El presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Daniel López Gutiérrez, ha lanzado este miércoles desde Ceuta una defensa cerrada de la independencia de los mandos y de las unidades de investigación de la Policía Nacional frente a lo que ha definido como “intolerables presiones políticas” y un “hostigamiento sistemático” en los últimos meses. "Una unidad policial no redacta un informe pensando en a quién le va a molestar y a quién no", ha explicado, "lo redacta con la verdad, con unos hechos y con la ley en la mano", ha sentenciado. Y ha rematado: “Estaremos siempre por encima de cualquier injerencia”.

La intervención de López Gutiérrez se ha producido después de la Junta Nacional del SPP, sindicato de mandos de la Policía Nacional, celebrada en Ceuta, donde los responsables del sindicato han abordado la situación de la Policía Nacional y los principales retos de seguridad a los que se enfrenta España, con especial atención a la ciudad autónoma. El acto ha estado marcado por el grave accidente ocurrido en Toledo en la mañana el miércoles, por el que se ha guardado un minuto de silencio.

Presión de las unidades policiales

El mensaje del presidente del sindicato de mandos ha ido mucho más allá de una reivindicación laboral. Daniel López ha situado en el centro de su intervención la presión que, a juicio de los responsables, están sufriendo las unidades policiales cuando sus investigaciones afectan a asuntos políticamente sensibles. Y ha citado expresamente los informes de la UDEF y la UCRIF que han provocado controversia durante las últimas semanas.

“Si la verdad incomoda a alguien, el problema no es del policía o de la unidad que lo redacta”, ha señalado. El presidente del SPP ha defendido que los agentes no trabajan pensando en las consecuencias políticas de sus conclusiones y ha reivindicado la “neutralidad y la independencia” de la Policía Nacional. “Los mandos y los agentes de esta institución no sirven a ningún partido ni a ningún interés particular; servimos únicamente al imperio de la ley, de la Constitución y del pueblo español”, ha afirmado.

Marlaska y el CENIF

Las palabras llegan después de varios episodios en los que informes policiales han quedado en el centro de la disputa política. Uno de los más recientes ha sido precisamente el de Ceuta. El SPP ya salió públicamente en defensa del CENIF cuando el informe elaborado por esta unidad sobre la crisis migratoria fue puesto en cuestión y el ministro del Interior reclamó explicaciones a la cadena de mando. El sindicato acusó entonces de intentar buscar responsabilidades en el ámbito policial y defendió el “rigor técnico” y la independencia de las unidades de inteligencia e investigación.

La controversia se produjo después de que el informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional señalara la actuación de agentes de la Gendarmería marroquí en la entrada masiva de finales de julio. Paralelamente, la documentación posteriormente publicada por el Gobierno ha permitido reconstruir que distintas unidades habían elaborado informes y comunicaciones antes de la crisis, entre ellos documentos del CENIF de los días 23, 28 y 29 de julio.

Zapatero y la UDEF

El otro gran frente al que se refieren las palabras de López Gutiérrez es el de la UDEF. Los informes de la unidad en la investigación sobre el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra han tenido un enorme impacto político y judicial. La Policía ha situado en sus informes elementos económicos y societarios que han llevado al juez de la Audiencia Nacional a autorizar nuevas pesquisas sobre cuentas del expresidente, sus hijas, su secretaria y sociedades vinculadas a la investigación.

Precisamente la defensa de Zapatero ha cuestionado ante el juez la actuación de la UDEF y ha pedido límites a sus pesquisas, al considerar que algunas de sus conclusiones podían responder a una tesis “elucubrativa” y acercarse a una investigación prospectiva. Es en este contexto de informes policiales que afectan directamente a asuntos políticos donde el presidente del SPP ha querido reivindicar que las unidades deben poder investigar y redactar sus conclusiones sin atender a quién puedan incomodar.

“Frente a la presión política y el hostigamiento que buscan doblegarnos, quiero dejar claro la neutralidad y la independencia de la Policía Nacional”, ha proclamado.

La Junta Nacional, en Ceuta

La elección de Ceuta como escenario de la Junta Nacional ha permitido además al sindicato conectar esta reivindicación con la situación que viven los policías destinados en la frontera. López Gutiérrez ha presentado la ciudad como “la frontera del sur de Europa” y ha denunciado una “paradoja insostenible”: mientras desde Madrid o Bruselas se trata de trasladar un discurso de normalidad y control, los mandos policiales se enfrentan sobre el terreno a una realidad marcada, ha dicho, por la “insuficiencia estructural” de recursos, la “indefinición jurídica” y, sobre todo, la improvisación.

El presidente del SPP ha recordado la entrada masiva de personas de los días 30 y 31 de julio para reivindicar el papel desempeñado por los mandos policiales durante aquellas jornadas. Miles de personas entrando al mismo tiempo, el perímetro desbordado, los servicios de la ciudad al límite y agentes triplicando turnos fueron, según su relato, el escenario en el que los responsables policiales tuvieron que tomar decisiones “bajo una presión extrema”.

Sin plantilla y sin coches

La denuncia no se limita a la falta de efectivos. El sindicato ha señalado plantillas por debajo del catálogo, vehículos que “no deberían seguir circulando”, material antidisturbios insuficiente, instalaciones deficientes y dietas que considera insuficientes. Y ha reclamado al Ministerio del Interior y al Gobierno un plan integral para Ceuta, un refuerzo permanente de las plantillas y, sobre todo, seguridad jurídica para los policías.

“Si la frontera de Ceuta es estratégica para España y para la Unión Europea, la dotación, el respaldo legal y la protección jurídica a la labor policial deben estar a esa misma altura estratégica. Y hoy por hoy no lo están”, ha afirmado.

El discurso ha incorporado además una advertencia de futuro. López Gutiérrez ha alertado de los riesgos derivados de la polarización política y ha situado los próximos procesos electorales como un posible escenario de tensión. Tras referirse a disturbios y episodios de violencia registrados en otros países europeos como Francia o Italia, ha advertido de que “España no es inmune” a esa dinámica.

Cuestionar el resultado electoral

El presidente del SPP ha planteado incluso que, ante un eventual cambio de tendencia política, determinados sectores radicales podrían intentar cuestionar el resultado electoral en la calle y provocar movilizaciones que degenerasen en disturbios. “No vamos a esperar a que esto ocurra”, ha asegurado. La Policía, ha añadido, debe prepararse para anticipar esas situaciones y garantizar que el derecho de manifestación no termine convirtiéndose en inseguridad.

Por eso, el sindicato reclama un Gobierno que respalde a los policías cuando actúen conforme a la ley. “España necesitará un gobierno fuerte y sin complejos”, ha defendido Daniel, que ha pedido que los agentes no sean abandonados durante las crisis para después enfrentarse a expedientes o procedimientos judiciales.

La Policía Nacional ha realizado cargas policiales este miércoles contra los manifestantes que se habían concentrado junto al Ministerio de Transportes para exigir la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Las autoridades han disuelto la concentración en torno a las 21.30 horas de la noche mediante cargas policiales en las que han hecho uso de gas pimienta y de escopetas con balas de goma para disuadir a los manifestantes.

"No estábamos haciendo nada y en un momento dado, nos han empujado de forma violenta y han empezado a decir que nos marcháramos. Cuando han visto que mucha gente no se movía, nos han gaseado. Aquí ha personas mayores", expresaba un joven que había acudido a los aledaños del ministerio que dirige Puente, según Europa Press.

Durante la tarde de este miércoles, las redes sociales se han llenado de distintas convocatorias para exigir responsabilidades al Gobierno tras el accidente ferroviario sucedido esta mañana por el alcance entre dos trenes entre Urda y Los Yébenes (Toledo) y que deja, al menos, 68 víctimas mortales y 80 heridos.

Por un lado, había convocadas sin autoría reconocida dos concentraciones a las 19.00 horas y a las 20.00 horas frente a la sede del Ministerio de Transportes, en Nuevos Ministerios, bajo el lema "exigimos que los responsables paguen".

Si bien no ha habido mucha afluencia de gente en un primer momento, alrededor de las 20.30 horas se ha formado un grupo numeroso de personas que al principio expresaban consignas como "Óscar Puente asesino" o exigían su dimisión, además de la del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No obstante, las protestas han derivado en enfrentamientos de los manifestantes contra la policía, provocando altercados y destrozos en la vía pública que han terminado por generar un situación de tensión en la que se ha movilizado un gran número de efectivos policiales.

Por otro lado, la organización Revuelta, ligada en el pasado a Vox, se ha sumado a este llamamiento en Madrid y para el resto del país ha pedido concentrarse frente a las distintas subdelegaciones de Gobierno y ayuntamientos "en un ejercicio de dignidad nacional, unidad y exigencia de responsabilidades".

Desde Revuelta han insistido en que la única bandera de unión es "la española", mientras que la división la provocan "los partidos políticos". "¡Que nadie nos divida! El pueblo frente a los culpables", han proclamado.

Por su parte, desde Solidaridad, el sindicato vinculado a la formación de Santiago Abascal, han hecho un llamamiento a los ciudadanos de Madrid para protestar a las 20.00 horas en la Plaza de Cibeles y exigir responsabilidades al ministro de Transportes, Óscar Puente, y la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La corrupción mata", han denunciado.

Vox ha difundido esta convocatoria y ha aclarado que se hará "adhiriéndose" al minuto de silencio que ha convocado para ese mismo lugar y horario la Federación Española de Municipios y Provincias. Así, la formación ha confirmado que representantes de Vox acudirán a los distintos ayuntamientos del país para participar en los actos de recuerdo de las víctimas.

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La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), dependiente del Ministerio del Interior, ha alertado de un llamamiento yihadista a cometer atentados contra policías y manifestantes en España y otros países europeos, aprovechando las concentraciones y los enfrentamientos que se producen durante las protestas en las calles.

La publicación, hallada durante las labores de monitorización que se llevan a cabo habitualmente, además de animar a cometer atentados, "ofrecen consejos sobre cómo perpetrarlos, sugiriendo el uso de explosivos o cuchillos", según consta en una alerta informativa emitida por esa Oficina dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El texto detectado por las fuerzas de seguridad afirma que el elevado número de manifestantes, en el caso de Francia, ofrece una "rara y valiosa oportunidad de atacarlos" y añade que la policía se convierte en una presa fácil durante los forcejeos con los manifestantes, según EFE.

Al hilo del mensaje inicial, otros usuarios de la web yihadista aconsejan llevar a cabo la acción mediante atropellamientos, en los ataques con explosivos se recomienda que el atacante se inmole y si se llevan a cabo con cuchillo, se explican las longitudes que el arma debe tener para infligir el máximo daño posible, así como las zonas del cuerpo donde el ataque "garantiza el éxito".

Desde el 17 de octubre de 2023, España mantiene el nivel de alerta terrorista en 4 reforzado, de los cinco existentes.

El Ministerio del Interior ha recordado este viernes que, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se trabaja permanentemente en la monitorización de redes sociales en el ámbito de la lucha contra el yihadismo.

Fruto de ese trabajo y de la investigación continua, recuerdan fuentes de Interior, en 2026 Policía Nacional y Guardia Civil han llevado a cabo 47 operaciones en 23 provincias que han culminado con 86 detenciones. 

Fue uno de los símbolos de la lucha contra ETA. En su entrada figura un panel con los cerca de un centenar de agentes de la Guardia Civil que murieron por atentados de la banda en Gipuzkoa. Su lista de detenciones y comandos de la banda desarticulados es larga. Es el lado brillante de su historia. Pero el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián también esconde un lado oscuro: la ‘guerra sucia’ contra ETA. En algunas de sus estancias se practicaron torturas y se vivieron algunos de los episodios de vulneración de la ley más graves de los duros años 80 y 90 de violencia terrorista.

Ahora, el Gobierno vasco quiere que el emblemático cuartel que el general Enrique Rodríguez Galindo lideró durante muchos años con mano de hierro se convierta en símbolo de tortura y de vulneración de derechos. Pero no solo Intxaurrondo. La Comisión de Valoración de Víctimas de Motivación Política, vinculada a la Consejería de Justicia del Ejecutivo, quiere que un cuartel más de la Guardia Civil y dos comisarías de la Policía Nacional también engrosen esa lista de ‘memoria’ de la tortura.

Se trata del cuartel de La Salve de Bilbao y de las comisarías de Indautxu, en la capital vizcaína, y la comisaría de Amara, en San Sebastián. La comisión que evalúa denuncias de posibles torturas y excesos policiales cometidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza entre 1978 y 1999 quiere que los cuatro centros policiales se conviertan en símbolo de la lucha al margen de la ley que también se practicó durante años en la batalla contra el terrorismo. "Venimos constatando que hay determinados centros de detención que aparecen y reaparecen, una y otra vez, como lugares en que se practicó la tortura de una severa gravedad. Son torturas que responden en muchos casos a patrones que se repiten por cuerpo policial, momento histórico y lugar concreto de detención", señala el informe.

305 víctimas de tortura y abusos policiales reconocidas

La petición la lanzó la presidenta de la Comisión, Juana Balmaseda, durante la presentación del último informe de este organismo que ya ha reconocido a 305 personas como víctimas de torturas y excesos policiales. En este último informe se incluye el reconocimiento de 60 casos más. A todas ellas se sumarán más, ya que aún restan 284 expedientes por resolver. Además, los responsables de la comisión recordaron que existen otras 416 peticiones para ser analizadas que no se han incluido por presentarse fuera de plazo al inicio de los trabajos de este organismo. La Comisión de Valoración estima que para el año 2028 concluirá de manera definitiva el análisis de los expedientes pendientes.

Un reconocimiento de víctimas que incluye en muchos casos el pago de una indemnización económica. Los 60 nuevos casos conllevan unos pagos indemnizatorios por un montante total de 993.000 euros. Las víctimas a las que se ha dado por acreditado que sufrieron malos tratos por parte de agentes o funcionarios públicos recibirán en su conjunto algo más de 618.000 euros. Una de las víctimas acreditadas percibirá casi 35.000 euros por haber recibido el impacto de una pelota de goma y los casos de heridos o fallecidos por arma de fuego supondrán un desembolso de las arcas públicas de casi 334.000 euros.

Abusos sexuales y maltratos mortales

En la lista de víctimas reconocidas por la Comisión figuran algunas personas relacionadas con ETA que fueron maltratadas, así como miembros vinculados a la izquierda abertzale o del entorno de las familias de presos de ETA, el Partido Comunista o el sindicato LAB.

El informe destaca los numerosos casos de mujeres que sufrieron amenazas y violencia de carácter sexual. Uno de los casos más relevantes es el del médico de Oiartzun, Esteban Murutagoiena, quien fue detenido el 16 de marzo de 1982 en San Sebastián. Posteriormente fue trasladado a la Dirección General de la Policía en Madrid, donde permaneció incomunicado nueve días. El informe sostiene que durante su detención fue torturado y humillado, no le dieron de comer durante tres días ni le permitieron descansar, además de ser amenazado con la violación de su mujer y de su hija, entre otros malos tratos. Finalmente fue puesto en libertad, pero con claros signos de deterioro por el trato recibido; a los tres días falleció. Otro de los casos mortales está relacionado con un miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que falleció por disparos de la Guardia Civil mientras su comando era perseguido por los agentes tras un atentado en Aretxabaleta (Gipuzkoa).

Un Kalashnikov y un lanzagranadas ocultos en una bolsa de basura. Ocho fusiles de asalto abandonados en un coche tras una persecución a más de 150 kilómetros por hora. Dos hallazgos en apenas siete días que hablan del tamaño del agujero: los fusiles de asalto circulan por España sin control.

El primer caso ocurrió en plena calle del barrio sevillano del Tiro de Línea, cuando un vecino alertó de lo que escondía un plástico negro tirado en la acera. Apenas unos días después, la autovía entre Alicante y Elche fue escenario de una fuga que acabó con un vehículo estrellado en unos cultivos de Murcia. El conductor logró huir a pie, pero dejó atrás una carga que eleva el nivel de alerta policial: ocho fusiles automáticos AK-47 en su interior. Ver un fusil tirado en la calle o interceptarlo en una persecución es solo el escaparate: hallazgos aparte, la incógnita necesita saber cuál es la ruta logística de las mafias y cuál es la cotización de estas armas en un circuito tan opaco.

Fusiles de asalto desde 1.000 euros

Conseguir un fusil de asalto a través de los circuitos ilegales puede costar entre 1.000 y 4.000 euros por unidad, según las estimaciones sobre el mercado negro europeo, un precio que varía en función del modelo, su estado de conservación y las circunstancias de cada transacción. En América Central, la presencia de este tipo de armas en países como Costa Rica se ha relacionado con envíos procedentes de Nicaragua y con rutas vinculadas al narcotráfico desde Colombia. En esta región, la horquilla sitúa el precio de los fusiles en torno 1.500 y 2.000 dólares, aunque algunas armas pueden acabar llegando posteriormente a España a través de redes de tráfico ilícito y su precio aumenta.

Frente a los circuitos ilegales, la imagen del AK-47 también tiene presencia en el mercado legal, aunque bajo condiciones muy distintas; en España, la venta de armas de fuego está sujeta a una normativa específica y los establecimientos autorizados comercializan rifles destinados a la caza, el tiro deportivo y el coleccionismo. Es el caso una armería situada en Viladecans (Barcelona), cuyo catálogo en línea incluye modelos civiles de fabricantes como Kalashnikov USA.

Si bien estas armas pueden compartir la estética del conocido fusil, su funcionamiento y su régimen legal difieren de los de las versiones automáticas, sometidas a restricciones específicas. A esta oferta, además, se suman las réplicas recreativas y los modelos de airsoft, que reproducen su apariencia sin ser armas de fuego funcionales o que utilizan balines, mucho más accesibles para el gran público y sin necesidad de navegar demasiado por la denominada 'dark web'. Así, el AK-47 trasciende el mercado negro y su imagen está presente también en ámbitos como la venta legal de armas, el coleccionismo y el ocio.

"Creemos que llegan desde Marsella"

El foco vuelve a Cataluña cuando se trata de analizar las posibles vías de abastecimiento de las organizaciones criminales: su conexión con Francia y la actividad de grupos delictivos asentados en la región forman parte del contexto que construye esta realidad. Albert Palacio, portavoz del sindicato policial USPAC, sostiene que la competencia entre organizaciones criminales contribuye a que estas busquen disponer de armamento para proteger sus actividades y enfrentarse a grupos rivales: ''El crimen organizado tiene que armarse'', afirma. Y añade: ''Se siguen armando con armas de guerra''.

Palacio también apunta a la posible influencia de los conflictos internacionales en el movimiento de armas por Europa: ''Estando la guerra de Ucrania tan cerca, hay muchas armas que pasan por aquí'', asegura. Sobre las posibles vías de entrada en España, señala: ''Creemos que la entrada es por desde Marsella''. Según su explicación, Barcelona como ubicación, desempeñaría un papel relevante en la distribución posterior: ''Tienen sus contactos, sobre todo en Barcelona, que es donde las consiguen y desde aquí se distribuyen'', explica. Su testimonio apunta a la existencia de intermediarios y contactos entre redes internacionales y grupos delictivos locales.

El riesgo para los agentes

La presencia de armas automáticas introduce un factor adicional de riesgo en las intervenciones policiales: una persecución que comienza por una conducción peligrosa puede complicarse si los ocupantes transportan armamento de guerra, como ocurrió en el caso de Alicante. Allí, los agentes tuvieron que hacer frente a una huida en la que el conductor embistió repetidamente a los vehículos policiales y puso en peligro a sus ocupantes.

Palacio advierte de la diferencia entre las armas cortas habituales en otros delitos y los fusiles de mayor calibre –algo sobre lo que ya informó El Independiente–. Su preocupación se centra en la protección de los agentes ante un posible enfrentamiento con este tipo de armamento: "Nuestros chalecos no pueden contra un disparo de armas de guerra".

Una vez incautado un fusil, el trabajo continúa en el laboratorio. Su análisis puede ayudar a identificar el modelo, determinar algunas de sus características y buscar indicios que permitan esclarecer su procedencia o relacionarlo con otros hechos. Palacio describe así parte del procedimiento: ''Recogerlas y llevarlas al laboratorio, a la unidad de armas y que las analicen. En el caso de que sean reales, conocer más o menos el modelo, año de origen y buscar huellas''.

Dos hallazgos y muchas preguntas abiertas

En Sevilla, la Policía Nacional intenta identificar a quien dejó el fusil y el lanzagranadas en la vía pública. En el caso de Alicante, las pesquisas posteriores a la persecución permitieron detener a cuatro hombres, que deberán responder ante la Justicia por los presuntos delitos que se les atribuyen. En ambos episodios, el origen y el destino del armamento siguen siendo cuestiones centrales para esclarecer lo ocurrido.

Los dos casos muestran cómo las armas de guerra pueden aparecer en circunstancias muy diferentes: abandonadas en una calle o transportadas en un vehículo que trata de escapar de la Policía. Pero el hallazgo de un fusil no basta, por sí solo, para determinar de dónde procede, a quién iba destinado o si forma parte de una red criminal más amplia.

Esas son las preguntas que deberán resolver las investigaciones. Mientras tanto, las armas intervenidas quedan fuera de circulación y a disposición de los análisis policiales, que pueden aportar nuevas pistas sobre su procedencia y sobre las personas que las tuvieron en su poder.