concedía una salida para sus cientos de presos en las cárceles españolas. Incluso se intentó negociar con el Gobierno francés el acercamiento de los 140 presos de ETA que entonces cumplían condena en cárceles francesas.

El fracaso de la 'última baza' de ETA: desarme y disolución

Entre 2011 y 2018 los intentos para presionar al Gobierno de Mariano Rajoy fueron reiterados. Incluso el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu intentó mediar un acuerdo que acelerara la desaparición definitiva de la estructura de ETA. Ni con Rajoy ni con Urkullu, que llegaría a reprochar a ETA su falta de voluntad real de buscar una salida para disolverse, hubo acuerdos ni cesiones.

Finalmente, y ante el convencimiento de que no podrían obtener beneficios en su final, ETA optó por recurrir a una disolución y desarme unilateral. Lo hizo apoyándose en un hasta entonces desconocido grupo de intermediarios: los ‘artesanos de la paz’, procedentes de colectivos afines a la izquierda abertzale. El 8 de abril de 2017, en Bayona, la banda escenificó el desarme entregando la localización de ocho depósitos o ‘zulos’ con armas y ante la mirada de ‘invitados’ como algunos de sus militantes más sanguinarios como Josu Zabarte, el ‘carnicero de Mondragón’.

En los años transcurridos desde el cese de sus acciones terroristas, cerca de medio centenar de presos siguieron saliendo en libertad cada año. Cuando el 3 de mayo de 2018, en la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains, ETA escenificó y oficializó su disolución con la lectura a cargo de ‘Josu Ternera’ y ‘Anboto’ del último comunicado de ETA, la banda aún tenía en las cárceles a casi 300 militantes. Ese mismo mes, todo empezaría a cambiar… tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.

Política penitenciaria, Bildu y PNV

El relevo gubernamental no hubiera sido posible sin el apoyo de los dos partidos nacionalistas vascos: el PNV y EH Bildu. La coalición de Otegi siempre ha puesto la ‘cuestión de los presos’ encima de la mesa para seguir apoyando al Ejecutivo socialista. Las condiciones del acuerdo nunca han trascendido oficialmente, pero los hechos han evidenciado que el cambio de la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA figuraba en la lista.

Habían transcurrido solo tres meses desde la moción de censura cuando Pedro Sánchez optó por revertir una política que el PSOE había aprobado y aplicado desde 1989: la dispersión de los presos en cárceles alejadas de Euskadi y Navarra. En septiembre de 2018 comenzaron los primeros acercamientos de presos de la banda a prisiones próximas a Euskadi. Poco después, a carceles vascas. El goteo de acercamientos no paró, hasta que en marzo de 2023 se dio por concluida la operación. Para entonces, todos los presos de ETA cumplían condena en cárceles vascas o navarras. En este periodo también se facilitó el traslado de los presos que cumplían condena en prisiones galas para que lo hicieran en cárceles españolas.

Según el observatorio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), entre septiembre de 2018 y agosto de 2022 se trasladaron a 202 presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi, la mitad de ellos con delitos de sangre y acumulando 303 víctimas.

Acercamiento a Euskadi y gestión de prisiones

Por el camino, Sánchez y Bildu siguieron apoyándose. El 20 de octubre de 2021, cuando se cumplían diez años del cese de la actividad de ETA, fue el propio Otegi quien reconoció en un encuentro con simpatizantes de Bildu que apoyaría los presupuestos de Sánchez para favorecer la salida de prisión de los etarras: “Tenemos 200 dentro y hay que sacarlos; si para eso hay que votar los presupuestos, los votaremos. Sin problema, muy tranquilos. Lo tenemos en nuestro frontispicio. Ahora es el momento”, dijo.

En este vaciado de presos de ETA de las cárceles, también el PNV ha jugado su papel. Desde que el PSOE comenzó a gobernar España, la formación nacionalista ha presionado para que se acelerara la transferencia de la gestión de las prisiones vascas. El 1 de octubre de 2021, el Gobierno vasco logró su objetivo y comenzó a gestionar las tres cárceles vascas. En ese momento, eran cerca de 200 los internos de la banda cumpliendo condena.

Desde 2018 y hasta que cedió la gestión al Ejecutivo vasco, Instituciones Penitenciarias había concedido 27 terceros grados a presos de la banda. Desde que Euskadi está al frente, han sido cerca de un centenar los presos que han progresado hasta el tercer grado, el que les concede un régimen de semilibertad. En los últimos años, la aplicación de la vía previa, el artículo 100.2, concebido como un proceso preparatorio para la semilibertad, se ha concedido a cerca de una treintena de internos. Concesiones que en muchos casos han sido revocadas por la Justicia, obligando al reingreso en prisión de los internos.

Las tres capuchas blancas auguraban que esa vez sería diferente, que los rumores que sobrevolaban desde hacía semanas la sociedad vasca podrían ser ciertos. Tras un sinfín de anuncios frustrados y esperanzas hechas añicos, el sueño de que ETA lo dejaba estaba cerca. La izquierda abertzale había preparado a la banda una 'pista de aterrizaje' en forma de una suerte de 'conferencia internacional de paz'. El entorno de Otegi había logrado atraer hasta el Palacio de Aiete de San Sebastián a destacados nombres relacionados con la resolución internacional de conflictos: Kofi Annan, Jonathan Powell y al siempre próximo al independentismo radical vasco, Gerry Adams. En aquella escenificación también participaron partidos como el PSE o el PNV.

El objetivo que se buscaba era la aprobación de un manifiesto para «pedir a ETA» el cese definitivo de toda acción armada y solicitar públicamente a los gobiernos de España y Francia que dialogaran con la banda para acordar los términos de su disolución, la gestión del futuro de sus presos y las condiciones del 'escenario' para un final de la violencia que los terroristas habían iniciado 52 años atrás.

Sólo habían transcurrido tres días desde aquel encuentro cuando llegó la respuesta. El jueves 20 de octubre, en torno a las 19:00 horas, el vídeo que ETA había hecho llegar a Gara/Naiz y medios como la BBC o The New York Times, recorría ya las redacciones de medio mundo. La banda terrorista que había asesinado a más de 850 personas y había dejado un rastro de miles de heridos y amenazados anunciaba el «cese definitivo» de sus acciones criminales y anunciaba que buscaría la soberanía vasca sólo por vías políticas e institucionales.

Una banda debilitada, 350 asesinatos sin resolver y un "cambio de ciclo"

Tras las capuchas, David Pla -quien luego, tras cumplir varios años de prisión, pasaría a integrarse en la dirección de Sortu-, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka. De algún modo se habían erigido en la última y diezmada cúpula de ETA. La banda terrorista esgrimió entonces razones de «cambio de ciclo político». En su comunicado puño en alto no hubo ni petición de perdón, ni arrepentimiento.

«Aún existe profesorado y familias que les incomoda hablar de este tema, temen que sus hijos les interpelen y les pregunten dónde estuvieron ellos"

La realidad era bien distinta. Hacía años que ETA agonizaba. La presión policial y judicial y la colaboración internacional habían reducido la estructura terrorista de modo extremo hasta hacerla casi inoperativa. Pese a todo, la organización criminal había seguido matando, amenazando y asfixiando a la sociedad vasca. Su último asesinato lo cometió el 16 de marzo de 2010. Un tiroteo mortal que acabó con la vida del gendarme Jean-Serge Nérin en la localidad de Villiers-en-Bière.

Han transcurrido 15 años desde aquel cese definitivo que fue recibido con alivio, algarabía y desconfianza por la sociedad vasca. Tres lustros en los que muchas cosas han cambiado. Otras apenas se han movido. Apenas una veintena de los cerca de 350 asesinatos sin resolver ha sido juzgada desde entonces. Tampoco la condena de la violencia y de la historia de ETA ha estado en boca de sus militantes ni de quienes le aplaudieron y apoyaron.

Reagrupados, con beneficios y legalizados

El entorno de ETA ha logrado en estos años que se acabara con su dispersión penitenciaria. Hoy todos cumplen condena en cárceles vascas o navarras. En 2017 el colectivo de presos de ETA, el EPPK, acordó dejar atrás su negativa a acogerse a beneficios penitenciarios de la legislación carcelaria 'del enemigo'. Lo hizo con el respaldo del 73% de los presos. Desde entonces, las progresiones de grado y las salidas de prisión se han acelerado. De los 700 presos de 2011 se ha pasado a poco más de un centenar en la actualidad, la mayor parte en régimen de semilibertad.

En la izquierda abertzale por un lado han apostado por la vía pragmática de hacer política, pero por otro no han cortado el cordón umbilical que les une a ETA"

Tres lustros en los que la izquierda abertzale también ha llevado a cabo su proceso. El recorrido le ha llevado desde la ilegalidad hasta convertirse en aliado fiel de un gobierno del PSOE, la formación contra la que ETA atentó durante décadas. Batasuna fue ilegalizada en 2003. Sus sucesivas marcas también. En febrero de 2011, ocho meses antes del «cese definitivo» de la actividad de ETA, nació Sortu, la nueva marca de la izquierda abertzale. En sus estatutos proclamaba la condena de la violencia y la apuesta por las vías políticas. No fue hasta el 20 de junio de 2012 cuando el Tribunal Constitucional autorizó su registro como partido legalizado. Poco después, se integró y controló la coalición Bildu que EA y Alternatiba habían constituido.

En estos años, la izquierda abertzale ha visto cómo su apoyo social crecía. En las elecciones autonómicas de 2012 Bildu logró 21 escaños en el Parlamento Vasco y 278.000 votos. En los comicios de 2024 su respaldo había crecido ya hasta los 27 parlamentarios y 343.000 votos.

Desde el comunicado de las capuchas blancas hasta la disolución de ETA aún tuvieron que pasar seis años y medio. ETA fracasó en su intento de negociar una solución y excarcelación de sus presos a cambio de disolverse. El 3 de mayo de 2018, en la localidad vascofrancesa de Cambo, Josu Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', y Soledad Iparraguirre, 'Anboto', oficializaron el comunicado oficial de disolución.

El tabú de ETA en las aulas y las familias

En estos años tampoco la sociedad vasca es la misma. En gran medida, se apresuró a pasar página, a iniciar un nuevo tiempo sin apenas mirar atrás. En la escuela y en muchas familias, ETA sigue siendo un tema tabú del que mejor no hablar. En el entorno de la izquierda abertzale la cuestión sigue esquivándose. El pasado pesa e incomoda y la urgencia para el entorno de Otegi pasa por liquidar «la cuestión de los presos» y desprenderse de esa «mochila».

«Nunca imaginé que gente a la que yo he sentado en el banquillo terminase integrando listas electorales o formando parte del partido socio del Gobierno»

«Este periodo de tránsito está siendo duro e incómodo para mucha gente. No podemos olvidar que hubo un porcentaje nada desdeñable de la sociedad que justificó que esto ocurriera. Hay una parte recalcitrante que sigue pensando que estuvo bien, que era justificable, son minoría», asegura Alberto Alonso, director de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno vasco.

Asegura que esa incomodidad puede ser la razón por la que aún cuesta trasladar contenidos de memoria y convivencia relacionados con los años de violencia a la escuela vasca: «No puedo negar que existe profesorado al que le incomoda este tema, o incluso padres y madres, no sólo porque estuvieron en la esfera de la izquierda abertzale, sino porque temen que sus hijos les interpelen y les pregunten dónde estuvieron ellos. Quizá tienen miedo a esa pregunta», asegura Alonso.

Considera que a la generación que ha crecido sin la losa de ETA hay que contarles qué ocurrió y las consecuencias de tanto dolor. «Los jóvenes tienen interés. Por eso debemos saber darles las herramientas para que hagan esa revisión crítica del pasado. No les podemos contar una milonga. A ellos no les da miedo hablar de ello, es a nuestra generación a la que quizá sí nos da».

"No han cortado el cordón umbilical que les une a ETA"

Gaizka Fernández de Soldevilla es historiador, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco y experto en ETA. Reconoce que su sensación es «agridulce» al analizar lo sucedido desde el cese de actividad que anunció ETA. Considera que en estos 15 años ha habido «cierta prisa por pasar página»: «El trabajo de memoria no ha sido lo demasiado profundo que hubiera sido deseable. El desconocimiento entre los jóvenes está ahí. También el abandono que han sentido las víctimas. Les ha faltado el amparo institucional y el de la sociedad, que ha vuelto a mirar hacia otro lado».

En las elecciones autonómicas de 2012 Bildu logró 21 escaños y 278.000 votos. En los comicios de 2024 su respaldo había crecido ya hasta los 27 parlamentarios y 343.000 votos"

Recuerda que el interés en ETA y sus consecuencias ha caído en la sociedad y en los medios de comunicación, «se ve como algo lejano, cuando la última víctima es de 2010, no hace tantos años». Fernández de Soldevilla alerta de que la pedagogía por hacer sigue pendiente en las nuevas generaciones y destaca que es especialmente importante en un contexto como el actual en el que en muchos sectores juveniles «vemos que ha regresado cierto clima bronco, de enfrentamiento que creíamos superado. Están volviendo ciertos brotes de violencia y fanatismo».

Fernández de Soldevilla señala la evolución de la izquierda abertzale como uno de los factores que han marcado el devenir de estos años. Apela al proceso que siguió ETA-PM tras el abandono de las armas y su integración en Euskadiko Ezkerra primero y en el PSE después: «En el caso de la izquierda abertzale, la diferencia es que no ha cortado el cordón umbilical que le une a ETA, ni renuncia o hace autocrítica de la violencia. Por un lado han apostado por la vía pragmática de hacer política, pero por otro siguen enfangados en ese pasado. No sé si tienen voluntad de acabar con eso, pero no lo parece».

"No imagine ver condenados en listas electorales"

Carmen Ladrón de Guevara conoce como pocas personas cómo actuó ETA. Ha vivido muy de cerca el rastro de víctimas y dolor que dejó. Como abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) recuerda con satisfacción aquel anuncio: «El final de la violencia fue una buena noticia, es innegable, pero la gestión del periodo posterior tiene muchas carencias». Aquel temor que entonces sintió lo ha confirmado el paso del tiempo. «Nunca imaginé que Bildu o gente a la que yo he sentado en el banquillo terminase integrando listas electorales o formando parte del partido que ha sido socio preferente del Gobierno».

Reconoce que tampoco hubiese predicho entonces que apenas 15 años más tarde, de los 700 presos de ETA que entonces cumplían pena en la cárcel, apenas 36 lo hagan hoy en régimen ordinario, «el resto, unos 70, entran y salen o ya ni siquiera acuden a prisión»: «Yo pensaba que ese final sin presos en prisión lo vería cuando me jubilase, pero en apenas cinco años ocurrirá».

En este tiempo asegura que al menos 18 de los 350 casos han podido ser resueltos: «Llegar a juicio con un caso es una victoria. Confío en que aún se pueda lograr con algún caso más». Ladrón de Guevara considera que el verdadero problema en este tiempo ha sido la política penitenciaria que se ha aplicado a los presos de ETA. En especial desde que el Gobierno vasco asumió en octubre de 2021 la gestión de las prisiones vascas: «La nueva política está destinada a solucionar el problema de los presos y a vaciar las cárceles». Añade que la dignidad y la humillación hacia las víctimas tampoco han desaparecido en todos estos años: «A los etarras en muchos municipios y ámbitos se les sigue recibiendo como héroes, cuando no son más que asesinos. Queda mucho por hacer».

Desde el punto de vista social no oculta que percibe un deseo generalizado de pasar página, en muchos casos por dejar el dolor atrás y en otros, por mero «blanqueamiento» político: «Hay gente que lo ha hecho por dejar esto atrás, pero desde el punto de vista político, ha habido un claro blanqueamiento». La abogada de la AVT lamenta también que en los centros educativos y en las familias la transmisión de lo ocurrido no esté muy presente: «Si no está en la calle ni en los medios, es difícil que esté en las familias. Debe ser una responsabilidad compartida».

Es una revolución industrial. También lo es tecnológica, medioambiental, geopolítica y social. Todas ellas confluyen en una suerte de ‘tormenta perfecta’ que hace años que descarga sobre uno de los pilares de la economía española y del que dependen casi uno de cada diez empleos en nuestro país: la industria de la automoción. Los 'vientos huracanados' proceden fundamentalmente de China, pero no solo. Por ahora la producción de coches en España aguanta, pero lo hace sintiendo fatiga y desgaste, y lo que es peor, percibiéndose débil para ser competitiva a medio plazo.

La voz de alarma la dio esta semana el CEO de Renault, François Provost, en la planta de la compañía en Valladolid. El futuro a medio plazo no está asegurado; más allá de 2030 es difícil augurar la viabilidad de la fábrica. Provost subrayó que la productividad ha caído un 20%. También que se debe abordar de otro modo la competencia asiática. No se pueden subvencionar en Europa vehículos híbridos fabricados en China y ‘rematados’ en suelo europeo. Apeló a perfilar normativas que reduzcan esa rivalidad a la que por ahora la industria automovilística europea a duras penas puede plantar cara.

Bruselas lo intenta. En 2024 elevó del 10% al 35% los aranceles a los coches eléctricos puros que llegaban de China. Solo provocó que las exportaciones se redirigieran hacia el segmento de los coches híbridos e híbridos enchufables. En solo un año pasaron de representar el 2% de las ventas al 14%. Ahora, la nueva barrera de la Comisión Europea pasa por limitar a 350.000 unidades las autorizaciones para importar híbridos chinos cada año.

De fabricar 5.000 coches en los 80 a liderar el mercado eléctrico: el gigante chino amenaza a Europa.

Sin embargo, el problema es estructural, de fondo. Los parapetos normativos pueden dar tiempo a Europa para adaptarse al cambio de paradigma que ya está aquí, pero la transformación debe abordarse... y acelerarse. Y es muy profunda. Nuestro país es la segunda potencia de la automoción en Europa. Durante décadas ese liderazgo le ha situado como un referente capaz de representar el 11% del PIB nacional y generar una actividad anual que ronda los 120.000 millones de euros. Sin embargo, la batalla contra el mercado asiático se libra cada vez con menos armas.

De coches para viajar a 'plataformas' tecnológicas andantes

Ahora la amenaza no es solo de ventas, sino de adaptación, de reinvención y de redefinir toda una cadena de valor que en el contexto tecnológico actual comienza a quedarse obsoleta. El vehículo hace tiempo que ha dejado de ser un medio de ingenieria mecánica que buscaba una solución eficiente para movernos. Hoy, los vehículos son plataformas de alta tecnológicas andantes, soportes de conexión, de servicios digitales y de regeneración energética. Un cambio de paradigma en la industria que avanza a ritmo trepidante en paises como China y que está obligando al resto del mundo, y entre ellas a la tradicional industria de automociñón europea, a forzar su capacidad de flexibilidad y adaptación.

La radiografía que muestra el informe ‘La transformación de la industria del automóvil en España’, elaborado por Deloitte, es inquietante. Advierte de que nuestra fortaleza no puede basarse en la capacidad de ensamblar y producir. El mercado global ha virado. La electrificación de la movilidad ha supuesto un cambio muy profundo de las estructuras y prioridades.

Elementos como el software para vehículos, la conectividad, la arquitectura digital, los datos, el servicio o el control de la cadena de suministro de baterías se han convertido en “la nueva lógica competitiva”. Hoy en el mercado compiten compañías que hasta ahora se dedicaban a la telefonía móvil o tecnológicas que ven en los coches un soporte de desarrollo: “Por eso una fortaleza construida bajo las reglas de la era anterior debe redefinirse. En otras palabras, la pregunta ya no es si el país dispone de una industria automotriz sólida sino si esa industria está posicionada en los tramos donde se concentrará la futura creación de valor”, señala el informe.

El cliente tiene actualmente más opciones que nunca y sus criterios de compra no se rigen únicamente por precio e ingeniería mecánica. La electrónica, la tecnología, los datos y el servicio postventa juegan un papel determinante. Además, una industria como esta que mueve economías de medio mundo se está convirtiendo en un tablero de control geopolítico por dominar las transformaciones energéticas, las redes de recarga y las batallas regulatorias.

Cuatro 'fuerzas' transformadoras

El estudio elaborado por Vicente Segura, Laura Delgado y Juan Antonio Santos concluye que España debe acelerar su redefinición estructural. Su competitividad no dependerá únicamente de la escala de fabricación, sino de su capacidad para integrarse en ecosistemas de colaboración global. Debe avanzar muchos más rápido en la transición hacia la movilidad eléctrica si no quiere quedar rezagada. El reto será transformar su modelo hacia servicios recurrentes donde el software, los datos y la experiencia de usuario aporten el valor determinante.

El informe plantea cuatro fuerzas transformaciones clave: crear un nuevo modelo de alianzas para acceder a tecnología crítica, reinventar el concepto de vehículo situando el negocio en los datos y el software, transformar los concesionarios en plataformas de movilidad y energía, y acertar en el timing de las inversiones: “Ni sobrereaccionar ni llegar tarde. Ejecutar cuando el mercado, la regulación y la tecnología converjan”.

Los expertos de Deloitte España plantean que cinco fuerzas obligan a esta reinvención. La regulación del automóvil ha dejado de ser un trámite para convertirse en “una variable estratégica más”: “Ya no basta con ensamblar bien, vender bien o cumplir bien. Ahora también hay que decidir dónde producir, con qué tecnología competir, cómo relacionarse con los nuevos actores…”.

La primera fuerza es el entorno geopolítico, que exige la reconfiguración global de la industria. La producción europea cayó un 16,6% entre 2019 y 2023 frente a China y los EEUU, mientras que el capital chino dispara su inversión en Europa y cierra alianzas estratégicas con marcas locales.

Sostenibilidad y digitalización

Entender bien la sostenibilidad es otra de las fuerzas del cambio. Sin embargo, a diferencia de la velocidad a la que avanza en otros países europeos, la adopción del coche eléctrico en España sigue siendo lenta e insuficiente, lastrada por las demoras en las ayudas públicas y una infraestructura de recarga que no despega al ritmo necesario. Esta lentitud en el mercado doméstico contrasta con la urgencia de jubilar el parque de combustión y genera una brecha peligrosa frente a nuestros vecinos comunitarios.

La digitalización es la tercera fuerza. El coche dejó atrás la mecánica para convertirse en un producto de alta tecnología y plataforma de servicios, energía y conectividad.

La última fuerza es el marco normativo, que condiciona la competitividad elevando costes y determinando decisiones de producto: “Por eso fabricantes y proveedores deben integrar la regulación en su estrategia, combinando cumplimientos, flexibilidad tecnológica y capacidad de adaptación”.